Saharauis, los ojos del desierto

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22.4.08

Latinoamérica: Agricultura en crisis

LA CRISIS ALIMENTARIA HARÁ QUE ESTE AÑO HAYA 16 MILLONES MÁS DE POBRES Y OTRO TANTO DE INDIGENTES EN LA REGIÓN. VARIOS LÍDERES ADVIERTEN QUE LOS AGROCOMBUSTIBLES DESATARÁN LA HAMBRUNA

La crisis causada por la persistente alza de los precios internacionales de los alimentos está golpeando con especial dureza a los sectores más pobres de América Latina y el Caribe.
Según los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las y provocará un aumento de la pobreza y la indigencia, si no se adoptanmedidas urgentes.
La CEPAL muestra preocupación por las alzas en los precios del maíz, el trigo, el arroz, y las oleaginosas, que en algunos casos superan el 100 % , y que se han acelerado en los últimos doce meses.
Desde el año 2006 y especialmente el año 2007, los índices de precios al consumidor de los alimentos en la región, registran un ritmo anual que oscila entre el 6% y el 20% con un promedio cercano al 15% por ciento.


Por su parte, la FAO advierte que los gobiernos no pueden confiar en las fuerzas del mercado para contrarrestar la subida de los precios de los alimentos, y que se requerirá una clara voluntad política para aumentar la producción del agro.
El pasado año, según este organismo, los cereales registraron un aumento del 41 por ciento; los aceites vegetales un 60 por ciento, y los productos lácteos un 83 por ciento, y entre marzo del año 2007 y marzo del año 2008, el precio de venta del trigo se disparó u 130 por ciento.

Habrá cerca de 16 millones más de indigentes

Estas cifras demuestran los claros efectos negativos del aumento del precio de los alimentos sobre el bienestar de la población, pero el panorama se complica aún más por los incrementos que están experimentando los combustibles que impactan las tarifas del transporte y de varios servicios públicos.
La CEPAL ha tenido que modificar sus previsiones sobre pobreza e indigencia que hizo en 2007 y ya calcula que un incremento del 15% por ciento en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12,7% por ciento a 15,9% por ciento.
Esto implica que esa alteración de los precios aumentará en quince millones setecientos mil el número de latinoamericanos indigentes.
En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre.
Si hay una mejora de los ingresos de los hogares del 5% por ciento, similar al promedio de la inflación regional, unos diez millones de personas pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios y un contingente similar pasaría a la condición de pobres.
Este cálculo no tiene en cuenta el agravamiento de la situación social de las personas que previo a estos aumentos ya vivían en la pobreza e indigencia.

La FAO ha alertado, además, respecto al papel de los" especuladores" en esta crisis, quienes se han lanzado a "buscar oportunidades" en los mercados de materias primas y de alimentos, e indicó que muchas veces se cree que los altos precios presionan un aumento de la producción, pero en este caso eso no va a ocurrir.

La CEPAL y la FAO coinciden en que para enfrentar esta crítica situación se pueden aplicar políticas de diverso tipo y dependerán de la realidad de cada país y la experiencia que tengan los gobiernos en el manejo de diversos instrumentos o su situación fiscal.
Se recomienda que estas políticas incluyan acciones que disminuyan las alzas de los precios de los alimentos en los mercados internos y mejoren los ingresos de la población, especialmente de los sectores de bajos recursos.
Entre ellas se encuentran las reducciones de aranceles y/o de impuestos al consumo; los subsidios focalizados a ciertos sectores o alzas en los ya existentes; y un aporte excepcional proveniente de los países desarrollados y, en cierta medida, de los países de ingreso medio que son exportadores netos de alimentos.
Dado lo prolongado de esta crisis, se sugiere, además, mantener políticas específicas destinadas a los sectores de menos recursos e impulsar propuestas de mediano y largo plazo destinadas a incrementar la oferta y la productividad de manera sustentable.

