Perú:Matanza de indígenas

EL GOBIERNO RETROCEDE Y ACEPTA REVISAR LOS DECRETOS DE LA AMAZONÍA, PERO LA GUERRA DEL ESTADO POR MERCANTILIZAR LOS TERRITORIOS RICOS EN HIDROCARBUROS NO HA CONCLUÍDO; TAMPOCO LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

A diez días de la violenta arremetida del ejército y la policía en la Amazonía peruana, que dio lugar a los violentos choques con los indígenas con la pérdida de las vidas de decenas de personas entre policías y manifestantes, el gobierno del presidente Alan García se comprometió a derogar los decretos que generaron el conflicto. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, tras reunirse con representantes de diversas comunidades originarias.

El funcionario dio cuenta de la firma de un acta de 12 puntos en la que el Poder Ejecutivo se compromete a enviar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto para derogar los decretos 1.090 y 1.064 que regulan el manejo y explotación de los recursos forestales e hídricos.

Ambas normas habían sido promulgadas en 2008 como parte del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. La protestas contra los decretos se iniciaron el 9 de abril.

Desde la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresan reservas sobre este anuncio. "En primer lugar, debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades", sostiene Daysi Zapata, quien asumió la presidencia de la organización en reemplazo de Alberto Pizango, el líder indígena que tuvo que pedir asilo en la embajada de Nicaragua en Lima después de que el gobierno ordenara su captura.

"¿Tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?", se pregunta Daysi Zapata, quien recuerda que la primera demanda de anular los decretos la formularon en marzo, de acuerdo con los derechos a ser escuchados en materias que les interesan, que la propia ley peruana da a los indígenas. Sin embargo los decretos fueron dictados sin consulta alguna.

El trágico saldo de los incidentes del 5 y 6 de junio pasado es también objeto de discusión. Mientras el gobierno reconoce poco más de 30 muertes, diversas organizaciones indígenas sostienen que la cantidad de civiles fallecidos elevaría el total a más de 50 víctimas.

Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, el Congreso aprobó crear una comisión parlamentaria que deberá investigar los hechos en un plazo de 120 días.


El gobierno también acepta discutir otros decretos


El contenido de esas normas será evaluado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que comenzará a deliberar este martes en Lima.
Los indígenas consideran que la polémica legislación vinculada al TLC habilita un desembarco masivo de empresas privadas extranjeras en zonas de propiedad ancestral. Por esa razón, el pasado 9 de abril iniciaron una serie protestas con cortes de carreteras y bloqueos a la navegación de los ríos.

La crisis por la matanza de Bagua se complicó al insistir el presidente Alan García, en culpar del levantamiento indígena a los gobienos de Bolivia y Venezuela . El lunes, el gobierno peruano llamó a consultas a su embajador en La Paz como una muestra en protesta por las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre el conflicto. Morales llamó a la masacre "genocidio del TLC".

Desde la cancillería boliviana le quitan dramatismo a la situación y sostienen que la medida dispuesta por Perú es una "práctica normal" en el ámbito de la diplomacia. Ambos países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones que tienen su origen en las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

Además del reciente conflicto indígena, autoridades de ambos países han mantenido diversos entredichos sobre el diferendo por límites marítimos entre Perú y Chile que podría afectar a Bolivia y sobre los asilos otorgados por Lima a ex funcionarios bolivianos acusados de genocidio.


Reportaje sobre la matanza de Bagua Grande


Radio Nizkor
7 de Junio

El 05 jun09, a las 05:30 a.m. hora local de Perú, efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) atacaron sin previo aviso a unos 4.000 indígenas awajún-wampis que a esa hora se encontraban durmiendo. Las fuerzas especiales atacaron con armamento y bombas lacrimógenas y a los 15 minutos se produjo además la intervención de al menos un helicóptero artillado.

Estas comunidades vienen realizando un paro que dura ya casi dos meses en reivindicación de sus derechos humanos y en cuanto colectividad, básicamente en defensa de su territorio, de su derecho a consulta y del diálogo con el Gobierno central. Esta movilización pacífica tiene su origen en la promulgación de un paquete de normas cuya derogación es demandada por las comunidades. Los decretos en cuestión garantizarían la explotación minera y petrolera al margen del derecho a consulta de las comunidades y en violación de las normas internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas.

