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25.9.10

Guatemala:Hambre e inundaciones

LA POBREZA AGRAVA LA CRISIS ALIMENTARIA Y SON YA CERCA DE MEDIO MILLÓN LAS FAMILIAS AFECTADAS Y CENTENARES LOS MUERTOS. PÉRDIDAS DE MÁS DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES POR LAS INUNDACIONES



La pobreza que afecta a más de la mitad de los 13 millones de guatemaltecos, sumada a los daños a los cultivos causados por un invierno intenso, agravó la crisis alimentaria de Guatemala, que ostenta más de 11.000 casos de desnutrición aguda y la muerte de al menos 54 menores de edad.
Lily Caraventes, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estimó que unas 54.000 familias estan directamente afectadas por la crisis alimentaria y otras 400.000 están en alto riesgo, específicamente en los departamentos de Sololá, Huehuetenango, Quiché, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Santa Rosa. La funcionaria dijo que esa área del pais, a la que se denomina "corredor seco", ya ha sufrido en el pasado el mismo problema de la falta de alimentos, que se provocó en el primer semestre del año la muerte de 462 personas por desnutrición o causas asociadas a este problema, incluidos 54 menores de edad.
El presidente, Alvaro Colom, renovó la semana pasada la declaratoria de emergencia nacional para atender la crisis alimentaria, que inicialmente se había declarado en enero del 2010. La medida fue adoptada ante la sequía que afectaba la parte central del país y que se extendió a todo el territorio. Desde mayo, la situación en los cultivos se agravó ante las intensas lluvias caídas en el interior del país. Colom reconoció ante la comunidad internacional que en la zonas rurales se vive una situación dificil por la falta de alimentos, propiciada en gran parte por la pobreza estructural. La declaración permitirá al gobierno guatemalteco acceder a la ayuda internacional prevista para estos casos y movilizar recursos del presupuesto nacional con más agilidad, según precisó el mandatario en su mensaje oficial a la nación.

"He decidido hacer uso de la ley de orden público y declarar un estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, ya que las consecuencias de la insuficiencia alimentaria y nutricional no afectará solamente a los departamentos del Corredor Seco, sino al conjunto del país", dijo Colom.

Según un estudio de la Secretaría de Salud Alimentaria (Sesan), presentado el 16 de agosto el número de comunidades en peligro de hambruna se elevó en un 113% en los últimos tres meses debido a la sequía. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) empezó el martes a distribuir 20 toneladas de galletas nutritivas en 164 comunidades de las áreas más castigadas.

Tragedia histórica

El presidente definió la situación como una tragedia de dimensión "histórica" por la extensión de la población a la que afecta. Alvaro Colom dijo en su mensaje que, además de los efectos de la sequía y la crisis económica, una larga historia de desigualdad ha hecho que los altos y vergonzosos índices de pobreza, extrema pobreza y desnutrición se instalen en Guatemala desde hace mucho tiempo. "La insuficiencia alimentaria y nutricional, la desnutrición en sus distintas manifestaciones, son un problema histórico y estructural del país".

"Por ello, hago un vehemente llamado al conjunto de sectores de la vida nacional para que todos contribuyamos a enfrentar este grave problema y sus distintas manifestaciones, tanto en lo que respecta a las acciones de emergencia como a aquellas más profundas que tenemos que solucionar”
, dijo el presidente.

En abril de 2009, Unicef publicó un informe en el que advertía que uno de cada dos niños guatemaltecos sufría de desnutrición crónica y que 80% de los niños y niñas indígenas menores de 5 años tiene serios problemas alimenticios.

A pesar de estar lejos de la situación económica de Haití (el país más pobre de América Latina), Guatemala duplica los casos de desnutrición que tiene el país caribeño. De los 13,3 millones de guatemaltecos, más de la mitad vive en condiciones de pobreza y su principal sustento es la agricultura, afectada cada año por las sequías o las inundaciones que provocan la pérdida de cosechas de maíz y frijol, su principal sustento.

El gobierno ha destinado hasta ahora 7,5 millones de dólares para brindar asistencia a las familias en peor estado. Pero el presupuesto del Estado para combatir la desnutrición tuvo que reducirse como consecuencia de la crisis financiera internacional, pues el país recibió menos remesas y tuvo menor recaudación fiscal.


Una pesadilla alimentaria permanente


Guatemala vive en una constante pesadilla alimentaria .Fruto tanto de una inequidad socioeconómica endémica como de los embates de la naturaleza, estos males golpean sin clemencia y cada año a este pequeño país centroamericano, de poco más de 13 millones de habitantes.

El drama guatemalteco no pasa por una incapacidad para producir alimentos. El país es, en sí mismo, un granero al cual la mala distribución y administración de los recursos naturales le han jugado una mala pasada. Y por si el hambre no fuera un problema, en el escalafón mundial de las naciones más vulnerables al cambio climático, Guatemala ocupa el cuarto lugar y, a nivel latinoamericano, el primero.

A ello se suma que su superficie de 108.889 kilómetros cuadrados es atravesada por tres placas tectónicas y 44 volcanes que se alzan amenazantes hacia las nubes en terrenos montañosos emplazados entre la Sierra de los Cuchumatanes y la Sierra Madre.

En los últimos doce años, esta vulnerabilidad ha sido puesta a prueba una y otra vez con los azotes del huracán Mitch (1998), las tormentas tropicales Stan y Agatha (2005 y 2010, respectivamente), la tempestad 16 (2008), sequías (2001, 2009 y 2010) y la erupción del volcán Pacaya (2010).

Hoy las incesantes lluvias nuevamente amenazan la vida de los guatemaltecos. Centenares de personas han muerto en las últimas semanas producto de las inundaciones y aludes. El país -encajonado entre México por el norte y El Salvador y Honduras por el sur- vivió el año pasado una sequía sin parangón, fenómeno que hasta septiembre -cuando el gobierno declaró estado de calamidad pública- había dejado alrededor de 462 muertos, entre ellos, 54 niños.

Los verdes cultivos desaparecieron abrasados por el calor y la falta de agua y, con ellos, los alimentos de pequeños y empobrecidos campesinos; quienes pudieron almacenar algún tipo de productos, vieron cómo éstos comenzaban a desaparecer con el correr de las semanas sumándose al hambre generalizada.

Y es que el 52% de los guatemaltecos vive en áreas rurales, porcentaje del cual poco más del 80% depende de la agricultura para subsistir, según datos de Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Llegadas las lluvias en abril, lo que parecía una salvación ante la persistente sequía se convirtió un nuevo tormento con Agatha.

