El día 14 de octubre, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, tres niños, Jefferson Jhoan Torres Jaimes (6 años), Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años), fueron secuestrados en su finca por soldados de la Octava división del Ejército colombiano, mientras su padre José Álvaro Torres se encontraba en labores agrícolas. Los niños sufrieron horrendas torturas, fueron violados (hay evidencia de semen y marcas de abuso sexual en sus cuerpos y ropas) y luego asesinados por degollamiento con armas blancas (machetes). Sus cuerpos, posteriormente fueron enterrados en dos fosas entre los matorrales cercanos a la cabaña donde vivían. Se ha encontrado sangre en los morrales de siete de los sesenta soldados de esa unidad móvil, que se encuentran bajo investigación.
Crímenes como este, por lo demás, no son excepcionales. En la misma zona, los vecinos denuncian que el día 2 de octubre, una niña de 13 años fue secuestrada por militares y luego abusada sexualmente. Se trata de una región especialmente estigmatizada. Y la presión del Ejército sobre los campesinos se acrecienta después del descubrimiento de la fosa común de La Magdalena, la mayor de Latinoamérica.
El opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) condenó el asesinato de los tres hermanos menores de edad secuestrados, torturados, violados y asesinados. Su presidenta, Clara López, pidió también garantías para los defensores de derechos humanos que hacen seguimiento a ese triple homicidio, que conmocionó a la sociedad y que siguen pidiendo su eclarecimiento.
"El Estado colombiano tiene que solicitar perdón por tamaño despropósito criminal y afinar los procesos investigativos para juzgar con prontitud y garantizar la labor de los organismos de derechos humanos que denuncian este tipo de atropellos", dijo la dirigente del PDA.
Las autoridades investigan a unos 60 militares de dos batallones que operaban cerca del lugar donde se produjo el múltiple crimen, mientras otros ocho uniformados fueron destituidos por fallos en los procesos de control y mando de personal.
Si bien el gobierno y los altos mandos militares condenaron los hechos y pidieron perdón a las familias de las víctimas, el desconsolado padre ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable.
Aún está presente en la memoria colectiva el escándalo que envuelve al Ejército, luego que hace dos años fueran reveladas a la opinión pública prácticas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados, en hechos considerados como crímenes de Estado, eufemísticamente conocidos aquí como "falsos positivos".
Continúan los crímenes extra-legales
Ramiro Orjuela, abogado defensor de Derechos Humanos, denuncia la agudización de las violaciones del derecho a la vida de niños y niñas en los departamentos de los llanos orientales, detenciones arbitrarias y toda clase de vejámenes contra líderes campesinos que organizaron la audiencia pública sobre fosas comunes realizada el 22 de julio 2010 en el municipio de la Macarena, en el departamento del Meta.
El Ejército presiona a la familia de los niños asesinados
El Ejército y otras instituciones del Estado colombiano ejercen presión para que la familia de la niña violada y asesinada junto a sus dos hermanitos en una vereda de Tame conceda "perdón", en contraste con el poco apoyo estatal que recibe la familia ante su desplazamiento forzado
Así lo denuncia la asociación de defensa de los Derechos Humanos de Arauca Humanidad Vigente, en el siguiente comunicado
Humanidad Vigente Corporación Jurídica y el Comité Permanente Para La Defensa De Los Derechos Humanos-Capítulo Arauca, manifiestan a la opinión pública regional, nacional e internacional:
Que rechazamos con profunda preocupación las acciones de presión de instituciones del Estado, del Ejército y de algunos medios de comunicación sobre el señor JOSÉ ALVARO TORRES y su familia para que concedan el perdón por la muerte de su hija e hijos, y la estigmatización que el general ALEJANDRO NAVAS hace de las Organizaciones de derechos humanos acompañantes y representantes de las víctimas.
Como representantes judiciales del señor JOSÉ ALVARO TORRES, enérgicamente rectificamos la información que se ha venido suministrando por los medios masivos de comunicación, sobre la reunión de "perdón" sostenida el pasado jueves 04 de noviembre, entre el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, padre de la niña y los niños asesinados en la vereda El Temblador del municipio de Tame (Arauca) y Comandantes de la Octava División y Brigada XVIII del Ejército Nacional en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.
