Con un retraso de 11 años, el Estado panameño aceptó realizar este mes un diálogo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos civiles y políticos del país. Seis puntos pautaron el debate: la discriminación, la ineficacia para proteger los derechos humanos, la expulsión de los indios de sus tierras para construir proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, la grave situación del sistema penitenciario, la falta de protección de los refugiados y la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes.
En relación con el derecho de las mujeres, la ONU criticó la dificultad de implementar una legislación en materia de igualdad, las diferencias enfrentadas en el mercado de trabajo, las prácticas que les dificultan el acceso al mercado de trabajo, el aumento de la violencia y la situación deplorable del único albergue para las mujeres víctimas de violencia. También en ese sentido, fue condenada la práctica discriminatoria de solicitar la prueba de embarazo como paso necesario para que las mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo.
En relación con el derecho de las mujeres, la ONU criticó la dificultad de implementar una legislación en materia de igualdad, las diferencias enfrentadas en el mercado de trabajo, las prácticas que les dificultan el acceso al mercado de trabajo, el aumento de la violencia y la situación deplorable del único albergue para las mujeres víctimas de violencia. También en ese sentido, fue condenada la práctica discriminatoria de solicitar la prueba de embarazo como paso necesario para que las mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo.
Las cárceles
La situación de las prisiones panameñas también fue blanco de críticas de los especialistas de la ONU. Panamá tiene la segunda mayor población carcelaria de América Latina. En las prisiones panameñas hay superpoblación, falta de atención médica, abusos físicos y psicológicos, además del desinterés público para solucionar esos problemas.
La cárcel de La Joya-La Joyita fue comparada con las peores de la región.
Para un miembro de la comisión, Nigel Rodley de Reino Unido, "todo el sistema parece estructurado para crear una situación insustentable". Agregó además que el compromiso reciente del Estado para construir más cárceles, según su experiencia, no es suficiente para solucionar el problema de la superpoblación de las cárceles. El Estado panameño fue cuestionado en relación con los abusos físicos frecuentes de los que son víctimas los presos cuando no obedecen una política oficial y las sanciones impuestas a los funcionarios que cometen abusos contra los detenidos.
Para un miembro de la comisión, Nigel Rodley de Reino Unido, "todo el sistema parece estructurado para crear una situación insustentable". Agregó además que el compromiso reciente del Estado para construir más cárceles, según su experiencia, no es suficiente para solucionar el problema de la superpoblación de las cárceles. El Estado panameño fue cuestionado en relación con los abusos físicos frecuentes de los que son víctimas los presos cuando no obedecen una política oficial y las sanciones impuestas a los funcionarios que cometen abusos contra los detenidos.
Los indígenas
Los derechos humanos de las poblaciones indígenas son violados constantemente, porque las comunidades sufren el acoso de las autoridaes y las empresas que les desalojan para implementar proyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos que se construyen en sus tierras. El Estado falla cuando tiene que darles ayuda financiera, cuando debe protegerles el medio ambiente y su cultura. Según los especialistas, esos proyectos están destruyendo la forma de vida tradicional de los pueblos. La Comisión de DD.HH. de la ONU advierte que el derecho consuetudinario moderno requiere la consulta y el consentimiento de los pueblos para permitir la construcción de obras en sus tierras.
El diálogo con el Comité no presentó sólo puntos negativos. La desaparición del delito de desacato y la adopción del sistema acusatorio fueron señaladas como avances. La Onu reconoció también los esfuerzos de Panamá para promover los derechos de los residentes en el país, pero las reformas necesarias para alcanzar esos derechos son insuficientes y no presentaron avances concretos.
En ese sentido, los participantes del diálogo dijeron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación de Panamá y difícilmente se invoca en los juicios de la Suprema Corte.
En ese sentido, los participantes del diálogo dijeron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación de Panamá y difícilmente se invoca en los juicios de la Suprema Corte.
En lo que respecta a los derechos de los refugiados, se dijo a los representantes del Estado que la definición de quien es un refugiado es muy restrictiva, y el procedimiento para pedir refugio no respeta las garantías mínimas del proceso. Además, el régimen de "protección temporaria humanitaria restringe innecesariamente los derechos de la población que debe proteger".