Durante casi día y medio, desde que empezara la persecución indiscriminada de estas comunidades en la zona de Bagua Grande, Radio Nizkor ha tratado de conseguir un testimonio directo de personas del lugar, lo que finalmente conseguimos al establecer contacto con el Centro Pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de Bagua Grande, donde se hallan refugiados unos 700 de esos 4.000 nativos. Del resto no se tienen noticias y se les considera con paradero desconocido o desaparecidos. Aunque se supone que muchos están escondidos, no se sabe cuántos de ellos han sido asesinados, dado que las fuerzas militares y policiales impiden que los grupos de apoyo localicen a los sobrevivientes escapados.

Sobre la grave crisis humanitaria que esta intervención ha provocado, hemos entrevistado a la hermana Ricardina Ramos, así como a un comunero de la comunidad nativa Nazareth. Ambos relatan que la situación es lamentable, que el cómputo de muertos entre los indígenas ha alcanzado ya al menos los 60. Además, parte de los cadáveres habrían sido arrojados al río, otro calcinados... Muchos cuerpos yacen en los cerros cercanos, pero no hay posibilidad de levantarlos ni reconocerlos ante el bloqueo de las fuerzas públicas. Los nativos han sido tiroteados y perseguidos a tiros.

Los entrevistados señalan que lo que piden es que se dé a conocer la verdad de lo que ha sucedido y está sucediendo, pues la prensa desplazada al lugar d elos hechos está informando lo contrario y no está haciendo su trabajo con objetividad. Además es necesario que se garantice el retorno en condiciones de seguridad de los refugiados a sus lugares de origen.

Las comunidades afectadas son 64 y los refugiados se encuentran en una situación angustiosa al impedírseles hacer lo posible para encontrar a sus compañeros... ESCUCHAR CRÓNICA RADIO NIZKOR


En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional
Por Joan Martínez Alier y Martí Orta (*)


La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.

El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.

S e sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.

Alan García está dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.

Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.

El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

La negociación previa a la arremetida del gobierno

Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.

Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.

Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.
El desalojo

En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos.

Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.

El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.

Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.

Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?

Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder. El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.

El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?

Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.

Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.

Una vez más, "mecidos" y baleados

Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.

Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.

El desenlace de la matanza de Bagua está por ver. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.

Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).

(*) Joan Martínez Alier y Martí Orta son investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona. Este texto fue publicado en http://www.sinpermiso.info/ el 14 junio de 2009

(Fuentes: BBC-Mundo,Radio Nizkor y SinPermiso)
(Fotos:Viento Sur)

Ecuador: Constituyente

LA NUEVA LEY PETROLERA PONE LOS RECURSOS EN MANOS DEL ESTADO Y DA SOLVENCIA ECONÓMICA AL GOBIERNO PARA EMPRENDER INVERSIONES EN TODO EL PAÍS. EL PRESIDENTE CORREA MANTIENE UN APOYO DEL 62 POR CIENTO


