Once desaparecidos y cuarenta y tres heridos es el saldo de un ataque efectuado el domingo por hacendados y peones a indios guaraníes y una misión del gobierno, por un conflicto de tierras en el Este de Bolivia, según un informe oficial. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que “vimos armas de fuego con uso intimidatorio (...) hay 11 personas desaparecidas”, y señaló que hubo 43 heridos, en declaraciones a la prensa desde Camiri, a 1,200 km al sudeste de La Paz.
Los incidentes se registraron el domingo en la comarca de Cuevo, al sur de Camiri, donde brigadas civiles del Instituto Nacional de Tierras (Inra) e indígenas guaraníes pretendían sanear los límites de las propiedades privadas y comunales y fueron atacados por terratenientes y peones con piedras y palos. El viceministro de Tierras aclaró que “no hubo enfrentamiento, ha habido una agresión sañuda, extremadamente violenta, de ganaderos y grupos de choque contra indígenas guaraníes”.
De acuerdo con el informe proporcionado por la Asamblea del Pueblo Guaraní hay 34 heridos leves y nueve heridos graves, entre ellos se encuentra el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, quien tiene una herida seria en la cabeza. Dos indígenas guaraníes tienen las piernas fracturadas porque derribaron la motocicleta en la que viajaban. El abogado guaraní Ramiro Valle fue golpeado brutalmente y está internado en la sanidad de Batallón de Cuevo.
De las once personas que fueron reportados como desaparecidas hasta el medio día del lunes ya aparecieron cinco, entre ellos el camarógrafo argentino Fernando Cola. Aún permanecen desaparecidas seis personas miembros de las comunidades indígenas de la región. El viceministro Almaraz preguntó a los hacendados y a los políticos que desmienten a decenas de investigaciones internacionales, “¿por qué no nos dejan realizar un trabajo legal y por qué no dejan ingresar a nadie a Alto Parapetí? ¿Cuál es su temor? ¿Por qué no nos dejan ver si hay o no peones reducidos a la servidumbre en Alto Parapetí?”.
La Cruz Roja informó que desde el sábado sus ambulancias no pueden entrar a Itacuatía para atender a dos niños enfermos, uno con meningitis y otro con fiebre alta. Permanecen en esta zona 200 indígenas sin poder salir, rodeados por los grupos de choque armados de los hacendados.
Los terratenientes contra la reforma agraria
Los terratenientes de la zona se oponen a la legalización de tierras indígenas en la región del Chaco, una extensa zona de 127,755 km2, colindante con el Paraguay y Brasil, donde viven unas 300,000 personas, de las cuales un 27% son indígenas que piden tierras propias.
Esta emboscada constituye el episodio más grave de la resistencia iniciada hace algunas semanas por hacendados y ganaderos de la provincia Cordillera con el objetivo de impedir el saneamiento de sus haciendas y la titulación de una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor del pueblo guaraní en Alto Parapetí.
A fines de febrero, los terratenientes echaron a funcionarios del INRA de Camiri, atacaron con armas de fuego a una comisión oficial, y secuestraron al viceministro Almaraz y al director del INRA. En marzo, la patronal local y sus empleados de la Subprefectura y de la Alcaldía desplegaron una intensa campaña de desinformación y sabotaje del saneamiento. En los primeros días de abril, las máximas autoridades nuevamente fueron emboscadas por grupos de choque movilizados por terratenientes, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz.
A fines de febrero, los terratenientes echaron a funcionarios del INRA de Camiri, atacaron con armas de fuego a una comisión oficial, y secuestraron al viceministro Almaraz y al director del INRA. En marzo, la patronal local y sus empleados de la Subprefectura y de la Alcaldía desplegaron una intensa campaña de desinformación y sabotaje del saneamiento. En los primeros días de abril, las máximas autoridades nuevamente fueron emboscadas por grupos de choque movilizados por terratenientes, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz.
