29.4.08

Bolivia:Crisis política

EL GOBIERNO DE EVO MORALES TRATA DE EVITAR EL REFERENDUM DE SANTA CRUZ MEDIANTE EL DIÁLOGO. LOS AUTONOMISTAS RADICALES LLAMAN A LUCHAR PARA QUE NO GOBIERNE 'UN INDIO IGNORANTE'

El secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, visita hoy Bolivia y, en La Paz, va a recibir una propuesta de diálogo del presidente Evo Morales, informaron fuentes del Palacio de Gobierno. Caputo regresa a Bolivia de nuevo, después de que el canciller boliviano, David Choquehuanca, denunciara la rxistencia de una presunta conspiración contra el Gobierno de Morales en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el sábado en Washington. Después de visitar La Paz, Dante Caputo viajará a Santa Cruz, donde el próximo domingo 4 de mayo se realizará el referendo del Estatuto Autonómico cruceño, impulsado por el prefecto (gobernador) Rubén Costas y el Comité Cívico presidido por Branko Marinkovic.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, comisionó a Caputo para realizar gestiones de acercamiento entre el Gobierno y la oposición, lo que podría facilitarse con la propuesta que hoy le presentará el presidente Evo Morales. No obstante, hasta unas horas antes de viajar, el diplomático argentino no había logrado obtener respuesta del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien aceptó verbalmente la petición de dialogar formulado por la OEA, pero no formalizó la cita. Costas es el líder del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), instancia que hasta el momento se negó sistemáticamente a acudir al diálogo antes del referendum.
Políticos, cívicos y empresarios cruceños llevan adelante una consulta sobre el estatuto autonómico cruceño al margen de la legalidad boliviana, por lo que no contará con observadores ni de la OEA ni de la Unión Europea.
El sábado pasado, el pleno del Consejo Permanente de la OEA aprobó por unanimidad, incluido el representante de Estados Unidos, una resolución que ratifica su más firme respaldo al gobierno boliviano legalmente constituido y que emplaza a los opositores a sentarse en una mesa de negociación. Sin embargo, los líderes regionales de Santa Cruz rechazaron esa iniciativa y ratificaron la realización de la consulta, cuyos resultados pretenden utilizar, según el Gobierno boliviano, como un instrumento de presión contra la nueva carta magna que elabora la Asamblea Constituyente.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, planteó ayer la urgencia de entablar un diálogo para conciliar las diferencias sobre el tema autonómico entre el Gobierno y los dirigentes del departamento de Santa Cruz. El viceministro considera que las divergencias existentes respecto a la legalidad del referendum del próximo domingo han llegado a tal punto, que sólo pueden ser resueltas por el camino de la negociación. Asegura que el gobierno del presidente Evo Morales reconoce el derecho de cada región a lograr una mayor descentralización a través de los estatutos de autonomía, pero ese proceso debe realizarse bajo el amparo de las leyes del país.
Por su parte, Evo Morales asegura que su gobierno desestimará los resultados de la consulta por considerarla una violación de la Constitución y una maniobra de sus opositores para entorpecer el proceso de cambio que vive la sociedad boliviana.
Autonomistas radicales no quieren que gobierne un “indio ignorante”


Los discursos políticos suben de tono a medida que se acerca la consulta autonomista del 4 de mayo en Santa Cruz. Dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista prometen defender con sus vidas la autonomía y repudian en público que un “indio ignorante” gobierne el país. Y por el otro lado, líderes sociales de las tierras altas del departamento llaman a enfrentar a la burguesía separatista con las armas e iniciar la revolución.
Todo indica que ni la OEA ni la Iglesia Católica podrán instalar una negociación política antes del referéndum cruceño.
Pablo Mamani, Oscar Olivera y Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi y líder de los “ponchos rojos”, y otros representantes de la Coordinadora de movimientos sociales de Cochabamba convocaron a los bolivianos a tomar las armas e impulsar una revolución social desde el 4 de mayo. Estos sectores decidieron no atender el llamamiento del Presidente Evo Morales, quien pidió a las organizaciones sociales que no se movilicen contra el referéndum en Santa Cruz.
La cúpula de la Central Obrera Regional de El Alto confirmó que ya está en Santa Cruz una comisión que participará en las movilizaciones contra el referéndum y en la campaña por la abstención.
Nicanor Muñoz, dirigente vecinal del populoso barrio cruceño Plan 3000 invitó a organizaciones sociales de El Alto, a los cocaleros de Cochabamba, al sindicato campesino CSUTCB, a los colonizadores y a otros sectores a una reunión el primero de mayo para delinear una estrategia que permita alcanzar una abstención mayor al 50 por ciento. En el Plan 3000 habitan 243.750 personas en 114 barrios.
Una virtual dictadura autonomista declarada en la capital cruceña está fermentando resentimientos que podrían degenerar en choques violentos. La campaña del miedo de los cívicos y sus grupos de choque y las amenazas de “limpiezas étnicas” luego del 4 de mayo ya no sólo atemorizan a los disidentes sino que también multiplican las broncas.
Ayer los jóvenes cruceñistas salieron a marchar a las calles de la capital oriental en apoyo al estatuto autonómico, motivando a los jóvenes opositores a organizar una caravana contra la autonomía de los patrones para este martes desde la plaza del Estudiante. Los críticos están dispuestos a responder a cualquier tipo de ataque de los unionistas y responsabilizan al prefecto Rubén Costas si se produce derramamiento de sangre.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba observa con preocupación que Bolivia puede ingresar en una espiral de violencia si no se instala el diálogo entre el oficialismo y la oposición antes de este 4 de mayo.
El diálogo, en punto muerto