La FAO no se ha pronunciado sobre el rol que pueda estar jugando en la crisis mundial alimentaria la producción de biocombustibles, porque este tema será abordado en una conferencia especial que se celebrará en Roma en el mes de junio.
Muchos expertos consideran que la creciente demanda de materias primas, como maíz o caña de azúcar, para la producción de combustibles de origen vegetal, ha influido de manera determinante en el alza de los precios de los alimentos en el mundo.
Brasil y Estados Unidos son los principales productores de los llamados "combustibles verdes" en el continente, con cerca del 90% por ciento del mercado mundial. Ambos países aseguran que el objetivo es obtener energías renovables en el futuro que reduzcan la dependencia petrolera.

Cuba gastará 1.900 millones de dólares en alimentos

Cuba gastará más de 1.900 millones de dólares en la importación de alimentos durante 2008, debido al aumento de los precios internacionales de estos productos y el de los fletes, lo que representa casi un 20 por ciento más que en 2007, cuando compró por valor de 1.600 millones de dólares.

Pedro Álvarez, presidente de la empresa estatal importadora de alimentos (ALIMPORT), indicó en una rueda de prensa que este año la importación de productos, que suponen un 84 por ciento de lo que se suministra en la canasta básica a la población a precios subvencionados, "superará (...) los 1.900 millones de dólares". El responsable cubano explicó que "hay algunos productos que crecen (en volumen), pero en lo fundamental el aumento es debido a los precios y a los fletes".

El incremento de las importaciones se produce en momentos en que el presidente de Cuba, Raúl Castro, impulsa una reestructuración del sector agrícola, con el fin de revitalizar el deprimido campo cubano y lograr la sustitución de las importaciones en este renglón."No son cosas que están puestas por la noche y amanecen por la mañana", indicó Álvarez, al destacar la "política muy fuerte" que ha trazado el Gobierno para lograr sustituir las importaciones agropecuarias. Destacó que el objetivo es "producir aquello que sea posible hacer en Cuba con costos razonables", como en el sector lácteo o cárnico, aunque reconoció que el país está "lejos de cubrir las necesidades aún" y que, además, hay renglones en los que el clima de la isla "no permite la producción, como es el caso del trigo".
Tras un encuentro con el Comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Patrick Hooker, quien se encuentra en La Habana al frente de una delegación de ese estado norteamericano, Álvarez afirmó que el comercio con Estados Unidos durante el primer trimestre ha superado los 300 millones de dólares (fletes incluidos).Aunque dijo que «todavía es muy difícil» saber cuál puede ser la cifra a final de año, señaló que "el valor va a crecer sensiblemente por los precios" con relación a los más de 600 millones (con fletes y gastos) del año pasado, aunque el tonelaje va a ser similar y "quizá pueda haber alguna disminución". En ese sentido, indicó que los impedimentos que plantea el bloqueo económico y comercial a Cuba ha obligado al país a desviar parte de sus recursos hacia terceros países. "Nuestro país ha desviado cantidades importantes de cereales de EE.UU. a otros países como Canadá, compras también a Brasil, Venezuela y otros países asiáticos", dijo. Explicó que desde que en 2001 Estados Unidos levantó las restricciones del bloqueo comercial a Cuba a la venta de alimentos, la isla ha hecho compras por valor de 3.073 millones de dólares, para un volumen total de más de 10 millones de toneladas de productos. Por su parte, Hooker aseguró que Nueva York está interesado en exportar productos en los que son competitivos, como es el caso de leche, aunque descartó que el acercamiento de ese estado a Cuba se haya producido como parte de un "cálculo político" previo a las elecciones presidenciales que tienen lugar este año en su país.
ALBA:Reunión de emergencia en Nicaragua

El encuentro de los países miembros de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y naciones del Caribe, se realizará en Nicaragua el próximo 26 de abril. La reunión tendrá el objetivo de frenar el aumento en el precio de los alimentos en la región.
Así lo anunció Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, quien planteó la necesidad de presentar una propuesta ante la crisis alimentaría. También expresó que los países deben buscar financiamiento, para aumentar la producción.

