El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso este lunes a los nueve prefectos(gobernadores) del país un acuerdo nacional para conjurar la crisis que recrudeció en el último medio año.
Los nueve prefectos cinco de los cuales son opositores dijeron estar de acuerdo con avanzar hacia un pacto nacional, pero las negociaciones apenas comenzaron.
"Quiero plantear un acuerdo nacional por el nuevo país", dijo Morales en la primera intervención, que fue secundada por los nueve gobernadores regionales.
Los nueve prefectos cinco de los cuales son opositores dijeron estar de acuerdo con avanzar hacia un pacto nacional, pero las negociaciones apenas comenzaron.
"Quiero plantear un acuerdo nacional por el nuevo país", dijo Morales en la primera intervención, que fue secundada por los nueve gobernadores regionales.
Una comisión trabajará ese acuerdo sobre los siguientes temas: defensa de la unidad del país, respeto a la democracia, primacía de la legalidad, estatización de la economía, adhesión al proceso de cambio social, autonomías departamentales, renta dignidad para los ancianos, transparencia de la gestión, respeto a la propiedad privada y referéndum revocatorio.
Temas en los que hay coincidencias
Los nueve prefectos del país y el Gobierno identificaron seis ejes de interés para el debate que permita allanar un acuerdo nacional, planteado por el presidente, Evo Morales, q
ue pasan por la unidad del país, la legalidad de la nueva Constitución y estatuto autonómico, el régimen económico, el cambio, las autonomías y el Impuesto Directo de los Hidrocarburos(IDH). "En Bolivia no hay dos proyectos de país confrontados. Prefectos y Gobierno comparten seis principios del país", señaló el vicepresidente, Álvaro García Linera, tras escuchar las intervenciones de los nueve prefectos y el Presidente de la República. El primer punto convergente es la unidad del país "no es un tema en debate, es un tema de compromiso reafirmado por el Gobierno y en acompañamiento con los prefectos", afirmó García Linera. El segundo tema referido a la democracia, el respeto a la institucionalidad y legalidad en torno a la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos. Un tercero, es sobre el papel rector que debe ejercer el Estado en el campo económico y con el cual las prefecturas están siendo favorecidas. Un cuarto tema identificado es que los prefectos reafirman su compromiso por el cambio, "nadie quiere retroceder", añadió. Un quinto punto referido al referéndum sobre autonomías departamentales. "Ni el Gobierno ni las prefecturas han puesto en debate a la democracia y reafirmaron que se debe respetar el voto ciudadano tanto en los departamentos que se votó por el sí y por el no", agregó el Vicepresidente. Un sexto tema en cuestión es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al pago de la renta Dignidad para mayores de 60 años a partir de febrero próximo.
ue pasan por la unidad del país, la legalidad de la nueva Constitución y estatuto autonómico, el régimen económico, el cambio, las autonomías y el Impuesto Directo de los Hidrocarburos(IDH). "En Bolivia no hay dos proyectos de país confrontados. Prefectos y Gobierno comparten seis principios del país", señaló el vicepresidente, Álvaro García Linera, tras escuchar las intervenciones de los nueve prefectos y el Presidente de la República. El primer punto convergente es la unidad del país "no es un tema en debate, es un tema de compromiso reafirmado por el Gobierno y en acompañamiento con los prefectos", afirmó García Linera. El segundo tema referido a la democracia, el respeto a la institucionalidad y legalidad en torno a la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos. Un tercero, es sobre el papel rector que debe ejercer el Estado en el campo económico y con el cual las prefecturas están siendo favorecidas. Un cuarto tema identificado es que los prefectos reafirman su compromiso por el cambio, "nadie quiere retroceder", añadió. Un quinto punto referido al referéndum sobre autonomías departamentales. "Ni el Gobierno ni las prefecturas han puesto en debate a la democracia y reafirmaron que se debe respetar el voto ciudadano tanto en los departamentos que se votó por el sí y por el no", agregó el Vicepresidente. Un sexto tema en cuestión es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al pago de la renta Dignidad para mayores de 60 años a partir de febrero próximo. Y las mayores divergencias
Los prefectos opositores al Gobierno mostraron divergencias principalmente en el IDH para el pago de la renta Dignidad, la nueva Constitución y las autonomías departamentales. Por su parte, el ejecutivo mantuvo la posició de la ilegalidad de los estatutos autonómicos, sino se sujetan a la nueva Carta Magna, pues la actual no contempla este régimen. Ante esta posición, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que con esas posiciones no se pueden avanzar, pues ellos siempre defenderán la legalidad de los estatutos autonómicos y observarán la ilegalidad de la nueva Carta Magna.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó la viabilidad del pago de la renta Dignidad con la nueva distribución del IDH, además demostró el mantenimiento de importantes ingresos de recursos para las regiones. Este hecho también fue rebatido por los prefectos opositores que lamentaron la explicación del titular de Hacienda y la calificaron de mentirosa, además de ilegal por asumir una medida de esa naturaleza.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que la Constitución vigente respalda el pago de la renta Dignidad como medida social para proteger el capital humano. La autoridad gubernamental explicó que por primera vez, después de muchos años, este sector del pueblo (ancianos) forma parte de un beneficio vitalicio que siempre se les negó.
