SIMPLE MOTÍN POLICIAL, ATAQUE DERECHISTA AL ALBA CON APOYO DE EE.UU O INSURRECCIÓN POPULAR CONTRA UN PRESIDENTE AUTORITARIO
Más de 48 horas después del operativo militar que liberó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, secuestrado por policias amotinados del hospital de la policía en Quito, continúa el debate sobre si lo acaecido este jueves en el país andino fue o no fue una intentona golpista. Una duda que sorprende en un país que, como pocos, está por su historia reciente tan capacitado para reconocer un golpe de Estado.
En los artículos que siguen, las hipótesis aun en el aire.
La derecha al ataque contra ALBA
Por Eva Golinger-LibreRed
Organizaciones financiadas por USAID y NED piden la renuncia del Presidente Correa en apoyo al golpe de Estado promovido por sectores de la policía ecuatoriana, profundamente penetrada por Estados Unidos.
Un nuevo intento de golpe contra un país de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) atenta contra la integración latinoamericana y el avance de los procesos de revolución democrática. La derecha está al ataque. Su éxito en 2009 en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya, la llenó de energía, fuerza y confianza para poder arremeter contra los pueblos y gobiernos de revolución en América Latina.
Las elecciones del domingo 26 de septiembre en Venezuela, aunque resultaron victoriosas principalmente para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cedieron espacio a las más reaccionarias y peligrosas fuerzas de desestabilización que están al servicio de los intereses imperiales. Estados Unidos logró colocar sus piezas claves en la Asamblea Nacional de Venezuela, dándoles una plataforma para avanzar con sus planes conspirativos para socavar la democracia venezolana.
El día después de las elecciones en Venezuela, la lideresa por la paz en Colombia Piedad Córdaba fue inhabilitada como Senadora de la República de Colombia por la Procuraduría nacional, basándose en acusaciones y evidencias falsas. Pero el ataque contra la Senadora Piedad, simboliza un ataque contra las fuerzas del progreso en Colombia que buscan soluciones verdaderas y pacíficas al conflicto de guerra que han vivido durante más de 60 años.
Y ahora, el jueves, 30 de septiembre, Ecuador amaneció de golpe. Policías insubordinados tomaron varias instalaciones en la capital de Quito, creando caos y pánico en el país. Supuestamente protestaban contra una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles, que según ellos recortaba sus beneficios laborales.
El Presidente Rafael Correa, en un intento de resolver la situación, se dirigió a la policía insubordinada, pero fue atacado por objetos contundentes y bombas lagrimógenas, causándole una herida en la pierna y una asfixia por el gas. Fue trasladado al hospital militar en la ciudad de Quito, dónde luego fue secuestrado y mantenido bajo fuerza sin poder salir.
Mientras tanto, movimientos populares tomaron las calles de Quito reclamando la liberación de su Presidente, reelegido democráticamente el año pasado con una inmensa mayoría. Miles de ecuatorianos alzaron su voz en apoyo al Presidente Correa, intentando rescatar su democracia de las manos de fuerzas golpistas que buscaban provocar la salida forzada del gobierno nacional.
Aunque los acontecimientos siguen en pleno desarrollo y el Presidente Correa sigue secuestrado por los policías golpistas, hay factores externos involucrados en este intento de golpe que mueven sus piezas de nuevo.
POLICÍA INFILTRADA
Según el periodista Jean-Guy Allard, un informe oficial del Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, difundido en octubre 2008 reveló “que diplomáticos estadounidenses se dedicaban a corromper a la policía y las fuerzas armadas”.
El informe afirmó que unidades de la policía “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.
En respuesta a la información, la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, declaró “Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares y con la policía para fines muy importantes para la seguridad”, justificando la colaboración. Según Hodges, el trabajo con las fuerzas de seguridad de Ecuador está relacionado con la “lucha contra el narcotráfico”.
LA EMBAJADORA
Y ahora, el jueves, 30 de septiembre, Ecuador amaneció de golpe. Policías insubordinados tomaron varias instalaciones en la capital de Quito, creando caos y pánico en el país. Supuestamente protestaban contra una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles, que según ellos recortaba sus beneficios laborales.
