Argentina:Protesta agraria

No confundir campesinos con terratenientes

Adolfo Pérez Esquivel(*)
Alai-amlatina

El paro agrario en la Argentina desde hace más de 15 días, es utilizado por sectores golpistas para desestabilizar al gobierno y seguir explotando al pueblo con total impunidad.Las retenciones que el gobierno impone a las exportaciones tienen diversas lecturas y contradicciones que han confundido, y generado que los sectores del campo coincidan en la protesta. Es necesario diferenciar si están juntos y revueltos para desestabilizar al gobierno, o tienen la suficiente claridad para diferenciarse en la lucha y reclamos. Hay que diferenciar y saber si están juntos, pero no revueltos y hasta dónde llega estar juntos sin quemarse.Recuerdo esa pequeña historia que dice: “El ladrón corre hacia el Este y el policía corre hacia el Este. Los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes”.

Los productores agropecuarios nunca tuvieron tantas ganancias como en los últimos años, beneficiándose por la política de cambio y las exportaciones de soja y girasol. Los indicadores son elocuentes y concretos. Sin embargo es necesario hacer un análisis de los costos que esa actividad tiene para el país, su rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Las grandes corporaciones agropecuarias, las transnacionales han destruido, y quemado miles de hectáreas de bosques, apropiándose de grandes extensiones de tierra para plantar soja transgénica. Utilizan agroquímicos altamente contaminantes sin importarles las consecuencias para el medio ambiente y vida de los pobladores.Por otra parte, las contradicciones del gobierno no son pocas, pero hay que reconocer que ha dado algunos pasos importantes hacia la recuperación económica y eso es positivo.

El saqueo a que fue sometido el país durante la crisis de 2001 fue un golpe de Estado económico, sacando al exterior los capitales y llevando al cierre de fábricas, desabastecimiento, aumento del desempleo y pobreza, provocado por capitales financieros y el sistema bancario, que buscaron el vaciamiento del país sin importarles las consecuencias sociales.Sectores de la llamada “clase media, acomodada” salieron estos días en “apoyo al campo” con la cacerola de acero inoxidable y cucharita de plata a apoyar el paro agrario.La falta de memoria, a muchos les ha jugado una mala pasada.

Se olvidaron que la clase media acomodada siempre creyó estar a salvo de la debacle del país. La realidad les demostró que el capital financiero no tiene amigos, tiene intereses y que también fueron víctimas del vaciamiento económico y muchos perdieron sus recursos y ahorros depositados en los bancos. Es necesario hacer memoria y saber porqué hoy nadie se hace responsable de esa situación y lamentablemente la impunidad continúa.

El gobierno tiene que asumir que se equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría, y muchos con serias dificultades en su producción y con sus campos hipotecados; se equivocó al juzgarlos con la misma vara con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza.Reitero, estamos frente al cuento del ladrón y el policía, en que los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes.

La presidenta Cristina Fernández Kirchner pidió que levanten el paro para dialogar y encontrar una salida al conflicto. Es una medida prudente que los productores rurales no pueden dejar pasar. El diálogo es el camino para encontrar soluciones.El gobierno no puede volver a equivocarse y tiene que diferenciar al campesino de los terratenientes.

No hay que permitir ni dejarse arrastrar por los golpistas para que se enfrenten trabajadores contra trabajadoresHay veces en la vida que la enseñanza es dura, pero se aprende. Los campesinos luchan por sus derechos y resisten en la esperanza para alcanzar a vivir con dignidad y recuperar la soberanía nacional, hoy amenazada por los grandes intereses económicos que se niegan a re-distribuir la riqueza.

El gobierno debe tener políticas claras y coherentes entre el decir y el hacer. Hoy están vendiendo el territorio nacional, devastando sus riquezas y empobreciendo al pueblo. Las retenciones son necesarias, no sólo al agro, a las empresas mineras, a las petroleras, para ello es necesario políticas públicas para evitar la explotación irracional y recuperar la soberanía perdida.

Las retenciones deben dirigirse correctamente para construir el país que queremos.Queda un largo camino a recorrer que es necesario asumir entre todos y todas.-

(*)Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz.

No confundir el campo con los campesinos
por Ricardo Natalichio (*)

El conflicto que se vive en Argentina por la rebelión de los productores rurales y que ha sido reproducido en medios de comunicación de todo el mundo, requiere de un análisis profundo. En este país el campo y los campesinos desde hace unos cuantos años no son la misma cosa. Abordaremos el caso de Argentina, pero este es un modelo que se reproduce, en mayor o menor medida, en toda América Latina.
Desde la década del '90, con la presidencia de Carlos Menem, se comenzaron a producir grandes cambios en el sector agropecuario. La sojización del campo, trajo aparejada una fuerte concentración de las tierras más fértiles en manos de los llamados pool de siembra y su consiguiente éxodo de mano de obra excedente hacia las grandes ciudades.
Cientos de miles de familias de campesinos se fueron viendo forzados a abandonar el campo presionados por un nuevo modelo de agricultura, que no necesita agricultores. Los pequeños productores fueron siendo sistemáticamente fagocitados por los pool de siembra y hoy la Argentina toda, es una inmensa plantación de soja, que ya ocupa casi el 70% de la superficie total sembrada.
Desde el gobierno se plantea que la suba en las retenciones a la soja, está pensada como estrategia para desalentar el incremento de este cultivo a lo largo y a lo ancho del país, ya que los extraordinarios precios internacionales obtenidos por el monocultivo de la soja, desalientan la producción de otras siembras como el trigo, el maíz y otros productos agrícolas necesarios para abastecer al mercado interno.

Por otra parte, no olvidemos que los monocultivos incentivan el uso de fertilizantes y agroquímicos altamente contaminantes. Que producen desertificación, contaminación del agua y pérdida de biodiversidad.
Estamos de acuerdo con que las retenciones, así como están planteadas, concentran la riqueza en Buenos Aires. Pero la solución a esto pasa por que el gobierno debe incrementar el gasto nacional en aquellas regiones que lo necesiten, alentando la diversificación de cultivos y apoyando la creación, financiación y el trabajo de las PyMEs y los campesinos, que son los mayores creadores de empleo y productores de alimentos.