El gobierno dejó en manos de los prefectos opositores la decisión de fijar hora, fecha y lugar para reanudar el diálogo recomendado por la OEA. Los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz se niegan a dialogar antes del 4 de mayo.“Haremos todo lo que sea necesario para que se pueda instalar cualquier tipo de conversación antes, durante o después del 4 de mayo”, dijo el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic, quien pidió una vez más a los opositores que revisen su posición y busquen la forma de armonizar la nueva Constitución Política del Estado y los estatutos autonómicos.
El jefe nacional de Poder Democrático y Social-PODEMOS(derecha), Jorge Tuto Quiroga, señaló que la establecimiento de un diálogo entre el gobierno y la oposición para superar la crisis política será posible sólo con la mediación de la Iglesia Católica y con el acompañamiento de la Unión Europea y países amigos como Argentina, Brasil, Colombia y México. Según el jefe de Podemos, la OEA no merece ninguna confianza por su falta de neutralidad y credibilidad. “El Secretario General y la misión que envía con el señor Enrique Correa, que es el operador político chileno del señor Insulza, que es el que redacta los informes, no nos merece ninguna confianza; es hasta una falta de tacto y de sensibilidad… el señor Insulza, que se auto-descalificó por su parcialización y falta de neutralidad y credibilidad… nos llenan de insultos y de injurias y la OEA no dice nada sobre las violaciones al Tribunal Constitucional, ataques a medios de comunicación, cómo se ha golpeado a diputadas, cómo se ha acuartelado la Asamblea, cómo se la ha llevado a la UTO en Oruro para causar hechos de violencia”, resaltó Quiroga.
El diputado de Podemos Fernando Messmer aseguró que el canciller David Choquehuanca le mintió a la comunidad hemisférica “de una manera absolutamente desvergonzada”, queriendo mostrar el 4 de mayo como un acto separatista, divisionista, que busca derrocar al régimen del Presidente Evo Morales. Lo que esta claro, dijo Messmer, es que más allá de que se instala o no el diálogo antes del 4 de mayo, “el referéndum del 4 de mayo se va a llevar a cabo indefectiblemente”.

El MAS, el partido de Evo Morales, descarta la posibilidad de dialogar sobre los resultados de referéndum del 4 de mayo. Los diputados Jorge Silva y Gustavo Torrico advirtieron que no reconocerán un acto ilegal y fuera de la Constitución Política del Estado. En criterio de Silva, por cálculo político, la oposición espera que los resultados del referéndum legitimen un acto político concebido al margen de la ley, para posteriormente negociarlo con el proyecto de la nueva Constitución. "Es imposible negociar después del 4 de mayo porque existirá una Constitución Política del Estado y unos estatutos ilegales imposibles de compatibilizar", comentó Torrico.

Las organizaciones sociales importantes del país coinciden en que pequeños grupos de poder vinculados a la agroindustria fomentan la confrontación violenta entre bolivianos, con el apoyo militante de legisladores de derecha, especialmente de Podemos.
El diputado Ronald Moreno advirtió hace poco que si el gobierno “quiere atropellar” sus haciendas “van a tener violencia, nos vamos a constituir en una fuerza que quizá lleve a desencadenar un episodio que no quisiéramos”.
El senador Jorge Aguilera advirtió que después del referendo del 4 de mayo comenzará el desacato a la Constitución Política del Estado. “Si el Poder Ejecutivo no hizo caso a las consultas populares, lamentablemente creemos que no está aplicando las normas vigentes en el país, es decir, la Constitución, entonces que no nos obligue a que las regiones y los ciudadanos a acatar la Carta Magna porque la desacatemos para llevar adelante nuestra autonomía.”.El prefecto Costas anunció que después de la consulta se comenzará a construir una “segunda República”.