Si bien dicha reunión se realizó a puerta cerrada, ésta se hizo sin el consentimiento previo e informado del señor TORRES, quien acudió a las instalaciones del I.C.B.F de manera ingenua, en el entendido de que la reunión trataría sobre las diligencias que venía adelantando con el ICBF a fin de garantizar condiciones de dignidad para él y sus hijos, debido a su actual situación de desplazamiento forzado.
El señor TORRES nos ha manifestado, a las organizaciones de Derechos Humanos que le acompañamos, que el Ejército Nacional en ningún momento le manifestó solicitud de perdón por los execrables crímenes cometidos por uno o varios de sus miembros, sino que la actitud de los miembros del Ejército Nacional buscaba que el señor JOSE ALVARO TORRES diera su consentimiento para grabar una entrevista en la cual accediera a conceder el perdón al ejército nacional y luego ser presentados a los medios de comunicación masivos. Situación que quedó en evidencia cuando el señor Torres solicitó a la Fiscalía General de la Nación su intervención ante la comandancia del Ejército Nacional para que cesaran las continuas y reiteradas llamadas telefónicas que le hicieran el día viernes 5 de noviembre, con el fin de que manifestara a los medios la aceptación del perdón.
Que rechazamos con profunda preocupación las acciones de presión de instituciones del Estado, del Ejército y de algunos medios de comunicación sobre el señor JOSÉ ALVARO TORRES y su familia para que concedan el perdón por la muerte de su hija e hijos, y la estigmatización que el general ALEJANDRO NAVAS hace de las Organizaciones de derechos humanos acompañantes y representantes de las víctimas.
Como representantes judiciales del señor JOSÉ ALVARO TORRES, enérgicamente rectificamos la información que se ha venido suministrando por los medios masivos de comunicación, sobre la reunión de "perdón" sostenida el pasado jueves 04 de noviembre, entre el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, padre de la niña y los niños asesinados en la vereda El Temblador del municipio de Tame (Arauca) y Comandantes de la Octava División y Brigada XVIII del Ejército Nacional en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.
Si bien dicha reunión se realizó a puerta cerrada, ésta se hizo sin el consentimiento previo e informado del señor TORRES, quien acudió a las instalaciones del I.C.B.F de manera ingenua, en el entendido de que la reunión trataría sobre las diligencias que venía adelantando con el ICBF a fin de garantizar condiciones de dignidad para él y sus hijos, debido a su actual situación de desplazamiento forzado.
El señor TORRES nos ha manifestado, a las organizaciones de Derechos Humanos que le acompañamos, que el Ejército Nacional en ningún momento le manifestó solicitud de perdón por los execrables crímenes cometidos por uno o varios de sus miembros, sino que la actitud de los miembros del Ejército Nacional buscaba que el señor JOSE ALVARO TORRES diera su consentimiento para grabar una entrevista en la cual accediera a conceder el perdón al ejército nacional y luego ser presentados a los medios de comunicación masivos. Situación que quedó en evidencia cuando el señor Torres solicitó a la Fiscalía General de la Nación su intervención ante la comandancia del Ejército Nacional para que cesaran las continuas y reiteradas llamadas telefónicas que le hicieran el día viernes 5 de noviembre, con el fin de que manifestara a los medios la aceptación del perdón.
Respecto a esta tragedia que le ocurrió al señor JOSE ALVARO TORRES y a su familia exigimos que sean las investigaciones penales y disciplinarias las que hagan justicia y revelen no sólo a él y a su familia, sino a la comunidad nacional e internacional, quiénes son los responsables del abuso sexual y homicidio de su hija y de sus dos hijos, qué sucedió en estos hechos, se dé un castigo ejemplar no sólo a quienes cometieron dichos crímenes, sino a quienes tenían el mando y el control efectivo sobre la tropa.
Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de los directores de las regionales en el departamento de Arauca, para que cumplan con los deberes que constitucional y legalmente tienen en materia de prevención, protección y defensa de los derechos humanos, con preferencia y prevalencia de los derechos de los niños y las niñas. Así mismo, para que adopten una posición de respeto de la dignidad de las víctimas y no sólo enderecen su acción a buscar el acercamiento entre las víctimas - el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, así como con las y los familiares de la otra niña víctima de abuso sexual- insistiendo en que se debe procurar una conciliación, cuando dichos crímenes no tienen vocación de conciliación y sus funciones constitucionales son las de velar por los intereses superiores de los niños y niñas.
