Colombia: Crímenes militares

POR QUÉ EJÉRCITO Y POLICÍA REPRIMEN A SANGRE Y FUEGO LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL CATATUMBO. ¿SERÁ PORQUE SE TRATA DE UN TERRITORIO DE GRAN VALOR GEOESTRATÉGICO?

Perú: Ya gobierna el Ejército

NO ES NECESARIO UN GOLPE DE ESTADO, COMO EN PARAGUAY, YA SE HIZO LEGALMENTE

                                    

Por Hugo Blanco(*)

El 3 de julio fueron asesinadas 3 personas en la provincia de Celendín, Cajamarca. No fue una manifestación contra el proyecto minero Conga, sino de los trabajadores de construcción a quienes el municipio no pagó.

En una ocasión anterior, cuando hubo una marcha antiminera, un grupo de provocadores al servicio del alcalde, acérrimo defensor de la minera, intentó llevar la marcha de la gente indignada por enfrente del local municipal. Su intención era tirar piedras contra el local, lo cual hubiese sido continuado por la gente y con eso facilitar la represión. El compañero nombrado para dirigir la marcha, se dio cuenta de la maniobra y no condujo la marcha por la calle donde está el local del municipio, los provocadores, indignados, se retiraron.

El día 3 sí tuvieron éxito, debido a la inexperiencia de los trabajadores, iniciaron el ataque al local municipal, lo que fue aprovechado por la policía para asesinar a 3 personas y herir a 20. También fueron heridos tres policías, con heridas de bala según el premier Valdés, y heridos por pedradas según los médicos que los atendieron.

Días antes un ministro citó a los alcaldes de Cajamarca para una reunión donde se iba a tratar el tema de obras de desarrollo. Después de la reunión, en la que se presentó Humala, el gobierno informó que los alcaldes se habían reunido para manifestar su apoyo al proyecto Conga. Esto fue desmentido con indignación por el alcalde de Cortegana (distrito de Celendín) Marino Vásquez, quien manifestó que fue elegido por su pueblo para defender el agua y la vida y que cumple con ese mandato.

El día anterior Humala había amenazado al movimiento anti-Conga: "Que se atenga a las consecuencias". Antes delas 24 horas cumplió su amenaza. Los hechos sucedieron en Celendín, sin embargo las garantía se han suspendido, además de Celendín. En otras dos provincias, Cajamarca y Hualgayoc con su capital Bambamarca. No es casual, son las tres provincias que serían más afectadas por el proyecto Conga.

Además, al día siguiente fue muerta otra persona en Bambamarca.

La suspensión de garantías prohíbe las reuniones públicas, sin embargo el padre Marco Arana (ecologista y dirigente del partido inscrito en el Jurado Nacional Electoral, quien no estuvo en las movilizaciones anteriores por encontrarse enfermo y está convaleciente) no fue capturado en ninguna reunión, cuando estaba sentado en una banca de la plaza principal de Cajamarca, fue violentamente agredido por 20 policías quienes con golpes de vara y puntapiés lo tendieron en el suelo donde continuaron golpeándolo. La agresión puede verse en un video:http://www.youtube.com/watch?v=4Bw8FCelp8w&feature=em-share_video_user

Se reitera la medida anticonstitucional de enviarlo para que sean juzgado en Lambayeque en lugar de Cajamarca, se le acusa de inducir a disturbios en Celendín, lugar al que no va hace meses.

Su captura es una actitud anticonstitucional más de este gobierno, el decreto de estado de emergencia no faculta a agredir a una persona sentada en un banco de la plaza. No permitieron que su abogada le entreviste.

Otras actitudes anticonstitucionales

Antes de la declaratoria de estado de emergencia golpearon y sacaron a empellones de la comisaría a la abogada representante de la Coordinadora de Derechos Humanas y a la representante del organismo estatal Defensoría del Pueblo.

Envían a gente que según ellos ha delinquido en Cusco para que sea juzgada en Ica y a quienes supuestamente han delinquido en Cajamarca para que sea juzgada en Lambayeque. La anterior suspensión de  garantías debía haber sido decretada por el gabinete, pero lo hizo el presidente.

Apresaron sin motivo alguna al alcalde de la provincia de Espinar, elegido por el pueblo, sólo por denunciar la contaminación minera, anunciaron que estría detenido por 5 meses antes de investigación alguna (luego se vieron obligados a darle libertad).

Podemos decir que ahora quien gobierna es la institución de las fuerzas armadas, quien  ordenó a Humala que públicamente manifieste al premier Oscar Valdés, ex militar propietario de minas, dispusieron además que en dicho acto apareciera la esposa del presidente, quien disfruta de mayor aceptación popular que Humala.

Las respuestas a las encuestas señalan un vertiginoso descenso de aprobación, en primer lugar de Valdés (quien recientemente fue felicitado por la Fuerza Armada), en segundo lugar de Humala y en tercer lugar de su esposa.

Las manifestaciones oficiales y sus acciones, muestran la voluntad de atacar violentamente la protesta social y la defensa absoluta de los intereses del gran capital transnacional (minas a tajo abierto, agroindustria, represas para hidroeléctricas, vías rápidas de comunicación, pesca de arrastre, etc.) feroz depredador de la naturaleza, enemigo del agua y de la vida, que son defendidas en varias partes del país.

Hay un acelerado empeoramiento de la situación. En el Perú no es necesario un golpe de estado como un Paraguay, ya se hizo "legalmente", repito, hoy gobierna el ejército.

El Polvorín, 7 de julio de 2012

(*)Hugo Blanco es un dirigente histórico de la izquierda revolucionaria y del movimiento campesino peruano. Es director del periódico "Lucha Indígena".

 (Fuente: SinPermiso.info)

Colombia:Terrorismo de Estado

LOS DEFENSORES DE DD.HH. DE LOS LLANOS DENUNCIAN QUE LOS MILITARES SIGUEN ACOSANDO A LOS CAMPESINOS TRAS EL SECUESTRO, TORTURA, VIOLACIÓN Y ASESINATO DE TRES NIÑOS

El día 14 de octubre, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron enterrados en dos fosas entre los matorrales cercanos a la cabaña donde vivían. Se ha encontrado sangre en los morrales de siete de los sesenta soldados de esa unidad móvil, que se encuentran bajo investigación.

Crímenes como este, por lo demás, no son excepcionales. En la misma zona, los vecinos denuncian que el día 2 de octubre, una niña de 13 años fue secuestrada por militares y luego abusada sexualmente. Se trata de una región especialmente estigmatizada. Y la presión del Ejército sobre los campesinos se acrecienta después del descubrimiento de la fosa común de La Magdalena, la mayor de Latinoamérica.

El opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) condenó el asesinato de los tres hermanos menores de edad secuestrados, torturados, violados y asesinados. Su presidenta, Clara López, pidió también garantías para los defensores de derechos humanos que hacen seguimiento a ese triple homicidio, que conmocionó a la sociedad y que siguen pidiendo su eclarecimiento.

"El Estado colombiano tiene que solicitar perdón por tamaño despropósito criminal y afinar los procesos investigativos para juzgar con prontitud y garantizar la labor de los organismos de derechos humanos que denuncian este tipo de atropellos", dijo la dirigente del PDA.

Las autoridades investigan a unos 60 militares de dos batallones que operaban cerca del lugar donde se produjo el múltiple crimen, mientras otros ocho uniformados fueron destituidos por fallos en los procesos de control y mando de personal.

Si bien el gobierno y los altos mandos militares condenaron los hechos y pidieron perdón a las familias de las víctimas, el desconsolado padre ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable.

Aún está presente en la memoria colectiva el escándalo que envuelve al Ejército, luego que hace dos años fueran reveladas a la opinión pública prácticas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados, en hechos considerados como crímenes de Estado, eufemísticamente conocidos aquí como "falsos positivos".

Continúan los crímenes extra-legales



Ramiro Orjuela, abogado defensor de Derechos Humanos, denuncia la agudización de las violaciones del derecho a la vida de niños y niñas en los departamentos de los llanos orientales, detenciones arbitrarias y toda clase de vejámenes contra líderes campesinos que organizaron la audiencia pública sobre fosas comunes realizada el 22 de julio 2010 en el municipio de la Macarena, en el departamento del Meta.

El Ejército presiona a la familia de los niños asesinados

El Ejército y otras instituciones del Estado colombiano ejercen presión para que la familia de la niña violada y asesinada junto a sus dos hermanitos en una vereda de Tame conceda "perdón", en contraste con el poco apoyo estatal que recibe la familia ante su desplazamiento forzado

Así lo denuncia la asociación de defensa de los Derechos Humanos de Arauca Humanidad Vigente, en el siguiente comunicado

Humanidad Vigente Corporación Jurídica y el Comité Permanente Para La Defensa De Los Derechos Humanos-Capítulo Arauca, manifiestan a la opinión pública regional, nacional e internacional:

Que rechazamos con profunda preocupación las acciones de presión de instituciones del Estado, del Ejército y de algunos medios de comunicación sobre el señor JOSÉ ALVARO TORRES y su familia para que concedan el perdón por la muerte de su hija e hijos, y la estigmatización que el general ALEJANDRO NAVAS hace de las Organizaciones de derechos humanos acompañantes y representantes de las víctimas.

Como representantes judiciales del señor JOSÉ ALVARO TORRES, enérgicamente rectificamos la información que se ha venido suministrando por los medios masivos de comunicación, sobre la reunión de "perdón" sostenida el pasado jueves 04 de noviembre, entre el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, padre de la niña y los niños asesinados en la vereda El Temblador del municipio de Tame (Arauca) y Comandantes de la Octava División y Brigada XVIII del Ejército Nacional en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.

Si bien dicha reunión se realizó a puerta cerrada, ésta se hizo sin el consentimiento previo e informado del señor TORRES, quien acudió a las instalaciones del I.C.B.F de manera ingenua, en el entendido de que la reunión trataría sobre las diligencias que venía adelantando con el ICBF a fin de garantizar condiciones de dignidad para él y sus hijos, debido a su actual situación de desplazamiento forzado.

El señor TORRES nos ha manifestado, a las organizaciones de Derechos Humanos que le acompañamos, que el Ejército Nacional en ningún momento le manifestó solicitud de perdón por los execrables crímenes cometidos por uno o varios de sus miembros, sino que la actitud de los miembros del Ejército Nacional buscaba que el señor JOSE ALVARO TORRES diera su consentimiento para grabar una entrevista en la cual accediera a conceder el perdón al ejército nacional y luego ser presentados a los medios de comunicación masivos. Situación que quedó en evidencia cuando el señor Torres solicitó a la Fiscalía General de la Nación su intervención ante la comandancia del Ejército Nacional para que cesaran las continuas y reiteradas llamadas telefónicas que le hicieran el día viernes 5 de noviembre, con el fin de que manifestara a los medios la aceptación del perdón.

Respecto a esta tragedia que le ocurrió al señor JOSE ALVARO TORRES y a su familia exigimos que sean las investigaciones penales y disciplinarias las que hagan justicia y revelen no sólo a él y a su familia, sino a la comunidad nacional e internacional, quiénes son los responsables del abuso sexual y homicidio de su hija y de sus dos hijos, qué sucedió en estos hechos, se dé un castigo ejemplar no sólo a quienes cometieron dichos crímenes, sino a quienes tenían el mando y el control efectivo sobre la tropa.

Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de los directores de las regionales en el departamento de Arauca, para que cumplan con los deberes que constitucional y legalmente tienen en materia de prevención, protección y defensa de los derechos humanos, con preferencia y prevalencia de los derechos de los niños y las niñas. Así mismo, para que adopten una posición de respeto de la dignidad de las víctimas y no sólo enderecen su acción a buscar el acercamiento entre las víctimas - el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, así como con las y los familiares de la otra niña víctima de abuso sexual- insistiendo en que se debe procurar una conciliación, cuando dichos crímenes no tienen vocación de conciliación y sus funciones constitucionales son las de velar por los intereses superiores de los niños y niñas.

Ante semejante tragedia que conmovió a toda la sociedad cualquier persona pensaría que los familiares de las víctimas, estarían recibiendo una atención digna e integral por parte del estado y sus instituciones, pero la realidad no es así, don ALVARO y su familia están viviendo en condiciones indignas en la casa de un familiar, donde los pocos enseres que le han entregado son producto de colectas realizadas por algunos funcionarios; por ejemplo, el ventilador se lo regaló un periodista, la estufa una recolecta que hicieron unos funcionarios públicos, las camas de segunda y en mal estado, las donó otra institución etc.

Humanidad Vigente Corporación jurídica y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos capitulo Arauca, DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS las irresponsables e intimidantes afirmaciones del comandante del Ejército Nacional ALEJANDRO NAVAS, en la entrevista realizada para el Diario El Tiempo, el día, 07 de noviembre de 2010, en las que estigmatiza la labor que hemos venido realizando organizaciones defensoras de derechos humanos reconocidas en el departamento de Arauca y a nivel nacional e internacional, al decir que "organizaciones extrañas se han apoderado de él -refiriéndose al señor JOSÉ ÁLVARO TORRES – para desorientarlo y formular estas denuncias, que no hacen cuando asesinan y maltratan a miles de niños. Qué mejor oportunidad que esta para enlodar el nombre del Ejército".

