Saharauis, los ojos del desierto

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1.4.08

Argentina:Protesta agraria

EL GOBIERNO ANUNCIA MEDIDAS QUE FAVORECEN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAMPESINOS. LOS AGROEXPORTADORES SIGUEN ADELANTE CON EL PARO PATRONAL Y EL DESABASTECIMIENTO SE AGRAVA EN LAS CIUDADES Y LLEGA AL INTERIOR

El gobierno argentino anunció ayer medidas de compensación y fomento a los pequeños y medianos productores, en un intento por fracturar el lockout patronal agrícola que comenzó hace 19 días, aunque ratificó la aplicación de retenciones móviles, que desataron las medidas de fuerza del sector agropecuario.
La presidenta, Cristina Fernández, pidió que se levanten los bloqueos de rutas que están provocando desabastecimiento de alimentos y paralizando industrias por falta de insumos. No obstante, los productores agropecuarios rechazaron rápidamente la propuesta porque "no cambia en esencia las razones que originaron el conflicto". En una conferencia de prensa inmediatamente después de los anuncios gubernamentales, los representantes de las cuatro entidades del agro anticiparon que las medidas son "insuficientes".
"Siéntanse como parte de un país y no como propietarios", pidió Cristina Fernández a los propietarios rurales, en un mensaje que intentó, una vez más, destrabar el conflicto.
El gobierno argentino efectuó sus anuncios en un acto desde la Casa de Gobierno con la presencia de los ministros , diputados, senadores y la mayoría de los gobernadores aliados del gobierno federal. Previo a los anuncios oficiales, el gobierno canceló las negociaciones con las cuatro organizaciones patronales del campo ante la continuidad de los cortes de ruta, que la Gendarmería Nacional desalojó en algunas zonas del país, entre forcejeos e incidentes menores. Portavoces del gobierno dejaron trascender que se aplicará la "Ley de Abastecimiento" si prosigue el lockout patronal.

Las medidas anunciadas

El ministro de Economía, Martín Lousteau, dijo que a los productores agrarios se les reintegrará automáticamente el incremento de los tributos, de modo que "volverán a estar en la misma situación que antes". Añadió que los agricultores de las provincias del norte argentino recibirán un descuento del 50% en el costo diferencial del flete cuando deban transportar sus productos en trayectos largos. Lousteau anunció, además, la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, un viejo reclamo del campo, que se encargará de mejorar la situación de los pequeños y medianos productores.
Estas medidas beneficiarán a 62.500 productores, el 80 por ciento del total de 84.000 hay en Argentina El resto pagará el aumento de los impuestos a las exportaciones de granos.
Por su parte, la presidenta Fernández dijo: "Nuestra obligación como gobernantes es tomar decisiones que le vuelvan a dar equilibrio a la sociedad. Sin embargo, nos hubiera gustado debatir estas medidas con las organizaciones rurales (en protesta)".
"En nombre de los argentinos les pido una vez más que, por favor, dejen transitar a los camiones y que se piensen como parte de un país, no como propietarios de él", exigió.


La patronal agraria, rechaza con cautela

Las principales organizaciones movilizadas reaccionaron a las medidas del gobierno con una mezcla de rechazo y cautela. "El plan no ha sido lo suficientemente generoso porque no contempla, por ejemplo, el aumento de los insumos que debe afrontar el productor", dice Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). "No se modifica la esencia del conflicto, lo que el gobierno aún no entiende es que los impuestos a las exportaciones siguen siendo altos, del 35%. Por eso, seguimos preocupados", añade.
Los medianos y pequeños productores del interior del país se han quejado de que los tributos reducen significativamente su ya limitada rentabilidad y no reciben ayuda estatal a cambio de sus contribuciones.
Sin embargo, Buzzi aclaró: "Queremos terminar con el conflicto esta semana. Vamos a consultar con nuestra organizaciones para ver si el paro se acaba el miércoles, hasta cuando lo convocamos en nuestra última reunión, o continúa".
Añadió que los productores que bloquean carreteras dejarán pasar a camiones que transporten alimentos , salvo los que son objeto del boicot: carne y granos.
El paro agrario, que consiste en 400 cortes de rutas en toda Argentina y la suspensión de la comercialización de productos, ha agravado el desabastecimiento de frutas, verduras, leche y carne.
En los mercados mayoristas ha entrado algo de mercancía, pero no la suficiente para distribuir a los comercios. Y la poca que hay, ha llegado con un aumento de precios vinculado a la escasez.
En el mayor mercado de hacienda de Argentina, situado en Buenos Aires, los corrales amanecieron vacíos el lunes.
.En cuanto a las frutas y verduras, Fabián Zeta, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (Comafru) en el Mercado Central (la otra gran plaza mayorista del país), advirtió: "Los vegetales alcanzan sólo para el día. Hoy entraron muchos menos productos que lo habitual. Además, el 30% llegaron en mal estado porque los camiones estuvieron varados y hubo que desecharlos".
Se calcula que durante la protesta se han perdido alimentos por un valor cercano a los 800 millones de dólares.