El Presidente Rafael Correa, en un intento de resolver la situación, se dirigió a la policía insubordinada, pero fue atacado por objetos contundentes y bombas lagrimógenas, causándole una herida en la pierna y una asfixia por el gas. Fue trasladado al hospital militar en la ciudad de Quito, dónde luego fue secuestrado y mantenido bajo fuerza sin poder salir.
Mientras tanto, movimientos populares tomaron las calles de Quito reclamando la liberación de su Presidente, reelegido democráticamente el año pasado con una inmensa mayoría. Miles de ecuatorianos alzaron su voz en apoyo al Presidente Correa, intentando rescatar su democracia de las manos de fuerzas golpistas que buscaban provocar la salida forzada del gobierno nacional.
Aunque los acontecimientos siguen en pleno desarrollo y el Presidente Correa sigue secuestrado por los policías golpistas, hay factores externos involucrados en este intento de golpe que mueven sus piezas de nuevo.
POLICÍA INFILTRADA
Según el periodista Jean-Guy Allard, un informe oficial del Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, difundido en octubre 2008 reveló “que diplomáticos estadounidenses se dedicaban a corromper a la policía y las fuerzas armadas”.
El informe afirmó que unidades de la policía “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.
En respuesta a la información, la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, declaró “Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares y con la policía para fines muy importantes para la seguridad”, justificando la colaboración. Según Hodges, el trabajo con las fuerzas de seguridad de Ecuador está relacionado con la “lucha contra el narcotráfico”.
LA EMBAJADORA
La embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, tuvo una gestión exitosa como embajadora en Moldalvia, país socialista que antes formaba parte de la Unión Soviética. En Moldavia dejó sembrada la pista para una “revolución de colores” que ocurrió, sin éxito, en abril 2009 contra la mayoría elegida del partido comunista en el parlamento.
Hodges estuvo al frente de la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después fue enviada a Nicaragua para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandista que logró su salida del poder en 1989.
Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa, en caso de que el presidente ecuatoriano se negara a subordinarse a la agenda de Washington. Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID y NED para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena.
Frente a la reelección del Presidente Correa en 2009, basada en la nueva constitución aprobada en 2008 por una mayoría contundente de ecuatorianos y ecuatorianas, la embajada comenzó a fomentar desestabilización.
USAID
Algunos grupos sociales progresistas han expresado su descontento con las políticas del gobierno de Correa. No hay duda de que existen legítimas quejas y reclamos a su gobierno. No todos los grupos u organizaciones que están en contra de las políticas de Correa son agentes imperiales. Pero sí existe un sector dentro de ellos que recibe financiamiento y lineamientos para provocar situaciones de desestabilización en el país, más allá de las expresiónes naturales de crítica u oposición a un gobierno.
En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de 38 millones de dólares. En los últimos años, un total de $5.640.000 en fondos se invirtió en el trabajo de “descentralización” en el país. Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc. Al mismo tiempo, la NED otorgó un convenio de $125.806 al Centro para la Empresa Privada (CIPE) para promover los tratados de libre comercio, la globalización y la autonomía regional a través de la radio, television y prensa ecuatorianas, junto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política.
Organizaciones en Ecuador como Participación Ciudadana y Pro-justicia han dispuesto de financiamiento de USAID y NED, tanto como miembros y sectores de CODEMPE, Pachakutik, la CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellkaj.
Durante los acontecimientos del jueves 30 de septiembre en Ecuador, uno de los grupos con sectores financiados por la USAID y NED, Pachakutik, emitió un comunicado respaldando a la policía golpista, exigiendo la renuncia del Presidente Rafael Correa y responsabilizándolo por los hechos. Incluso, lo acusó de mantener una “actitud dictatorial”:
PACHAKUTIK PIDE LA RENUNCIA AL PRESIDENTE CORREA Y LLAMA A CONFORMAR UN SOLO FRENTE NACIONAL
Boletín de Prensa 141
Hodges estuvo al frente de la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después fue enviada a Nicaragua para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandista que logró su salida del poder en 1989.
Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa, en caso de que el presidente ecuatoriano se negara a subordinarse a la agenda de Washington. Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID y NED para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena.
Frente a la reelección del Presidente Correa en 2009, basada en la nueva constitución aprobada en 2008 por una mayoría contundente de ecuatorianos y ecuatorianas, la embajada comenzó a fomentar desestabilización.
