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8.4.08

Bolivia: Crisis política

EL GOBIERNO NO CONSIGUE FRENAR LA REBELIÓN AUTONOMISTA DE LAS REGIONES RICAS. EVO MORALES VUELVE A TENDER LA MANO, PERO ADVIERTE QUE NO ACEPTARÁ LOS RESULTADOS DE LOS REFERENDOS ILEGALES

El presidente boliviano Evo Morales descartó ayer toda posibilidad de militarizar Santa Cruz o decretar el estado de sitio para frenar el referéndum autonómico que la derecha cruceña quiere celebrar el 4 de mayo y reiteró su convocatoria a diálogo a los sectores opositores a su Gobierno.En los últimos días escuchó por medio de ustedes (los medios de comunicación) sobre la militarización de Santa Cruz y sobre el estado de sitio, pero eso es totalmente falso, ni siquiera se me había pasado por la mente" dijo ayer ante la prensa.

Morales afirmó que cualquier solución pasa por el diálogo y las negociaciones, para que las partes lleguen a entenderse para encontrar una solución a la crisis política que atraviesa el país.


Las regiones autonomistas, dispuestas a la rebelión

Las cuatro regiones gobernadas por opositoras al Gobierno de Evo Morales, Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, amenazan con actuar en bloque para ejercer la autonomía, mediante la administración directa de sus recursos naturales y sin descartar el recurrir al Tribunal de La Haya,.
El dirigente cívico del Beni, Alberto Melgar, dice que el Consejo Nacional Democrático (Conalde) formado Cochabamba y Chuquisaca y las cuatro regiones anteriores, aprobará los mecanismos alternativos para poner en marcha las autonomías, si hay un intento de frenarlas. En caso de que se congelen los fondos departamentales, optarán por la administración directa de los recursos naturales en cada departamento. "Nos van a obligar a incurrir en acciones que sabemos y somos conscientes no debemos hacerlas", dice Melgar.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguróque el resultado del referéndum cruceño del 4 de mayo, como las otras tres consultas que se realizarán en junio, no podrán aplicarse porque son ilegales."Creemos que aquellos que están en el terreno de la ilegalidad, si persisten en ello, tendrán muchas dificultades a la hora de tratar de aplicar los actos de un resultado irregular, que no podemos llamarlo un referéndum".
Por su parte, el presidente cívico cruceño, Branko Marinkovic, dijo en una campaña de recaudación de fondos proautonomía en Beni, que "ahora más que nunca las regiones autónomas debemos apoyarnos y trabajar juntas", según publicó el citado diario. Melgar recalcó que los referendos son legales y sus resultados deberán ser aceptados. Dijo que, en el marco del Conalde, se plantea apelar al Tribunal de La Haya para que el "Gobierno reconozca este proceso".
Sin embargo, el mimistro Rada , como ya lo hiciera Evo Morales, anunció juicios. "Estamos en la obligación de iniciar procesos legales a aquellos que han realizado, fomentado y convocado a actos ilegales".

Los obispos inician la mediación



Los obispos católicos bolivianos decidieron reunirse sólo con los prefectos (gobernadores) opositores involucrados directamente con la demanda de autonomía, para buscar una salida al conflicto . La mediación fue solicitada por el presidente Evo Morales.
Los obispos, que destinaron su homilía de todas las misas del domingo a invocar la paz y a deponer actitudes de enfrentamiento, recibían el lunes por la noche a cinco prefectos en Cochabamba, centro del país, para analizar la situación durante cuatro días.

Dentro de 27 días está previsto el referendo sobre los estatutos autonómicos de Santa Cruz, que el gobierno federal considera ilegal. Oficialistas y opositores coinciden en que sólo si se flexibilizan las posiciones antagónicas se evitará un enfrentamiento y el riesgo de una división de Bolivia, pero en las últimas horas ambas partes ratificaron sus posturas.
El presidente, Evo Morales, declaró sobre la mediación de los obispos: "Esperamos que la reunión pueda dar pasos importantes para que los cambios estructurales se realicen en el marco de la legalidad y que pueda darnos soluciones pacíficas".
El gobernador de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, limitó la posibilidad de una revisión de las posturas de su sector, que dijo quiere que la Iglesia le pida al gobierno de Morales que "reflexione" y que busque "una salida pacífica y no una solución por el desastre".
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, indicó que los obispos escucharon las explicaciones sobre las profundas diferencias que mantienen con las autoridades del Gobierno Nacional, pero advirtió que "la gente espera soluciones importantes que se encaminen, primero dentro de un proceso en marcha que no vamos a renunciar nadie". Después de una primera reunión de casi cuatro horas, Costas y el cardenal Julio Terrazas hablaron con la prensa. Costas informó que en el encuentro no salió nada definitivo, excepto la ratificación opositora de seguir adelante con sus referendos autonómicos, cuyo primer capítulo se inscribiría el próximo 4 de mayo. "Se va hacer todos los esfuerzos para buscar el consenso, para buscar encuentros, anticipando la posibilidad de que podamos estar en algún momento, cuando estén dadas las condiciones, para buscar un gran acuerdo, un gran pacto social que pueda servir para todos los bolivianos", dijo Costas.
Y el cardenal Julio Terrazas advirtió que el proceso de diálogo no ha hecho más que empezar. "También hay que entender que un proceso no se vive con problemas cuando viene ya de lejos, y estos problemas en Bolivia no los podemos resolver sin las horas de reunión necesarias."
En marcha rebelión ciudadana contra la autoanomía cruceña