El desabastecimiento llega al interior

Desde Catamarca, aseguran que “no hay carne porque no llegan animales en pie”. Por su parte, en Entre Ríos afirman que “la situación se ha desbordado”, situación que se repite en San Juan.

En la provincia de Catamarca, el empresario del Frigorífico "Natilla", Víctor Natilla, dijo que "en Catamarca no hay carne porque no llegan animales en pie". "No se hace ninguna operación de compraventa de ganado. Por lo que es muy grave la situación", con pérdidas significativas y los empleados están en tareas de mantenimiento para asegurarles horas de trabajo.
Omar Chiarello, presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia e integrante de la Federación del Cítrus de Entre Ríos, considera que la situación "se ha desbordado" y advierte que si el boicot al transporte se mantiene tres días más, el sector citrícola deberá descartar 6.000 pallets en cámaras frigoríficas, lo que tiene un valor económico que alcanza los cinco o seis millones de dólares. "A eso se suma -añade- la falta de contratos a nivel internacional, la pérdida de las embarcaciones para exportación y la fruta que quedará en planta debido a la imposibilidad de cosecharla, como así también muchos operarios que quedarán fuera del circuito laboral".
Por su parte el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adan Bahl, expresa preocupación por "el gran desabastecimiento en las góndolas de los supermercados y otros comercios de la provincia". El funcionario dice que la falta de mercancías "impulsa un mecanismo de inflación y la ruptura de la cadena de comercialización, que también afecta la cadena de pagos".
De la misma manera el desabastecimiento de algunos alimentos básicos, se nota también los comercios de la ciudad de San Juan y sus zonas aledañas. Ana María López de Herrera, titular de Defensa del Consumidor de San Juan, dice que "se esta empezando a notar (el desabastecimiento) en toda la provincia".
Desde el Matadero Municipal, se informa que se ha mermado mucho la actividad. Se sacrifican sólo unas 120 cabezas de ganado diarias de la hacienda local, que es un merma del 45 % de las reses que se faenan normalmente.
Raúl Avila, del Sindicato de Empleados de Comercio, dice que ante la falta de algunos productos en los supermercados, "les están recortando las horas extras a los empleados". Una empresa que tiene en esta provincia una planta productora de galletitas decidió suspender la semana pasada a 550 operarios , argumentando falta de materia prima a causa del paro agrario, según el Sindicato de la Alimentación.


Lo que está detrás del paro agrario argentino
Por Guillermo Almeyra, SinPermiso.info