"El país nos quiere ver juntos", dijo un Evo Morales conciliador. Sus opositores también bajaron las armas verbales y acudieron con ideas para resolver la crisis.
Más de siete horas de debate fueron transmitadas por televisión abierta y, para afinar los anuncios y elaborar la metodología, los medios fueron invitados a abandonar el salón.
Más de siete horas de debate fueron transmitadas por televisión abierta y, para afinar los anuncios y elaborar la metodología, los medios fueron invitados a abandonar el salón.
El gobierno está empeñado en consolidar el proyecto de Constitución que aprobó la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente, para lo cual inició el sábado la campaña por el Sí, con miras al referéndum constitucional a convocarse recién para este semestre. Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando reivindican las autonomías regionales por las que se pronunciaron sus habitantes en el referéndum de 2006. Esos cuatro prefectos, junto a los de La Paz y Cochabamba, rechazan el proyecto oficialista de nueva Constitución y exigen la devolución del 70 por ciento de un impuesto sobre hidrocarburos que el gobierno les recortó para financiar una renta de vejez.
(Fuentes: BBC-Mundo, ANSA-Latina, ABI-Agencia Boliviana de Información)
UNA GUERRA ENTRE RICOS Y POBRES
Por Javier Sáenz Munilla(*)
Latinoamérica es la región de mayor desigualdad social de la Tierra y Bolivia, junto a Brasil y Colombia, el país más desigual -injusto- de América Latin
a. Por mucho que crezcan estos países y toda la región, en las condiciones de producción actuales serán necesarias décadas para reducir algo esa desigualdad. Lo que pretende el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales, mediante la elaboración de una nueva Constitución o con leyes como la de los Hidrocarburos es, precisamente, revertir esa ecuación maléfica, que mantiene en la exclusión a la mayor parte de la población boliviana. Y lo que busca la derecha, agrupada en PODEMOS o en la llamada 'media luna'-los departamentos ricos que lideran los terratenientes de Santa Cruz-, es evitarlo; por todos los medios, además, como demuestran los recientes acontecimientos. Pero, ¿desde cuando la burguesía -supongo que podemos llamar así aún a los grandes propietarios- cede la más mínima parte de sus beneficios a cambio de nada y de forma voluntaria y pacífica?
En Latinoamérica un 10 por ciento de ricos se lleva, de media, el 36 por ciento de la renta. Pero en Bolivia, Brasil y Colombia, se queda con más del 40 por ciento. Ni que decir tiene que esos privilegiados propietarios, viven como dioses, mientras las grandes mayorías se mueren de asco o de hambre. Muchos de ellos se mueren antes de cumplir los cinco años. Y eso que se ahorran.
El 60 por ciento de los bolivianos son pobres, pese a que el país tiene suficientes riquezas naturales para dar y tomar: Hidrocarburos, tierras agrícolas de alto valor, bosques madereros y una gran biodiversidad. No es de extrañar, pues, que el que no pertenezca a las clases pudientes -abrumadoramente de origen europeo y piel blanca- considere muy a menudo la posibilidad de largarse. Y así, Bolivia tiene al 16 por ciento de su población en el extranjero.