Se ha instalado desde los medios de comunicación la falsa premisa de que el campo es el que alimenta y financia al país. Esto es una doble falacia, en todo caso los que proveen de alimentos al país son los campesinos, ya que el campo sólo produce soja para exportar. Y financieramente, los ingresos que genera el campo para el país provienen de las retenciones, que son el motivo de su protesta.
El verdadero problema de fondo es la concentración de la tenencia de la tierra, pero esto por ahora ni se debate. Los alimentos no pueden ser objeto de ganancias ilimitadas. La Biodiversidad es una riqueza de los pueblos y la tenencia de la tierra, debe estar en sus manos.

El futuro de los campesinos, la sustentabilidad de la tierra, la contaminación del agua, la pérdida de diversidad biológica, la desertificación, la soberanía alimentaria; no dependen del porcentaje de las retenciones, sino de un modelo de país.

(*) Artículo publicado en Ambiente y Sociedad, nº 337, 27 de marzo de 2008
http://www.ecoportal.net/

(Fuentes: Vientos del Sur y Mientras Tanto)

Argentina:Protesta agraria

EL GOBIERNO ANUNCIA MEDIDAS QUE FAVORECEN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAMPESINOS. LOS AGROEXPORTADORES SIGUEN ADELANTE CON EL PARO PATRONAL Y EL DESABASTECIMIENTO SE AGRAVA EN LAS CIUDADES Y LLEGA AL INTERIOR

El gobierno argentino anunció ayer medidas de compensación y fomento a los pequeños y medianos productores, en un intento por fracturar el lockout patronal agrícola que comenzó hace 19 días, aunque ratificó la aplicación de retenciones móviles, que desataron las medidas de fuerza del sector agropecuario.

La presidenta, Cristina Fernández, pidió que se levanten los bloqueos de rutas que están provocando desabastecimiento de alimentos y paralizando industrias por falta de insumos. No obstante, los productores agropecuarios rechazaron rápidamente la propuesta porque "no cambia en esencia las razones que originaron el conflicto". En una conferencia de prensa inmediatamente después de los anuncios gubernamentales, los representantes de las cuatro entidades del agro anticiparon que las medidas son "insuficientes".

"Siéntanse como parte de un país y no como propietarios", pidió Cristina Fernández a los propietarios rurales, en un mensaje que intentó, una vez más, destrabar el conflicto.

El gobierno argentino efectuó sus anuncios en un acto desde la Casa de Gobierno con la presencia de los ministros , diputados, senadores y la mayoría de los gobernadores aliados del gobierno federal. Previo a los anuncios oficiales, el gobierno canceló las negociaciones con las cuatro organizaciones patronales del campo ante la continuidad de los cortes de ruta, que la Gendarmería Nacional desalojó en algunas zonas del país, entre forcejeos e incidentes menores. Portavoces del gobierno dejaron trascender que se aplicará la "Ley de Abastecimiento" si prosigue el lockout patronal.

Las medidas anunciadas

El ministro de Economía, Martín Lousteau, dijo que a los productores agrarios se les reintegrará automáticamente el incremento de los tributos, de modo que "volverán a estar en la misma situación que antes". Añadió que los agricultores de las provincias del norte argentino recibirán un descuento del 50% en el costo diferencial del flete cuando deban transportar sus productos en trayectos largos. Lousteau anunció, además, la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, un viejo reclamo del campo, que se encargará de mejorar la situación de los pequeños y medianos productores.
Estas medidas beneficiarán a 62.500 productores, el 80 por ciento del total de 84.000 hay en Argentina El resto pagará el aumento de los impuestos a las exportaciones de granos.

Por su parte, la presidenta Fernández dijo: "Nuestra obligación como gobernantes es tomar decisiones que le vuelvan a dar equilibrio a la sociedad. Sin embargo, nos hubiera gustado debatir estas medidas con las organizaciones rurales (en protesta)".
"En nombre de los argentinos les pido una vez más que, por favor, dejen transitar a los camiones y que se piensen como parte de un país, no como propietarios de él", exigió.

La patronal agraria, rechaza con cautela

Las principales organizaciones movilizadas reaccionaron a las medidas del gobierno con una mezcla de rechazo y cautela. "El plan no ha sido lo suficientemente generoso porque no contempla, por ejemplo, el aumento de los insumos que debe afrontar el productor", dice Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). "No se modifica la esencia del conflicto, lo que el gobierno aún no entiende es que los impuestos a las exportaciones siguen siendo altos, del 35%. Por eso, seguimos preocupados", añade.
Los medianos y pequeños productores del interior del país se han quejado de que los tributos reducen significativamente su ya limitada rentabilidad y no reciben ayuda estatal a cambio de sus contribuciones.
Sin embargo, Buzzi aclaró: "Queremos terminar con el conflicto esta semana. Vamos a consultar con nuestra organizaciones para ver si el paro se acaba el miércoles, hasta cuando lo convocamos en nuestra última reunión, o continúa".
Añadió que los productores que bloquean carreteras dejarán pasar a camiones que transporten alimentos , salvo los que son objeto del boicot: carne y granos.
El paro agrario, que consiste en 400 cortes de rutas en toda Argentina y la suspensión de la comercialización de productos, ha agravado el desabastecimiento de frutas, verduras, leche y carne.
En los mercados mayoristas ha entrado algo de mercancía, pero no la suficiente para distribuir a los comercios. Y la poca que hay, ha llegado con un aumento de precios vinculado a la escasez.
En el mayor mercado de hacienda de Argentina, situado en Buenos Aires, los corrales amanecieron vacíos el lunes..En cuanto a las frutas y verduras, Fabián Zeta, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (Comafru) en el Mercado Central (la otra gran plaza mayorista del país), advirtió: "Los vegetales alcanzan sólo para el día. Hoy entraron muchos menos productos que lo habitual. Además, el 30% llegaron en mal estado porque los camiones estuvieron varados y hubo que desecharlos".
Se calcula que durante la protesta se han perdido alimentos por un valor cercano a los 800 millones de dólares.

El desabastecimiento llega al interior

Desde Catamarca, aseguran que “no hay carne porque no llegan animales en pie”. Por su parte, en Entre Ríos afirman que “la situación se ha desbordado”, situación que se repite en San Juan.