La nueva Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros permite hoy al gobierno ecuatoriano contar con unos cinco mil millones de dólares para obras de infraestructuras y proyectos sociales. La resolución, aprobada este miércoles en la Asamblea Constituyente, pone fin a regulaciones que establecían el uso exclusivo de gran parte de los ingresos petroleros para pagar deudas y engordar determinados fondos de ahorro y contingencias.
Propuesta por el gobierno, la legislación recibió el respaldo de 89 asambleístas, mientras fue rechazada por representantes de la minoría, integrada por los partidos Socialcristiano, Renovador Institucional y Sociedad Patriótica.
La delegada Maria Paula Romo recalcó que esta ley facilitará la incorporación de unos cinco mil millones de dólares al presupuesto del Estado y su utilización en grandes proyectos hidroeléctricos o de reconstrucción vial.
Puntualizó que esta disposición determina además la creación de un Comité de Deuda y Financiamiento.
Este se encargará del análisis y recomendación de contratos de débitos públicos externos y definir los créditos comerciales y convenios de préstamo de proveedor, cuyo monto supere el 0,15 por ciento del plan presupuestario general.
Esa comisión estará integrada por el presidente del país, el ministro de Finanzas y el titular de la Secretaria Nacional de Planificación.
Con esta propuesta se destierra una política económica en la cual “los fondos y fideicomisos nos quitaban autonomía y soberanía para decidir sobre los recursos que le pertenecen al Ecuador”, aseveró Romo.
La nueva legislación cuenta con 13 artículos y su último apartado señala que “toda negociación de reestructuración, canje, colocación, redención o recompra de deuda externa y colocación de bonos deberá ser analizada y aprobada por ese denominado comité".
Los recursos de origen petrolero que ingresen al presupuesto en calidad de de capital se utilizarán única y exclusivamente para inversión y no para asignaciones de gasto corriente, de acuerdo con el texto.
Para el gobierno, se trata de una ley que posibilitará acelerar la construcción de refinerías y centrales hidroeléctricas, incrementar la explotación de los campos de crudo y atender las necesidad de los sectores de salud y educación, lo cual significa apostar por el desarrollo.

Aprobados los 5 primeros artículo de la Constitución

La Asamblea Constituyente de Ecuador, con 105 asambleístas presentes en la sala, aprobó ayer los cinco primeros artículos de la nueva carta magna que corresponden a la soberanía territorial. Entre las novedades está el artículo cinco en el que se incluyó la negativa a que, en el territorio nacional, se instalen bases militares extranjeras. La decisión se funda en el rechazo del bloque oficialista a la instalación de la base de Estados Unidos en la ciudad costera de Manta para tareas de control del narcotráfico. El convenio con Estados Unidos concluye en 2009 y el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reiteró que no lo renovará.

El primer artículo tiene que ver con la definición de territorio, en tanto el segundo indica que "el territorio es inalienable, irreductible e inviolable" y que "nadie podrá atentar contra la unidad territorial ni fomentar la secesión".

El tercero afirma la soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables y el patrimonio cultural.

El cuarto estipula que el estado ecuatoriano "ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártica, de conformidad con las normas del Derecho Internacional y con la legislación nacional".

Finalmente, el quinto establece que "Ecuador es un territorio de paz" que no "permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares".

Correa, con el 62 por ciento

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene una aprobación de 62 por ciento, según una encuesta difundida ayer. El mandatario mantenía un nivel de aprobación de 54 por ciento el 29 de febrero, luego ascendió a 66 por ciento el 9 de marzo, tras la gestión por el ataque colombiano, y el 31 de marzo se situó en 62 por ciento, según una encuesta de la empresa Cedatos-Gallup.

La actuación de Correa en torno del ataque militar colombiano en territorio ecuatoriano el 1ro. de marzo generó la aprobación de 80 por ciento de la población. La aprobación de Correa "ha registrado varios cambios", según Cedatos, en los 14 meses que lleva de gobierno. Cuando asumió en enero de 2007, el nivel de aprobación se situó en 73 por ciento y a enero de 2008 se ubicó en 55 por ciento.

El nivel de aprobación de la actuación de la Asamblea Constituyente que elabora una nueva Constitución es de 34 por ciento al 30 de marzo, según la encuestadora. La credibilidad de los asambleístas es de 32 por ciento. En noviembre, cuando se instalaron las sesiones de la Asamblea, era de 57 por ciento.