Le recordamos al Comandante del Ejército Nacional y a la opinión pública nacional e internacional que quienes han enlodado el nombre de dicha institución han sido sus mismos miembros que estando en servicio activo han convertido el crimen y la violación de derechos en una práctica sistemática y generalizada a lo largo y ancho del país, tal como lo demuestra los graves casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido de público conocimiento.

Consideramos que las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por integrantes del Ejército Nacional, en este caso, no deben ser calificadas como simples fallas institucionales, y que la responsabilidad de un crimen tan atroz como el de esta niña y niños, se quiera mostrar que es obra de una sola persona, de una "manzana podrida" como es usual que lo hagan los altos mandos militares en los graves casos de violaciones de derechos humanos en los que se ha visto comprometida la Fuerza Pública, y que han sido denunciados y conocidos públicamente.

Las fallas institucionales que han sido referidas por el ente militar, se presentaron a partir de la no atención a las denuncias y solicitudes que las comunidades de la vereda Caño Camame y El Temblador realizaron por el caso de abuso sexual presentado en el sector, así como por no haber atendido la solicitud de apoyo ante la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los niños TORRES JAIMES; cuestiones que generan responsabilidad a la luz del derecho penal colombiano (artículo 25 de la Ley 599 de 2000)1, tal como lo establece el artículo 161 del Código Penal que habla sobre la omisión de medidas de protección a la población civil, en ocasión y en desarrollo de conflicto armado y el artículo 417 sobre abuso de autoridad por omisión de denuncia.

En el marco de las disposiciones vinculantes para el Estado colombiano del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del Estatuto penal internacional, las omisiones en el mando y control efectivo sobre las tropas, también generan responsabilidad en materia penal, disciplinaria y administrativa, a los superiores de las mismas, respecto de crímenes cometidos por sus subordinados.

Alertamos sobre la intimidación, insultos, largos interrogatorios, empadronamientos o censos ilegales, que vienen realizando la fuerza pública (ejército y policía), en las comunidades de las veredas cercanas donde ocurrió la masacre (veredas la Holanda y la Esperanza), que puede conllevar a que potenciales víctimas y testigos abandonen la zona o se muestren renuentes a acudir ante las autoridades para esclarecer los crímenes.

Dejamos claro ante la opinión pública regional, nacional e internacional que la labor de acompañamiento que le hemos venido realizando al señor JOSE ALVARO TORRES y su familia, se realiza en el marco de las acciones de defensa de derechos humanos que estamos exigiendo ante las diferentes autoridades del orden local, nacional e internacional, y en nuestra condición de representantes judiciales. No somos "organizaciones extrañas", sino organizaciones defensoras de la vida, la dignidad, los derechos humanos y de los derechos de las víctimas a la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN INTEGRAL.

POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:

1. A la Fiscalía General de la Nación para que en el marco de la investigación que se adelanta, sean llamados por su responsabilidad por su conducta omisiva en los presentes hechos, a los miembros del Ejército Nacional destituidos el pasado martes 2 de noviembre de 2010, puesto que conforme a los preceptos que son vinculantes para Colombia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos; y, en especial del derecho penal internacional.

2. Que en su función constitucional y legal adelante la investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de las responsabilidades penales a que haya lugar, y no se cese en su labor de consecución de la verdad real en estos atroces crímenes por la vinculación de un solo supuesto autor material e intelectual.

3. A la Procuraduría que radique la competencia de las investigaciones disciplinarias adelantadas en el marco del presente caso en la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos que es la competente para adelantar las pesquisas conducentes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los militares implicados en el caso.

4. A los diferentes organismos del Sistema de Naciones Unidas para que se pronuncien sobre las acciones de intimidación que autoridades civiles y militares del orden local y nacional vienen haciendo sobre los familiares de estos dos casos y que comprometen su integridad emocional y su seguridad, así como sobre la legítima labor que las organizaciones sociales y de derechos humanos venimos haciendo en aras de esclarecer los hechos y acompañar en la reivindicación de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

5. A Acción Social, Bienestar Familiar, a la Gobernación de Arauca y al Alcalde de Tame, que asuman su deber constitucional y legal de brindar condiciones de subsistencia digna y de manera integral al señor JOSE ALVARO y su familia. No se trata de asistencialismo de caridad, sino de una obligación del Estado cuya responsabilidad está comprometida en este grave crimen.

6. A todas las instituciones que tiene la responsabilidad constitucional de proteger la vida, la seguridad, el buen nombre y la libertad de las personas, les exigimos verdaderas medidas de protección para la familia Torres, para los testigos y que cesen los hostigamientos, mal trato y empadronamientos a las comunidades de las veredas cercanas a donde ocurrió la horrible masacre de los niños (la Holanda y la Esperanza).

7. A los medios de comunicación del orden nacional e internacional para que se siga informando con objetividad siempre respetando la dignidad de las víctimas, la memoria de las niñas y niños violados y asesinados y se presente la información de manera mucho más objetivamente y veraz.

Corporacion Juridica Humanidad Vigente

(Fuentes: Prensa Latina, ACIN y Oiga Hermano)

Honduras:A los 6 meses del Golpe

EL PRESIDENTE ZELAYA LLAMA A LA UNIDAD Y LA FIRMEZA CONTRA EL GOLPE. A UN MES DEL CAMBIO PRESIDENCIAL, CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA CON LOS GOLPISTAS AFERRADOS AL PODER Y APLICANDO UNA SANGUINARIA REPRESIÓN

El depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, pidió este Miércoles a los presidentes de Centroamérica actuar "con firmeza" contra el golpe de Estado en Honduras y lamentó el "apoyo" de Estados Unidos a las elecciones "tuteladas por usurpadores".

Con motivo de haberse cumplido el lunes seis meses del golpe de Estado del 28 de junio, Zelaya emitió una carta a los mandatarios centroamericanos desde la embajada de Brasil, donde está refugiado desde el 21 de septiembre pasado. "Debemos actuar con diligencia para que la historia brutal de guerra, de violencia, fusiles, golpes de estado con secuelas de muerte y sangre, que creímos superadas en Centroamérica, no regresen", indica el comunicado. Zelaya señala que el golpe de Estado "marca el retorno violento de las castas militares a la vía cívica de nuestros estados, provocando la ruptura de un gobierno democrático centroamericano y la mayor crisis política desde las guerras civiles de los 80, que mantiene paralizado el progreso y la integración regional".

Tras el golpe de Estado, según el gobernante derrocado, se registraron "más de 4.234 personas con múltiples violaciones comprobadas a los derechos humanos, 130 asesinatos de miembros de la Resistencia, de los cuales 106 efectuados durante los toques de queda, cinco jóvenes asesinados por los militares en las manifestaciones pacíficas".