En la provincia de Catamarca, el empresario del Frigorífico "Natilla", Víctor Natilla, dijo que "en Catamarca no hay carne porque no llegan animales en pie". "No se hace ninguna operación de compraventa de ganado. Por lo que es muy grave la situación", con pérdidas significativas y los empleados están en tareas de mantenimiento para asegurarles horas de trabajo.
Omar Chiarello, presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia e integrante de la Federación del Cítrus de Entre Ríos, considera que la situación "se ha desbordado" y advierte que si el boicot al transporte se mantiene tres días más, el sector citrícola deberá descartar 6.000 pallets en cámaras frigoríficas, lo que tiene un valor económico que alcanza los cinco o seis millones de dólares. "A eso se suma -añade- la falta de contratos a nivel internacional, la pérdida de las embarcaciones para exportación y la fruta que quedará en planta debido a la imposibilidad de cosecharla, como así también muchos operarios que quedarán fuera del circuito laboral".

Por su parte el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adan Bahl, expresa preocupación por "el gran desabastecimiento en las góndolas de los supermercados y otros comercios de la provincia". El funcionario dice que la falta de mercancías "impulsa un mecanismo de inflación y la ruptura de la cadena de comercialización, que también afecta la cadena de pagos".

De la misma manera el desabastecimiento de algunos alimentos básicos, se nota también los comercios de la ciudad de San Juan y sus zonas aledañas. Ana María López de Herrera, titular de Defensa del Consumidor de San Juan, dice que "se esta empezando a notar (el desabastecimiento) en toda la provincia".

Desde el Matadero Municipal, se informa que se ha mermado mucho la actividad. Se sacrifican sólo unas 120 cabezas de ganado diarias de la hacienda local, que es un merma del 45 % de las reses que se faenan normalmente.

Raúl Avila, del Sindicato de Empleados de Comercio, dice que ante la falta de algunos productos en los supermercados, "les están recortando las horas extras a los empleados". Una empresa que tiene en esta provincia una planta productora de galletitas decidió suspender la semana pasada a 550 operarios , argumentando falta de materia prima a causa del paro agrario, según el Sindicato de la Alimentación.

Lo que está detrás del paro agrario argentino
Por Guillermo Almeyra, SinPermiso.info


Argentina es un país altamente urbanizado, pero que depende esencialmente de la exportación de materias primas rurales. De ahí la posibilidad, para quienes controlan el mercado de carne, de soya y de cereales, de amenazar con hambrear a las ciudades y paralizar las exportaciones, chantajeando política y económicamente al gobierno nacional y anulando, de hecho, por la fuerza, tanto la voluntad popular, expresada deformadamente en los resultados electorales, como los planes y políticas nacionales de las autoridades. El llamado paro rural –en realidad, el lock-out de los empresarios del campo– es una expresión cruda de la lucha por el poder entre dos fracciones capitalistas, como lo indica el apoyo de las cámaras de industriales al gobierno en su enfrentamiento con la oligarquía ganadera-soyera-exportadora organizada en la Sociedad Rural (entidad que promovió y respaldó todas las dictaduras en el país) y las otras organizaciones del campo que, a pesar de sus diferencias hasta de clase con ésta, la respaldan en este enfrentamiento con el gobierno.
Recapitulemos: casi 80 por ciento de la tierra agrícola argentina está sembrado hoy con soya, que en la última cosecha rindió más de 48 millones de toneladas, que se cotizan hoy en 151 dólares la tonelada (en los dos últimos días subió cuatro dólares) para la primera semana de abril. Haga las cuentas y tenga en consideración que casi 60 por ciento de ese mercado está en manos de los grandes soyeros (en realidad, de cuatro trasnacionales, dos de ellas argentinas). La soya, que se paga mucho más que otras commodities, “se come” por consiguiente la producción de cereales para alimentos y el pan sube, por lo tanto; y “se come” la ganadería, con lo cual escasea la carne, que sube de precio. Además, el monopolio soyero fija altos precios para el aceite y otros subproductos y ese monocultivo expulsa decenas de miles de familias campesinas.

Los expertos agregan que la soya destruirá los suelos argentinos en 15 años. Pero ese promedio quiere decir que las excelentes tierras pampeanas durarán más y en cambio los suelos frágiles de las provincias marginales desaparecerán antes: la soyización equivale en efecto a la desertificación, al desmonte, a la contaminación de las aguas y de la tierra, a la desaparición de bacterias y especies animales útiles, y la fumigación aérea envenena ya a los campesinos y los pueblos cercanos, mientras los demás productos del campo sufren el impacto de esta competencia.
La política del gobierno, por su parte, consiste en estimular la industria y en sostener el empleo (construcción, servicios, desarrollo industrial) sobre la base de bajos salarios reales (para permitir grandes ganancias a los empresarios e inversionistas) y de un dólar caro, para abaratar las exportaciones argentinas, incluso industriales, y frenar las importaciones.

Ojo: los soyeros y otros grandes sectores rurales también invierten en la construcción, en el boom inmobiliario y en la industria y ganan enormemente gracias a la política monetaria que les permite exportar. No se pueden quejar pero disputan el poder al sector que privilegia a la industria y que debe subsidiar el consumo de alimento y los servicios (sobre todo, el transporte) de los sectores más pobres (casi todos urbanos) de la población nacional para mantener bajos los salarios reales y que, por lo tanto, cobra impuestos a los más ricos (la llamada “retención” de una parte de las ganancias logradas por los soyeros es en realidad un impuesto). Dichos impuestos, en Europa, llegan a 40 por ciento del producto interno bruto y en Argentina están muy por debajo de esa cifra. Además, la tasa de ganancia europea, en las finanzas, es 5 por ciento, y en la industria, 10 por ciento, mientras que en Argentina la misma se quintuplica, de modo que quienes, como el diario La Nación, hablan de “confiscación” o “expropiación” son demagogos sin escrúpulos.

El gobierno no sólo respeta la propiedad capitalista sino que la defiende y mantiene al aceptar sin crítica alguna el actual modelo y al no intentar siquiera aplicarles a los exportadores un régimen similar al implantado en el primer gobierno de Perón (1946-1952) mediante el Instituto Argentino Promotor del Intercambio, que monopolizaba el comercio exterior de productos agrarios y, con la diferencia entre los precios internacionales y los internos, hacía escuelas, obras públicas, promovía el desarrollo en las provincias y la industrialización.
El gobierno acepta de buen grado que cuatro empresas trasnacionales se queden hoy con ese enorme excedente y se limita a tratar de ponerles un impuesto moderado sin intervenir en el campo, ni siquiera como los hacían los gobiernos conservadores hace 70 años, creando juntas reguladoras. Para él, el libre mercado es sagrado y el interlocutor no son los trabajadores sino la Unión de Industriales, no son los trigueros sino los grandes harineros, no son los campesinos sino las organizaciones de la patronal rural, no son los consumidores sino los supermercados.