Ortega se refirió a "una estrategia agroalimentaria de largo plazo con acciones de corto plazo, para enfrentar a esta crisis mundial". Dijo que el ALBA, proyecto impulsado por Venezuela, "es el instrumento más expedito" que tienen las naciones "para encontrar un espacio que permita el financiamiento".
Agregó que las propuestas que salgan de esta reunión ALBA-Caribe deberán llevarse a organismos internacionales y a Naciones Unidas, así como también a la reunión mundial de mandatarios que se celebrará el 16 y 17 de mayo en Lima.


Los agrocombustibles son la causa primera


Los presidentes de Bolivia y de Perú advirtieron este lunes sobre el creciente uso de biocombustibles como un factor determinante del actual encarecimiento de los alimentos a nivel mundial. Durante una intervención en la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente boliviano, Evo Morales, criticó "a algunos presidentes sudamericanos" por apoyar el uso de biocombustibles que, según dijo, son responsables por los altos precios de los alimentos y por la hambruna global. Lo que parace una clara referencia al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dice que su país tiene suficiente tierra como para sembrar alimentos así como maíz para producir etanol.
Morales indicó que el creciente uso de tierras para cultivos usados como biocombustibles está causando un "gran aumento" en el precio de los alimentos, especialmente del trigo, lo que ha encarecido el pan.

Por su parte, el presidente de Perú, Alan García, pidió a los países industrializados reducir el uso de tierras agrícolas para la producción de biocombustibles.
García dijo que Perú está entre las víctimas de la política de reconversión de tierras al etanol y tiene que afrontar el aumento del precio del trigo, el maíz y la soja, que ha impactado en la cotización local del pan, el pollo y el aceite. "En las cumbres internacionales haremos un vigoroso llamado a los países más grandes y ricos de la tierra para limitar con prudencia esta reconversión de las tierras al etanol (...)", dijo García.

Los representantes del FMI y del Banco Mundial alertaron de que el alza en los precios de los alimentos básicos, como el trigo y el arroz, puede llevar a 100 millones de personas a la pobreza y puede generar inestabilidad política, como ocurrió recientemente en Haití y en algunos países de África y Asia.
Estos organismos internacionales señalaron que la crisis está provocada también por el aumento en el consumo de alimentos en países como China e India y por desastres climáticos que han afectado las cosechas.



Los agrocombustibles, un crimen contra la humanidad


Para el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, la producción de agrocombustibles es un crimen en contra la humanidad.
Ziegler expresó esta opinión para alertar a los países que participaron a mediados de abril en Brasilia en la 30ª conferencia regional de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe , a los que llamó a declarar una moratoria sobre los agrocombustibles.

Para la organización de defensa de los derechos alimentarios, Food First Information and Action Network (FIAN), el fomento de los agrocombustibles no va a resolver el problema del hambre en la región, por el contrario, amenaza con agravarlo.
La FIAN pidió que los estados presentes en la conferencia que tomaran medidas inmediatas de protección a las tierras y territorios de las comunidades rurales y pueblos indígenas, así como para el acceso de los sectores urbanos pobres a los alimentos.

Los agrocombustibles impulsarán la pérdida de las autonomías alimentarias, puesto que el aumento de la demanda por tierra, para expansión de los monocultivos, aumentará los conflictos. En esto sentido, va dificultar la ejecución de las políticas de reforma agraria.
El acceso económico a los alimentos se deteriorará aún más. Productos como el maíz, el trigo, los productos lácteos, las carnes y los aceites vegetales, básicos para la alimentación humana, ya sufrieron aumentos. Y los sectores pobres, que gastan entre 50% y 70% de sus ingresos en comida, enfrentan dificultades para comprarlos.
Además, la expansión de los monocultivos tiene implicaciones en el cambio climático, puesto que imnumerables bosques y selvas están siendo destruidos para dejar espacio a los monocultivos. Esto produce aumenta la contaminación de los suelos, los ríos, las aguas subterráneas, debido al uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos.