Empieza paro indefinido en contra explotación minera

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS) de Ecuador comenzó ayer un paro indefinidopor la defensa de la soberanía del agua, la tierra y el territorio del país. La CNDVS manifies que se opone "al saqueo, la contaminación, y la manipulación social que las transnacionales mineras y sus testaferros nacionales llevan acabo contra las comunidades y poblaciones", según dice en comunicado. Añade que se trata de un paro preventivo para mostrar a las mineras extranjeras que el pueblo está contra su actuación y contra los contratos por los que los gobiernos "vendepatrias" entregaron la crata parte del territorio del país a estas transnacionales.
"El gobierno central que está equivocado en su política basada en la actividad extractivista cuyos beneficios económicos van a parar en los bolsillos del capital transnacional y en la gestión del Estado burocrático’, dice el comunicado. La organización covocante recuerda que, cuando estaba en campaña, el presidente Rafael Correa fue a Yantzaza (Zamora) y a Gualaquiza (Morona) - cerca del proyecto cobre-oro El Mirador de la canadiense Corriente-Ecsa y Cóndor de Aurelian - y dijo que estaba contra a las minerías en la zona.
Ahora, aseguran, ante a las protestas de los movimientos populares, el gobierno dice que hacen el papel de la derecha, de la oposición, y que trabajan para tumbar un presidente "de la ciudadanía".
La Coordinadora asegura que en las condiciones que actúan esas compañías mineras, no dejan beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y advierte que si se da paso a estos megaproyectos, las comunidades locales, actualmente divididas por las mineras, entraran en un mayor grado de violencia social, y la paz de las comunidades estará amenazada.
Las campañas promovidas por las propias minerías hablan de minería responsable, antes hablaban de minería sustentable, pero no hay en ningún lugar del mundo una empresa de explotación de metal que no contamine y que no cause efectos sociales. En 16 de enero de este año, integrantes de la Coordinadora dialogaron con miembros de 7 mesas de elaboración de la Nueva Constituyente. Al momento, pidieron el reconocimiento del Art. 272 de la vigente constitución , que determina que las concesiones entregadas a las transnacionales mineras no tengan valor por haber violado, entre otros, los Art. 86 y 88 de la Carta Magna. Y piden que se prohíba a esta actividad extractivista, debido a los "graves daños sociales y ambientales que provoca, procediendo a declarar en la nueva Constitución a Ecuador Libre de Minería".

(Fuentes:Prensa Latina, Adital y ANSA-Latina)

Bolivia:Crisis política

EVO MORALES OFRECE A LOS PREFECTOS UN ACUERDO NACIONAL. LOS DEPARTAMENTOS 'REBELDES' Y EL GOBIERNO MANTIENEN SUS POSICIONES

El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso este lunes a los nueve prefectos(gobernadores) del país un acuerdo nacional para conjurar la crisis que recrudeció en el último medio año.
Los nueve prefectos ­cinco de los cuales son opositores­ dijeron estar de acuerdo con avanzar hacia un pacto nacional, pero las negociaciones apenas comenzaron.
"Quiero plantear un acuerdo nacional por el nuevo país", dijo Morales en la primera intervención, que fue secundada por los nueve gobernadores regionales.

Una comisión trabajará ese acuerdo sobre los siguientes temas: defensa de la unidad del país, respeto a la democracia, primacía de la legalidad, estatización de la economía, adhesión al proceso de cambio social, autonomías departamentales, renta dignidad para los ancianos, transparencia de la gestión, respeto a la propiedad privada y referéndum revocatorio.

Temas en los que hay coincidencias

Los nueve prefectos del país y el Gobierno identificaron seis ejes de interés para el debate que permita allanar un acuerdo nacional, planteado por el presidente, Evo Morales, que pasan por la unidad del país, la legalidad de la nueva Constitución y estatuto autonómico, el régimen económico, el cambio, las autonomías y el Impuesto Directo de los Hidrocarburos(IDH). "En Bolivia no hay dos proyectos de país confrontados. Prefectos y Gobierno comparten seis principios del país", señaló el vicepresidente, Álvaro García Linera, tras escuchar las intervenciones de los nueve prefectos y el Presidente de la República. El primer punto convergente es la unidad del país "no es un tema en debate, es un tema de compromiso reafirmado por el Gobierno y en acompañamiento con los prefectos", afirmó García Linera. El segundo tema referido a la democracia, el respeto a la institucionalidad y legalidad en torno a la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos. Un tercero, es sobre el papel rector que debe ejercer el Estado en el campo económico y con el cual las prefecturas están siendo favorecidas. Un cuarto tema identificado es que los prefectos reafirman su compromiso por el cambio, "nadie quiere retroceder", añadió. Un quinto punto referido al referéndum sobre autonomías departamentales. "Ni el Gobierno ni las prefecturas han puesto en debate a la democracia y reafirmaron que se debe respetar el voto ciudadano tanto en los departamentos que se votó por el sí y por el no", agregó el Vicepresidente. Un sexto tema en cuestión es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al pago de la renta Dignidad para mayores de 60 años a partir de febrero próximo.