No hay pues conflicto entre clases opuestas sino un conflicto intercapitalista en el que los rurales tienen en rehenes a los pobladores urbanos al fabricar una gran carestía de alimentos y un aumento de precios de los mismos para arrojar a los sectores urbanos empobrecidos contra el gobierno. El hecho de que las cuatro trasnacionales que controlan el mercado sojero y la Sociedad Rural hayan podido arrastrar en su lock-out a los pequeños y medianos empresarios agrarios (no así a los campesinos) y la utilización política del conflicto por la derecha y por los medios, debe ser analizado aparte.

Argentina: las retenciones no son el problema
Por Claudio Lozano (*)

El campo argentino actual poco tiene que ver con el que teníamos hace 20 años. Se ha impuesto un modelo de alta concentración y dependencia tecnológica asentado en una matriz productiva que abandonó la perspectiva de una producción centrada en el desarrollo de alimentos de gran cantidad y calidad. Y se consolida la producción de forraje barato (pasto–soja) para vender a China, India y a la Unión Europea, subsidiando la industrialización de estos países y paralizando la nuestra. Este proceso se hace a costa de debilitar la ganadería, la producción láctea, la porcina, frutal, ovina, hortícola y otras producciones regionales. Este modelo sojero, además de romper la soberanía alimentaria de la Argentina, destruye puestos de trabajo y debilita a los pequeños y medianos productores ya que mientras la soja genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas, la economía familiar crea 35 puestos de trabajo cada 100 hectáreas. Situación que se empalma con el hecho de que la soja demanda más de 500 hectáreas para que una unidad productiva sea viable y autosuficiente.

Es en este contexto de debilitamiento de los trabajadores del campo (el 70% está en negro) y de debilitamiento de la pequeña producción rural que debe inscribirse el conflicto actual. Se expresa en él la bronca acumulada de los pequeños y medianos productores (los que efectivamente sostienen los cortes) frente a un gobierno que jamás reconoció su situación y que hace gala de un discurso perverso (incluso dice querer "desojizar" el campo), cuando en función de la construcción de su caja fiscal fue hasta hoy socio pasivo del "boom sojero" por la vía de las retenciones. Tiene sentido la aplicación de retenciones en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario que reoriente el destino del campo en función de profundizar la agregación de valor, generar empleo, repoblar el país y aumentar el número de productores.

Profundizar el uso de las retenciones sin plan produce lo que hoy estamos viviendo. Conduce a que los productores más débiles vivan como única alternativa la mejora del precio internacional y perciban a las retenciones como una creciente confiscación. La política irresponsable del Gobierno de contentarse con su socio del boom sojero ha terminado emblocando a los pequeños y medianos productores en el cuestionamiento a las retenciones junto a los beneficiarios y promotores del lamentable modelo sojero adoptado por la Argentina.

Las retenciones no son el problema. Aun con ellas, las utilidades por hectárea crecen, ya que los precios internacionales crecieron más. Menos aún son un problema las retenciones móviles (suben o bajan según se comporten los precios internacionales) y que discriminan en contra de la soja y en favor del maíz y el trigo. Las retenciones son necesarias porque permiten captar la ganancia diferencial que surge como resultado de la suba de los precios internacionales (no del esfuerzo del productor) y posibilitan diferenciar entre precios internos e internacionales. No obstante, tienen el límite de ser un instrumento único que opera sobre una cadena de producción y comercialización donde priman las diferencias y las heterogeneidades. Diferencias que exigen más instrumentos y nuevas herramientas (Junta de Carnes, de Granos, de Producciones regionales, etc). Por ende, sólo son sustentables en base a un plan que replantee el uso y tenencia de la tierra haciendo consistente el desarrollo del sector agropecuario con las necesidades del conjunto de los argentinos.
(*)Claudio Lozano es dirigente del sindicato argentino CTA y Diputado de la Mesa Nacional. Este artículo se publicó en el diario Página 12 el pasado 27 de marzo

(Fuentes:ANSA-Latina, BBC-Mundo, TELAM, SinPermiso y Página12)

Argentina: Protestas Agrarias

LA REBELIÓN DE LOS AGROEXPORTADORES DIVIDE A LA SOCIEDAD ARGENTINA. LAS MADRES DE MAYO CONVOCAN UNA MARCHA DE APOYO AL GOBIERNO. LA CENTRAL SINDICAL C.T.A. SE OPONE AL PARO PATRONAL, PERO ADVIERTE A LA PRESIDENTA

El gobierno argentino reitera que no retrocederá en la aplicación del impuesto a las exportaciones de granos y amenaza con desalojar por la fuerza los cortes de ruta, en el pulso que mantiene con las cuatro organizaciones rurales, que inician ya el décimoquinto día de lock out patronal. El conflicto comenzó a extenderse a sectores que se suman a los ruralistas, como miles de personas que salieron a la calle el martes por la noche a hacer sonar cacerolas, y otros que lo hicieron a favor del gobierno, y que prevén una concentración el jueves. El paro es contra la decisión del gobierno de aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y girasol hasta el 45%.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, afirmó que "no hay ningún elemento que haya modificado la decisión del gobierno de no dar marcha atrás en el tema de las retenciones", pese al clima de tensión que atraviesa el país. Un proyecto de ley para derogar el incremento de las retenciones fue presentado por diputados del partido UCR de los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, la Coalición Cívica de la ex candidata presidencial Elisa Carrió y el PRO del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el derechista Mauricio Macri. En el mismo proyecto se propone conformar una "mesa de diálogo" para delinear "una política de mediano y largo plazo en materia agropecuaria".

Se radicaliza el conflicto y Cristina rechaza "extorsiones"

Miles de personas marcharon en Buenos Aires a favor del sector agroexportador.
Las organizaciones del sector anunciaron que continuarán su protesta por tiempo indeterminado, con la suspensión de la comercialización de productos y bloqueos de carreteras en todo el país.
"Continuaremos con la huelga hasta que sea necesario", dijo en rueda de prensa Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), que agrupa a medianos y pequeños productores.