Asimismo, hubo "453 lesionados y torturados, 3.033 detenciones ilegales, 14 medios de comunicación amenazados, dos de los cuales, Radio Globo y Canal 36, fueron cerradas sus transmisiones y ocupados militarmente, cientos de amenazas a muerte, actualmente 114 presos políticos, y cercos militares y agresiones químicas y subsónicas contra mi persona en la embajada de Brasil", agrega.

"Señores presidentes, esta es la trágica y cruda realidad antidemocrática que vive hoy el pueblo hondureño, en el pasado juntos enfrentamos y solucionamos grandes conflictos en Centroamérica. Hoy se ha impuesto la violencia militar en la vida cívica de nuestras naciones, en colusión política con las fuerzas más conservadoras del continente americano, que representan un grave riesgo para la paz y la integración", dice.

Zelaya asegura que los presidentes de Centroamérica, "frente a estos hechos, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad como pueblos hermanos, especialmente ahora que ha quedado plenamente demostrado que, no obstante los valiosos esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, al dividirse ha demostrado su impotencia para defender la carta democrática y un gobierno electo por el pueblo, fracasando el reconstruir el estado de derecho en Honduras".

Texto íntegro del comunicado

"Señores Presidentes de Centroamérica,
Sus Excelencias,

Cuando Adolf Hitler, organizaba el ejército mas poderoso del mundo, muchos guardaron silencio y nadie reaccionaba con el brío y arresto necesario, posteriormente, invadió Austria, Checolosvaquia, Polonia, Holanda, Finlandia, Francia, bombardeó Inglaterra, desbastó Rusia, el precio que tuvo que pagar la humanidad fue la destrucción de Europa, mas de 60 millones de vidas humanas, y el holocausto de 6 millones de judíos perseguidos por sus ideas, su raza y religión.

Debemos actuar con diligencia para que la historia brutal de guerras, de violencia con fusiles, golpes de estado con secuelas de muertes y sangre que creímos superada en Centro América, no regrese. El Golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, apoyada por las fuerza mas conservadoras de este continente, marca el retorno violento de las castas militares a la vida cívica de nuestros estados, provocando la ruptura de un gobierno democrático Centroamericano y la mayor crisis política desde la guerras civiles de los 80, que mantiene paralizado el progreso y la integración regional.

El asalto a mi residencia a las 5 de la mañana con bayoneta calada, a punta de balazos por miembros del ejército, mi secuestro y destierro a Costa Rica, la conspiración político-militar del Congreso Nacional con la Corte Suprema de Justicia, sin haber sido citado a Tribunal alguno, sólo fue el inicio del salvajismo y el terror, como mecanismos para detener las transformaciones y los cambios sociales que impulsamos a través de la ley de participación ciudadana.

Más de 4,234 personas con múltiples violaciones comprobadas a los derechos humanos, 130 asesinatos de miembros de la resistencia, de los cuales 106 han sido efectuados durante los toques de queda, 5 jóvenes asesinados por los militares en las manifestaciones pacíficas, 453 lesionados y torturados, 3033 detenciones ilegales, 14 medios de comunicación amenazados, dos de los cuales radio globo y canal 36 cerradas sus transmisiones y ocupadas militarmente, cientos de amenazas a muerte, actualmente 114 presos políticos, cerco militar y agresiones químicas y subsónicas contra mi persona, en la embajada de Brasil.

Señores Presidentes: Esta es la trágica y cruda realidad antidemocrática que vive hoy el pueblo hondureño, en el pasado juntos enfrentamos y solucionamos grandes conflictos en Centroamérica, hoy el surgimiento de la violencia militar en la vida cívica de nuestras naciones, en colusión política con las fuerzas más conservadoras del Continente Americano, representan un grave riesgo para la paz y la integración.

El pueblo hondureño en resistencia ha realizado una gesta pacifica y heroica, ha puesto una gran cuota de sacrificio. Los presidentes de Centroamérica frente a estos hechos, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad como pueblos hermanos, especialmente ahora que ha quedado plenamente demostrado que no obstante los valiosos esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, al dividirse, ha demostrado su impotencia para defender la carta democrática y un gobierno electo por el pueblo, fracasando en reconstruir el estado de derecho en Honduras.

“Las elecciones son insuficientes para recuperar la democracia”, lo manifestó el Sub-Secretario para el Hemisferio Occidental, Señor Arturo Valenzuela.

Sólo participó el 35% de los hondureños inscritos en el Censo Electoral, lo que podemos demostrar científicamente, (éstas se realizaron bajo represión). Por primera vez en la historia de América Latina el Gobierno de Los Estados Unidos de América unilateralmente, sin la OEA ni la ONU apoya un proceso tutelado por los mismos personajes y los mismos militares usurpadores, sin acuerdo político y sin observadores calificados de la ONU, OEA y UE.

¿Qué legitimidad tiene ésto para Ustedes? Las consideran suficiente para recuperar la democracia en Honduras, conociendo las circunstancias en que se realizaron y que todas las instituciones que ejecutaron el golpe de estado continúan vigentes: la cúpula militar, los Diputados, la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, que siguen ejerciendo el poder durante éste y los próximos 4 años, es decir, todo el próximo periodo de gobierno.

Señores Presidentes: hay que actuar ¡ahora! con firmeza, en nuestras manos los pueblos han confiado su destino frente al abuso, después será demasiado tarde para lamentarnos. Detener estos actos criminales contra nuestras democracias es una obligación moral para todo centroamericano, hacer justicia es la tarea para sentar precedentes frente a la impunidad de un golpe de estado, es una obligación inexorable de todas los gobiernos del continente americano, no podemos guardar silencio o permitir que por la impunidad promovida por intereses particulares, estos actos de violencia se repitan en alguno de nuestros países.

Señores Presidentes: Estoy totalmente seguro que mientras no cambien las condiciones actuales, Ustedes no querrán comprometer su investidura apoyando una dictadura disfrazada. Los pueblos Centroamericanos no se merecen este terrible precedente antidemocrático.
Siendo época de aniversario del nacimiento del redentor del mundo, envió mi más sinceros saludos para que junto a su familia reciban las bendiciones del arquitecto del universo y que el próximo año sea de prosperidad para nuestras naciones.

Jose Manuel Zelaya Rosales

Presidente de la República de Honduras

Incertidumbre a un mes del relevo

La incertidumbre sobre una salida a la crisis política y económica persiste en Honduras, a seis meses del golpe de estado que derrocó a Manuel Zelaya y a un mes de la asunción de Porfirio Lobo, electo en comicios desconocidos por la mayoría de los gobiernos de América Latina y Europa.