Las inundaciones y los deslaves no tardaron en hacer lo suyo en un terreno que se vio saturado con miles y miles de litros de agua que cayeron en poco tiempo.

Comenzaba el calvario para las autoridades y la población, una vez más, dado que sectores que no se habían visto afectados por la sequedad que se presentó principalmente en el llamado corredor seco, se vieron expuestas al paso de la tormenta, como las costas y las montañas.

“Cerca de 62 mil familias se vieron afectadas por la pérdida de las cosechas, ya no sólo del maíz y del frijol (productos básicos de la dieta guatemalteca), sino que también de verduras y productos de exportación, como son el camarón, las flores, lo que significó una pérdida de ingresos y de seguridad alimentaria nutricional”, comenta Lily Caravantes, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Sesan).
La desigualdad, la que más mata



La desnutrición crónica afecta principalmente a más del 50% de la población guatemalteca menor de cinco años y se concentra en “sectores rurales, donde predominan los pueblos indígenas, siendo pobres siete de cada diez”, indica la FAO.

Adicionalmente, “tenemos un amplio sector de la sociedad que vive en condiciones de subsistencia y en condiciones de mucha pobreza”, explica Lily Caravantes.

Es por eso, aclara, que es imperativo que “se entienda que la desnutrición no debe verse como un problema humanitario ni como un problema exclusivamente de las áreas sociales, sino que como un problema económico, estructural y endémico”.

“La alta vulnerabilidad en que viven miles de comunidades se ha creado históricamente por los modelos económico-políticos que han regido el país. La acumulación de riquezas en un porcentaje pequeño de la población ha resultado no sólo de la distribución desigual de la tierra, sino del acceso a mano de obra barata que las fincas grandes han tenido”, postulan los investigadores Edwin Castellanos y Alex Guerra, en el documento “El cambio climático y sus efectos sobre el desarrollo humano en Guatemala”, publicado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En términos numéricos, el representante de la FAO en Guatemala, Iván Angulo, especifica que “el 80% de la tierraestá en manos de un 10% de la población. Esto implica que grandes sectores, el 54% de las personas que están en situación de pobreza, no tengan siquiera posibilidades de tener un predio en el cual intentar desarrollar una actividad productiva”.

La enorme brecha económica para acceder a los alimentos tampoco ayuda a que mejore la situación. El sueldo mínimo rural para cinco personas, según cálculos de la FAO, es menor al ingreso imprescindible para adquirir una canasta básica, cuyo costo la Sesan calcula en 250 dólares.

Las dificultades para diversificar los cultivos y el casi inactivo comercio interno también se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades que dirigen un país “donde cambiar (el sistema en su conjunto) no es nada fácil, porque se necesitan reformas estructurales que, claramente, muchas veces no toda la población está de acuerdo”, comenta Reinhard Jung-Hecker, representante para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO).

A la luz de los datos, el drama “tiene una trayectoria histórica de más de cuarenta años, donde la pobreza y la inequidad fueron dando paso al panorama que vivimos hoy en día”, agrega Iván Angulo.

1.553 millones dólares de pérdidas


Las pérdidas económicas causadas por las lluvias en lo que va de 2010 alcanzaron los 1.553 millones de dólares, informó el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ricardo Zapata.

El funcionario explicó en una rueda de prensa que las pérdidas representan el 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual repercutirá en un menor crecimiento económico de 2010, que se estima en poco más del 2 por ciento.

Zapata, quien coordina una comisión de la CEPAL que evalúa los daños provocados por las lluvias, precisó que, en términos absolutos, las pérdidas, hasta el pasado 20 de septiembre, asciende a 1.553 millones de dólares.

Sólo la tormenta tropical "Agatha" y la violenta erupción del volcán Pacaya, a finales de mayo pasado, causaron pérdidas económicas por 1.000 millones de dólares.

"Hay desastres que siguen afectando al país. La saturación de lluvia en el suelo ya era grave en mayo y ahora las lluvias en rangos normales pueden causar más inundaciones y deslizamientos", dijo Zapata.

Según el informe de la CEPAL, un total de 559.923 personas han sido afectadas durante este año por las lluvias, de las cuales 207.845 fueron evacuadas, y de ellas 142.775 terminaron en albergues temporales.

Por su parte, el coordinadordel Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Mauricio Valdéz, dijo que los esfuerzos de la ONU, además de colaborar con la elaboración de un plan de reconstrucción, se han centrado en la ayuda humanitaria.

Desde mayo pasado a la fecha, dijo, se ha otorgado una asistencia humanitaria por 6 millones de dólares.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), las lluvias han dejado este año 274 muertos.

Guatemala ha sido declarada hoy en alerta anaranjada por las autoridades de protección civil por la tormenta tropical "Matthew".

(Fuentes: ANSA-Latina,BBC-Mundo,Prensa Libre y EFE)

15.2.10

Latinoamérica:Crisis Económica

YA HAY SIETE MILLONES DE JÓVENES DESEMPLEADOS EN LA REGIÓN. EL 20 POR CIENTO DE LOS JÓVENES NI ESTUDIA NI TRABAJA. LA CRISIS AUMENTA EN 14 MILLONES EL NÚMERO DE POBRES



Hay ya 7 millones de jóvenes desempleados en América Latina y el Caribe, según informó esta semana la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto representa el 7 por ciento del total de 104 millones de jóvenes que viven en la región. La información fue divulgada durante el Foro de Cohesión Social de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realiza esta semana en Lima, Perú.
El director regional de la OIT, Jean Maninat, señaló que la crisis financiera del 2009 dejó sin empleo a unos 600 mil latinoamericanos de entre 15 y 24 años. Maninat aseguró durante su intervención en el Foro que "es necesario invertir en la creación de empleo la misma voluntad política e inventiva que se utilizó para salvar al sistema financiero".
Indicó como un dato revelador que el 20 por ciento de los jóvenes de América Latina no estudia ni trabaja.


Los jóvenes latinos, primeras víctimas de la crisis


En América latina y el Caribe los jóvenes fueron las principales víctimas de una crisis del empleo que les dejó una secuela de mayor desocupación e informalidad, dice la OIT organización que plantea la necesidad de tomar medidas para lograr que la recuperación económica produzca nuevas oportunidades para las personas entre 15 y 24 años.