Pero llegó Evo y mandó a parar
El MAS, con Evo Morales, ganó las elecciones el 18 de Diciembre de 2005, con una clara mayoría del 54 por ciento, algo inusual en la democracia bo
liviana. El pueblo, tras las desastrosas gestiones de los anteriores presidentes, clamaba por un cambio real que llevara al país por otros derroteros, que le sacara del pozo sin fondo en el que se hallaba. En palabras de Eduardo Galeano, Bolivia se manifestó como “el país que quiere existir”.
Pero desde el momento que el MAS comenzó a cumplir sus promesas electorales, se le echaron encima los poderosos, los interesados en no ceder ni siquiera lo que no es suyo, dijeran lo que dijeran las grandes mayorías.
La nacionalización de los hidrocarburos fue votada favorablemente por el 90 por ciento de quienes participaron en el referéndum. Y además, era, junto con la Asamblea Constituyente, la estrella del programa electoral del MAS. “Nacionalizaciones, no expropiaciones”, como advertía el Vicepresidente boliviano García Linera.
Los cambios reales han sido y son demandados por las mayorías de Bolivia -recordamos, 60 por ciento de pobres- en los últimos 25 años. No sólo el levantamiento contra el Presidente-criminal, el agringado Sánchez de Lozada 'Goni', quien antes de huir a su patria pecuniaria de Norte dejó una estela de 80 muertos detrás. Ahí están también las movilizaciones de los mineros desalojados de las cuencas del estaño, las 35.000 familias de cocaleros en defensa de sus cultivos o las masivas ocupaciones de latifundios por los campesinos sin tierras.
¡Y la guerra del agua en el 2000! que concluyó con la expulsión de la compañía extranjera que incumplía su obligación de suministrar agua potable a la población, entre otros municipios, de El Alto.
El gobierno del MAS tiene un Ministerio del Agua, algo casi único en el mundo, lo que da una idea de la importancia que le otorga a este asunto, un verdadero problema nacional. Hay que tener en cuenta que hay dos millones de bolivianos sin “agua de boca” y cinco millones sin saneamiento. Y ello en un país que cuenta con uno de los mayores caudales del continente.
Y no deben olvidarse las movilizaciones de las mayorías indígenas y sus organizaciones, en un movimiento coordinado, que han contribuido a las presiones para modificar y lograr avances en la descentralización y que ha reforzado la participación comunal en la gestión de los municipios. Por ahí comenzó a construirse un nuevo país. Además, el movimiento indígena ha sido crucial en la reactivación de la reforma agraria y el rescate de tierras. Y es la principal fuerza de base del gobierno socialista boliviano.
Son las grandes mayorías indígenas, que llevan 500 años desalojadas del poder, las que ahora, con uno de los suyos en la Presidencia de la República, tienen la intención de recuperarlo.
El proyecto democrático del MAS plantea refundar el Estado para construir un modelo de economía mixta y de cultura plurinacional, que el Vicepresidente García Linera denominó “Capitalismo Andino-Amazónico en un estado multicultural”.
¿Y cómo lo hacemos?
En Bolivia hay unos cinco millones de hectáreas de tierras de alto potencial agrícola, que no son explotadas. Y sólo dos millones que sí lo son. Esos, repito ¡cinco millones de hectáreas! o bien es que sus dueños son traficantes de tierras que no las quieren explotar (la mayor parte) o son tierras en disputa entre indígenas, colonos, latifundistas....
El problema de la tierra, también en Bolivia, es grave. Menos de 100 familias tienen la propiedad de 25 millones de hectáreas. Mientras que 2 millones de familias campesinas apenas tienen 5 millones de hectáreas.
La mayor parte de las grandes propiedades se concentra en el Oriente del país. Precisamente donde se encuentra la llamada “Media Luna”, los departamentos ricos y 'rebeldes', que se levantan estos días contra Evo Morales, contra la Asamblea Constituyente y contra el llamado 'Salario Dignidad' establecido por el Gobierno para los ancianos. Y que están proclamando sus 'autonomías' de forma extralegal, dispuestos, como los franquistas en España, a imponer una Bolivia rota antes que roja. El 95 por ciento de esas grandes propiedades están en manos de especuladores de la tierra, que disponen a su antojo de ese 'neolatifundio' improductivo, en un país, repitamos una y mil veces, con un 60 por ciento de la población en la pobreza.