La intensificación de la protesta se produjo luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, endureciera su postura frente a los productores. "No me voy a someter a ninguna extorsión" Y añadió que el campo argentino , "el sector de mayor rentabilidad desde el 2001", está realizando "piquetes de la abundancia".
Después de estas palabras, los movilizados no sólo confirmaron el paro agrario por tiempo indeterminado, sino que además hubo movilizaciones en todo el país.
Mientras numerosos agricultores protestaban en el interior, miles de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo y el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, contra el gobierno.

Desabastecimiento, un arma de doble filo

La falta de productos comienza a notarse en los supermercados.En algunos barrios de clase media y alta de Buenos Aires se organizaron cacerolazos y bocinazos de consumidores cansados de la escasez de productos por lo que consideran la "inflexibilidad" de la presidenta Fernández.
En algunos comercios se ven letreros con explicaciones: "Informamos que los faltantes en algunos productos vinculados a la producción del campo se deben al problema de público conocimiento respecto del abastecimiento de los mismos".

El campo ha sido el motor del crecimiento económico de Argentina tras la profunda crisis de 2001 y es actualmente el tercer productor mundial de soja y uno de los mayores exportadores de carne del planeta.

El paro agrario divide a la sociedad

Decenas de bloqueos de rutas provocaban ayer miércoles el desabastecimiento. Los productores agropecuarios en rebeldía mantenían los cortes y actos de protesta en un centenar de rutas del centro-este de Argentina, donde el cultivo de soja ocupa más de la mitad de las 30 millones de hectáreas de superficie sembrada con granos. El ministerio de Defensa ordenó el miércoles al Ejército enviar ganado vacuno a los frigoríficos, para suplir los faltantes de carne, uno de los principales productos de la dieta de los argentinos, que consumen un promedio de unos 74 kilos anuales per cápita.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, artífice de un incremento tributario a las exportaciones de soja que desató la ira de los agricultores, calificó de irresponsables los huelguistas, y dijo que las protestas en Buenos Aires "fueron montadas por dirigentes que no están ideológicamente de acuerdo con el gobierno".
Lousteau dijo que el paro agrario "linda con lo antidemocrático", agregó que el gobierno garantizará el abastecimiento, y llamó a los productores a la cordura, tras ratificar el alza de impuestos a las exportaciones sojeras.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió a su vez que no permitirá los bloqueos carreteros y que enviará a la cárcel a los agricultores que los lleven adelante.
"Si no se mueven de las rutas, los moveremos nosotros. Quien no entienda esas razones irá preso. Se buscará la vuelta para liberar los caminos y permitir que los artículos lleguen a los lugares de consumo" para evitar el desabastecimiento, dijo Fernández .

La principal líder de la oposición, la dirigente social cristiana, Elisa Carrió, señaló que "las movilizaciones en las ciudades fueron una respuesta de unidad, de solidaridad con el campo" y acusó al Gobierno de "buscar la división de la sociedad entre peronismo y antiperonismo".
Carrió, de la Coalición Cívica, se puso al frente de la protesta agraria, y convocó a marchas callejeras en apoyo al campo, que movilizaron a la clase media de los barrios acomodados de Buenos Aires, un distrito históricamente hostil al peronismo y gobernado por el alcalde derechista Mauricio Macri.
Un enfrentamiento entre activistas opositores y grupos de 'piqueteros' (pobres y desocupados) favorables a Kirchner que expulsaron a los primeros de la histórica Plaza de Mayo, dejó la noche del martes un saldo de al menos dos heridos leves.

Madres de Mayo, con el gobierno

La presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a movilizarse a Plaza de Mayo este jueves para respaldar al gobierno y dijo que el paro del campo, que lleva dos semanas, lo hacen "los mismos que dieron el golpe cívico-militar de 1976". "Estamos viviendo un momento muy difícil porque los que hoy protestan por las retenciones son los mismos que golpearon las puertas de los cuarteles, los mismos que dieron el golpe cívico- militar de 1976", afirmó. Sostuvo que se trata de "los mismos que se enriquecieron con la dictadura, que cambiaron el sistema económico porque no les venía bien a los ricos, a los dueños de la tierra, a las multinacionales, a Estados Unidos. Ese modelo que vino de la mano de (el ex ministro Economía de la dictadura José) Martínez de Hoz, para aplicarse hizo desaparecer a todos los que se oponían y que eran más de treinta mil. Los hombres y mujeres decididos a dar la vida por este pueblo". Además, criticó a la dirigente opositora Elisa Carrió, por su apoyo activo a la rebelión agraria.

CTA, apoyo crítico a las retenciones

La central sindical independiente CTA expresó su apoyo al impuesto a las exportaciones "como mecanismos redistributivo de la riqueza", pero advirtió que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene "una deuda pendiente" con los pequeños y medianos productores rurales. Con ese impuesto (retenciones) el gobierno "captura una parte de las extraordinarias ganancias de los sectores concentrados del capital agropecuario, representados por la Sociedad Rural y CRA", afirmó la CTA en un comunicado. La entidad sindical es integrante de la Coordinadora de Centrales Sindical del Cono Sur junto con la CUT de Brasil y la CNT-PIT de Uruguay. La central sindical argentina advirtió que ese sistema de retenciones es insuficiente "sin la reconstrucción de organismos de regulación e intervención estatal, como por ejemplo Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes". La CTA también expresó su demanda al gobierno para que adopte políticas que "protejan a los pequeños productores, a las familias agricultoras y a los trabajadores rurales".

Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero(MOCASE) integrante de la Vía Campesina, expresó su rechazo a las protestas y pidió al Gobierno que aplique lo recaudado en una reforma agraria. En un comunicado el MOCASE Vía Campesina sostiene que "miles y miles de familias campesinas" no dan su representatividad ni a la Federación Agraria ni a Confederaciones Rurales Argentinas.
Deolinda Carrizo, dirigente del Movimiento Campesino añadió que están de acuerdo con las retenciones a la exportación pero que lo recaudado debe destinarse a una reforma agraria. Sostuvo además que el paro es "de los sojeros", que son los mismos que "envenenan la tierra" con fumigaciones.
El MOCASE expresa en su comunicado que la renta de hectáreas para la producción de soja en la Argentina ha crecido de manera descomunal, provocando el achicamiento del periodo laboral y la perdía de numerosas fuentes de trabajo. Es que muchos campesinos decidieron alquilar sus campos a multinacionales sojeras porque de esa manera ganan más de lo que podrían conseguir corriendo con los riesgos de la producción.
Según el MOCASE "sólo por arrendar 300 hectáreas el propietario recibe un ingreso parásito (sin invertir ni arriesgar un solo peso) de 180 mil dólares por ciclo sojero".
El comunicado explica "la necesidad casi imperiosa para la economía nacional, de apropiarse de esa renta suntuaria e ilegítima en beneficio de la nación".
Pero se pregunta "qué hará el gobierno con esa renta" y sostiene que debe ser empleada en la aplicación de una profunda reforma agraria.