En sus conclusiones, el Foro Unión Europea – América Latina y el Caribe sobre Cohesión Social detalló una serie de medidas que son necesarias para estimular la inserción laboral de los jóvenes en trabajos decentes y para asegurar que los sistemas de educación y de formación profesional les ofrezcan unas competencias adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo. El documento, que será presentado a la Cumbre Unión Europea – Latinoamérica y el Caribe que tendrá lugar en Madrid en Mayo del 2010, destaca la necesidad que estos esfuerzos en favor del empleo de los jóvenes sean asumidos por los poderes públicos y los actores sociales. (Ver conclusiones aquí)
La OIT presentó un documento de ‘Avance’ de su informe sobre “Trabajo Decente y Juventud”. El documento dice que en la región hay 104 millones de jóvenes, y que:
 34% de los jóvenes solo estudia

 33% de los jóvenes sólo trabaja

 13% de los jóvenes estudia y trabaja

 20% no estudia ni trabaja

Por otro lado el documento dice que de acuerdo con las cifras disponibles, entre aquellos que si trabajan apenas 10% tienen un contrato estable, sólo 35,1% tienen seguro de salud, y sólo 32,5% está afiliado a algún sistema de pensiones.
“Estas cifras son reveladoras y preocupantes”, planteó el director regional de la OIT Jean Maninat ante el Foro y advirtió que las evidencias sobre alto desempleo e informalidad ponen en evidencia que “el trabajo decente de los jóvenes es una asignatura pendiente que ya existía desde antes de la crisis”.“Estamos frente a un desafío político”, añadió el representante de la OIT, quien consideró especialmente preocupante la proporción de 20% de jóvenes que no estudia ni trabaja. “Cuando cunde el desaliento y la frustración entre estos jóvenes no sólo se hipoteca el futuro, sino que se hace más difícil la estabilidad de nuestras sociedades e incluso la representatividad y gobernabilidad democráticas”.

El estudio de la OIT dice que los datos recopilados hasta ahora indican que en la mayor parte de la región disminuyó la tasa de participación de los jóvenes en la fuerza laboral, mientras que la de los mayores de 25 en general se mantuvo estable.
El Foro UE - ALC sobre Cohesión Social que concluye en Lima este miércoles, tiene previsto fomentar el intercambio de experiencias y generar una serie de recomendaciones relacionadas con la promoción del trabajo decente para los jóvenes.

El desempleo preocupa más a latinos que la inseguridad

Paraguay y Ecuador encabezan el ranking de países donde más preocupa el desempleo; Venezuela y Panamá el de la delincuencia.

¿Qué cuestiones preocupan más a los ciudadanos en Latinoamérica? La respuesta a esta pregunta viene de la mano del Latinobarómetro, en su Informe 2009: desempleo y delincuencia son las dos máximas preocupaciones de los latinoamericanos, según el informe publicado en el portal ForumLibertad.com, diaario digital.

En la encuesta realizada por esta organización a más de 20.000 personas en un total de 18 países de América Latina, el desempleo se perfila como el problema más importante. Una media de un 21% de los ciudadanos considera que esa es la mayor preocupación del país.

El segundo problema en orden de importancia para la población es la delincuencia, con un 19 por ciento de personas que opina de ese modo.

Hay que recordar que este macrosondeo es elaborado anualmente por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, y que representa la opinión de más de 500 millones de habitantes.

En orden de importancia, el resto de problemas que más preocupan a los ciudadanos de Latinoamérica son los económicos (16%), la pobreza (7%), los problemas derivados de la política (6%), el aumento de los precios (3%), la violencia de las pandillas (3%), la corrupción (3%), los problemas de salud (3%) y la educación (3%).

El Latinobarómetro apunta a Venezuela (55%) y Panamá (45%) como los dos países que lideran el rNegritaanking de los más preocupados por la delincuencia. A estos dos países les siguen Costa Rica y El Salvador (32%), Uruguay (29%) y Chile y Guatemala (24%). En Bolivia, la delincuencia preocupa a un 7 por ciento de la población, ocupando el lugar número 14 entre los 19 países consultados.

Respecto al desempleo, Paraguay (42%) y Ecuador (34%) son los países donde los ciudadanos están más preocupados. Tras ellos, Nicaragua (31%), Colombia (30%), Perú (27%) y Argentina y Bolivia (20%), son los otros más preocupados por la falta de trabajo.

Otra cuestión que llama la atención en los resultados de la encuesta es el hecho de que los países que encabezan el ranking de delincuencia son prácticamente los mismos que están situados al final del ranking del desempleo, y viceversa.Esto viene a demostrar que no hay una relación directa en la percepción de los ciudadanos entre las consideraciones que tienen como mayor problema de la delincuencia y el desempleo.En Bolivia, el desempleo tiende crecer, aunque la migración por este factor ha disminuido por la crisis en Europa, principalmente, España


14 millones de latinoamericanos más, en la pobreza por la crisis


Al menos 14 millones de latinoamericanos han vuelto a la pobreza por los efectos de la crisis, según estimaciones recientes del Banco Mundial (BM), afirmó Felipe Jaramillo, el director de ese organismo para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

"El tema que nos preocupa mucho es la pobreza; como Banco Mundial controlamos mucho y calculamos los indicadores de pobreza. Nos complacía mucho ver que llevábNegritaamos cerca de ocho años seguidos de disminución de la pobreza en América Latina y la crisis interrumpió eso", asegura Jaramillo al diario boliviano La Razón.
Según el director regional del BM, en 2009 Latinoamérica regresó a los niveles de pobreza de 2007, lo que supone que se borren los avances al respecto de dos años, entre otras cosas por la imposibilidad de generar nuevos empleos e incluso en algunos casos por el aumento del paro, como efecto de la crisis.

Para Jaramillo, el desempleo subió principalmente en los países más golpeados por la crisis económica como México o Centroamérica y muchas de las islas del Caribe, mientras que afectó menos a los países que han podido reaccionar bien a la crisis, sobre todo en Suramérica.
No obstante, destacó que, en líneas generales, América Latina ha podido reaccionar a la crisis económica gracias a "grandes planes" y en casos como los de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Chile "con transferencias directas a las familias más pobres para evitar que puedan quedar sin recursos para alimentarse".

Para solucionar este retroceso en los niveles de pobreza, Jaramillo aboga por "retomar la senda de crecimiento que se tenía desde la década del 60 del siglo pasado".
"Hacía 40 años que no teníamos crecimientos en nuestras economías tan altos y por eso avanzó tanto en la lucha contra la pobreza"
, asegura.

Además, aconseja una diversificación de la economía en la región que "permita generar más empleo y que no esté exclusivamente atado a las exportaciones de materias primas".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, OIT, FMBolivia.net y EFE)

30.4.09

México:Epidemia de represión

EL EJÉRCITO, CON CARTA BLANCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO, MATA CON TANTA IMPUNIDAD Y CAUSA MAYOR DOLOR QUE LA GRIPE PORCINA. LA POBREZA Y EL TRABAJO ESCLAVO AUMENTAN ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL


La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al ejército de México de torturar y asesinar a civiles y de violaciones a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico. Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos para luchar contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas. En el se asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

El documento asegura que los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. Aunque el ejército investigó varios casos bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar.