USAID
Algunos grupos sociales progresistas han expresado su descontento con las políticas del gobierno de Correa. No hay duda de que existen legítimas quejas y reclamos a su gobierno. No todos los grupos u organizaciones que están en contra de las políticas de Correa son agentes imperiales. Pero sí existe un sector dentro de ellos que recibe financiamiento y lineamientos para provocar situaciones de desestabilización en el país, más allá de las expresiónes naturales de crítica u oposición a un gobierno.
En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de 38 millones de dólares. En los últimos años, un total de $5.640.000 en fondos se invirtió en el trabajo de “descentralización” en el país. Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc. Al mismo tiempo, la NED otorgó un convenio de $125.806 al Centro para la Empresa Privada (CIPE) para promover los tratados de libre comercio, la globalización y la autonomía regional a través de la radio, television y prensa ecuatorianas, junto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política.
Organizaciones en Ecuador como Participación Ciudadana y Pro-justicia han dispuesto de financiamiento de USAID y NED, tanto como miembros y sectores de CODEMPE, Pachakutik, la CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellkaj.
Durante los acontecimientos del jueves 30 de septiembre en Ecuador, uno de los grupos con sectores financiados por la USAID y NED, Pachakutik, emitió un comunicado respaldando a la policía golpista, exigiendo la renuncia del Presidente Rafael Correa y responsabilizándolo por los hechos. Incluso, lo acusó de mantener una “actitud dictatorial”:
PACHAKUTIK PIDE LA RENUNCIA AL PRESIDENTE CORREA Y LLAMA A CONFORMAR UN SOLO FRENTE NACIONAL
Boletín de Prensa 141
El Jefe de Bloque del Movimiento Pachakutik, Cléver Jiménez, ante la grave conmoción política y crisis interna, generada por la actitud dictatorial del Presidente Rafael Correa, al violentar los derechos de los servidores públicos y de la sociedad en su conjunto, convocó al movimiento indígena, movimientos sociales, organizaciones políticas democráticas, a constituir un solo frente nacional para exigir la salida del Presidente Correa, al amparo de lo que establece el Art 130, numeral 2 de la Constitución, que dice: “La Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República en los siguientes casos: 2) Por grave crisis política y conmoción interna”.
Jiménez respaldó la lucha de los servidores públicos del país, incluyendo a los policías de tropa que se encuentran movilizados en contra de las políticas autoritarias del régimen que pretende conculcar derechos laborales adquiridos. La situación de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas debe ser entendida como una justa acción de servidores públicos, cuyos derechos han sido vulnerados.
Pachakutik está convocando para esta tarde a todas las oganizaciones del movimiento indígena, a los trabajadores, hombres y mujeres democráticos a construir la unidad y preparar nuevas acciones en rechazo al autoritarismo de Correa, en defensa de los derechos y garantías de todos los ecuatorianos.
Responsable de prensa
BLOQUE PACHAKUTIK
El guión utilizado en Venezuela y Honduras se repite de nuevo. Intentan responsabilizar al Presidente y al gobierno por el “golpe”, forzando luego su salida del poder. El golpe contra Ecuador es la próxima fase de la agresión permanente contra el ALBA y los movimientos revolucionarios en la región.
El pueblo ecuatoriano se mantiene movilizado en rechazo del intento golpista, mientras las fuerzas progresistas de la región se agrupan para expresar su solidaridad y respaldo al Presidente Correa y su gobierno.
Jiménez respaldó la lucha de los servidores públicos del país, incluyendo a los policías de tropa que se encuentran movilizados en contra de las políticas autoritarias del régimen que pretende conculcar derechos laborales adquiridos. La situación de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas debe ser entendida como una justa acción de servidores públicos, cuyos derechos han sido vulnerados.
Pachakutik está convocando para esta tarde a todas las oganizaciones del movimiento indígena, a los trabajadores, hombres y mujeres democráticos a construir la unidad y preparar nuevas acciones en rechazo al autoritarismo de Correa, en defensa de los derechos y garantías de todos los ecuatorianos.
Responsable de prensa
BLOQUE PACHAKUTIK
El guión utilizado en Venezuela y Honduras se repite de nuevo. Intentan responsabilizar al Presidente y al gobierno por el “golpe”, forzando luego su salida del poder. El golpe contra Ecuador es la próxima fase de la agresión permanente contra el ALBA y los movimientos revolucionarios en la región.