Ante semejante tragedia que conmovió a toda la sociedad cualquier persona pensaría que los familiares de las víctimas, estarían recibiendo una atención digna e integral por parte del estado y sus instituciones, pero la realidad no es así, don ALVARO y su familia están viviendo en condiciones indignas en la casa de un familiar, donde los pocos enseres que le han entregado son producto de colectas realizadas por algunos funcionarios; por ejemplo, el ventilador se lo regaló un periodista, la estufa una recolecta que hicieron unos funcionarios públicos, las camas de segunda y en mal estado, las donó otra institución etc.
Humanidad Vigente Corporación jurídica y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos capitulo Arauca, DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS las irresponsables e intimidantes afirmaciones del comandante del Ejército Nacional ALEJANDRO NAVAS, en la entrevista realizada para el Diario El Tiempo, el día, 07 de noviembre de 2010, en las que estigmatiza la labor que hemos venido realizando organizaciones defensoras de derechos humanos reconocidas en el departamento de Arauca y a nivel nacional e internacional, al decir que "organizaciones extrañas se han apoderado de él -refiriéndose al señor JOSÉ ÁLVARO TORRES – para desorientarlo y formular estas denuncias, que no hacen cuando asesinan y maltratan a miles de niños. Qué mejor oportunidad que esta para enlodar el nombre del Ejército".
Le recordamos al Comandante del Ejército Nacional y a la opinión pública nacional e internacional que quienes han enlodado el nombre de dicha institución han sido sus mismos miembros que estando en servicio activo han convertido el crimen y la violación de derechos en una práctica sistemática y generalizada a lo largo y ancho del país, tal como lo demuestra los graves casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido de público conocimiento.
Consideramos que las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por integrantes del Ejército Nacional, en este caso, no deben ser calificadas como simples fallas institucionales, y que la responsabilidad de un crimen tan atroz como el de esta niña y niños, se quiera mostrar que es obra de una sola persona, de una "manzana podrida" como es usual que lo hagan los altos mandos militares en los graves casos de violaciones de derechos humanos en los que se ha visto comprometida la Fuerza Pública, y que han sido denunciados y conocidos públicamente.
Las fallas institucionales que han sido referidas por el ente militar, se presentaron a partir de la no atención a las denuncias y solicitudes que las comunidades de la vereda Caño Camame y El Temblador realizaron por el caso de abuso sexual presentado en el sector, así como por no haber atendido la solicitud de apoyo ante la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los niños TORRES JAIMES; cuestiones que generan responsabilidad a la luz del derecho penal colombiano (artículo 25 de la Ley 599 de 2000)1, tal como lo establece el artículo 161 del Código Penal que habla sobre la omisión de medidas de protección a la población civil, en ocasión y en desarrollo de conflicto armado y el artículo 417 sobre abuso de autoridad por omisión de denuncia.
En el marco de las disposiciones vinculantes para el Estado colombiano del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del Estatuto penal internacional, las omisiones en el mando y control efectivo sobre las tropas, también generan responsabilidad en materia penal, disciplinaria y administrativa, a los superiores de las mismas, respecto de crímenes cometidos por sus subordinados.
Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de los directores de las regionales en el departamento de Arauca, para que cumplan con los deberes que constitucional y legalmente tienen en materia de prevención, protección y defensa de los derechos humanos, con preferencia y prevalencia de los derechos de los niños y las niñas. Así mismo, para que adopten una posición de respeto de la dignidad de las víctimas y no sólo enderecen su acción a buscar el acercamiento entre las víctimas - el señor JOSÉ ÁLVARO TORRES, así como con las y los familiares de la otra niña víctima de abuso sexual- insistiendo en que se debe procurar una conciliación, cuando dichos crímenes no tienen vocación de conciliación y sus funciones constitucionales son las de velar por los intereses superiores de los niños y niñas.
Ante semejante tragedia que conmovió a toda la sociedad cualquier persona pensaría que los familiares de las víctimas, estarían recibiendo una atención digna e integral por parte del estado y sus instituciones, pero la realidad no es así, don ALVARO y su familia están viviendo en condiciones indignas en la casa de un familiar, donde los pocos enseres que le han entregado son producto de colectas realizadas por algunos funcionarios; por ejemplo, el ventilador se lo regaló un periodista, la estufa una recolecta que hicieron unos funcionarios públicos, las camas de segunda y en mal estado, las donó otra institución etc.