El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destaca que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus acciones, especialmente cuando se trata de combatir a los traficantes de droga".

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos, los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.
En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.
El informne también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch propone al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Los militares deben responder por sus abusos


Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señala el informe de Human Rights Watch publicado este miércoles. (LEER EL INFORME)

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", dice José Miguel Vivanco. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".
Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario (ministro) de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles.

En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.
"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", insiste Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".


Calderón propone 'reformar' la Ley de Seguridad


Apenas una semana antes de la difusión por HRW de su informe, el presidente de México, Felipe Calderón, envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de 'regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado'.

La iniciativa propone introducir una nueva figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" . Criticado ya desde la izquierda y las organizaciones sociales, el senador del PAN -el partido del gobierno- Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, negó que se tratara de un intento por legalizar estados de excepción. "Lo que se busca es darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan operar".

René Arce Islas, senador del PRD -oposición de centro-izquierda- piensa que el país está frente a una discusión muy delicada porque se trata de las garantías de los ciudadanos mexicanos. "Esta iniciativa busca proteger al Ejército y al poder Ejecutivo de algo que ya está ocurriendo, que es el despliegue de los militares en las calles, que en algunos casos, ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos".

La discusión sobre la legalidad de la intervención del Ejército en la seguridad pública no es nueva. En 1996 algunos sectores políticos promovieron un recurso de inconstitucionalidad por el uso de agentes militares en las calles de México. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos criterios bajo los cuales autoriza la actuación del Ejército en tareas de seguridad bajo la autoridad civil y para acciones específicas.

Pero según algunas organizaciones de derechos humanos no existe una base jurídica que avale el despliegue del Ejército en las calles. "Precisamente lo que está buscando Calderón es legalizar lo que en este momento está fuera de la ley", dice el abogado Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro. "Lo más preocupante, fuera de la discusión legal, es que en algunas regiones del país sí existen estados de excepción de facto, como cuando no se respeta la libertad de tránsito, cuando hay allanamientos ilegales, privación de la vida o violación del debido proceso", añade.

De acuerdo a cifras oficialeshay cerca de 45.000 efectivos militares desplegados en el combate a las organizaciones criminales en distintos puntos del país. Se estima que en México la violencia asociada a los carteles de la droga dejó más de 6.000 muertos en 2008 y que este año la situación de seguridad continúa deteriorándose, especialmente en algunas zonas.

Miles de niños en trabajos denigrantes

El periódico “El Universal” publicaba este miércoles una investigación en la que revela que miles de niños padecen hoy en día esclavitud de forma encubierta en todo el territorio mexicano.
Según el estudio del diario, los menores bajo ese régimen se desempeñan como jornaleros y vendedores entre otros trabajos. El informe revela que los menores de edad abandonan la escuela y sus hogares para trabajat y que reciben salarios de miseria. Además, viven expuestos a la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de adultos, entre los cuales algunas veces se cuentan sus propios familiares.

En Tapachula, zona fronteriza con Guatemala, cientos de menores de ese país vecino trabajan en las calles después de haber sido llevados allí por redes de traficantes.

Unos 200.000 niños realizan diversas labores en el estado de Guerrero para contribuir al ingreso familiar. De ellos, 58.000 dejaron de asistir a la escuela. El Universal precisa que en lo que va de 2009, más de 5.000 niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos, unos 4,28 dólares, por una jornada de 12 horas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montañalas consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación, pues hay municipios que tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

La Ley Federal del Trabajo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación.


Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden las esquinas de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. En jornadas de más de 10 horas trabajan de limpiaparabrisas, malabaristas, limpiadores de calzado, vendedores o simplemente de mendigos. Muchos, consumen pegamento.

Durante un operativo en una vivienda del centro, la policía encontró a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos (limpia botas). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 200.000 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58.000 desertaron de la escuela.

Sinaloa: desde los ocho años en adelante

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños indígenas (mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas) van con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados no acompañados han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, 1.250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

“Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.


México - Epidemia de lucro

Por Silvia Ribeiro (*)

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (http://www.grain.org/).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".
No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.
(*) Artículo publicado en el diario La Jornada, México.

(Fuentes: BBC-Mundo,HRW, Adital/Cimac, Madrid Digital, El Universal-México y La Jornada-México)

17.4.09

Argentina:Dengue

LA EPIDEMIA SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS, CON MILES Y MILES DE INFECTADOS, ESPECIALMENTE ENTRE LAS COMUNIDADES MÁS POBRES Y DESASISTIDAS. EN LA REGIÓN DEL CHACO, EL MAL CAE SOBRE POBLACIONES HAMBRIENTAS Y ABANDONADAS

Los argentinos sufren ya la mayor epidemia de dengue de su historia y, sin embargo, el Gobierno no termina decretar la emergencia nacional que aconsejan las orgnizacones médicas. Son ya más 50.000 los infectados, aunque el gobierno no reconoce esa cantidad y entre 5 y 7 los muertos. Mientras el Gobierno dice que son 13.265 los enfermos, la Federación de Profesionales de la Salud estima en 38.500 los afectados y la Organización Mundial de la Salud fija la cantidad de enfermos en 53.060.

La noche del miércoles la situación llegó a su punto más vergonzante, cuando una petición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner obligó a los legisladores oficialistas a postergar el debate en el Senado de un proyecto de ley que buscaba declarar la alerta epidemiológica nacional y la emergencia sanitaria en las zonas más afectadas por la epidemia de dengue que sigue creciendo.

El motivo de la decisión no fue otro que cuidar la imagen del país en el exterior debido al viaje de la jefa de Estado a Trinidad y Tobago por la cumbre de las Américas. La orden presidencial derivó en una polémica y en duras críticas de la oposición parlamentaria, que calificó de «irresponsable» la medida adoptada. La decisión dela presidente obligó al jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, a pedir la postergación cuando el debate casi concluía y a desacreditar a sus propios compañeros de bloque, que no podían disimular su enojo, como la senadora kirchnerista Haidé Giri, presidenta de la Comisión de Salud, que había defendido el proyecto. La iniciativa también había contado con el aval tácito de la ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuando visitó el Senado hace una semana para informar sobre la situación del dengue en el país y discutir el proyecto en la Comisión de Salud.

Mientras tanto las provincias más afectadas deberán esperar para recibir la ayuda necesaria a que finalmente sea puesta en marcha la emergencia nacional. El instituto Maiztegui, centro de referencia nacional en materia de enfermedades virales, no da abasto para satisfacer la demanda de la comunidad, se están enviando muestras de manera indiscriminada y no puede cumplir con las entregas.