El pueblo ecuatoriano se mantiene movilizado en rechazo del intento golpista, mientras las fuerzas progresistas de la región se agrupan para expresar su solidaridad y respaldo al Presidente Correa y su gobierno.
¿Motín o golpe frustrado?
Por Gonzalo Ortiz-IPS
Analistas discuten si lo ocurrido el jueves en Ecuador fue un intento de golpe de Estado o sólo un amotinamiento de policías, apoyados por efectivos de la fuerza aérea, en protesta por la aprobación de una ley que supone recortes de beneficios enraizados en la tradición de los uniformados.
La afirmación de intentona golpista fue repetida por el gobierno de Rafael Correa, por las televisoras y radios que transmitieron en cadena obligatoria como parte de la declaración del Estado de Excepción en el país, por las agencias internacionales de noticias y como tal fue condenada por los mandatarios de América Latina y de otras partes.
Correa acusó directamente al ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) de haber infiltrado gente suya en la policía para engañarla sobre los alcances de la norma cuestionada y provocar así la sublevación. Lo hizo ante manifestantes en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito, apenas fue sacado del hospital policial, donde estuvo cercado por efectivos amotinados casi todo el día.
Gutiérrez, cuyos partidarios también fueron señalados de invadir medios de comunicación, ha negado esa implicancia, calificando de cobarde a la acusación de Correa.
"El gobierno le ha hecho un gran favor a Gutiérrez, al darle tanta importancia", dijo a IPS la ex diputada socialdemócrata Magdalena Chauvet.
"No habrá perdón ni olvido" para los policías que participaron en este atentado contra la democracia y para los responsables políticos, reiteró Correa, pero no mencionó ningún otro nombre propio aparte de Gutiérrez.
La mirada de observadores del exterior sigue en general la línea de la posible existencia de un plan para crear o azuzar este estallido de uniformados y luego culminar con el derrocamiento del gobierno democrático.
Resolver la pregunta parece crucial para ver el rumbo futuro de Ecuador. La preocupación no es menor en un país crónicamente inestable, que debido a constantes embates contra las instituciones tuvo ocho presidentes en una década hasta 2006, cuando Correa llegó al gobierno por primera vez. Luego fue reelegido en 2009, en comicios convocados por la entrada en vigor de una nueva Constitución.
El gobernante centroizquierdista reforzó la tesis del golpe de Estado al narrar que ninguno de los policías con los que conversó mientras estaba cercado en el hospital había leído la ley que pedían fuera derogada. "Se habían dejado llevar por la guerra psicológica que hacen los gutierristas, los vende patrias y los conspiradores", expresó.
SUELDOS Y PRIVILEGIOS
"A Correa le molestó sobremanera que la tropa gritara (durante su discurso en el cuartel donde fue atacado, contiguo al hospital) que quien les subió los sueldos fue Gutiérrez. Él tiene razón al decir que ha duplicado los salarios, pues los policías rasos ganaban 355 dólares en 2006 y hoy ganan 750", dijo, por su parte, a IPS la periodista Juana Ordóñez, subdirectora de la revista económica Gestión.
"Lo que pasa es que la avalancha de personas para ser policías", que hizo incrementar en más de 10.000 la tropa de 40.000 que había hasta entonces "no pudo ser financiada por el gobierno, que, con un criterio tecnocrático buscó recortar otras prebendas de los policías y militares", añadió.
"Hoy hay en Ecuador casi 52.000 efectivos en la policía, 39.000 de los cuales son rasos, y 72.644 militares, 37.000 de ellos también rasos, y cerca de 20.000 conscriptos y aspirantes", precisó Ordóñez.
Entre los bonos suprimidos por la llamada Ley de Servicio Público están los de un sueldo y medio que recibían por una sola vez los suboficiales cada vez que ascendían de rango y que van de 3.000, 5.000 y hasta 8.000 dólares para los oficiales superiores. También se quitan los incentivos pecuniarios que recibían cuando eran condecorados por su desempeño.
Además, la ley alarga de cinco a siete años el tiempo requerido para el ascenso de un grado a otro. "Aunque es verdad que la carrera también se alarga, la gente ve a corto plazo y se desespera", dijo a IPS José Caiza, guardia de un conjunto residencial y policía retirado.
"Esto está en el trasfondo de la insurrección militar, más que un complot organizado", dijo a IPS Felipe Burbano, profesor de ciencias políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
"Hay un malestar en la tropa de la fuerza pública que el gobierno no evaluó bien", agregó.