Cristina le echa nafta al fuego

Por Daniel Cadabón- ARGENPRESS.info

La rebelión, que los chacareros argentinos vienen llevando adelante en todo el país, se ha constituido en un fuerte elemento de crisis que marca la situación política nacional. El paro agrario, acompañado por puebladas masivas que conmueven al interior del país, se ha transformado en un mojón que plantea, a esta altura, una discusión sobre el problema de la tierra y sus relaciones de propiedad, donde se involucren los sectores más dinámicos de la política argentina y del pensamiento social. Nadie puede pasar en medio de un conflicto de semejante envergadura sosteniéndose en un “disculpe, yo de esto no fumo”.

La movilización de los productores del campo, ha colocado en una crisis descomunal al gobierno de Cristina-Kirchner, la cual deberá recurrir a algún tipo de conjuro especial para encontrarle un posible retorno a una situación que aparece enormemente entramada. En principio, los pequeños y medianos productores, que han ocupado las rutas con sus masivos piquetes, le exigen una rendición sin condiciones al gobierno Nacional, en su intención de aumentar las retenciones a la exportación de granos. Pero, la cuestión agraria que se desenvuelve detrás de este reclamo supera por mucho el problema de las retenciones. Cristina-Kirchner no puede dar marcha atrás con la medida adoptada, en medio de una rebelión nacional, sin terminar pagando un altísimo costo político y sin demostrarle al conjunto de una sociedad, que asiste expectante a la resolución de esta pulseada, que la solidez de su gobierno se desvanece en el aire.....(Leer todo el artículo)

(Fuentes: ANSA-Latina, BBC-Mundo, AFP, Agencia PÚLSAR-FM La Tribu-Buenos Aires y ArgenPress)

Perú: Agitación social

REPRIMIDAS A BALAZOS LAS PROTESTAS CAMPESINAS CONTRA LA 'LEY DE LA SELVA', QUE PRETENDE PRIVATIZAR LAS TIERRAS COMUNALES DEL AMAZONAS

Los agricultores peruanos de la región amazónica cumplieron el lunes y el martes un paro en rechazo a la denominada "Ley de la Selva". El desalojo policial a un bloqueo en la localidad de Pichanaki (Junín) terminó con cinco agricultores heridos de bala. La medida de fuerza manifiesta el rechazo a la ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería" y la decisión de defender el patrimonio amazónico, el medio ambiente y las comunidades nativas.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone autorizar la venta a perpetuidad de tierras amazónicas sin cubierta boscosa con capacidad de uso forestal.
La propuesta contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
La huelga fue ampliamente acatada por campesinos de distintas localidades de la amazonía peruana con manifestaciones y bloqueos de carreteras. El paro macroregional fue convocado por la denominada Primera Cumbre Amazónica, que reunió a representantes campesinos de las regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y Pasco.

Seis heridos en total

El director del hospital de apoyo de la ciudad de Pichanaki, Gabriel La Torre, informó a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que cinco de los heridos sufrieron lesiones de bala, pero que su situación es estable. Estos cinco heridos fueron identificados por RPP como agricultores, mientras que el sexto es un suboficial de la policía peruana que sufrió golpes en la cabeza.

Los campesinos se enfrentaron con la policía en un puente de Pichanaki, que había sido bloqueado por los manifestantes para hacer efectiva una huelga de 48 horas convocada por organizaciones de agricultores en rechazo a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería.

Durante los violentos enfrentamientos, un camión de la policía fue quemado por los manifestantes.

Los agricultores de Pichanaki se oponen a la denominada 'ley de la selva' que, en su opinión, busca poner en venta la selva amazónica. Luis Camacho Cristina, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo, una de las organizaciones que convocó al paro, advirtió, que si el Gobierno insiste en aprobar la norma, 15.000 ronderos (guardianes civiles) de la selva central defenderán con sus armas las tierras y los bosques forestales.'De ser necesario, los ronderos asháninkas que luchamos contra el terrorismo y derrotamos a Sendero Luminoso, nos levantaremos e iremos hasta Lima para exigir a (el presidente Alan) García la derogación de todas estas normas', remarcó.

El ministro del Interior, Luis Alva, declaró a los periodistas que ya se había restablecido el orden en la región y que todo 'está bajo control'.'Tengo entendido que hay algunos heridos, no de gravedad, que están siendo tratados', agregó Alva. El ministro dijo que Perú necesita que sus regiones 'presenten escenarios de paz y tranquilidad, que garanticen las inversiones y el libre tránsito de las personas para desarrollar sus actividades'.

Loreto también rechaza "Ley de la Selva"

La población del departamento de Loreto rechazó en forma abrumadora durante la consulta popular de febrero último el proyecto de la llamada "Ley de la Selva" que propone la venta de tierras forestales sin cobertura boscosa. El presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Alto Amazonas, Fernando Fernández, aseguró que el 99 por ciento de la población de Loreto rechazó el proyecto de ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", denominada "Ley de la Selva", en la consulta del 24 de febrero.
El proyecto de ley debe ser analizado por el Parlamento y contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
El presidente del Movimiento Ecológico "Alternativa Verde", Alex Gonzáles, expresó que el presidente de Perú, Alan García "ha cedido al tema del medio ambiente por el compromiso asumido con Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC)"

El Gobierno peruano, preocupado

El primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, garantizó al 'cien por cien' la seguridad durante las cumbres de América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que acogerá Lima este año, pese a las incesantes amenazas de protestas.

En una reunión con la prensa extranjera en Lima, Del Castillo minimizó el impacto del anuncio de los gremios agrarios, sindicatos y asociaciones civiles de proseguir con las movilizaciones y se limitó a tildar a estos grupos de 'ollantistas y comunistas despistados'.Con 'ollantistas despistados' se refirió a los seguidores del líder opositor Ollanta Humala, quién si bien perdió las elecciones presidenciales de 2006 sus partidarios se hicieron con varios gobiernos regionales en el sur andino, la zona más pobre de Perú.