Según el Estado, el Decreto con esas determinaciones fue establecido "para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiadas, y sí como protegidos temporales humanitarios, y por lo tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto". Para la Onu, el Decreto no protege a quien está en el territorio de Panamá por poco tiempo y no da a esas personas garantías frente a una devolución forzada.
Según el Estado, el Decreto con esas determinaciones fue establecido "para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiadas, y sí como protegidos temporales humanitarios, y por lo tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto". Para la Onu, el Decreto no protege a quien está en el territorio de Panamá por poco tiempo y no da a esas personas garantías frente a una devolución forzada.
“Reos sin derechos humanos en Panamá”
En el artículo con este título, publicado el 25 de diciembre, 2007 por el panameño El Siglo se denunciaban las violaciones básicas de los derechos humanos de los reos en las cárceles, como la falta de agua potable, la desnutrición y el hacinamiento . El Sistema Penitenciario debe arreglar estas primordiales necesidades para que los reos vivan sin violar sus derechos humanos. El hacinamiento en las cárceles ha creado una situación deplorable. Hay 4 mil detenidos más que sobrepasa la capacidad en las carécelas. Además, la desorganización del Sistema Penitenciario es tan evidente, hay reos que no están cumpliendo sus condenas bajo el mando correcto. Unos reos deben estar bajo el mando del Órgano Judicial pero ya están bajo las órdenes del Ministerio Público. Diómedes Kaa el director de la Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público comentó “No podemos tapar el sol con la mano.” Aunque, unos políticos y funcionarios se encuentran la privatización del sistema es la solución mejor para cambiar y mejorar la violación directa de los derechos humanos a los reos, para Kaa no es la mejor. “Este año no se ha aplicado este beneficio, porque aún El Sistema Penitenciario está elaborando el proyecto” enfatizó Kaa.Fragilidad judicial dificulta derechos humanos
En un estudio presentado por el diario panameño La Prensa en junio de 2007 representantes de 30 organizaciones pro derechos humanos identificaron los aspectos en lo que se demuestra “la grave violación a los derechos humanos que se registra en el país.” De los 19 aspectos se incluyen cárceles que practican tratos inhumanos, discriminación de los indígenas, los afro-descendientes, mujeres y personas que están infectadas con SIDA. La corrupción del sistema de justicia como las leyes mordaza, la inhabilidad de la protesta social y “la distribución desigual de la riqueza y la extendida pobreza rural” agrega al impacto de la falta de los derechos humanos. Una prueba enseña que la pobreza es una violación de los derechos humanos. “De cada 10 panameños 4 viven con menos de 2 dólares diarios”. La directora de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén comentó que este problema es de todos y juntos deben escoger los gobernantes que se fijan en sus derechos diligentemente.
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HONDURAS
Asesinada la dirigente de la principal central sindical
La Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Altagracia Fuentes, fue asesinada a balazos junto a otras dos personas por desconocidos en el norte de Honduras.
Altagracia Fuentes ,de 60 años, recibió 16 impactos de bala de fusil AK-47 el miércoles por la noche cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por seis individuos, vestidos con camisetas negras y pasamontañas, en la carretera que conduce de San Pedro Sula a El Progreso, a unos 280 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
En el ataque murieron también la acompañante de la dirigente sindical, Virginia García, de 45 años, y el conductor del vehículo, Juan Bautista Aceituno (23). El portavoz del Ministerio de Seguridad, sub comisionado de policía, Héctor Iván Mejía, dijo que la policía sospecha que los atacantes son miembros de una pandilla y que el asesinato habría sido "por encargo", descartándose por el momento que el motivo haya sido un robo, aunque se llevaron unos 4.000 dólares, en moneda nacional y extranjera, que la víctima portaba en su cartera.
Fuentes era la máxima dirigente de la CTH desde hace cuatro años y también era la segunda vicepresidenta regional de la Confederación Sindical para las Américas (CSA), y durante siete años fue presidenta de la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH)
(Fuentes: Adital, Américas21, Ya Basta y ANSA-Latina)
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