Argentina es un país altamente urbanizado, pero que depende esencialmente de la exportación de materias primas rurales. De ahí la posibilidad, para quienes controlan el mercado de carne, de soya y de cereales, de amenazar con hambrear a las ciudades y paralizar las exportaciones, chantajeando política y económicamente al gobierno nacional y anulando, de hecho, por la fuerza, tanto la voluntad popular, expresada deformadamente en los resultados electorales, como los planes y políticas nacionales de las autoridades. El llamado paro rural –en realidad, el lock-out de los empresarios del campo– es una expresión cruda de la lucha por el poder entre dos fracciones capitalistas, como lo indica el apoyo de las cámaras de industriales al gobierno en su enfrentamiento con la oligarquía ganadera-soyera-exportadora organizada en la Sociedad Rural (entidad que promovió y respaldó todas las dictaduras en el país) y las otras organizaciones del campo que, a pesar de sus diferencias hasta de clase con ésta, la respaldan en este enfrentamiento con el gobierno.
Recapitulemos: casi 80 por ciento de la tierra agrícola argentina está sembrado hoy con soya, que en la última cosecha rindió más de 48 millones de toneladas, que se cotizan hoy en 151 dólares la tonelada (en los dos últimos días subió cuatro dólares) para la primera semana de abril. Haga las cuentas y tenga en consideración que casi 60 por ciento de ese mercado está en manos de los grandes soyeros (en realidad, de cuatro trasnacionales, dos de ellas argentinas). La soya, que se paga mucho más que otras commodities, “se come” por consiguiente la producción de cereales para alimentos y el pan sube, por lo tanto; y “se come” la ganadería, con lo cual escasea la carne, que sube de precio. Además, el monopolio soyero fija altos precios para el aceite y otros subproductos y ese monocultivo expulsa decenas de miles de familias campesinas.
Los expertos agregan que la soya destruirá los suelos argentinos en 15 años. Pero ese promedio quiere decir que las excelentes tierras pampeanas durarán más y en cambio los suelos frágiles de las provincias marginales desaparecerán antes: la soyización equivale en efecto a la desertificación, al desmonte, a la contaminación de las aguas y de la tierra, a la desaparición de bacterias y especies animales útiles, y la fumigación aérea envenena ya a los campesinos y los pueblos cercanos, mientras los demás productos del campo sufren el impacto de esta competencia.
La política del gobierno, por su parte, consiste en estimular la industria y en sostener el empleo (construcción, servicios, desarrollo industrial) sobre la base de bajos salarios reales (para permitir grandes ganancias a los empresarios e inversionistas) y de un dólar caro, para abaratar las exportaciones argentinas, incluso industriales, y frenar las importaciones.
Ojo: los soyeros y otros grandes sectores rurales también invierten en la construcción, en el boom inmobiliario y en la industria y ganan enormemente gracias a la política monetaria que les permite exportar. No se pueden quejar pero disputan el poder al sector que privilegia a la industria y que debe subsidiar el consumo de alimento y los servicios (sobre todo, el transporte) de los sectores más pobres (casi todos urbanos) de la población nacional para mantener bajos los salarios reales y que, por lo tanto, cobra impuestos a los más ricos (la llamada “retención” de una parte de las ganancias logradas por los soyeros es en realidad un impuesto). Dichos impuestos, en Europa, llegan a 40 por ciento del producto interno bruto y en Argentina están muy por debajo de esa cifra. Además, la tasa de ganancia europea, en las finanzas, es 5 por ciento, y en la industria, 10 por ciento, mientras que en Argentina la misma se quintuplica, de modo que quienes, como el diario La Nación, hablan de “confiscación” o “expropiación” son demagogos sin escrúpulos.
El gobierno no sólo respeta la propiedad capitalista sino que la defiende y mantiene al aceptar sin crítica alguna el actual modelo y al no intentar siquiera aplicarles a los exportadores un régimen similar al implantado en el primer gobierno de Perón (1946-1952) mediante el Instituto Argentino Promotor del Intercambio, que monopolizaba el comercio exterior de productos agrarios y, con la diferencia entre los precios internacionales y los internos, hacía escuelas, obras públicas, promovía el desarrollo en las provincias y la industrialización.
El gobierno acepta de buen grado que cuatro empresas trasnacionales se queden hoy con ese enorme excedente y se limita a tratar de ponerles un impuesto moderado sin intervenir en el campo, ni siquiera como los hacían los gobiernos conservadores hace 70 años, creando juntas reguladoras. Para él, el libre mercado es sagrado y el interlocutor no son los trabajadores sino la Unión de Industriales, no son los trigueros sino los grandes harineros, no son los campesinos sino las organizaciones de la patronal rural, no son los consumidores sino los supermercados.
No hay pues conflicto entre clases opuestas sino un conflicto intercapitalista en el que los rurales tienen en rehenes a los pobladores urbanos al fabricar una gran carestía de alimentos y un aumento de precios de los mismos para arrojar a los sectores urbanos empobrecidos contra el gobierno. El hecho de que las cuatro trasnacionales que controlan el mercado sojero y la Sociedad Rural hayan podido arrastrar en su lock-out a los pequeños y medianos empresarios agrarios (no así a los campesinos) y la utilización política del conflicto por la derecha y por los medios, debe ser analizado aparte.