Campesinos en régimen de semi-esclavitud
La resistencia de los ganaderos del Gran Chaco al ingreso a esa región de una misión oficial de saneamiento de tierras reveló la situación de servidumbre en la que viven unas 2.500 familias indígenas de origen guaraní en el sureste de Bolivia. El conflicto, que paraliza desde el viernes las comunicaciones viales de Bolivia con Argentina y Paraguay por el departamento de Tarija, gira en torno a un grupo que reclama tierras de la nación guaraní, que habita en el Chaco boliviano desde hace 400 años. La región del Chaco, situada en parte de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, tres de los departamentos ricos rebeldes, tiene una extensión de 127.755 kilómetros cuadrados y una población de 300.000 habitantes, de los cuales un 20 por ciento pertenece al pueblo guaraní. El gobierno busca entregar a los guaraníes algo más de 53.700 hectáreas en esa región en la que se encuentran también importantes yacimientos de hidrocarburos. A raíz del conflicto, el capitán de la asamblea del pueblo guaraní en Tarija, Wilson Changaray, reiteró ayer una vieja denuncia sobre la situación de semi-esclavitud en la que viven unas 2.500 familias en al menos 40 haciendas de esa región. Según Changaray, los patrones "imponen su ley" para obligar a esa gente, mediante un sistema de "contratos verbales de relación laboral", a vivir "en condiciones de explotación, sometimiento y maltrato".
Agrarios en armas contra el gobierno de Evo
Por Pablo Stefanoni (*)
Un patrón "gringo" llamado Ronald Larsen, comunidades guaraníes cautivas y grupos de choque armados que impiden el ingreso de funcionarios gubernamentales a la hacienda. La saga que transcurre en la región de Alto Parapetí, en el departamento de Santa Cruz, podría ser el guión de una película sobre las condiciones de explotación en el campo del siglo XIX, pero sin embargo es parte de la realidad boliviana del siglo XXI. Según una denuncia de la Asamblea del Pueblo Guaraní, trece terratenientes mantienen en condiciones de semiesclavitud a 167 familias en esta región del Chaco cruceño, de las cuales doce se encontrarían en la hacienda del estadounidense Larsen.
En una suerte de feudalismo moderno, los guaraníes sobreviven trabajando la tierra del patrón, pagados en especies o míseros jornales, sin educación y endeudados al estilo de los quebrachales de La Forestal argentina. Aunque la mayoría de las haciendas ha "regularizado" la situación laboral de los indígenas, sus ingresos rondan los 15 bolivianos (2 dólares) diarios, más la ración de coca y algún potaje llamado almuerzo. Ahora, los predios que no cumplen con una función económica y social serán revertidos al Estado y entregados a las comunidades indígenas.
Los guaraníes reclaman 157.000 hectáreas bajo la figura de la "tierra comunitaria de origen", prevista por la legislación agraria. Pero esto es tomado por los propietarios como una declaración de guerra. El 28 de febrero pasado, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, fue secuestrado por los ganaderos que dispararon armas de fuego contra los neumáticos de su camioneta y ahora es impedido por la fuerza su ingreso a la hacienda de Larsen. El hotel donde se aloja la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero, en Camiri, fue cercado por hacendados y activistas de la Unión Juvenil Cruceñista para forzar su expulsión de la zona. "Esto les va a durar sólo unos días más porque desde el 4 de mayo ya no estarán ustedes", dijo uno de los propietarios en alusión al estatuto autonómico que se plebiscitará ese día y otorga al gobernador la potestad de manejar la política de tierras sin injerencia del gobierno central. Ayer, los ganaderos se aprestaban a bloquear la ruta que conduce a la frontera con Argentina. "Vivimos un alzamiento terrateniente contra el estado de derecho y la democracia", dice el director nacional de Tierras Cliver Rocha. Y un relevo del Instituto Nacional de Reforma Agraria cuantificó en 57.000 hectáreas la superficie de tierra en manos de la familia Larsen.
"De pequeño fui a la escuela, pero la patrona me sacó para ir a cuidar a los cerdos", cuenta Zoilo Peñaranda en un video contra el trabajo servil. Fidelina Corrales, otra guaraní, asegura que es hora de que se cumpla la sentencia de la Ita Kuatía -piedra marcada- dejada por sus ancestros analfabetos como único "título de propiedad" sobre estas tierras. Pero los hacendados amenazan: "Si la gente sigue así con nosotros buscaremos la forma de mecanizarnos", dice Chiqui Chávez con tono de frustración.
(*)Pablo Stefanoni es corresponsal en La Paz de los diarios Il Manifesto (Roma) y Clarín (Buenos Aires), en los que fue publicado este reportaje el pasado12 abril.
(Fuentes AFP, Bolpress, Red Erbol, ANSA-Latina y SinPermiso)
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