"Pepe" Lobo asumirá el próximo 27 de enero, pero la comunidad internacional advirtió que no será reconocido si antes no abandona el poder Roberto Micheletti y se cumple el Acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el 30 de octubre por representantes de Zelaya y del gobierno de facto.

Zelaya, derrocado el 28 de junio por los militares con el apoyo de sectores económicos, políticos y religiosos, permanece refugiado en la embajada de Brasil desde el 21 de septiembre y se desconoce su futuro después del 27 de enero, cuando concluye su mandato.

El empresario Jimmy Dacaret, dirigente de la Unión Cívica Democrática, que apoyó el golpe de Estado contra Zelaya, expresó este lunes su preocupación porque Lobo está demostrando "mucha indecisión" ante los retos que deberá enfrentar para solventar la crisis.

Porfirio Lobo enfrentará grandes problemas cuando asuma el poder, por haber sido elegido en comicios con un alto abstencionismo y no reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. Lobo, un derechista que respaldó el golpe de Estado del 28 de junio, debe asumir el poder el 27 de enero, día en que culminaba el mandato de Zelaya, tras ganar los comicios del 29 de noviembre, desarrollados bajo el régimen de facto, en los que votó apenas el 49% del electorado, según el tribunal electoral.

Zelaya, quien llamó a sus compatriotas a no sufragar, afirmó este martes que la cifra real de votantes fue inferior a la declarada por el tribunal electoral, lo que complicará los intentos del conservador Lobo por restablecer los lazos con la comunidad internacional. "Le aseguro que el 65% de los electores no fueron a las urnas", declaró Zelaya a la AFP. "¿Usted cree que con el 35% de los electores que votaron es suficiente para que Honduras retome la confianza de la comunidad internacional?", agregó el mandatario depuesto desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

"El caso de Honduras es caso especial, para todas las democracias de América Latina, porque las elecciones fueron hechas en represión y realizadas por un gobierno de facto y en contra de las decisiones de la OEA", resumió Zelaya.

Lobo ha declarado que desea la renuncia del presidente de facto Roberto Micheletti y que Zelaya pueda salir del país, a fin de establecer condiciones para obtener reconocimiento de su gobierno.

Pero Micheletti, que desoyó los llamados de la comunidad internacional a restituir en el poder a Zelaya con el respaldo del Congreso dominado por golpistas, ha declarado que no piensa retirarse del gobierno antes del 27 de enero.

Los golpistas mantienen la cruenta represión

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) pidió este miércoles protección para el periodista independiente César Silva, secuestrado y sometido a torturas durante 24 horas en una cárcel clandestina. Tres individuos armados capturaron a Silva este 28 de diciembre cuando viajaba en un taxi por la capital y lo llevaron a un lugar desconocido donde lo colocaron bajo un reflector, lo golpearon y sometieron a intensos interrogatorios."Sólo tuve tiempo de decirle al taxista soy periodista y soy de la resistencia", declaró el profesional de la prensa, y añadió que los individuos le preguntaban constantemente con qué grupos trabajaba."Me preguntaban qué hago con los videos y fotografías porque según ellos les estoy causando mucho daño", denunció el periodista ante COFADEH.

Después de 24 horas, a Silva lo abandonaron sus captores en el barrio El Chile, de Tegucigalpa. Según el diario El Libertador, el periodista estuvo detenido en una unidad militar del sur del país, adonde lo condujeron miembros de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, hecho que después negó el portavoz de la institución, Ramiro Archaga.

La coordinadora de COFADEH, Bertha Oliva, informó que le están brindando acompañamiento y protección a Silva, al tiempo que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en aras de salvaguardar su vida.

Desde el golpe de Estado del 28 de junio varios profesionales y medios de prensa han sido agredidos, amenazados y clausurados por denunciar la represión desatada por el régimen de facto contra las manifestaciones por el retorno a la institucionalidad.

Uno de los casos más recientes fue el del reportero del diario El Libertador René Novoa, golpeado en la vía pública por miembros de las fuerzas de seguridad. Las oficinas del periódico fueron asaltadas, al igual que las instalaciones del canal 36 de televisión y Radio Globo.

Constituido el Comité de Presos, Perseguidos y Exilados Políticos

Cerca de 130 militantes políticos hondureños formaron, en esta semana, el Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos, con el fin deproteger sus derechos civiles frente a la represión política, judicial y militar que pervive en el país desde el golpe de Estado de 28 de junio, tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

"Hoy sumamos cerca de 130 personas que tenemos procesos judiciales a los que debemos asistir sin la posibilidad de demostrar nuestra inocencia", afirman en el comunicado que anuncia la creación del Comité. "Todos fuimos llevados ante los jueces salvajemente golpeados, pues al momento de nuestra captura se usó la fuerza bruta policial y militar", complementaron.

Según los militantes, las persecuciones judiciales impetradas desde el golpe les dejaron en indefensión, por "el simple hecho de ejercer nuestro derecho de libertad de expresión para manifestar nuestro repudio al golpe militar".

"Somos hombres, mujeres y menores de edad a quienes se nos ha usado para sembrar el terror y ‘sentar precedentes’ para desmovilizar al pueblo hondureño a través del uso de las armas y la ilegalidad desde los operadores de ‘injusticia’", denunciaron. También informaron de la existencia de cinco militantes políticos presos en la Penitenciaría Nacional. El comité denunció el encarcelamiento de un ciudadano español y otro colombiano-venezolano, a pesar de tener concedida la libertad provisional, "pues no pueden salir del país al cual llegaron por poco tiempo".

Para el comité, las condenas "están plagadas de prejuicios, discriminación y politización, que afianzan la figura de la persecución política.

En el comunicado, el Comité denuncia al gobierno del golpista Roberto Micheletti, quien afirma que Honduras vive en democracia. Además, denuncia a la Corte Suprema de Justicia, cuyos juicios son "completamente parcializados"; y al Ministerio Público, cuyos fiscales "presentan como testigos a los mismos elementos de la policía que son los agresores de las víctimas".

El grupo pide la libertad de todos los presos políticos, el sobreseimiento definitivo de las causas enmarcadas en la persecución política y el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos . El comité también exige el fin de la criminalización de los movimientos sociales y el retorno con seguridad de los exilados.