Tres sucesos recientes evidencian que el proyecto autonómico impulsado por las elites políticas y empresariales de Santa Cruz no goza de la confianza de un importante sector de la población del departamento. Surgió en la zona gasífera de Camiri un movimiento popular que reivindica la autonomía provincial; cinco pueblos indígenas comenzaron a redactar un estatuto autonómico propio, y en la capital cruceña un grupo ciudadano convoca a la abstención en el referéndum del 4 de mayo.
Los sectores de este heterogéneo bloque defienden las autonomías como un legítimo derecho de los pueblos y regiones al autogobierno y la libre determinación, pero rechazan la autonomía impuesta por la clase dominante local. El colectivo entiende que la patronal cruceña, aprovechándose del legítimo sentimiento autonomista del pueblo, promueve la aprobación de un estatuto autonómico de carácter secesionista, excluyente y centralista con el objetivo de perpetuarse en el poder.
El 2 de abril, más de 15 mil personas reunidas en un cabildo popular en Camiri decidieron impulsar la “autonomía provincial” para la región y repudiaron las “autonomías departamentales separatistas” del presidente cívico Branko Marinkovic y del prefecto Rubén Costas. “Camiri lucha por un proyecto nacional y reivindica las autonomías provinciales que buscarán manejar los recursos naturales para la nación boliviana y no para un grupo de oligarcas (…) Este es un mensaje contundente de los chaqueños para el ‘macaco’ Costas: no queremos ser tributarios del centralismo cruceño”, declaró el asesor del Comité Cívico de Camiri Mirko Orgaz.
El pensamiento camireño sintoniza plenamente con la visión de los activistas del movimiento social de la capital. En las conclusiones de la mesa de reflexión “El tesoro perdido de las autonomías”, instalada en el marco del Cuarto Encuentro Social Alternativo de Santa Cruz, se lee: “Todos buscamos oportunidades para ejercer nuestra facultad de aportar al desarrollo de políticas públicas departamentales. Y en el marco de un país unitario somos militantes de las AUTONOMIAS ; sin embargo, no apoyamos el Proyecto de Estatutos Autonómicos (de Santa Cruz) porque, muy a pesar de los derechos que enuncia, las estructuras que establece no permiten una auténtica Participación Ciudadana y por el contrario refuerzan el modelo administrativo centralista, esta vez encerrado en el poder del Gobernador y relegando, e incluso invisibilizando, a varios sectores sociales”.
Aunque ignorado por la prensa boliviana, el Cuarto Encuentro Social Alternativo (ESA) celebrado el 29 y 30 de marzo fue todo un acontecimiento por la variedad de instituciones que debatieron temas candentes y actuales como la discriminación, el aumento de la intolerancia racial y el uso de la violencia para imponer un estatuto autonómico ilegítimo e ilegal; y por el contenido de las reflexiones y propuestas que allí se lanzaron.
Tras los debates del ESA, los movimientos sociales cruceños concluyeron que las huestes autonomistas de los empresarios y las elites políticas recurren a la “fuerza bruta” y gritan para atemorizan a sus enemigos, pero “la única verdad es que ellos tienen más miedo que nadie. Y como tienen miedo, gritan”. En la Declaración del ESA, se convoca a la sociedad civil de Santa Cruz y del país a participar activamente en una “Campaña contra la Discriminación” que concluya con la formulación de una propuesta de norma jurídica que prevenga y penalice la discriminación en todas sus formas.
En el ESA se acordó luchar por autonomías democráticas construidas y aprobadas por el pueblo, y se rechazó el referéndum del 4 de mayo que pretenden imponer grupos minoritarios de Santa Cruz.
Las organizaciones convocaron a la abstención militante y combativa como forma de rechazo al “estatuto autonómico logiero”, amparándose en el artículo 8 de la ley del Referéndum que condiciona la concurrencia del 50% del electorado para validar la consulta ciudadana.

El dinero, con los autonomistas del latifundio


La millonaria campaña mediática desplegada por cívicos y empresarios no ha podido contener a la emergente rebelión ciudadana en la ciudad, en tanto que la excesiva violencia y represión en las provincias ha enardecido a indígenas y campesinos. En todo caso, esta campaña terminó por visibilizar a los verdaderos líderes de la revuelta: empresarios de la banca y del comercio y agroindustriales dueños de enormes haciendas.
En la mesa “Tierra Territorio” del ESA, las organizaciones sociales de base constataron que la nueva Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria incorpora derechos históricos negados a los indígenas y campesinos, dueños y dueñas ancestrales del territorio nacional. A la gente le pareció “aberrante y atentatorio a los derechos humanos” que en Bolivia, un país de 109 millones de hectáreas y con 37% de población rural, existan familias campesinas e indígenas sin tierra. Es inconcebible, comentaron, que a ésta altura de la vida republicana más de mil familias guaraníes cautivas en el Chaco permanezca sometidas a la esclavitud por los hacendados de la zona.

Casi por instinto, el pueblo interpela al patrón y se enfrenta a sus capataces. Eso ocurrió el 2 de abril, cuando el masivo cabildo en Camiri exigió la renuncia del alcalde Gonzalo Moreno y del subprefecto de la provincia Cordillera, Marcelino Apurani, representantes directos de Costas y Marinkovic y miembros activos del “comité de defensa de tierra” creado por hacendados para evitar el saneamiento de sus tierras y la titulación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) a favor de indígenas guaraníes.

(Fuentes:Red Erbol,La Razón-Bolivia, Europa Press, ANSA-Latina Agencia PÚLSAR y ABI-Agencia Boliviana de Información)

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