Y las mayores divergencias

Los prefectos opositores al Gobierno mostraron divergencias principalmente en el IDH para el pago de la renta Dignidad, la nueva Constitución y las autonomías departamentales. Por su parte, el ejecutivo mantuvo la posició de la ilegalidad de los estatutos autonómicos, sino se sujetan a la nueva Carta Magna, pues la actual no contempla este régimen. Ante esta posición, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que con esas posiciones no se pueden avanzar, pues ellos siempre defenderán la legalidad de los estatutos autonómicos y observarán la ilegalidad de la nueva Carta Magna.

El ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó la viabilidad del pago de la renta Dignidad con la nueva distribución del IDH, además demostró el mantenimiento de importantes ingresos de recursos para las regiones. Este hecho también fue rebatido por los prefectos opositores que lamentaron la explicación del titular de Hacienda y la calificaron de mentirosa, además de ilegal por asumir una medida de esa naturaleza.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que la Constitución vigente respalda el pago de la renta Dignidad como medida social para proteger el capital humano. La autoridad gubernamental explicó que por primera vez, después de muchos años, este sector del pueblo (ancianos) forma parte de un beneficio vitalicio que siempre se les negó.

"El país nos quiere ver juntos", dijo un Evo Morales conciliador. Sus opositores también bajaron las armas verbales y acudieron con ideas para resolver la crisis.
Más de siete horas de debate fueron transmitadas por televisión abierta y, para afinar los anuncios y elaborar la metodología, los medios fueron invitados a abandonar el salón.

El gobierno está empeñado en consolidar el proyecto de Constitución que aprobó la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente, para lo cual inició el sábado la campaña por el Sí, con miras al referéndum constitucional a convocarse recién para este semestre. Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando reivindican las autonomías regionales por las que se pronunciaron sus habitantes en el referéndum de 2006. Esos cuatro prefectos, junto a los de La Paz y Cochabamba, rechazan el proyecto oficialista de nueva Constitución y exigen la devolución del 70 por ciento de un impuesto sobre hidrocarburos que el gobierno les recortó para financiar una renta de vejez.

(Fuentes: BBC-Mundo, ANSA-Latina, ABI-Agencia Boliviana de Información)

UNA GUERRA ENTRE RICOS Y POBRES

Por Javier Sáenz Munilla(*)

Latinoamérica es la región de mayor desigualdad social de la Tierra y Bolivia, junto a Brasil y Colombia, el país más desigual -injusto- de América Latina. Por mucho que crezcan estos países y toda la región, en las condiciones de producción actuales serán necesarias décadas para reducir algo esa desigualdad. Lo que pretende el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales, mediante la elaboración de una nueva Constitución o con leyes como la de los Hidrocarburos es, precisamente, revertir esa ecuación maléfica, que mantiene en la exclusión a la mayor parte de la población boliviana. Y lo que busca la derecha, agrupada en PODEMOS o en la llamada 'media luna'-los departamentos ricos que lideran los terratenientes de Santa Cruz-, es evitarlo; por todos los medios, además, como demuestran los recientes acontecimientos. Pero, ¿desde cuando la burguesía -supongo que podemos llamar así aún a los grandes propietarios- cede la más mínima parte de sus beneficios a cambio de nada y de forma voluntaria y pacífica?

En Latinoamérica un 10 por ciento de ricos se lleva, de media, el 36 por ciento de la renta. Pero en Bolivia, Brasil y Colombia, se queda con más del 40 por ciento. Ni que decir tiene que esos privilegiados propietarios, viven como dioses, mientras las grandes mayorías se mueren de asco o de hambre. Muchos de ellos se mueren antes de cumplir los cinco años. Y eso que se ahorran.
El 60 por ciento de los bolivianos son pobres, pese a que el país tiene suficientes riquezas naturales para dar y tomar: Hidrocarburos, tierras agrícolas de alto valor, bosques madereros y una gran biodiversidad. No es de extrañar, pues, que el que no pertenezca a las clases pudientes -abrumadoramente de origen europeo y piel blanca- considere muy a menudo la posibilidad de largarse. Y así, Bolivia tiene al 16 por ciento de su población en el extranjero.

