La nueva Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros permite hoy al gobierno ecuatoriano contar con unos cinco mil millones de dólares para obras de infraestructuras y proyectos sociales. La resolución, aprobada este miércoles en la Asamblea Constituyente, pone fin a regulaciones que establecían el uso exclusivo de gran parte de los ingresos petroleros para pagar deudas y engordar determinados fondos de ahorro y contingencias.
Propuesta por el gobierno, la legislación recibió el respaldo de 89 asambleístas, mientras fue rechazada por representantes de la minoría, integrada por los partidos Socialcristiano, Renovador Institucional y Sociedad Patriótica.
La delegada Maria Paula Romo recalcó que esta ley facilitará la incorporación de unos cinco mil millones de dólares al presupuesto del Estado y su utilización en grandes proyectos hidroeléctricos o de reconstrucción vial.
Puntualizó que esta disposición determina además la creación de un Comité de Deuda y Financiamiento.
Este se encargará del análisis y recomendación de contratos de débitos públicos externos y definir los créditos comerciales y convenios de préstamo de proveedor, cuyo monto supere el 0,15 por ciento del plan presupuestario general.
Esa comisión estará integrada por el presidente del país, el ministro de Finanzas y el titular de la Secretaria Nacional de Planificación.
Con esta propuesta se destierra una política económica en la cual “los fondos y fideicomisos nos quitaban autonomía y soberanía para decidir sobre los recursos que le pertenecen al Ecuador”, aseveró Romo.
La nueva legislación cuenta con 13 artículos y su último apartado señala que “toda negociación de reestructuración, canje, colocación, redención o recompra de deuda externa y colocación de bonos deberá ser analizada y aprobada por ese denominado comité".
Los recursos de origen petrolero que ingresen al presupuesto en calidad de de capital se utilizarán única y exclusivamente para inversión y no para asignaciones de gasto corriente, de acuerdo con el texto.
Para el gobierno, se trata de una ley que posibilitará acelerar la construcción de refinerías y centrales hidroeléctricas, incrementar la explotación de los campos de crudo y atender las necesidad de los sectores de salud y educación, lo cual significa apostar por el desarrollo.
Aprobados los 5 primeros artículo de la Constitución
La Asamblea Constituyente de Ecuador, con 105 asambleístas presentes en la sala, aprobó ayer los cinco primeros artículos de la nueva carta magna que corresponden a la soberanía territorial. Entre las novedades está el artículo cinco en el que se incluyó la negativa a que, en el territorio nacional, se instalen bases militares extranjeras. La decisión se funda en el rechazo del bloque oficialista a la instalación de la base de Estados Unidos en la ciudad costera de Manta para tareas de control del narcotráfico. El convenio con Estados Unidos concluye en 2009 y el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reiteró que no lo renovará.
El primer artículo tiene que ver con la definición de territorio, en tanto el segundo indica que "el territorio es inalienable, irreductible e inviolable" y que "nadie podrá atentar contra la unidad territorial ni fomentar la secesión".
El primer artículo tiene que ver con la definición de territorio, en tanto el segundo indica que "el territorio es inalienable, irreductible e inviolable" y que "nadie podrá atentar contra la unidad territorial ni fomentar la secesión".
El tercero afirma la soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables y el patrimonio cultural.
El cuarto estipula que el estado ecuatoriano "ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártica, de conformidad con las normas del Derecho Internacional y con la legislación nacional".
Finalmente, el quinto establece que "Ecuador es un territorio de paz" que no "permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares".
Correa, con el 62 por ciento
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene una aprobación de 62 por ciento, según una encuesta difundida ayer. El mandatario mantenía un nivel de aprobación de 54 por ciento el 29 de febrero, luego ascendió a 66 por ciento el 9 de marzo, tras la gestión por el ataque colombiano, y el 31 de marzo se situó en 62 por ciento, según una encuesta de la empresa Cedatos-Gallup.
La actuación de Correa en torno del ataque militar colombiano en territorio ecuatoriano el 1ro. de marzo generó la aprobación de 80 por ciento de la población. La aprobación de Correa "ha registrado varios cambios", según Cedatos, en los 14 meses que lleva de gobierno. Cuando asumió en enero de 2007, el nivel de aprobación se situó en 73 por ciento y a enero de 2008 se ubicó en 55 por ciento.