(Fuentes: ANSA-Latina, LibreRed, Prensa Latina, AFP y Adital)

Guatemala:Caso Rosenberg

LA OEA ALERTA DEL PELIGRO QUE CORRE LA DEMOCRACIA GUATEMALTECA. EL PRESIDENTE COLOM REPUDIA EL CRIMEN EN EL QUE HA SIDO INVOLUCRADO Y SEÑALA A UNA TRAMA QUE BUSCARÍA IMPEDIR EL PROCESAMIENTO POR CORRUPCIÓN DE UN EXPRESIDENTE Y DE EX OFICIALES DEL EJÉRCITO

El caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien en un vídeo divulgado tras su muerte señalaba como culpable, si esta se producía, al Presidente Colom y a su esposa, y a otros altos funcionarios, ha provocado ya la división de la población guatemalteca. El diario guatemalteco Prensa Libre señaló que la difusión del video "ha creado la mayor crisis política para esta democracia, porque nunca antes un presidente electo democráticamente había sido acusado de asesinato".

Para este jueves, por tercer día consecutivo, se espera que cientos de manifestantes vuelvan a concentrarse en la Plaza de la Constitución, de la capital: unos en apoyo al presidente, otros para pedir su renuncia. Hasta el momento no ha habido enfrentamientos físicos , tan sólo de palabra, ante la vigilancia de la policía, que no ha llegado a intervenir.

La composición está bien definida. A favor del presidente, gente humilde, beneficiada por los programas sociales de la actual administración, llegados al lugar en autobuses desde los barrios pobres de la ciudad. Enfrente, empleados encorbatados, empresarios y damas vestidas a la última moda, cuyos vehículos y chóferes, esperan en calles aledañas para devolverlos a sus barrios residenciales.

"Solo muerto dejaré la Presidencia"

El presidente Álvaro Colom recibió el miércoles a los corresponsales extranjeros, ante los que aseguró que no renunciará “jamás”, y que “solo muerto” lo sacarán del Gobierno.

“Yo no he asesinado a nadie”, dijo el gobernante, acusado por el abogado Rodrigo Rosenberg de ser el responsable de su muerte, en un video que grabó antes de ser acribillado a tiros en la calle, el recién pasado domingo. Esas acusaciones, subrayó Colom, son parte de un plan para desestabilizar al Gobierno.

En otra entrevista con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, descalificó al periodista y abogado Mario David García, en cuya oficina fue grabada la entrevista-denuncia del abogado Rosenberg. Al ser consultado al respecto, el presidente Colom respondió que García “es un personaje muy conocido en Guatemala, que en los años 1980, pública, abierta, vil y descaradamente promovió un golpe de Estado contra el presidente Vinicio Cerezo”.

“Hay dudas de cómo una persona que grabó un video el jueves, el domingo sale tranquilamente en bicicleta a pasear y deja a su seguridad en su departamento u oficina”, dijo Colom en la entrevista. Al ser preguntado sobre quiénes serían los responsables, Colom lo relacionó con el hecho de que se haya comenzado “a investigar a un ex presidente por corrupción, junto con una lista grande de ex oficiales del Ejército”.

Puntos oscuros de la trama

-La trama muestra muchos puntos oscuros y, si no se trata claramente de una operación de "desestabilización" como denuncia el presidente Colom, si hay sospechas de que tras los hechos se muevan los llamados 'poderes ocultos', o estructuras paralelas, sin duda dotados de los medios para implementar maniobras de inteligencia de alto nivel. Claro está, aprovechando errores de bulto, imprudencias y falta de oficio por parte del actual gobierno.

Así, en su vídeo 'póstumo' el abogado Rosenberg acusa a la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom, cuya grandilocuencia o imprudencia verbal, presentando sus políticas sociales - importantes y significativas - como si se tratara de una especie de socialismo guatemalteco del siglo veintiuno, ha creado tanta e innecesaria irritación entre la burguesía guatemalteca, especialmente porque no acepta su origen 'plebeyo'.

-El periodista Haroldo Shetemul, en su columna de este 13 de mayo en el diario guatemalteco Prensa Libre, destaca "algunos aspectos que dejan dudas... se sabe que la grabación (del vídeo) fue hecha en la residencia de Mario David García, a quien el gobierno de Vinicio Cerezo señaló de estar involucrado en intentos golpistas en su contra. También llama la atención que quien distribuyera 150 copias de ese vídeo fuera Luís Mendizábal, quien en tiempos de la administración de Álvaro Arzú estuviera ligado a la ‘oficinita', una estructura paralela de la Presidencia que servía de enlace con el Ministerio Público y la inteligencia militar y a la que se le señalaba de anomalías".

-Lla declaración del abogado Rodolfo Rosenberg es genuina, parece que la hizo convencido de que efectivamente su vida estaba amenazada por decisión del presidente Colom y de su esposa y otros personajes. Si esto a él le constaba o si lo suponía o infería, es algo que no queda claro.

-Una cosa es la declaración de Rodolfo Rosenberg, y otra la explotación que de ese hecho pudieron hacer personas o estructuras que conocían la situación; quizá Rodolfo Rosenberg pensó que con su declaración garantizaba su vida, y tal vez lo que ocurrió fue que firmó su sentencia de muerte.

-Lo que talvez más dudas genera es que, por mala que sea la opinión sobre la actual Administración, y en particular sobre el Presidente de la República, no hay ningún antecedente que permita vislumbrarlo como un asesino.

- El principal y seguro perdedor en todo esto es el país. La gobernabilidad está en su punto más bajo y muy difícilmente podrá ser restaurada, incluso a los bajos niveles en los que ya se encontraba. La pérdida incluye, por supuesto, el asesinato de una persona honorable, indefensa, como producto de una conspiración que, sea cual fuere, no puede tener sino fines espurios. Guatemala sigue atrapada en la vorágine de muerte que la impunidad y el crimen organizado alimentan sin cesar.


"Respaldo" a Colom de la OEA, ante la crisis institucional

La Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió "respaldar" al gobierno del presidente de Guatemala, Alvaro Colom. En una resolución aprobada por aclamación, el Consejo Permanente decide"respaldar al gobierno constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del estado de derecho". También señaló que acoge "con beneplácito el compromiso del gobierno por investigar y esclarecer los hechos recientes, defender la legalidad, evitar la impunidad y asegurar el ejercicio efectivo de las garantías constitucionales y la plena vigencia de las instituciones democráticas". El punto cuarto de la resolución "repudia todo acto de violencia que pueda generar una situación de inestabilidad política o el desconcierto en la población, atentando contra el orden público y la paz social".

El documento solicita al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que "brinde toda la cooperación de la Organización a solicitud del gobierno de Guatemala para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática" en ese país centroamericano.

Horas antes, Insulza, expresaba su alarma por los acontecimientosy pedía "actuar de manera decidida en defensa de la democracia" en Guatemala.