Pero llegó Evo y mandó a parar

El MAS, con Evo Morales, ganó las elecciones el 18 de Diciembre de 2005, con una clara mayoría del 54 por ciento, algo inusual en la democracia boliviana. El pueblo, tras las desastrosas gestiones de los anteriores presidentes, clamaba por un cambio real que llevara al país por otros derroteros, que le sacara del pozo sin fondo en el que se hallaba. En palabras de Eduardo Galeano, Bolivia se manifestó como “el país que quiere existir”.

Pero desde el momento que el MAS comenzó a cumplir sus promesas electorales, se le echaron encima los poderosos, los interesados en no ceder ni siquiera lo que no es suyo, dijeran lo que dijeran las grandes mayorías.

La nacionalización de los hidrocarburos fue votada favorablemente por el 90 por ciento de quienes participaron en el referéndum. Y además, era, junto con la Asamblea Constituyente, la estrella del programa electoral del MAS. “Nacionalizaciones, no expropiaciones”, como advertía el Vicepresidente boliviano García Linera.

Los cambios reales han sido y son demandados por las mayorías de Bolivia -recordamos, 60 por ciento de pobres- en los últimos 25 años. No sólo el levantamiento contra el Presidente-criminal, el agringado Sánchez de Lozada 'Goni', quien antes de huir a su patria pecuniaria de Norte dejó una estela de 80 muertos detrás. Ahí están también las movilizaciones de los mineros desalojados de las cuencas del estaño, las 35.000 familias de cocaleros en defensa de sus cultivos o las masivas ocupaciones de latifundios por los campesinos sin tierras.
¡Y la guerra del agua en el 2000! que concluyó con la expulsión de la compañía extranjera que incumplía su obligación de suministrar agua potable a la población, entre otros municipios, de El Alto.
El gobierno del MAS tiene un Ministerio del Agua, algo casi único en el mundo, lo que da una idea de la importancia que le otorga a este asunto, un verdadero problema nacional. Hay que tener en cuenta que hay dos millones de bolivianos sin “agua de boca” y cinco millones sin saneamiento. Y ello en un país que cuenta con uno de los mayores caudales del continente.
Y no deben olvidarse las movilizaciones de las mayorías indígenas y sus organizaciones, en un movimiento coordinado, que han contribuido a las presiones para modificar y lograr avances en la descentralización y que ha reforzado la participación comunal en la gestión de los municipios. Por ahí comenzó a construirse un nuevo país. Además, el movimiento indígena ha sido crucial en la reactivación de la reforma agraria y el rescate de tierras. Y es la principal fuerza de base del gobierno socialista boliviano.

Son las grandes mayorías indígenas, que llevan 500 años desalojadas del poder, las que ahora, con uno de los suyos en la Presidencia de la República, tienen la intención de recuperarlo.

El proyecto democrático del MAS plantea refundar el Estado para construir un modelo de economía mixta y de cultura plurinacional, que el Vicepresidente García Linera denominó “Capitalismo Andino-Amazónico en un estado multicultural”.

¿Y cómo lo hacemos?

En Bolivia hay unos cinco millones de hectáreas de tierras de alto potencial agrícola, que no son explotadas. Y sólo dos millones que sí lo son. Esos, repito ¡cinco millones de hectáreas! o bien es que sus dueños son traficantes de tierras que no las quieren explotar (la mayor parte) o son tierras en disputa entre indígenas, colonos, latifundistas....