"El sistema de incentivos forma parte de la institucionalidad militar, que funciona desde hace décadas", dijo Burbano.
El académico citó al contralmirante en servicio pasivo Raúl Jaramillo, quien dijo este viernes en televisión que no veía razón para cambiar el sistema. "Como dice el viejo adagio, si no está dañado, no intentes arreglarlo", dijo el militar.
Pero Burbano indicó que esta insurrección puntual "empató con una lógica desestabilizadora".
"Como parte de la cultura política de Ecuador, la oposición siempre tiene estos deslices desestabilizadores. Hacer oposición es tumbar gobiernos. Me parece que eso sucedió ayer: que la protesta en los cuarteles derivó en esa dinámica desestabilizadora, y la cosa se complicó", explicó.
Nick Mills, un académico estadounidense que ha escrito libros sobre la cultura política ecuatoriana, dijo a IPS que "son las trabas que se dan en las instituciones democráticas del país las que provocan los conflictos". "La propia debilidad institucional democrática resulta en un desbordamiento hacia las medidas de fuerza y no hacia la persuasión", sostuvo.
Obligado a quedarse en el país por el cierre del aeropuerto, a Mills le tocó presenciar en vivo y en directo otro episodio de la convulsa política ecuatoriana.
"Fue interesante y penoso ver que un conflicto puntual creció por la intemperancia del presidente y luego se contagió a muchos recintos policiales y aún militares y que produjo el bochorno de que se secuestrara al mandatario durante todo el día", dijo Mills.
VOTOS Y VETOS
"La verdadera culpable de todo esto es la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y sus repetidas maniobras de aprobar leyes sin debate, para darle gusto a Correa", dijo a IPS el columnista Simón Espinosa. "Gobernar por imposición tarde o temprano genera resistencias", sostuvo.
Espinosa hace referencia en su comentario a que, muchas veces, tras meses de negociaciones en la Asamblea, los cambios que se hacen en los proyectos de ley son luego desechados por Correa, que vuelve a enviarlos con artículos vetados para volverlos a su texto original.
Al carecer de mayoría, el bloque legislativo de la gobernante Alianza País deja en esos casos sin quórum a las sesiones de debate de los vetos, para que así se cumplan los plazos para ello y entren en vigencia de hecho por lo que se llama "el ministerio de la ley".
En cambio, en el caso de esta Ley de Servicio Público, que involucra a todos los empleados estatales no sólo a los policías, el proyecto respectivo enviado en agosto por el Poder Ejecutivo fue discutido en dos debates.
La Federación de Servidores Públicos, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, la Unión Nacional de Educadores, y otros tantos sindicatos se manifestaron en contra y acudieron a la Asamblea a hacerse escuchar.
Como resultado, el parlamento modificó el proyecto y fue enviado a Correa, quien emitió cuatro vetos. Así volvió a la Asamblea, que la aprobó la noche del miércoles con la aceptación de tres de esos cuatro vetos presidenciales.
El que no se aprobó era una medida para forzar la "compra de renuncias" de la burocracia, uno de los puntos que había generado más críticas de los servidores públicos.
Pero subsistieron los artículos de homologaciones salariales y supresión de bonos e incentivos, de topes a la carrera en el servicio público, la jubilación obligatoria, el pago en bonos y no en efectivo de dichas jubilaciones, además de otras medidas rechazadas por civiles y uniformados.
Espinosa hace referencia en su comentario a que, muchas veces, tras meses de negociaciones en la Asamblea, los cambios que se hacen en los proyectos de ley son luego desechados por Correa, que vuelve a enviarlos con artículos vetados para volverlos a su texto original.
Al carecer de mayoría, el bloque legislativo de la gobernante Alianza País deja en esos casos sin quórum a las sesiones de debate de los vetos, para que así se cumplan los plazos para ello y entren en vigencia de hecho por lo que se llama "el ministerio de la ley".
En cambio, en el caso de esta Ley de Servicio Público, que involucra a todos los empleados estatales no sólo a los policías, el proyecto respectivo enviado en agosto por el Poder Ejecutivo fue discutido en dos debates.
La Federación de Servidores Públicos, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, la Unión Nacional de Educadores, y otros tantos sindicatos se manifestaron en contra y acudieron a la Asamblea a hacerse escuchar.