Según cálculos extraoficiales, las muertes por dengue podrían ser diez en todo el país, desde que empezó el brote en enero. Autoridades sanitarias de la capital argentina y la provincia de Buenos Aires revelaron el miércoles que por primera vez se registraron casos autóctonos, dos en el ámbito porteño y el resto en localidades del centro y norte bonaerense.
Hasta ahora, en los populosos distritos se registraron casos "importados", es decir de gente que había contraído el mal en regiones del norte del país.
La zona más castigada es la provincia de Chaco (norte), con 6.640 casos confirmados oficialmente, pero el mal se extendió a casi todo el territorio de Argentina.

El gobierno sostiene una campaña para evitar la propagación de la enfermedad, después de haber reconocido que el dengue se instaló en América Latina y que será difícil de erradicar.

Insisten en que los casos son muchos más

Gonzalo Basile, presidente de Médicos del Mundo en la Argentina, asegura que los casos de dengue en el país son al, al menos, el triple de lo reconocido oficialmente. Así explica su posición: "Algunas provincias tienen casi como política de Estado la manipulación de los datos epidemiológicos; así, en Jujuy, donde los casos reales son mucho más que los reconocidos. Pero, además, el Ministerio de Salud de la Nación sólo confirma los casos testeados en el laboratorio Maiztegui de Pergamino: para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, eso tarda casi una semana, y más de 20 días en los casos del norte argentino. La propagación de la enfermedad va mucho más rápido que la confirmación diagnóstica. Sin embargo, ya hay laboratorios en Catamarca y en Chaco, y la ciudad de Buenos Aires los tiene en los hospitales Muñiz y Gutiérrez. Por otra parte, la OMS admite que, en epidemias de este tipo, por cada caso confirmado suele haber tres o cuatro sin detectar. Hay quienes no consultan porque no tienen síntomas. Hay familiares de pacientes que se auto administran el mismo tratamiento que su allegado. Y hay muchos que no se acercan al sistema de salud por falta de recursos o porque, si son migrantes o indígenas, los discriminan, o porque aprendieron que el sistema público no les da respuesta".

Sin embargo, la ministra argentina de Salud, Graciela Ocaña, consideraba este jueves que "la Nación no está en emergencia sanitaria".
"Esto forma parte de la política de esconder la realidad", advierte
la senadora Sonia Escudero, del peronismo disidente, sobre la sorprendente decisión de retrasar hasta la semana próxima del debate para declarar el estado de emergencia sanitaria.

"Es insólito lo que pasó. Todos los partidos estaban de acuerdo" con la declaración de emergencia sanitaria, pero el Gobierno busca "esconder las cifras del dengue", según el senador Ernesto Sanz, jefe de la bancada de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria.
También se sumó a las críticas la opositora Coalición Cívica (CC). El diputado de la CC Enrique Olivera presentó un proyecto en la cámara legislativa porteña para que se declare la emergencia en Buenos Aires, donde se registraron al menos 54 casos de dengue, dos de ellos autóctonos, es decir, que fue contraído en la ciudad.
El director del Instituto Pasteur, Oscar Lencinas, admite que "era de esperar" que se produjera un brote de dengue en la ciudad de Buenos Aires, debido a la "gran migración hacia los países limítrofes y al norte" del país, donde se registran el mayor número de casos.
El ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, dice que está "preocupado" por "la situación del dengue" pero opina que en la mayor provincia del país "
no se dan todavía las condiciones formales para declarar la emergencia".
Catamarca
y la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, sí han declarado la emergencia sanitaria.
La epidemia se extiende entre la pobreza y la incuria

Mientras las políticas nacionales y provinciales silencian o desinforman, la cantidad de casos de dengue se multiplican. Los basurales a cielo abierto, las inundaciones en Santa Fe, las más de 15 millones de personas que padecen la falta de alcantarillado y el acceso a agua potable, las actividades industriales sin control, el uso indebido de plaguicidas, la desigualdad social, la debacle del sistema de salud, son algunos ejemplos en una lista interminable de las posibles causas de la propagación del dengue.

Desde aproximadamente 1997 la población argentina padece epidemias de dengue. Marina Stein, responsable del Área de Entomología del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), considera posible eliminar el dengue. “En las décadas del 50 y del 60 las campañas continentales de erradicación del vector lograron combatirlo y la Argentina junto con otros países se declararon libres de Aedes aegypti (transmisor del dengue). Esto quiere decir que es posible su control y/o erradicación”, explica.
Médicos del hospital de Charata, en la provincia de Chaco, afirman que “Las medidas necesarias preventivas para evitar el avance de la epidemia de dengue se adoptaron un mes después del informe oficial que reveló los primeros casos de la enfermedad, fuimos obligados a callar y no informar sobre la situación a la comunidad, lo cual consideramos erróneo ya que lo primero que se debe realizar es informar para que todos tomemos las medidas necesarias”.
Silencio forzoso también en la provincia de Misiones, donde los intereses turísticos están por encima de la enfermedad: “Pudimos pasar la Semana Santa sin complicaciones y eso se vio en el turismo que no mermó” afirmó el ministro de Salud Pública de la provincia, José Guccione. Allí, las autoridades mantenían el máximo hermetismo para no dañar el turismo, pero terminadas las vacaciones el subsecretario de Salud, Carlos Báez, informó que hay casos sospechosos de dengue.
Con el avance de la enfermedad en el país, queda evidenciada la falta de medidas de saneamiento ambiental y la carencia de políticas de salud integrales y activas tanto del gobierno nacional como los de las provincias. Médicos del Mundo Argentina remarca que "estamos frente a una epidemia, por lo cual debemos evitar caer en mezquindades y manipulaciones informativas como, por ejemplo, continuar afirmando que esta situación es sólo un brote epidémico. El dengue representa un importante problema de salud pública, que requiere un replanteo de las estrategias políticas, sociales y sanitarias".
Crónicas del Sur
Los Wichí del Chaco argentino:“Sufriendo el agua”

Por Leda Giannuzzi (*) Fotos:Pelu Vidal
(APM-Agencia de Prensa Mercosur)

Desolación, pobreza y abandono son algunas de las imágenes que impactan durante el recorrido por las comunidades aborígenes de la seca, pulverulenta y espinosa zona de El Impenetrable.