En la reunión del Consejo Permanente intervino el ministro de Exteriores guatemalteco, Haroldo Rodas, quien aseguró que la muerte del abogado Rosenberg se enmarca en "una serie de hechos y circunstancias que, lejos de ser aislados, están concatenados y articulados" con el objetivo de "crear un ambiente" propicio para "subvertir el régimen constitucional". Se trata , según el ministro guatemalteco, de una "crítica situación" donde se corre el riesgo de ataques "contra el estado de derecho y la gobernabilidad democrática". Según el ministro Rodas la muerte de Rosenberg estaría en relación con una presunta "respuesta" del crimen organizado, en particular de los grupos narcotraficantes, frente a los "esfuerzos" del gobierno de Colom contra el tráfico de drogas.


Cuatro Nobel de la Paz se muestran preocupadas

Cuatro premios Nobel de la Paz que se encuentran en Guatemala manifiestan su preocupación por la crisis política que se vive en el país, tras las denuncias del abogado, asesinado el domingo, que incriminara al presidente Álvaro Colom.

"Estamos en una crisis sin precedentes y que pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema institucional de Guatemala", afirmó en rueda de prensa la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada con el Nobel en 1992.

Menchú, quien el martes envió una carta al gobernante, reiteró que le pide independencia judicial para poder esclarecer el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
"Guatemala ha sido señalada por la tremenda impunidad que existe, por las violaciones a los derechos humanos, la criminalidad que le cuesta la vida a unas 20 personas cada día. Pero este crimen va más allá, por eso pedí que se garantice la independencia en la investigación", agregó.

"Queremos manifestar nuestras condolencias por el fenómeno que está viviendo Guatemala, pero estamos seguras que encontrarán el camino hacia la paz y la justicia", dice la iraní Shirin Ebadi, laureada en 2003 por sus esfuerzos en pro de la democracia y los derechos humanos.

"Sabemos que en estos momentos están enfrentados en una crisis, pero queremos decirles que millones de personas están con Guatemala. No están solos", dice la británica Mairead Corrigan-Maguire, galardonada en 1976 por su campaña en favor de la paz en Irlanda del Norte.

En ese mismo sentido se expresó la estadounidense Jody Williams (1997), quien lamentó la situación y consideró que la democracia se debe fortalecer con la participación de todos los sectores.

Las cuatro laureadas participaron desde el domingo hasta el miércoles, junto a unas 130 defensoras de los derechos de la mujer, investigadoras, comunicadoras y activistas de más de 30 países en la segunda conferencia 'Mujeres Redefiniendo la Democracia para la Paz, la Justicia y la Equidad'", que el año pasado se celebró e Irlanda .


Crisis política en los tiempos del cólera
Por Enrique Álvarez (*)


En Guatemala estalló una bomba política que ha cimbrado a la sociedad, el abogado Rodrigo Rosenberg, quien fue asesinado el pasado domingo, recién había grabado un video en el que acusaba de su posible muerte al Presidente de la República, a su esposa y al Secretario Privado de la Presidencia. La noticia golpeó con fuerza brutal, y en los primeros momentos era muy difícil reaccionar de forma racional. Es muy fuerte ver las imágenes de una persona que le dice a uno: si usted está viendo este video es porque he sido asesinado; y que seguidamente responsabilice de su muerte a altas autoridades del país, termina de anonadar a cualquiera.

Esto en medio de tantas penurias económicas como efecto de la crisis mundial, las que todavía no tenemos la posibilidad de dimensionar claramente, y las amenazas que provienen de la epidemia generada por la gripe porcina, que las transnacionales insisten en que nos refiramos a ella con el inocuo nombre de AH1N1, seguramente para no afectar a las poderosas empresas que han industrializado la producción de cerdos en varios países del mundo y que están en el centro de las sospechas del origen del virus.

No es posible predecir los efectos negativos que esta demoledora situación creará en el largo plazo a la ya debilitada institucionalidad del país. Aunque también existe la posibilidad de que produzca efectos positivos, esto está condicionado a que sean exitosas las investigaciones que desarrollará la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala de la ONU, Cicig, en un complejo caso que no se limita al asesinato del abogado Rosenberg, ya que él refiere la posibilidad de su muerte a las investigaciones que estaba realizando respecto del repudiable asesinato del industrial Khalil Musa y de su hija Marjorie.
Está muy claro que el contenido del video que contiene estas acusaciones, y la versión escrita que Rosenberg dejó firmadas, no contienen datos precisos que puedan concluir que hay clara responsabilidad judicial en los mencionados, a los que hay que agregar al Presidente, Gerente y un funcionario más del Banco de Desarrollo Rural. Sin embargo esto podría cambiar si los documentos probatorios que Rosenberg afirma entregará, incluyen acusaciones más sustentadas.

Por eso, sin la desafortunada muerte del referido abogado, por cierto una persona notable en algunos ámbitos empresariales y académicos, el video y el contenido de su escrito no tendrían mayor trascendencia. Aunque el tono que usa y las acusaciones que lanza son fuertes, se refiere de forma genérica a aspectos que en el mismo tono y con parecido contenido lanza casi a diario, el periodista Mario David García (la persona que ha reconocido haber realizado la grabación en su oficina) en su programa radial; y que expresan la fijación de grupos de la derecha más conservadora en contra de casi cualquier acción del Gobierno que encabeza el presidente Colom y en particular en contra de los programas sociales que está implementando.

La reacción social que está produciendo este grave hecho es de repudio generalizado, y a la mayoría de personas les importa muy poco que las acusaciones que contiene el video sean sustentadas o no, lo que de forma natural ha producido consternación y rechazo es la predicción de su muerte y que ésta se haya producido de la forma deleznable que usan los sicarios que lamentablemente están actuando con tanta libertad en Guatemala.

La reacción que el Gobierno ha tenido no ha sido la más afortunada, de nuevo pareciera que algo falla en los círculos cercanos al presidente, pero ni el tono, la forma ni el contenido de sus declaraciones son del tipo que la gente espera o necesita. A pesar de que los hechos que se han ido revelando aportan muchos elementos para sospechar que muchas cosas raras pasaron alrededor de esta situación, y que podrían haber otros actores que no salen a la luz todavía; el equipo del presidente Colom debiera considerar que la percepción que se genera en la sociedad es un hecho concreto, más allá que sea fundamentada en la realidad o no, en una situación como ésta la forma es tan importante como el contenido.

La situación de debilidad en que el video y el asesinato han colocado al Gobierno puede tener efectos desastrosos para la gobernabilidad del país, y estos efectos negativos pueden ir bastante más lejos del presidente Colom y su entorno más cercano. Bien dice el dicho, siembra vientos y cosecharás tempestades; pero el rumbo que tome el país, aún si éste se encamina a un abismo no parece estar en las contemplaciones de sus más fuertes detractores.