Los últimos paros de febrero se saldaron con la muerte de cuatro campesinos y con la decisión del Gobierno de retirar a la turística ciudad de Cuzco como sede de una cita de ministros de APEC, prevista para abril, como consecuencia de los disturbios.

Del Castillo volvió a decir ayer que las muertes no fueron causadas por la policía, de acuerdo a un informe médico al que hizo referencia, y aclaró que la decisión de excluir a Cuzco de APEC fue una 'medida preventiva'.'Hubiera sido una irresponsabilidad que un ministro de Turismo hubiera sido herido, que hubieran tomado el aeropuerto; eso mata al Cuzco como destino turístico', comentó, al insistir en que la situación está bajo control porque esa 'minoría recalcitrante ha sido aislada', en referencia a los convocantes de aquella protesta.

Del Castillo tuvo duras palabras para los convocantes de los paros: 'La CGTP (Confederación General de los Trabajadores del Perú) es un organismo del Partido Comunista Peruano. Tienen una orientación política clarísima, están buscando a ver con quién se asocian para encontrarse en el camino del conflicto'.Pero insistió en que 'el Gobierno es absolutamente tolerante con las movilizaciones. Cualquier organización, de cualquier color, que quiera hacer una movilización alterna a las cumbres, tiene el derecho a hacerlo, tiene que comunicarlo, conforme a la ley'.

Criticó también la huelga convocada por el Frente Patriótico de Loreto, en la Amazonía, había contra la 'Ley de la Selva' y minimizó también la huelga que la CGTP podría convocar para una fecha aún desconocida. Esta última protesta se uniría a otras que se han venido desarrollando en Perú contra otra ley que permite la inversión privada en zonas adyacentes a yacimientos arqueológicos e históricos, así como a las protagonizadas por los agricultores, maestros e indígenas.

La Ley de la selva para vender la Amazonía
Por Luis Vittor, Rebelión

La expresión “ley de la selva” hace referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el país. El Ejecutivo ha propuesto al parlamento un proyecto de ley para promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las tierras de la amazonía. Diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa al que han denominado la “ley de la selva”, suponemos por la intención del gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva. Hace un trimestre atrás, el presidente Alan García lanzó su propuesta de poner en valor todos los recursos naturales que no utilizamos para superar, lo que él llama, la filosofía del “perro del hortelano”. García planteó que debía ponerse en valor la amazonía que tiene 63 millones de hectáreas en las que podría hacerse forestación maderera sobre 8 millones de hectáreas, para lo cual proponía la necesidad de su privatización que asegure la inversión y genere empleo. Aunque existe una ley de promoción de la inversión privada en la reforestación y agroforestería por el cual se puede entregar en concesión las tierras de la amazonía, García insiste en la propuesta de otorgar en propiedad las tierras. Cuando García difundió sus ideas, un proyecto de ley que proponía sustituir el “régimen de concesión” vigente por el de “venta”, presentado a finales del 2006, se encontraba en agenda del Congreso de la República. La legislación vigente (Ley 28852) establece que “el Estado podrá adjudicar en concesión mediante subasta pública, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas de su dominio” por un plazo de 60 años, con compromiso de inversión y que no excedan las diez mil hectáreas.

La propuesta del Ejecutivo plantea sustituir la concesión por el régimen de venta, adjudicación en propiedad y perpetuidad, con compromiso de inversión y mediante subasta pública, las tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas con capacidad de uso forestal de dominio del Estado. Además, propone ampliar hasta 40 mil hectáreas la extensión a adjudicarse. La iniciativa tiene dos dictámenes contradictorios, a favor del régimen de venta se ha pronunciado la Comisión Agraria, controlada por el oficialismo al momento de su debate (abril, 2007), y a favor de la vigencia del régimen de concesión lo ha hecho la Comisión de Economía (octubre, 2007). La Comisión Permanente del Congreso de la República no logró un consenso para su aprobación el pasado 23 de enero y ha propuesto reiniciar su debate el próximo miércoles 30.

El dictamen de la Comisión de Economía, a diferencia de la Agraria, recoge diversos puntos de vista en la que sustenta su posición de mantener vigente el régimen de concesión. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto, le expresó a la comisión que “al otorgarse derechos de propiedad se plantea un incentivo perverso que pondría en riesgo la situación del bosque natural y promovería su deforestación”; mientras que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) le manifestó que “el incentivo de otorgar propiedad puede ser contrario al deseado, existiendo el riesgo de que el Estado promueva la deforestación de los bosques primarios del país” y en el mismo sentido lo haría la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) al señalar que “otorgar la propiedad de los recursos forestales puede generar incentivos negativos que originen el aumento en la deforestación del bosque natural, que afecten la diversidad biológica”.

El dictamen añade que el proyecto de ley podría causar impactos ambientales negativos como la “introducción de especies exóticas de plantaciones homogéneas en el bosque amazónico”, que se caracteriza por su diversidad, y que podría generar problemas sociales por la inversión en grandes extensiones de tierras que afectarían a comunidades y desplazar personas, o que un solo grupo podría acaparar las tierras subastadas.

La Comisión de Economía considera que, también, podría generar incentivos perversos, pues se estaría otorgando un premio a quien deforeste para lograr nuevos cultivos forestales y concluye su análisis señalando que la alternativa de venta no resulta conveniente para garantizar el desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales.

El proyecto ha generado un debate en torno a los recursos naturales y sectores políticos del parlamento la consideran inconstitucional, ya que según la Constitución Política (Art. 66) los recursos naturales son patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y sólo pueden ser otorgados en concesión a particulares.

Además, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Art. 3) considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, e identifica como tal el suelo y las tierras que por su capacidad de uso mayor pueden mantener actividades forestales.

Según datos oficinales del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se estima en 9.7 millones de hectáreas las tierras por reforestar que podrían ser otorgadas en venta de aprobarse el proyecto de ley. A la fecha no se cuenta con un catastro de tierras deforestadas que señale cuales son y la ubicación exacta de las tierras a subastarse, lo que agrega la incertidumbre al debate sobre los posibles impactos de aprobarse la norma. Aún cuando se realice un catastro, llama la atención la norma pues ni en el caso del sector minería, donde se realizaron millonarias inversiones, se ha utilizado el incentivo de otorgar en propiedad las tierras superficiales para el acceso y extracción de un recurso del subsuelo.