(Desde Roque Sáenz Peña, Argentina)
Los Wichí (o también wichi) es la comunidad aborigen que vive en El Impenetrable, zona que lleva ese nombre debido al espinoso monte -con árboles imponentes como el quebracho- , así como por la carencia de agua que dificultaba el ingreso del blanco. En la actualidad, la zona ha sido arrasada para sacar su madera y los wichis sobreviven al avasallamiento cultural de una sociedad que los rechaza y desprecia luego de apropiarse de sus tierras.Cerca 40 mil argentinos son wichis. Constituyen la segunda comunidad indígena más importante del chaco salteño, en el nordeste del país, de acuerdo a datos de la Red Agroforestal Chaco-Argentina (REDAF), organización civil sin fines de lucro que trabaja junto a comunidades indígenas y campesinos en la defensa de los recursos naturales.



Los wichis son la única y última cultura recolectora-cazadora que en Argentina se dedican a la cría de animales pequeños (cabras, cerdos), la caza, la pesca y la recolección de frutos del monte. El monte es la vida, allí viven, comen, crían sus hijos y mueren. Es difícil la vida de un wichi sin el monte. Los wichis son pacíficos, no violentos, no gritan, son tímidos. Se mueven en bicicleta o caminan mucho. Andan en animales pequeños como el burro.

Tienen su propia lengua que los anglicanos pasaron a la forma escrita. La comunidad realiza el culto en su lengua, existe la Biblia en wichi. El culto Wichí es un sincretismo: con apariencia católica expresan sus formas religiosas tradicionales.La constitución familiar es la familia extensa, es decir: abuelos, hijos y yernos. Cuando el grupo es grande se separan en pequeños grupos; son monogámicos.

La presencia del blanco en la zona con sus pautas culturales, ha impuesto a las mujeres a no andar desnudas, por eso, hoy se visten con camisa de mangas larga y pañuelos.

La estructura tradicional de la comunidad se ha modificado, no existe el cacique, existen dirigentes que son presidentes de asociaciones y movimientos en defensa de la cultura aborigen como ser el “Movimiento por la Dignidad, Justicia y Paz”.Colonia Nueva Pompeya es un pueblo ubicado a 300 kilómetros de Resistencia, capital del Chaco, allí, en el paraje Atento vive Eusebio Núñez, un hombre que sus 59 años marcaron más huellas que las debidas.


Eusebio recuerda que al llegar al lugar, no había nada, sólo la escuela y la iglesia. Habla del pasado, de su padre (miembro de la iglesia franciscana) y del cacique Francisco Supaz, un reconocido maestro wichi de la zona. Recuerda a sus antepasados como los que sobrevivieron “la Pompeya”.

Y a su abuelo los criollos ataron sus manos y piernas con lazos y lo tuvieron detenido dos semanas, sólo por ser wichi. Eusebio se pregunta porqué el gobierno no manda trabajo o algún representante para hablar con ellos. Acostumbrado a su tragedia cotidiana, describe la costumbre de no tener nada y aguantar. Como sus ancestros, su vida consiste en resistir a su implacable destino.Eusebio muestra orgulloso su amarillento documento que tiene desde el año 1969 y dice: “soy argentino nativo, tengo documento”.

Eusebio y su familia (su mujer, hijos y nietos) crían algunos animales como chanchos y gallinas, también acostumbran a cazar (marisquear) iguanas, quirquinchos, chanchos del monte y a sembrar maíz y zapallo. Como la mayoría de las familias del lugar, la vida los castiga con un hijo muerto, en este caso por diarrea. Comenta que bebían agua de la laguna cercana o agua de lluvia que juntaban en recipientes. Describe los problemas con el agua, la sequía infinita, y sabiamente lo resumen en una frase: “vivimos sufriendo el agua”. Desafiando el luto, con la aceptación de todo lo que sucede, saben que lo torcido y lo derecho terminan por enfilar en un solo rumbo.Ya casi al final de la charla se acerca su mujer, Albertina Polo, con la cual se conocen desde hace 30 años. Tímidamente ofrece artesanías que realizan las mujeres de la familia con el “yaguar”, planta de la zona con la que tejen bolsos, adornos, cortinas. Una especie de desolación invade la escena desde el fondo, que se insinúa en torno a Eusebio y su familia que están allí reclamando sin decir nada, justicia y dignidad.

Elena Calerno y su familia viven en Pozo del Toba, en una casa construida por los Hermanos Maristas en 1969 en una propiedad comunitaria cercana a Nueva Pompeya. Sus 59 años marcaron con rigor el paso del tiempo. Tiene nueve hijos y muchos nietos. Ahora toman agua de lluvia que mantienen en el aljibe remplazando el agua del charco cercano que tantos problemas les trajo. Ella realiza artesanías tejidas con yaguar y cuenta que viajó a Entre Ríos a venderlas y logró volver con sesenta pesos. “Nos hacen falta alimentos”, nos dice, mientras apuesta a una respuesta diferente al silencio y a las ausencias dadas por políticos y dirigentes.
En el paraje Palo Flojar la desolación es aún mayor, empezando por lo difícil del camino que lo une a Nueva Pompeya, ubicada a diez kilómetros. Para llegar al paraje se debe atravesar un camino de picadas que no permite la llegada de autos comunes. Hay cerca de cinco casas en la que viven tres familias por casa. Todos hablan wichi y sólo pocos español, todos están descalzos.

Misec González tiene 70 años, es alto y arrugado, fuma cigarrillos inventados en papel de diario, tiene diez hijos y vive de la caza en el monte. Debido a lo inaccesible del camino el médico tardó más de la cuenta cuando se lo necesitaba con urgencia luego que una víbora picara a uno de ellos.Los niños no van a la escuela debido a la lejanía y dificultad del camino. Nos comentan que cada tanto vienen a desinfectar las casas de adobe para combatir la presencia de vinchucas, no lográndose el intento debido a que dos personas del paraje tienen la enfermedad de Chagas. También tienen un aljibe construido en el año 2006 por el gobierno donde almacenan agua de lluvia.

Entre troncos, catres, ropa gastada, perros, impresiona el calendario que han dibujado en los troncos que sostienen el techo de barro de una de las casas. Los contrastes también están presentes en este paraje, donde emergen paneles solares en algunas de las casas que pueden pagar 20 pesos por mes durante tres años, más los 50 pesos de instalación. Más que nunca las imágenes muestran que todas sus opciones están cerradas, mientras esperan una oportunidad a través de los años.Sauzalito es otro pueblo remoto de El Impenetrable, a 500 kilómetros de Resistencia. El barrio Puerta del Sol surgió del feroz desmonte avasallante. En viviendas primitivas hechas con palos, “nylones” y camas deshechas, transcurre la vida de tres familias (18 personas y 15 niños), que soportan inclemencias climáticas y los olvidos políticos.