Como resultado, el parlamento modificó el proyecto y fue enviado a Correa, quien emitió cuatro vetos. Así volvió a la Asamblea, que la aprobó la noche del miércoles con la aceptación de tres de esos cuatro vetos presidenciales.
El que no se aprobó era una medida para forzar la "compra de renuncias" de la burocracia, uno de los puntos que había generado más críticas de los servidores públicos.
Pero subsistieron los artículos de homologaciones salariales y supresión de bonos e incentivos, de topes a la carrera en el servicio público, la jubilación obligatoria, el pago en bonos y no en efectivo de dichas jubilaciones, además de otras medidas rechazadas por civiles y uniformados.
¿Golpe derechista o germen de una insurrección popular? 
Redacción Bolpress (*)
¿Qué pasó el 30 de septiembre en Ecuador? Estalló una “conspiración” para perpetrar un “golpe de estado”, definió el Presidente Rafael Correa; fue una “tentativa golpista” contra el gobierno legítimo, según Atilio A. Boron; se trató de otra conjura del “imperialismo yanqui” contra el ALBA, afirmaron a coro centenares de dirigentes, intelectuales y militantes del “socialismo del siglo XXI”. Para la Conaie y otras organizaciones de izquierda, fue una rebelión social contra un gobierno cada vez más derechista, autoritario y antipopular...
...La otra versión
Es probable que la profusa propaganda y el apasionamiento político hayan confundido a muchos “analistas” y les hayan impedido de ver el trasfondo de la violenta revuelta en la que murieron al menos seis personas.
Analizando con cabeza fría, ¿una rebelión policial –supuestamente alentada por el opositor Lucio Gutiérrez y por algunos grupos marginales de izquierda y del movimiento Pachakuti– sin apoyo de la derecha local y del gobierno de Estados Unidos puede calificarse como “golpe de estado”? Hay que recordar que la derecha ecuatoriana y el propio Departamento de Estado respaldaron plenamente al gobierno de Correa.
La crisis policial de Ecuador se parece mucho más al motín de uniformados de febrero de 2003 en Bolivia contra el “impuestazo” al salario que pretendió imponer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La chispa de la insurrección policial en Ecuador fue el proyecto de Ley de Servicio Público del gobierno que ha sido rechazado por el movimiento popular y sindical porque elimina varios beneficios sociales y bonificaciones extraordinarias para los trabajadores y la tropa policial.
El proyecto de ley anula ciertos derechos de los trabajadores del sector público, incluidos policías y militares, como por ejemplo beneficios de jubilación, el derecho a pensiones, premios y otros, aseguró el vicepresidente de CEDECUT Edwin Medoya.
Los diputados de la oficialista Alianza País votaron en la Asamblea Nacional a favor de una ley acordada previamente con los trabajadores públicos, pero en un segundo debate el presidente Correa vetó la norma consensuada.
La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y el izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD) explicaron que el principal responsable de la crisis política fue el propio gobierno de Correa, que “en vez de satisfacer las inmensas necesidades y reclamos de las masas ecuatorianas ha facilitado la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua y la expansión de la frontera petrolera”.
Según el vocero del MPD Stalin Vargas, el gobierno de Correa se ha ido derechizando y en la actualidad promueve un nuevo código de trabajo que privilegia a los empresarios y que podría dejar sin trabajo a 200 mil servidores públicos, dando continuidad a la vieja política económica neoliberal.
La insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, demuestra que “un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, si no establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente”, advirtió la Conaie en un pronunciamiento público firmado por el presidente de la Conaie Marlon Santi, el presidente de Ecuarunari Delfín Tenesaca, el presidente de Confenaie Tito Puanchir y el presidente de Conaice Olindo Nastacuaz
La Conaie afirma que “mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado…”.
Frente a las críticas y a la movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agrocomerciales, el gobierno de Correa responde con violentas represiones, como la ocurrida en Zamora Chinchipe, en total alianza con los sectores empresariales emergentes más reaccionarios, se queja la Conaie.
El movimiento indígena ecuatoriano manifestó ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su “rechazo a la política económica y social del gobierno”, y consideró que la crisis social del jueves ha sido “provocada por el carácter autoritario y la no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes consensuadas fueron vetadas por el Presidente de la República, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos”.