Argentina: las retenciones no son el problema
Por Claudio Lozano (*)

El campo argentino actual poco tiene que ver con el que teníamos hace 20 años. Se ha impuesto un modelo de alta concentración y dependencia tecnológica asentado en una matriz productiva que abandonó la perspectiva de una producción centrada en el desarrollo de alimentos de gran cantidad y calidad. Y se consolida la producción de forraje barato (pasto–soja) para vender a China, India y a la Unión Europea, subsidiando la industrialización de estos países y paralizando la nuestra. Este proceso se hace a costa de debilitar la ganadería, la producción láctea, la porcina, frutal, ovina, hortícola y otras producciones regionales. Este modelo sojero, además de romper la soberanía alimentaria de la Argentina, destruye puestos de trabajo y debilita a los pequeños y medianos productores ya que mientras la soja genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas, la economía familiar crea 35 puestos de trabajo cada 100 hectáreas. Situación que se empalma con el hecho de que la soja demanda más de 500 hectáreas para que una unidad productiva sea viable y autosuficiente.
Es en este contexto de debilitamiento de los trabajadores del campo (el 70% está en negro) y de debilitamiento de la pequeña producción rural que debe inscribirse el conflicto actual. Se expresa en él la bronca acumulada de los pequeños y medianos productores (los que efectivamente sostienen los cortes) frente a un gobierno que jamás reconoció su situación y que hace gala de un discurso perverso (incluso dice querer "desojizar" el campo), cuando en función de la construcción de su caja fiscal fue hasta hoy socio pasivo del "boom sojero" por la vía de las retenciones. Tiene sentido la aplicación de retenciones en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario que reoriente el destino del campo en función de profundizar la agregación de valor, generar empleo, repoblar el país y aumentar el número de productores.
Profundizar el uso de las retenciones sin plan produce lo que hoy estamos viviendo. Conduce a que los productores más débiles vivan como única alternativa la mejora del precio internacional y perciban a las retenciones como una creciente confiscación. La política irresponsable del Gobierno de contentarse con su socio del boom sojero ha terminado emblocando a los pequeños y medianos productores en el cuestionamiento a las retenciones junto a los beneficiarios y promotores del lamentable modelo sojero adoptado por la Argentina.
Las retenciones no son el problema. Aun con ellas, las utilidades por hectárea crecen, ya que los precios internacionales crecieron más. Menos aún son un problema las retenciones móviles (suben o bajan según se comporten los precios internacionales) y que discriminan en contra de la soja y en favor del maíz y el trigo. Las retenciones son necesarias porque permiten captar la ganancia diferencial que surge como resultado de la suba de los precios internacionales (no del esfuerzo del productor) y posibilitan diferenciar entre precios internos e internacionales. No obstante, tienen el límite de ser un instrumento único que opera sobre una cadena de producción y comercialización donde priman las diferencias y las heterogeneidades. Diferencias que exigen más instrumentos y nuevas herramientas (Junta de Carnes, de Granos, de Producciones regionales, etc). Por ende, sólo son sustentables en base a un plan que replantee el uso y tenencia de la tierra haciendo consistente el desarrollo del sector agropecuario con las necesidades del conjunto de los argentinos.
(*)Claudio Lozano es dirigente del sindicato argentino CTA y Diputado de la Mesa Nacional. Este artículo se publicó en el diario Página 12 el pasado 27 de marzo

(Fuentes:ANSA-Latina, BBC-Mundo, TELAM, SinPermiso y Página12)

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