Aniceto Segundo se lamenta de su enfermedad en la columna que le impide trabajar y espera una casita de cuatro por tres metros del plan “Vivir Mejor”, que por sorteo, pueda torcer su trágico destino. Cuenta que no reciben beneficios sociales, ni alimentos de ningún tipo y que las ayudas llegan sólo al centro del pueblo. Los chicos comen en la escuela y ellos, frutos y animales del monte.Allí también vive Calisto García y su familia. Uno de sus siete hijos, Carlos, es discapacitado, tiene siete años y transita dificultosamente por la vida en una deteriorada silla de ruedas con una rara enfermedad llamada “huesos cristal”, que se potencia ante la falta de calcio y leche. Las ausencias se sienten cuando la ambulancia no llega a buscarlo para llevarlo al hospital.

Un extraño engrudo fermentado espera ser cocinado en un fuego que parece no apagarse nunca, mientras esperan el agua que la trae cada tanto el municipio para llenar un aljibe que la sequía y el calor de febrero evaporaran más de la cuenta.Muy cercano a ellos vive Dionisio Polo y su mujer. Ella parece mirar un universo redimido mientras mantiene con esfuerzo su mano caída. Las vinchucas, dice Dionisio, salen en cantidades por las noches. Ellos tienen Chagas y para completar el ciclo de la muerte, los médicos del hospital no los atienden como es debido. “No hay trabajo”, dice, “pero sí demasiadas mentiras”. Allí, donde los dedos se enciman y los caminos de la tierra están bloqueados, no parece nada fácil estar vivo.


Joaquina vive a la vuelta de Dionisio. Son diez los que viven en la casa, juntan el agua de lluvia en el aljibe y algo más que alguna vez trae el municipio. Modesta es su madre, tiene 74 difíciles años y serios problemas en la vista que los médicos parecen no resolver. La casa es de adobe y las goteras se sienten los días de lluvia, así como las vinchucas en la noche. Nunca vienen a desinfectar la vivienda, pero “sí nos hacen firmar papeles”, dice Joaquina. Plantan algo de zapallo, maíz, sandía que no alcanza cubrir la alimentación diaria. No hay semillas, sólo le dan muy pocas al año. No hay luz eléctrica en la zona y las víboras coral son una amenaza constante que intentan ahuyentar quemando palo santo. Antes les daban alimentos en los bolsones de comida que reparten en el centro, actualmente no reciben nada porque los encargados de distribuirlos parecen estar muy ocupados. Joaquina conoce el engaño mil veces aceptado: los llamados planes “Vivir Mejor” les tocan siempre a los criollos. Acostumbrada, cuenta como uno de sus hijos, de un año y medio, se ahogó en el pozo de agua en un descuido suyo. En este Impenetrable profundo, el instante es decisivo y la muerte, sin aplazar su tarea, pasa con más frecuencia que la debida.

Sin embargo, no todo está perdido. Recientemente, el silencio y la domesticación que ha sojuzgado a la comunidad wichi durante siglos se ha visto dramáticamente modificado mediante un reclamo esbozado en un petitorio que es algo más que una declaración de principios. En el petitorio se solicitaba el retiro de médicos del hospital de Nueva Pompeya y del juez de paz, debido a los maltratos, humillaciones y desprecios ejercidos por estos hacia los integrantes de la comunidad wichi. La ruta se vio afectada durante siete días por un corte realizado por los wichis que dijeron basta a las humillaciones e injusticias. La respuesta del gobierno fue enviar bolsones con alimentos y dar licencia a los médicos del hospital que olvidaron su juramento hipocrático y así calmar los ánimos de una comunidad avasallada.


Actualmente se están distribuyendo los bolsones de alimentos mediante un listado de familias que es controlada por los integrantes de la comunidad. El petitorio clama por la igualdad, por el derecho a la salud, a los medicamentos, a la educación, al agua potable, entre otras cosas.Una especie de triunfo de la comunidad wichi irrumpe en este mundo equivocado, que demanda una respuesta a través de sus ojos que miran ávidamente dispuestos a todo. Pero, ¿podrán solo sus manos darle a esta historia un final diferente?

(*) Leda Giannuzi es Doctora en Química, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP.

(Fuentes: La Voz de Galicia, AFP, EFE, ArgenPress, RNMA-Argentina y APM-Agencia de Prensa Mercosur)

5.3.09

Perú:Violencia y narcotráfico

LA POBREZA EXTREMA, EN ALGUNAS REGIONES SUPERIOR AL 97% , ES LA CAUSA ÚLTIMA DEL RESURGIR DE SENDERO LUMINOSO Y DE LA EXPANSIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN


Pobres entre Sendero y el narcotráfico

Por Ángel Páez
(Agencia IPS)


Seis de los 10 distritos más pobres de Perú se ubican en el mayor centro de producción de cocaína del país, escenario de la más vasta ofensiva gubernamental para neutralizar a remanentes de la organización maoísta armada Sendero Luminoso.

Tintay Puncu es uno de los distritos más pobres de Perú, según la recién difundida evaluación del estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que investigó las condiciones de vida de la población en 1.832 de esas jurisdicciones Esta localidad se ubica en la provincia de Tayacaja, en la región surandina de Huancavelica. Noventa y siete por ciento de los 8.511 habitantes viven en condiciones de pobreza, y 92,3 por ciento en extrema pobreza. Tintay Puncu es un punto obligado de los narcotraficantes tanto para el ingreso de insumos químicos utilizados en el procesamiento de clorhidrato de cocaína como para sacar la droga del área de influencia del valle de los ríos Apurimac y Ene, conocido por sus siglas VRAE. Pobladores del distrito y de otros aledaños, ante la escasez de empleos, se transforman en "mochileros" que sacan a cuestas la droga del VRAE por caminos secretos para eludir el control de las fuerzas de seguridad. Otros se dedican al cultivo ilegal de hoja de coca. Los distritos adyacentes al VRAE son escenario del conflicto entre los remanentes senderistas y las fuerzas del gobierno participantes en la contrainsurgente "Operación Excelencia". Eso quedó en evidencia el 10 de octubre, cuando se registró en Tintay Puncu una emboscada guerrillera que acabó con la vida de 12 soldados del ejército y dos civiles. Los otros distritos cercanos al VRAE que figuran entre los 10 más pobres del país son San Antonio de Antaparco (97,9 por ciento de la población vive en la pobreza), Salcahuasi (96,5), Anchonga (96,1), Surcubamba (95,8) y Chinchihuasi (94,9 por ciento), todos pertenecientes a la región de Huancavelica.