La Conaie convocó a sus bases a mantenerse en alerta de movilización “contra el modelo extractivista” y en defensa de la verdadera democracia Plurinacional y de los “derechos de los trabajadores afectados por la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, conociendo que son reclamos legítimos”.
La organización indígena exigió al presidente Correa que abandone su “actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes (porque) ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la derecha y crea escenarios de desestabilización”.
Los sectores sociales críticos reiteraron que el gobierno de Correa está obligado a rectificar el proyecto de ley servicio público porque vulnera los derechos de los trabajadores y del pueblo de Ecuador.
...La otra versión
Es probable que la profusa propaganda y el apasionamiento político hayan confundido a muchos “analistas” y les hayan impedido de ver el trasfondo de la violenta revuelta en la que murieron al menos seis personas.
Analizando con cabeza fría, ¿una rebelión policial –supuestamente alentada por el opositor Lucio Gutiérrez y por algunos grupos marginales de izquierda y del movimiento Pachakuti– sin apoyo de la derecha local y del gobierno de Estados Unidos puede calificarse como “golpe de estado”? Hay que recordar que la derecha ecuatoriana y el propio Departamento de Estado respaldaron plenamente al gobierno de Correa.
La crisis policial de Ecuador se parece mucho más al motín de uniformados de febrero de 2003 en Bolivia contra el “impuestazo” al salario que pretendió imponer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La chispa de la insurrección policial en Ecuador fue el proyecto de Ley de Servicio Público del gobierno que ha sido rechazado por el movimiento popular y sindical porque elimina varios beneficios sociales y bonificaciones extraordinarias para los trabajadores y la tropa policial.
El proyecto de ley anula ciertos derechos de los trabajadores del sector público, incluidos policías y militares, como por ejemplo beneficios de jubilación, el derecho a pensiones, premios y otros, aseguró el vicepresidente de CEDECUT Edwin Medoya.
Los diputados de la oficialista Alianza País votaron en la Asamblea Nacional a favor de una ley acordada previamente con los trabajadores públicos, pero en un segundo debate el presidente Correa vetó la norma consensuada.
La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y el izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD) explicaron que el principal responsable de la crisis política fue el propio gobierno de Correa, que “en vez de satisfacer las inmensas necesidades y reclamos de las masas ecuatorianas ha facilitado la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua y la expansión de la frontera petrolera”.
Según el vocero del MPD Stalin Vargas, el gobierno de Correa se ha ido derechizando y en la actualidad promueve un nuevo código de trabajo que privilegia a los empresarios y que podría dejar sin trabajo a 200 mil servidores públicos, dando continuidad a la vieja política económica neoliberal.
La insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, demuestra que “un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, si no establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente”, advirtió la Conaie en un pronunciamiento público firmado por el presidente de la Conaie Marlon Santi, el presidente de Ecuarunari Delfín Tenesaca, el presidente de Confenaie Tito Puanchir y el presidente de Conaice Olindo Nastacuaz
La Conaie afirma que “mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado…”.
Frente a las críticas y a la movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agrocomerciales, el gobierno de Correa responde con violentas represiones, como la ocurrida en Zamora Chinchipe, en total alianza con los sectores empresariales emergentes más reaccionarios, se queja la Conaie.
El movimiento indígena ecuatoriano manifestó ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su “rechazo a la política económica y social del gobierno”, y consideró que la crisis social del jueves ha sido “provocada por el carácter autoritario y la no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes consensuadas fueron vetadas por el Presidente de la República, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos”.
La Conaie convocó a sus bases a mantenerse en alerta de movilización “contra el modelo extractivista” y en defensa de la verdadera democracia Plurinacional y de los “derechos de los trabajadores afectados por la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, conociendo que son reclamos legítimos”.
La organización indígena exigió al presidente Correa que abandone su “actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes (porque) ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la derecha y crea escenarios de desestabilización”.
Los sectores sociales críticos reiteraron que el gobierno de Correa está obligado a rectificar el proyecto de ley servicio público porque vulnera los derechos de los trabajadores y del pueblo de Ecuador.
(*) Extracto del artículo. Para leerlo completo pinchar AQUÍ
(Fuentes: BBC-Mundo, LibreRed, IPS y Bolpress)
(Fuentes: BBC-Mundo, LibreRed, IPS y Bolpress)