La voz de serenidad la está tratando de imponer el director de la Cicig, Carlos Castresana, institución y persona que luego de irracional oposición de las ultraderechas, afortunadamente han terminado siendo de lo más confiable y respetable en el país, referidos al tema de la justicia. La acción más coherente del gobierno ha sido pedir que sea la Cicig la que realice las investigaciones sobre las acusaciones del abogado Rosenberg.

Y en ese sentido, en una especie de vorágine, se han ido revelando varios elementos que para un criterio tan agudo como el de Castresana seguramente tendrán vital importancia. Para sólo mencionar uno, sería muy importante conocer en qué circunstancias fue grabado y cuantas personas tuvieron conocimiento de la existencia del video, antes de ser cometido el asesinato, y cuáles pueden ser las responsabilidades por el manejo del mismo.

Hoy mismo, en el programa de entrevistas de Emisoras Unidas, Carlos Castresana ha tratado de aportar serenidad y ha llamado a la calma. Es esperanzador que un tan fuerte crítico de la actuación del Ministerio Público, haya dicho que “hasta ahora el papel del MP ha sido impecable, desde que se produjo el levantamiento del cadáver, cuando no lo sea, yo lo diré”. Castresana también llamó a la serenidad, y pidió tiempo para crear las condiciones y todo mundo juegue con las reglas.

En buena medida el futuro de la gobernabilidad del país está en la posibilidad de que la Cicig puede desarrollar una investigación exitosa, y los antecedentes de su director permiten esperar que, sean quienes sean los responsables de los tres asesinatos, éstos serán denunciados y procesados (pero esto no puede significar que nosotros, la sociedad de este país, no asumamos los niveles de responsabilidad que nos corresponden). Sin embargo, hay que considerar que varios grupos con intereses inconfesados no están interesados en la verdad, ni en que se haga justicia, sino en generar el caso y sacar provecho.

(*) Enrique Álvarez es Director del servicio informativo de Incidencia Democrática, I.DEM. Este artículo ha sido distribuido por alainet


(Fuentes: Prensa Latina, ACAN-EFE, Radio Nederland, Prensa Libre, ANSA-Latina, BBC-Mundo, Ecodiario y alainet.org)

México:Epidemia de represión

EL EJÉRCITO, CON CARTA BLANCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO, MATA CON TANTA IMPUNIDAD Y CAUSA MAYOR DOLOR QUE LA GRIPE PORCINA. LA POBREZA Y EL TRABAJO ESCLAVO AUMENTAN ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL


La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al ejército de México de torturar y asesinar a civiles y de violaciones a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico. Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos para luchar contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas. En el se asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

El documento asegura que los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. Aunque el ejército investigó varios casos bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destaca que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus acciones, especialmente cuando se trata de combatir a los traficantes de droga".

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos, los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.

En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.

El informne también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch propone al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Los militares deben responder por sus abusos

Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señala el informe de Human Rights Watch publicado este miércoles. (LEER EL INFORME)

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", dice José Miguel Vivanco. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".

Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario (ministro) de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles.

En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.

"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", insiste Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".


Calderón propone 'reformar' la Ley de Seguridad

Apenas una semana antes de la difusión por HRW de su informe, el presidente de México, Felipe Calderón, envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de 'regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado'.

La iniciativa propone introducir una nueva figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" . Criticado ya desde la izquierda y las organizaciones sociales, el senador del PAN -el partido del gobierno- Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, negó que se tratara de un intento por legalizar estados de excepción. "Lo que se busca es darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan operar".

René Arce Islas, senador del PRD -oposición de centro-izquierda- piensa que el país está frente a una discusión muy delicada porque se trata de las garantías de los ciudadanos mexicanos. "Esta iniciativa busca proteger al Ejército y al poder Ejecutivo de algo que ya está ocurriendo, que es el despliegue de los militares en las calles, que en algunos casos, ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos".

La discusión sobre la legalidad de la intervención del Ejército en la seguridad pública no es nueva. En 1996 algunos sectores políticos promovieron un recurso de inconstitucionalidad por el uso de agentes militares en las calles de México. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos criterios bajo los cuales autoriza la actuación del Ejército en tareas de seguridad bajo la autoridad civil y para acciones específicas.

Pero según algunas organizaciones de derechos humanos no existe una base jurídica que avale el despliegue del Ejército en las calles. "Precisamente lo que está buscando Calderón es legalizar lo que en este momento está fuera de la ley", dice el abogado Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro. "Lo más preocupante, fuera de la discusión legal, es que en algunas regiones del país sí existen estados de excepción de facto, como cuando no se respeta la libertad de tránsito, cuando hay allanamientos ilegales, privación de la vida o violación del debido proceso", añade.

De acuerdo a cifras oficialeshay cerca de 45.000 efectivos militares desplegados en el combate a las organizaciones criminales en distintos puntos del país. Se estima que en México la violencia asociada a los carteles de la droga dejó más de 6.000 muertos en 2008 y que este año la situación de seguridad continúa deteriorándose, especialmente en algunas zonas.

Miles de niños en trabajos denigrantes

El periódico “El Universal” publicaba este miércoles una investigación en la que revela que miles de niños padecen hoy en día esclavitud de forma encubierta en todo el territorio mexicano.
Según el estudio del diario, los menores bajo ese régimen se desempeñan como jornaleros y vendedores entre otros trabajos. El informe revela que los menores de edad abandonan la escuela y sus hogares para trabajat y que reciben salarios de miseria. Además, viven expuestos a la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de adultos, entre los cuales algunas veces se cuentan sus propios familiares.

En Tapachula, zona fronteriza con Guatemala, cientos de menores de ese país vecino trabajan en las calles después de haber sido llevados allí por redes de traficantes.

Unos 200.000 niños realizan diversas labores en el estado de Guerrero para contribuir al ingreso familiar. De ellos, 58.000 dejaron de asistir a la escuela. El Universal precisa que en lo que va de 2009, más de 5.000 niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos, unos 4,28 dólares, por una jornada de 12 horas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montañalas consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación, pues hay municipios que tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

La Ley Federal del Trabajo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación.

Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden las esquinas de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. En jornadas de más de 10 horas trabajan de limpiaparabrisas, malabaristas, limpiadores de calzado, vendedores o simplemente de mendigos. Muchos, consumen pegamento.

Durante un operativo en una vivienda del centro, la policía encontró a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos (limpia botas). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 200.000 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58.000 desertaron de la escuela.

Sinaloa: desde los ocho años en adelante

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños indígenas (mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas) van con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados no acompañados han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, 1.250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

“Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.


México - Epidemia de lucro

Por Silvia Ribeiro (*)

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (http://www.grain.org/).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".

No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.

(*) Artículo publicado en el diario La Jornada, México.

(Fuentes: BBC-Mundo,HRW, Adital/Cimac, Madrid Digital, El Universal-México y La Jornada-México)