El gobierno de Alan García desplegó en 2007 el Plan VRAE, agresivo programa económico, social y militar para acabar con Sendero Luminoso y el narcotráfico en el el valle. Pero los seis distritos más pobres de Huancavelica no están comprendidos en la estrategia porque geográficamente son aledaños al VRAE y no figuran en los ubicados en los valles productores de cocaína. En los 13 distritos considerados en el programa del VRAE también cunde la pobreza, pero no tanto como en los seis de Huancavelica. Por ejemplo, son pobres 92,4 por ciento de los pobladores de Chungui, 8,4 por ciento de la de Anco, 86,4 por ciento de la de Ayahuanco, 83,9 por ciento de la de San Miguel, 74 por ciento de la de Pichari, y 73,2 por ciento de la de Kimbiri. El resto de distritos abarcados por el programa del VRAE (Pangoa, Rio Tambo, Santa Rosa, Mazamari, Sivia y Llochegua) registran niveles de pobreza entre 67 y 37 por ciento, muy por debComisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)ajo del promedio de 95 por ciento de los seis distritos de Huancavelica. Un funcionario experto en lucha contra la pobreza, Iván Hidalgo Romero, explicó a IPS que al Ministerio de Defensa le correspondió concentrarse en los distritos del VRAE que requerían prioridad. El proyecto consiste en fortalecer el plan de inversiones en el VRAE para luego ampliar su radio de acción, con la finalidad de alcanzar a distritos adyacentes como los de Huancavelica. Hidalgo es el coordinador nacional de Crecer, uno de los principales programas de lucha contra la pobreza, y presidente de Juntos, un proyecto de apoyo directo a los más pobres. También es secretario técnico de la . "El Ministerio de Defensa primero identificó 13 distritos y ahora son 31, lo que demuestra un gran esfuerzo", dijo Hidalgo a IPS. "Nadie duda de que existe más pobreza en los distritos de Huancavelica que en los del VRAE, pero conforme avance la ejecución del plan se irán incorporando más. No hay nada cerrado ni nada que no se pueda perfeccionar."


El 14 de noviembre de 2007, un grupo senderista atacó la comisaría del distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, que sirve como vía de acceso al VRAE. Los insurgentes mataron al comisario y se llevaron un cargamento de droga que la policía se había incautado. De los 4.900 habitantes de Huachocolpa, según INEI, 93,5 por ciento viven en pobreza y 77,9 por ciento en extrema pobreza. Pero este distrito no está integrado al Plan VRAE de lucha contra la pobreza. Hidalgo reconoció que se deben afinar los programas, pero acotó que es preciso admitir también que la pobreza se ha reducido notablemente. Al inicio de la presidencia de Alberto Fujimori, en 1991, y en 2001, cuando comenzaba la de Alejandro Toledo, la pobreza afectaba a 54 por ciento de la población peruana, recordó. En 2006, al comenzar el gobierno de Alan García, "no recibimos un país rico sino un país pobre con problemas estructurales de inequidad y desigualdad de ingresos, pero estamos avanzando", sostuvo Hidalgo. La pobreza bajó de 48,5 a 39,3 por ciento en todo el país. "Muchas fallas hemos tenido, pero ha bajado la pobreza y la pobreza extrema. Hasta el Banco Mundial dice que Perú es uno de los 10 países del mundo donde la pobreza ha bajado con mayor velocidad", argumentó. "Ahora bien, que falta rebajar más la pobreza, claro que sí, y estamos haciendo todo el esfuerzo. Los problemas de Perú son seculares y estructurales y no se van a resolver en uno o dos años. Debemos tener mirada a largo plazo para poder fijar políticas públicas que sostenidamente disminuyan la pobreza y todos sus factores determinantes", dijo.

Si algo explica que Tintay Puncu, San Antonio de Antaparco, Salcahuasi, Anchonga, Surcubamba y Chinchihuasi se encuentren entre los 10 distritos más pobres del país es que estas localidades son víctimas de la injusta distribución del presupuesto que asigna el Estado peruano a Huancavelica. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año que pasó el distrito de San Antonio de Antaparco recibió una transferencia de 280.000 dólares, 0,33 por ciento del presupuesto de toda la región de Huancavelica. O sea, 91 dólares para cada uno de los 3.055 habitantes del distrito, 97,9 por ciento de los cuales viven en la pobreza. La situación es similar en el resto de los 10 distritos más pobres de Perú. Salcahuasi obtuvo en 2008 nada más que 633.000 dólares (0,73 por ciento del presupuesto), Surcubamba, 826.000 (0,95 por ciento), Tintay Puncu, 839.000 (0,96 por ciento), y Anchonga, un millón de dólares (1,22 por ciento). En promedio, la inversión estatal por habitante en esos distritos no supera los 100 dólares al año.



"Es incomprensible que seis de los distritos más pobres del país, escenarios de episodios de violencia por parte de Sendero Luminoso y zonas de influencia del narcotráfico, no estén incorporados al Plan VRAE", dijo a IPS al consultor internacional Jaime Antezana, experto en estudios sobre violencia política y drogas. "Dada la extrema pobreza de los distritos de Huancavelica en las vías de acceso al VRAE, los pobladores consideran natural la presencia del narcotráfico y Sendero Luminoso en la zona. Incluso se suman a las actividades de las organizaciones criminales porque no tienen otra opción", explicó. "Son distritos pobres histórica y estructuralmente. No se podrá derrotar al narcotráfico ni a la subversión si no se acaba con los siglos de miseria, exclusión y desigualdad en esa zona", apuntó Antezana, coautor del ensayo "Narcotráfico: amenaza al crecimiento sostenible del Perú".
Narcotraficantes y senderistas captan a jóvenes de los distritos más pobres de Huancavelica para convertirlos en "traqueteros" --acopiadores de droga-- y "mochileros" --transportadores de droga e insumos químicos--, a quienes les pagan en dólares, indicó el experto. "Excluir de los programas de lucha contra la pobreza a esos distritos, que además son los más míseros del país, es como castigarlos por el simple hecho de ser pobres", dijo Antezana. "Lo que se necesita es un programa con un presupuesto autónomo y exclusivo para el VRAE y las zonas aledañas, que incorpore a todas las localidades afectadas por el narcotráfico y el senderismo", recomendó.

En 2008, el gobierno invirtió en el programa Crecer 906,2 millones de dólares. Para este año ha previsto un presupuesto de 1.145,9 millones. "La exclusión social, la desnutrición, el analfabetismo y la carencia de servicio básicos son problemas que no se van a resolver en uno o dos años. Pero hemos comenzado a hacerlo gradualmente", señaló Hidalgo: "El gobierno tiene la voluntad expresa de invertir en programas sociales."

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