El problema de la tierra, también en Bolivia, es grave. Menos de 100 familias tienen la propiedad de 25 millones de hectáreas. Mientras que 2 millones de familias campesinas apenas tienen 5 millones de hectáreas.
La mayor parte de las grandes propiedades se concentra en el Oriente del país. Precisamente donde se encuentra la llamada “Media Luna”, los departamentos ricos y 'rebeldes', que se levantan estos días contra Evo Morales, contra la Asamblea Constituyente y contra el llamado 'Salario Dignidad' establecido por el Gobierno para los ancianos. Y que están proclamando sus 'autonomías' de forma extralegal, dispuestos, como los franquistas en España, a imponer una Bolivia rota antes que roja. El 95 por ciento de esas grandes propiedades están en manos de especuladores de la tierra, que disponen a su antojo de ese 'neolatifundio' improductivo, en un país, repitamos una y mil veces, con un 60 por ciento de la población en la pobreza.

Pero la actual Constitución y el régimen agrario de Bolivia, no sólo no reconocen el latifundio, sino que además establecen el 'empleo sostenible' de la tierra y definen su 'función económico social' y dictan que las propiedades que no cumplan esa función, deben ser expropiadas o revertidas al Estado, para que las redistribuya a campesinos e indígenas sin tierras. Esto es así desde la llamada Revolución Nacional de 1953 que, como vemos, se quedó en los papeles y nunca ha sido aplicada...hasta hoy.
Y ahora el Gobierno del MAS está desarrollando aquella Reforma Agraria, mediante la entrega de títulos y propiedades comunales a campesinos sin tierra. Una razón más para que las airadas huestes latifundistas, especialmente en Santa Cruz, se movilicen contra La Paz. Y lo hacen no sólo con algaradas, también con la activación de grupos paramilitares que asaltan y destrozan pequeñas propiedades y atemorizan a los campesinos.

Recuperar los recursos naturales

Bolivia fue expoliada por la metrópoli española, que vació sus minas de plata (¡vale un Potosí!) en las que dejaron la vida miles de indios. Y otros chupasangres criollos (¡Patiño!) se ventilaron el estaño. Ahora a Bolivia le estaban succionando el gas y el crudo y no daban ni las gracias. Por eso la revolución democrática que llevó 'al Evo' hasta el Palacio Quemado, tenía que evitar que el latrocinio culminara, dejando a Bolivia completamente exangüe.

La Ley de Hidrocarburos es el instrumento. Este es uno de los sectores más importantes del país. Bolivia ocupa el segundo puesto en Sudamérica en producción de hidrocarburos. Sus yacimientos de gas natural alcanzaron a producir en 2005 cerca de 443.000 millones de pies cúbicos.
Pero a su llegada al poder, el MAS se encontró con que las empresas concesionarias, pese a trabajar en unas condiciones de contratación claramente lesivas para el Estado, apenas si efectuaban las escasas inversiones que les exigía la ley. La inversión había caído sustancialmente y el mantenimiento de los yacimiento era muy precario. Alegaban, como explicación, que las convulsiones sociales que vivía el país, les impedía creer en su estabilidad y no confiaban en la recuperación de sus inversiones.

Y en realidad, no sólo no se cumplía lo que dispone la Constitución en vigor respecto a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, sino que los contratos de concesión permitían que las empresas fueran dueñas del 100 por 100 de la producción de gas y de petróleo. En consecuencia, durante años, Bolivia había estado entregando sus hidrocarburos, simplemente por el pago de las regalías y los impuestos, apenas por la actividad extractora, sin beneficiarse de sus propios recursos.

La nueva Ley ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos y establece la forma en que el país participará en el mercado regional. Además precisa el papel del Estado en todo el proceso productivo, desde la explotación de los yacimientos al transporte, el refinado o la exportación y establece nuevos márgenes de impuestos y regalías, en condiciones favorables para ambas partes, con el fin de no desincentivar las inversiones extranjeras.

El proceso en marcha incluye un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha comenzado a revertir los datos negativos que en siglos han dejado atroces estadísticas en salud, alimentación, educación....El marco político legal que debe impulsar definitivamente los cambios es la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que los enemigos de esos cambios tan necesarios para Bolivia, lancen sobre esta diana casi todos sus dardos.

(*)Este artículo se publica en la edición de Enero de Mundo Obrero