Humanidad Vigente Corporación jurídica y el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos capitulo Arauca, DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS las irresponsables e intimidantes afirmaciones del comandante del Ejército Nacional ALEJANDRO NAVAS, en la entrevista realizada para el Diario El Tiempo, el día, 07 de noviembre de 2010, en las que estigmatiza la labor que hemos venido realizando organizaciones defensoras de derechos humanos reconocidas en el departamento de Arauca y a nivel nacional e internacional, al decir que "organizaciones extrañas se han apoderado de él -refiriéndose al señor JOSÉ ÁLVARO TORRES – para desorientarlo y formular estas denuncias, que no hacen cuando asesinan y maltratan a miles de niños. Qué mejor oportunidad que esta para enlodar el nombre del Ejército".
Le recordamos al Comandante del Ejército Nacional y a la opinión pública nacional e internacional que quienes han enlodado el nombre de dicha institución han sido sus mismos miembros que estando en servicio activo han convertido el crimen y la violación de derechos en una práctica sistemática y generalizada a lo largo y ancho del país, tal como lo demuestra los graves casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido de público conocimiento.
Consideramos que las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por integrantes del Ejército Nacional, en este caso, no deben ser calificadas como simples fallas institucionales, y que la responsabilidad de un crimen tan atroz como el de esta niña y niños, se quiera mostrar que es obra de una sola persona, de una "manzana podrida" como es usual que lo hagan los altos mandos militares en los graves casos de violaciones de derechos humanos en los que se ha visto comprometida la Fuerza Pública, y que han sido denunciados y conocidos públicamente.
Las fallas institucionales que han sido referidas por el ente militar, se presentaron a partir de la no atención a las denuncias y solicitudes que las comunidades de la vereda Caño Camame y El Temblador realizaron por el caso de abuso sexual presentado en el sector, así como por no haber atendido la solicitud de apoyo ante la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los niños TORRES JAIMES; cuestiones que generan responsabilidad a la luz del derecho penal colombiano (artículo 25 de la Ley 599 de 2000)1, tal como lo establece el artículo 161 del Código Penal que habla sobre la omisión de medidas de protección a la población civil, en ocasión y en desarrollo de conflicto armado y el artículo 417 sobre abuso de autoridad por omisión de denuncia.
En el marco de las disposiciones vinculantes para el Estado colombiano del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del Estatuto penal internacional, las omisiones en el mando y control efectivo sobre las tropas, también generan responsabilidad en materia penal, disciplinaria y administrativa, a los superiores de las mismas, respecto de crímenes cometidos por sus subordinados.
Alertamos sobre la intimidación, insultos, largos interrogatorios, empadronamientos o censos ilegales, que vienen realizando la fuerza pública (ejército y policía), en las comunidades de las veredas cercanas donde ocurrió la masacre (veredas la Holanda y la Esperanza), que puede conllevar a que potenciales víctimas y testigos abandonen la zona o se muestren renuentes a acudir ante las autoridades para esclarecer los crímenes.
Dejamos claro ante la opinión pública regional, nacional e internacional que la labor de acompañamiento que le hemos venido realizando al señor JOSE ALVARO TORRES y su familia, se realiza en el marco de las acciones de defensa de derechos humanos que estamos exigiendo ante las diferentes autoridades del orden local, nacional e internacional, y en nuestra condición de representantes judiciales. No somos "organizaciones extrañas", sino organizaciones defensoras de la vida, la dignidad, los derechos humanos y de los derechos de las víctimas a la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN INTEGRAL.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:
1. A la Fiscalía General de la Nación para que en el marco de la investigación que se adelanta, sean llamados por su responsabilidad por su conducta omisiva en los presentes hechos, a los miembros del Ejército Nacional destituidos el pasado martes 2 de noviembre de 2010, puesto que conforme a los preceptos que son vinculantes para Colombia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos; y, en especial del derecho penal internacional.
2. Que en su función constitucional y legal adelante la investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de las responsabilidades penales a que haya lugar, y no se cese en su labor de consecución de la verdad real en estos atroces crímenes por la vinculación de un solo supuesto autor material e intelectual.
3. A la Procuraduría que radique la competencia de las investigaciones disciplinarias adelantadas en el marco del presente caso en la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos que es la competente para adelantar las pesquisas conducentes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los militares implicados en el caso.