Pero la actual Constitución y el régimen agrario de Bolivia, no sólo no reconocen el latifundio, sino que además establecen el 'empleo sostenible' de la tierra y definen su 'función económico social' y dictan que las propiedades que no cumplan esa función, deben ser expropiadas o revertidas al Estado, para que las redistribuya a campesinos e indígenas sin tierras. Esto es así desde la llamada Revolución Nacional de 1953 que, como vemos, se quedó en los papeles y nunca ha sido aplicada...hasta hoy.
Y ahora el Gobierno del MAS está desarrollando aquella Reforma Agraria, mediante la entrega de títulos y propiedades comunales a campesinos sin tierra. Una razón más para que las airadas huestes latifundistas, especialmente en Santa Cruz, se movilicen contra La Paz. Y lo hacen no sólo con algaradas, también con la activación de grupos paramilitares que asaltan y destrozan pequeñas propiedades y atemorizan a los campesinos.
Recuperar los recursos naturales
a. Por mucho que crezcan estos países y toda la región, en las condiciones de producción actuales serán necesarias décadas para reducir algo esa desigualdad. Lo que pretende el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales, mediante la elaboración de una nueva Constitución o con leyes como la de los Hidrocarburos es, precisamente, revertir esa ecuación maléfica, que mantiene en la exclusión a la mayor parte de la población boliviana. Y lo que busca la derecha, agrupada en PODEMOS o en la llamada 'media luna'-los departamentos ricos que lideran los terratenientes de Santa Cruz-, es evitarlo; por todos los medios, además, como demuestran los recientes acontecimientos. Pero, ¿desde cuando la burguesía -supongo que podemos llamar así aún a los grandes propietarios- cede la más mínima parte de sus beneficios a cambio de nada y de forma voluntaria y pacífica?En Latinoamérica un 10 por ciento de ricos se lleva, de media, el 36 por ciento de la renta. Pero en Bolivia, Brasil y Colombia, se queda con más del 40 por ciento. Ni que decir tiene que esos privilegiados propietarios, viven como dioses, mientras las grandes mayorías se mueren de asco o de hambre. Muchos de ellos se mueren antes de cumplir los cinco años. Y eso que se ahorran.
El 60 por ciento de los bolivianos son pobres, pese a que el país tiene suficientes riquezas naturales para dar y tomar: Hidrocarburos, tierras agrícolas de alto valor, bosques madereros y una gran biodiversidad. No es de extrañar, pues, que el que no pertenezca a las clases pudientes -abrumadoramente de origen europeo y piel blanca- considere muy a menudo la posibilidad de largarse. Y así, Bolivia tiene al 16 por ciento de su población en el extranjero.
Pero llegó Evo y mandó a parar
El MAS, con Evo Morales, ganó las elecciones el 18 de Diciembre de 2005, con una clara mayoría del 54 por ciento, algo inusual en la democracia bo
liviana. El pueblo, tras las desastrosas gestiones de los anteriores presidentes, clamaba por un cambio real que llevara al país por otros derroteros, que le sacara del pozo sin fondo en el que se hallaba. En palabras de Eduardo Galeano, Bolivia se manifestó como “el país que quiere existir”.Pero desde el momento que el MAS comenzó a cumplir sus promesas electorales, se le echaron encima los poderosos, los interesados en no ceder ni siquiera lo que no es suyo, dijeran lo que dijeran las grandes mayorías.
La nacionalización de los hidrocarburos fue votada favorablemente por el 90 por ciento de quienes participaron en el referéndum. Y además, era, junto con la Asamblea Constituyente, la estrella del programa electoral del MAS. “Nacionalizaciones, no expropiaciones”, como advertía el Vicepresidente boliviano García Linera.
Los cambios reales han sido y son demandados por las mayorías de Bolivia -recordamos, 60 por ciento de pobres- en los últimos 25 años. No sólo el levantamiento contra el Presidente-criminal, el agringado Sánchez de Lozada 'Goni', quien antes de huir a su patria pecuniaria de Norte dejó una estela de 80 muertos detrás. Ahí están también las movilizaciones de los mineros desalojados de las cuencas del estaño, las 35.000 familias de cocaleros en defensa de sus cultivos o las masivas ocupaciones de latifundios por los campesinos sin tierras.