El gobierno y movimientos sociales piden la abstención


La Constitución faculta al Presidente Evo Morales a movilizar a las Fuerzas Armadas y a los reservistas que crea necesarios para que interrumpan el plebiscito del 4 de mayo en Santa Cruz, en defensa del orden interno y previniendo una grave conmoción. Pero el gobierno prefiere la vía de convocar a abstenerse de participar en lo que llama una “mañosa encuesta sin valor legal” para aprobar un estatuto autonómico que, dice, está hecho a la medida de los grupos de poder y que es reproductor del modelo racista, excluyente y neoliberal.
La consulta convocada para el 4 de mayo no tiene efecto vinculante y no pasa de ser “una encuesta cara”, según el Vicepresidente Alvaro García Linera, porque viola la Ley 2769 del Referéndum (mientras no exista un gobierno departamental electo por voto popular el Congreso Nacional es la única instancia autorizada para convocar a consultas nacionales, departamentales y municipales), y disposiciones de la Corte Nacional Electoral (CNE), la única instancia que puede administrar referendos.

Un estatuto separador

El texto del estatuto que será sometido a referendum este domingo en el departamento de Santa Cruz arrebata al Estado boliviano las competencias establecidas por la actual Constitución. Otorga al gobierno departamental competencias exclusivas en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva en el régimen electoral, administración de justicia, educación en todos los niveles, regímenes laboral, tierras, agua, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles y ordenamiento territorial, entre otras 40 competencias “exclusivas”.
La norma autonómica le atribuye a la Prefectura (Gobierno) de Santa Cruz el dominio pleno sobre los recursos naturales, económicos y humanos. Las disposiciones del gobierno departamental tienen preferencia respecto de las nacionales (que son “subsidiarias”) incluyendo la potestad tributaria. Pretende el control de las instituciones del Estado en el departamento, mediante la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental.
La Corte Superior de Distrito sería la última instancia jurisdiccional y dictaría sentencias con autoridad de “cosa juzgada” en temas de competencia exclusiva. Eso significa, por ejemplo, que la Corte Superior sería la última instancia decisora sobre la distribución de tierras.
El estatuto cruceño establece que sólo los ciudadanos cruceños pueden ejercer derechos políticos como el sufragio, la elección de autoridades departamentales y ser elegidos como tales, participar en asuntos públicos departamentales a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito y el Cabildo. En los hechos, se reconoce una doble condición política de ciudadanía, una boliviana y otra cruceña.

Todo el poder al gobernador… y a los latifundistas

Buscando equilibrios, la democracia reparte el poder del Estado en tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero el estatuto cruceño concentra todo en la Asamblea Departamental, que tendría competencias para nombrar a los funcionarios del Ejecutivo e incluso a los jueces.

Semejante concentración se evidencia en la política agraria que impulsan los grupos de poder cruceños. Según su estatuto, el derecho propietario, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz serían regulados por ley departamental aprobada por la Asamblea Legislativa. Esto significa que el parlamento regional tendría la última palabra en la definición de tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social para cada forma de propiedad agraria.
El gobernador firmaría “todos los Títulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Autónomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales”.
El estatuto cruceño propugna una política agraria que combata el minifundio, no que luche contra el latifundio. El gobierno departamental, a través del Instituto Departamental de Tierras (IDT), fomentará el “reagrupamiento, distribución y redistribución” de tierras para evitar la aparición del minifundio improductivo. Incluso se quiere revertir parcelas de tierra “improductivas” para concentrarlas luego en haciendas “productivas”. En el fondo, los autonomistas pretenden mantener latifundios y tierras de engorde.
El Vicepresidente boliviano García Linera considera que el estatuto sería el único en el mundo que plantea anular la pequeña propiedad y fomentar la concentración de la propiedad agraria. “Si ve por ahí 50, 100, 200 o 300 hectáreas y las considera pequeñas, están obligados a reconcentrarlas en pocas manos”.No estamos de acuerdo con que se expropie la tierra al pequeño o mediano campesino por capricho prefectural, o con el hecho de que sea un Prefecto el que emita los títulos de propiedad (de la tierra) a quien quiera, a sus amigos, conocidos, comparsas, vecinos, de una manera arbitraria”, observa el Presidente Morales.“El gobierno quiere autonomía y estatuto autonómico, pero no quiere que unas cuantas familias, por orden del Prefecto, se distribuyan las tierras como les da la gana”, dice García Linera.


(Fuentes:Radio Erbol, ABI-Agencia Boliviana de Información, Bolpress, Prensa Latina y ANSA-Latina)

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