4. A los diferentes organismos del Sistema de Naciones Unidas para que se pronuncien sobre las acciones de intimidación que autoridades civiles y militares del orden local y nacional vienen haciendo sobre los familiares de estos dos casos y que comprometen su integridad emocional y su seguridad, así como sobre la legítima labor que las organizaciones sociales y de derechos humanos venimos haciendo en aras de esclarecer los hechos y acompañar en la reivindicación de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
5. A Acción Social, Bienestar Familiar, a la Gobernación de Arauca y al Alcalde de Tame, que asuman su deber constitucional y legal de brindar condiciones de subsistencia digna y de manera integral al señor JOSE ALVARO y su familia. No se trata de asistencialismo de caridad, sino de una obligación del Estado cuya responsabilidad está comprometida en este grave crimen.
6. A todas las instituciones que tiene la responsabilidad constitucional de proteger la vida, la seguridad, el buen nombre y la libertad de las personas, les exigimos verdaderas medidas de protección para la familia Torres, para los testigos y que cesen los hostigamientos, mal trato y empadronamientos a las comunidades de las veredas cercanas a donde ocurrió la horrible masacre de los niños (la Holanda y la Esperanza).
7. A los medios de comunicación del orden nacional e internacional para que se siga informando con objetividad siempre respetando la dignidad de las víctimas, la memoria de las niñas y niños violados y asesinados y se presente la información de manera mucho más objetivamente y veraz.
Corporacion Juridica Humanidad Vigente
(Fuentes: Prensa Latina, ACIN y Oiga Hermano)
Dejamos claro ante la opinión pública regional, nacional e internacional que la labor de acompañamiento que le hemos venido realizando al señor JOSE ALVARO TORRES y su familia, se realiza en el marco de las acciones de defensa de derechos humanos que estamos exigiendo ante las diferentes autoridades del orden local, nacional e internacional, y en nuestra condición de representantes judiciales. No somos "organizaciones extrañas", sino organizaciones defensoras de la vida, la dignidad, los derechos humanos y de los derechos de las víctimas a la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN INTEGRAL.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:
1. A la Fiscalía General de la Nación para que en el marco de la investigación que se adelanta, sean llamados por su responsabilidad por su conducta omisiva en los presentes hechos, a los miembros del Ejército Nacional destituidos el pasado martes 2 de noviembre de 2010, puesto que conforme a los preceptos que son vinculantes para Colombia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos; y, en especial del derecho penal internacional.
2. Que en su función constitucional y legal adelante la investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de las responsabilidades penales a que haya lugar, y no se cese en su labor de consecución de la verdad real en estos atroces crímenes por la vinculación de un solo supuesto autor material e intelectual.
3. A la Procuraduría que radique la competencia de las investigaciones disciplinarias adelantadas en el marco del presente caso en la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos que es la competente para adelantar las pesquisas conducentes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los militares implicados en el caso.
4. A los diferentes organismos del Sistema de Naciones Unidas para que se pronuncien sobre las acciones de intimidación que autoridades civiles y militares del orden local y nacional vienen haciendo sobre los familiares de estos dos casos y que comprometen su integridad emocional y su seguridad, así como sobre la legítima labor que las organizaciones sociales y de derechos humanos venimos haciendo en aras de esclarecer los hechos y acompañar en la reivindicación de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
5. A Acción Social, Bienestar Familiar, a la Gobernación de Arauca y al Alcalde de Tame, que asuman su deber constitucional y legal de brindar condiciones de subsistencia digna y de manera integral al señor JOSE ALVARO y su familia. No se trata de asistencialismo de caridad, sino de una obligación del Estado cuya responsabilidad está comprometida en este grave crimen.
6. A todas las instituciones que tiene la responsabilidad constitucional de proteger la vida, la seguridad, el buen nombre y la libertad de las personas, les exigimos verdaderas medidas de protección para la familia Torres, para los testigos y que cesen los hostigamientos, mal trato y empadronamientos a las comunidades de las veredas cercanas a donde ocurrió la horrible masacre de los niños (la Holanda y la Esperanza).
7. A los medios de comunicación del orden nacional e internacional para que se siga informando con objetividad siempre respetando la dignidad de las víctimas, la memoria de las niñas y niños violados y asesinados y se presente la información de manera mucho más objetivamente y veraz.
Corporacion Juridica Humanidad Vigente
(Fuentes: Prensa Latina, ACIN y Oiga Hermano)
idas, generando una cadena de protección a todos los asistentes a la misma. Se le hará seguimiento a todas las denuncias presentadas en la audiencia, desde la Comisión de Paz del Senado bajo la responsabilidad de la Senadora de Gloria Inés Ramírez.