Y para colmo, las semillas privadas (los transgénicos)

Si la producción de biocombustibles con alimentos amenaza con desatar el hambre en el planeta, la apropiación de las semillas por corporaciones internacionales significa un peligro adicional para la seguridad alimentaria de los pueblos.
De hecho, el control de las empresas transnacionales sobre las naciones subdesarrolladas se expande y consolida por medio de la propiedad de las simientes.

Todo crecimiento en el sector agrícola repercute favorablemente en la economía de un país y el acceso a la semilla es la garantía de la independencia, la alimentación y el sostén de ese desarrollo.
Campesinos y movimientos sociales libran, actualmente, una batalla contra el poder de las firmas transnacionales, cuyos intereses están dirigidos a obtener el dominio el mercado agrario.
A ese fin sirven los acuerdos internacionales amparados por la Organización Mundial de Comercio, OMC, denuncian las organizaciones sociales de todos los continentes.
Tratados bilaterales, regionales o continentales son los mecanismos utilizados para legalizar el dominio de la propiedad privada por encima del derecho de los Estados nacionales.

La guerra por la semilla comenzó en la década de 1990 en el mundo industrializado con el surgimiento de híbridos para cultivos como el maíz.
Con la creación de nuevas variedades en esa gramínea originaria de la América tropical. buscaba una mayor productividad a partir de la unión de especies distintas en un alimento básico para la humanidad.
Los híbridos dieron lugar a una industria de semillas y esta a un mercado dominado por las multinacionales del agro, del que obtienen enormes ganancias, en especial en naciones subdesarrolladas.
Estados Unidos y otros países ricos permitieron entonces patentar genes obtenidos por medios artificiales y plantas genéticas modificadas. En 1995 el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, fue establecido por la OMC. Una vez lograda la protección de las invenciones biotecnológicas en productos del agro y de los procedimientos técnicos mediante patentes, las corporaciones dieron un paso decisivo en el dominio del nuevo mercado.
De esa forma se avanzó desde el control de los híbridos a otro más lucrativo: el de la semilla genética. Lo extraordinario de todo esto es que inicialmente los estudios en la esfera de la simiente estuvieron a cargo de empresas estatales de varios países.
Pero las transnacionales, por medio de licencias especiales, tuvieron a su disposición los estudios.
Con el predominio de firmas poderosas en un mercado estratégico, los campesinos pierden espacio en las economías y se convierten en peones al servicio de las multinacionales agrícolas.

La lucha por la soberanía alimentaria

Los movimientos sociales y campesinos de Latinoamérica y el Caribe luchan contra estas imposiciones, que pasan a ser serios obstáculos para la seguridad alimentaria de los pueblos.
De ese modo, la apropiación de la semilla híbrida y transgénica por una reducida elite de empresas privadas lleva al control de la industria de los alimentos, indican las organizaciones campesinas.
La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, expresó en el año 2006 que no es posible con tal estado de cosas garantizar la soberanía y la seguridad en la alimentación.
La prohibición al desarrollo de semillas y de propias variedades y también la venta o preservación de la simiente, con la amenaza incluso de la cárcel, ya están vigentes en países de América Latina, con penas de hasta ocho años de prisión. Los campesinos y propietarios de fincas se ven forzados a comprar los recursos para las cosechas a las firmas que les imponen sus condiciones.
Incluso los contratos emitidos por las multinacionales indican la obligación de usar un herbicida u otro producto agroquímico específico, fabricado precisamente por la empresa propietaria de las semillas.
(Fuentes:Reuters, EFE, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, Adital y Prensa Latina)

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