¡Y la guerra del agua en el 2000! que concluyó con la expulsión de la compañía extranjera que incumplía su obligación de suministrar agua potable a la población, entre otros municipios, de El Alto.
El gobierno del MAS tiene un Ministerio del Agua, algo casi único en el mundo, lo que da una idea de la importancia que le otorga a este asunto, un verdadero problema nacional. Hay que tener en cuenta que hay dos millones de bolivianos sin “agua de boca” y cinco millones sin saneamiento. Y ello en un país que cuenta con uno de los mayores caudales del continente.
Y no deben olvidarse las movilizaciones de las mayorías indígenas y sus organizaciones, en un movimiento coordinado, que han contribuido a las presiones para modificar y lograr avances en la descentralización y que ha reforzado la participación comunal en la gestión de los municipios. Por ahí comenzó a construirse un nuevo país. Además, el movimiento indígena ha sido crucial en la reactivación de la reforma agraria y el rescate de tierras. Y es la principal fuerza de base del gobierno socialista boliviano.
Son las grandes mayorías indígenas, que llevan 500 años desalojadas del poder, las que ahora, con uno de los suyos en la Presidencia de la República, tienen la intención de recuperarlo.
El proyecto democrático del MAS plantea refundar el Estado para construir un modelo de economía mixta y de cultura plurinacional, que el Vicepresidente García Linera denominó “Capitalismo Andino-Amazónico en un estado multicultural”.
¿Y cómo lo hacemos?
En Bolivia hay unos cinco millones de hectáreas de tierras de alto potencial agrícola, que no son explotadas. Y sólo dos millones que sí lo son. Esos, repito ¡cinco millones de hectáreas! o bien es que sus dueños son traficantes de tierras que no las quieren explotar (la mayor parte) o son tierras en disputa entre indígenas, colonos, latifundistas....
El problema de la tierra, también en Bolivia, es grave. Menos de 100 familias tienen la propiedad de 25 millones de hectáreas. Mientras que 2 millones de familias campesinas apenas tienen 5 millones de hectáreas.
La mayor parte de las grandes propiedades se concentra en el Oriente del país. Precisamente donde se encuentra la llamada “Media Luna”, los departamentos ricos y 'rebeldes', que se levantan estos días contra Evo Morales, contra la Asamblea Constituyente y contra el llamado 'Salario Dignidad' establecido por el Gobierno para los ancianos. Y que están proclamando sus 'autonomías' de forma extralegal, dispuestos, como los franquistas en España, a imponer una Bolivia rota antes que roja. El 95 por ciento de esas grandes propiedades están en manos de especuladores de la tierra, que disponen a su antojo de ese 'neolatifundio' improductivo, en un país, repitamos una y mil veces, con un 60 por ciento de la población en la pobreza.
Pero la actual Constitución y el régimen agrario de Bolivia, no sólo no reconocen el latifundio, sino que además establecen el 'empleo sostenible' de la tierra y definen su 'función económico social' y dictan que las propiedades que no cumplan esa función, deben ser expropiadas o revertidas al Estado, para que las redistribuya a campesinos e indígenas sin tierras. Esto es así desde la llamada Revolución Nacional de 1953 que, como vemos, se quedó en los papeles y nunca ha sido aplicada...hasta hoy.
Y ahora el Gobierno del MAS está desarrollando aquella Reforma Agraria, mediante la entrega de títulos y propiedades comunales a campesinos sin tierra. Una razón más para que las airadas huestes latifundistas, especialmente en Santa Cruz, se movilicen contra La Paz. Y lo hacen no sólo con algaradas, también con la activación de grupos paramilitares que asaltan y destrozan pequeñas propiedades y atemorizan a los campesinos.
Recuperar los recursos naturales
Bolivia fue expoliada por la metrópoli española, que vació sus minas de plata (¡vale un Potosí!) en las que dejaron la vida miles de indios. Y otros chupasangres criollos (¡Patiño!) se ventilaron el estaño. Ahora a Bolivia le estaban succionando el gas y el crudo y no daban ni las gracias. Por eso la revolución democrática que llevó 'al Evo' hasta el Palacio Quemado, tenía que evitar que el latrocinio culminara, dejando a Bolivia completamente exangüe.
La Ley de Hidrocarburos es el instrumento. Este es uno de los sectores más importantes del país. Bolivia ocupa el segundo puesto en Sudamérica en producción de hidrocarburos. Sus yacimientos de gas natural alcanzaron a producir en 2005 cerca de 443.000 millones de pies cúbicos.
Pero a su llegada al poder, el MAS se encontró con que las empresas concesionarias, pese a trabajar en unas condiciones de contratación claramente lesivas para el Estado, apenas si efectuaban las escasas inversiones que les exigía la ley. La inversión había caído sustancialmente y el mantenimiento de los yacimiento era muy precario. Alegaban, como explicación, que las convulsiones sociales que vivía el país, les impedía creer en su estabilidad y no confiaban en la recuperación de sus inversiones.
Y en realidad, no sólo no se cumplía lo que dispone la Constitución en vigor respecto a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, sino que los contratos de concesión permitían que las empresas fueran dueñas del 100 por 100 de la producción de gas y de petróleo. En consecuencia, durante años, Bolivia había estado entregando sus hidrocarburos, simplemente por el pago de las regalías y los impuestos, apenas por la actividad extractora, sin beneficiarse de sus propios recursos.
La nueva Ley ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos y establece la forma en que el país participará en el mercado regional. Además precisa el papel del Estado en todo el proceso productivo, desde la explotación de los yacimientos al transporte, el refinado o la exportación y establece nuevos márgenes de impuestos y regalías, en condiciones favorables para ambas partes, con el fin de no desincentivar las inversiones extranjeras.
El proceso en marcha incluye un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha comenzado a revertir los datos negativos que en siglos han dejado atroces estadísticas en salud, alimentación, educación....El marco político legal que debe impulsar definitivamente los cambios es la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que los enemigos de esos cambios tan necesarios para Bolivia, lancen sobre esta diana casi todos sus dardos.
(*)Este artículo se publica en la edición de Enero de Mundo Obrero
La Ley de Hidrocarburos es el instrumento. Este es uno de los sectores más importantes del país. Bolivia ocupa el segundo puesto en Sudamérica en producción de hidrocarburos. Sus yacimientos de gas natural alcanzaron a producir en 2005 cerca de 443.000 millones de pies cúbicos.
Pero a su llegada al poder, el MAS se encontró con que las empresas concesionarias, pese a trabajar en unas condiciones de contratación claramente lesivas para el Estado, apenas si efectuaban las escasas inversiones que les exigía la ley. La inversión había caído sustancialmente y el mantenimiento de los yacimiento era muy precario. Alegaban, como explicación, que las convulsiones sociales que vivía el país, les impedía creer en su estabilidad y no confiaban en la recuperación de sus inversiones.
Y en realidad, no sólo no se cumplía lo que dispone la Constitución en vigor respecto a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, sino que los contratos de concesión permitían que las empresas fueran dueñas del 100 por 100 de la producción de gas y de petróleo. En consecuencia, durante años, Bolivia había estado entregando sus hidrocarburos, simplemente por el pago de las regalías y los impuestos, apenas por la actividad extractora, sin beneficiarse de sus propios recursos.
La nueva Ley ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos y establece la forma en que el país participará en el mercado regional. Además precisa el papel del Estado en todo el proceso productivo, desde la explotación de los yacimientos al transporte, el refinado o la exportación y establece nuevos márgenes de impuestos y regalías, en condiciones favorables para ambas partes, con el fin de no desincentivar las inversiones extranjeras.
El proceso en marcha incluye un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha comenzado a revertir los datos negativos que en siglos han dejado atroces estadísticas en salud, alimentación, educación....El marco político legal que debe impulsar definitivamente los cambios es la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que los enemigos de esos cambios tan necesarios para Bolivia, lancen sobre esta diana casi todos sus dardos.
(*)Este artículo se publica en la edición de Enero de Mundo Obrero