El nivel de aprobación de la actuación de la Asamblea Constituyente que elabora una nueva Constitución es de 34 por ciento al 30 de marzo, según la encuestadora. La credibilidad de los asambleístas es de 32 por ciento. En noviembre, cuando se instalaron las sesiones de la Asamblea, era de 57 por ciento.
Empieza paro indefinido en contra explotación minera
La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS) de Ecuador comenzó ayer un paro indefinidopor la defensa de la soberanía del agua, la tierra y el territorio del país. La CNDVS manifies que se opone "al saqueo, la contaminación, y la manipulación social que las transnacionales mineras y sus testaferros nacionales llevan acabo contra las comunidades y poblaciones", según dice en comunicado. Añade que se trata de un paro preventivo para mostrar a las mineras extranjeras que el pueblo está contra su actuación y contra los contratos por los que los gobiernos "vendepatrias" entregaron la crata parte del territorio del país a estas transnacionales.
"El gobierno central que está equivocado en su política basada en la actividad extractivista cuyos beneficios económicos van a parar en los bolsillos del capital transnacional y en la gestión del Estado burocrático’, dice el comunicado. La organización covocante recuerda que, cuando estaba en campaña, el presidente Rafael Correa fue a Yantzaza (Zamora) y a Gualaquiza (Morona) - cerca del proyecto cobre-oro El Mirador de la canadiense Corriente-Ecsa y Cóndor de Aurelian - y dijo que estaba contra a las minerías en la zona.
Ahora, aseguran, ante a las protestas de los movimientos populares, el gobierno dice que hacen el papel de la derecha, de la oposición, y que trabajan para tumbar un presidente "de la ciudadanía".
La Coordinadora asegura que en las condiciones que actúan esas compañías mineras, no dejan beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y advierte que si se da paso a estos megaproyectos, las comunidades locales, actualmente divididas por las mineras, entraran en un mayor grado de violencia social, y la paz de las comunidades estará amenazada.
Las campañas promovidas por las propias minerías hablan de minería responsable, antes hablaban de minería sustentable, pero no hay en ningún lugar del mundo una empresa de explotación de metal que no contamine y que no cause efectos sociales. En 16 de enero de este año, integrantes de la Coordinadora dialogaron con miembros de 7 mesas de elaboración de la Nueva Constituyente. Al momento, pidieron el reconocimiento del Art. 272 de la vigente constitución , que determina que las concesiones entregadas a las transnacionales mineras no tengan valor por haber violado, entre otros, los Art. 86 y 88 de la Carta Magna. Y piden que se prohíba a esta actividad extractivista, debido a los "graves daños sociales y ambientales que provoca, procediendo a declarar en la nueva Constitución a Ecuador Libre de Minería".
"El gobierno central que está equivocado en su política basada en la actividad extractivista cuyos beneficios económicos van a parar en los bolsillos del capital transnacional y en la gestión del Estado burocrático’, dice el comunicado. La organización covocante recuerda que, cuando estaba en campaña, el presidente Rafael Correa fue a Yantzaza (Zamora) y a Gualaquiza (Morona) - cerca del proyecto cobre-oro El Mirador de la canadiense Corriente-Ecsa y Cóndor de Aurelian - y dijo que estaba contra a las minerías en la zona.
Ahora, aseguran, ante a las protestas de los movimientos populares, el gobierno dice que hacen el papel de la derecha, de la oposición, y que trabajan para tumbar un presidente "de la ciudadanía".
La Coordinadora asegura que en las condiciones que actúan esas compañías mineras, no dejan beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y advierte que si se da paso a estos megaproyectos, las comunidades locales, actualmente divididas por las mineras, entraran en un mayor grado de violencia social, y la paz de las comunidades estará amenazada.
Las campañas promovidas por las propias minerías hablan de minería responsable, antes hablaban de minería sustentable, pero no hay en ningún lugar del mundo una empresa de explotación de metal que no contamine y que no cause efectos sociales. En 16 de enero de este año, integrantes de la Coordinadora dialogaron con miembros de 7 mesas de elaboración de la Nueva Constituyente. Al momento, pidieron el reconocimiento del Art. 272 de la vigente constitución , que determina que las concesiones entregadas a las transnacionales mineras no tengan valor por haber violado, entre otros, los Art. 86 y 88 de la Carta Magna. Y piden que se prohíba a esta actividad extractivista, debido a los "graves daños sociales y ambientales que provoca, procediendo a declarar en la nueva Constitución a Ecuador Libre de Minería".
(Fuentes:Prensa Latina, Adital y ANSA-Latina)
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