Parece que esta vez la obsesión de García por la inversión esta llevando a exigir la aprobación de una iniciativa que supera todo el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales, vía concesión, establecido para otros sectores. De la selva, sus voces Tanto autoridades políticas y organizaciones sociales de la amazonía han manifestados su oposición al proyecto de ley.

El 24 de enero, en la ciudad de Iquitos, el Frente Patriótico de Loreto realizó una marcha de protesta en rechazo a la iniciativa del gobierno, ya que podría ser una de las regiones más afectadas de aprobarse el proyecto. El presidente regional de San Martín, César Villanueva, otra de las regiones afectadas, ha calificado la ley de inaceptable. Por su parte el congresista por Ucayali, Róger Nájar, ha manifestado que la oposición en el parlamento cerraría filas para impedir que se apruebe la norma. Se anuncia una reunión masiva de diversos sectores amazónicos para la quincena próxima de febrero en la selva central con la finalidad de analizar la iniciativa legal y definir estrategias para defender la amazonía.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, EFE y Rebelión)

Peru: Alan García

SE AGUDIZA LA REPRESIÓN

Por Hugo Blanco (*)

Hasta hace poco la represión en el Perú eran más leyes que acciones:
La legislación del APRA, partido de Alan García, con el apoyo fundamental de la ultraderechista Unidad Nacional, del partido de Fujimori quien está siendo juzgado por crímenes masivos y sin una oposición parlamentaria consecuente, se lanzó con toda su fuerza antipopular:
La ley ordena que el ejército cumpla funciones policiales, señala las acciones de protesta popular como delincuenciales y autoriza a los policías a matar impunemente.
La legislación está hecha para amedrentar al pueblo, quien naturalmente iba a protestar por la conducción del gobierno al servicio incondicional de las grandes empresas multinacionales y totalmente en contra de la población peruana y del medio ambiente.
Sin embargo, la reacción del pueblo fue vencer el miedo y lanzarse a la lucha, de las últimas movilizaciones, la más fuerte a nivel nacional fue la huelga campesina.
Los campesinos están siendo aplastados por el alza del costo de vida agravado por la miseria que reciben por sus productos, por la ausencia de crédito, por el alza de los precios de fertilizantes, etc.
El gobierno que habló mucho de su proyecto de “Sierra exportadora” lo que lleva a la práctica (con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que tienen subsidiada a su agricultura) es la política agraria de “Perú importador de productos agrarios”.
La huelga campesina fue confrontada con la aplicación de la legislación represiva: La policía disparó a la cabeza de los manifestantes, los cadáveres de las víctimas de la represión muestran dos o tres orificios de bala en la nuca, lo cual indica que los disparos vinieron de atrás. Contra la versión de la propia policía que reconoce que los muertos recibieron balazos, el Ministro del Interior, Luis Alva, responsable político de los asesinatos, dice, sin ninguna prueba, que los manifestantes fueron muertos por escopetas caseras y que en otros casos los manifestantes arrebataron armas a la policía para matarse entre ellos.
Sabemos que a pesar de que sus mentiras son flagrantes no ha de ser censurado, pues la mayoría de la cámara, de cualquier partido que sean los parlamentarios, está de acuerdo con que hay que hacer todo lo posible por defender a las grandes empresas multinacionales contra las protestas populares.
Son múltiples las agresiones dirigidas contra el pueblo, la fundamental es la defensa política, jurídica y policial de las empresas mineras multinacionales contra la población y la naturaleza peruanas.
Además el gobierno tiene un proyecto para arrebatar las tierras a las comunidades campesinas, está la llamada “ley de la selva” que privatiza la región amazónica sin respetar a las poblaciones que la habitan y que tendrá como consecuencia la depredación de la zona, quiere privatizar el agua, los puertos, arremete contra el magisterio, incumple promesas firmadas de aumento de sueldos para servidores públicos, inicia la privatización de nuestro patrimonio arqueológico, etc.
Frente a los reclamos por el alza del costo de vida, el gobierno a través de Mulder, Secretario General del Apra, responde que Chávez, el presidente venezolano, tiene la culpa del hambre en el Perú.
Criminalización de la protesta
La Fiscal de la Nación informó que denunció y pidió detener a 207 personas por el paro agrario y que en Huaura fueron sentenciadas 33 de ellas.
Se ha abierto proceso contra muchos otros luchadores sociales, entre ellos contra el coordinador de la Asamblea Regional del Cusco y el dirigente del Sindicato de Construcción Civil del Cusco por las paralizaciones y movilizaciones del pueblo del Cusco en defensa del patrimonio cultural. Por estas movilizaciones se le acusa al excandidato a la presidencia Ollanta Humala que nada tuvo que ver con ellas.
Hay muchos otros procesados por diferentes luchas a nivel nacional.
Lo último
Ahora nos encontramos con la sorpresa de que en Tumbes, fronterizo con Ecuador han sido apresados 7 presuntos terroristas que “preparaban acciones terroristas contra las cumbres que se han de realizar en el Perú (En mayo se reunirán jefes de Estado europeos y americanos en la Cumbre UE-América Latina y Caribe y en noviembre habrá una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)) y que tendrían relaciones con las Farc de Colombia y con el MRTA de Perú”.
¿Quiénes son estos terribles “terroristas”?
Gente que regresaba al Perú luego de haber asistido a una reunión pública en Quito que culminó con una marcha por las calles de la capital ecuatoriana, el “Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana”, llevado a cabo entre el 24 y el 28 de febrero con representación de delegaciones de varios países del continente, entre ellas las de Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana, así como también de las delegaciones europeas de Alemania, Italia y País Vasco.
Se nota claramente que es una orden de Bush acatada fielmente por Alan García, pues uno de los pedidos de la reunión es el reconocimiento de las FARC colombianas como fuerza beligerante para facilitar las conversaciones hacia la pacificación en Colombia, lo que no quiere decir necesariamente identificación ni contacto con las FARC.
Que sepamos en ningún otro país se ha apresado a los asistentes a dicha reunión acusándolos de “peligrosos terroristas”.
Solicitamos a la opinión pública nacional e internacional estar atenta a este incremento de la represión en el Perú y a manifestarse en todas las formas posibles en contra de ella y en solidaridad con las justas demandas de nuestro pueblo, víctima de la sumisión del régimen a las empresas multinacionales.

(*)Hugo Blanco, ex-diputado de la izquierda revolucionaria peruana, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO.