Por Hugo Blanco (*)
Hasta hace poco la represión en el Perú eran más leyes que acciones:
La legislación del APRA, partido de Alan García, con el apoyo fundamental de la ultraderechista Unidad Nacional, del partido de Fujimori quien está siendo juzgado por crímenes masivos y sin una oposición parlamentaria consecuente, se lanzó con toda su fuerza antipopular:
La ley ordena que el ejército cumpla funciones policiales, señala las acciones de protesta popular como delincuenciales y autoriza a los policías a matar impunemente.
La legislación está hecha para amedrentar al pueblo, quien naturalmente iba a protestar por la conducción del gobierno al servicio incondicional de las grandes empresas multinacionales y totalmente en contra de la población peruana y del medio ambiente.
Sin embargo, la reacción del pueblo fue vencer el miedo y lanzarse a la lucha, de las últimas movilizaciones, la más fuerte a nivel nacional fue la huelga campesina.
Los campesinos están siendo aplastados por el alza del costo de vida agravado por la miseria que reciben por sus productos, por la ausencia de crédito, por el alza de los precios de fertilizantes, etc.
El gobierno que habló mucho de su proyecto de “Sierra exportadora” lo que lleva a la práctica (con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que tienen subsidiada a su agricultura) es la política agraria de “Perú importador de productos agrarios”.
La huelga campesina fue confrontada con la aplicación de la legislación represiva: La policía disparó a la cabeza de los manifestantes, los cadáveres de las víctimas de la represión muestran dos o tres orificios de bala en la nuca, lo cual indica que los disparos vinieron de atrás. Contra la versión de la propia policía que reconoce que los muertos recibieron balazos, el Ministro del Interior, Luis Alva, responsable político de los asesinatos, dice, sin ninguna prueba, que los manifestantes fueron muertos por escopetas caseras y que en otros casos los manifestantes arrebataron armas a la policía para matarse entre ellos.
Sabemos que a pesar de que sus mentiras son flagrantes no ha de ser censurado, pues la mayorí
a de la cámara, de cualquier partido que sean los parlamentarios, está de acuerdo con que hay que hacer todo lo posible por defender a las grandes empresas multinacionales contra las protestas populares.
Son múltiples las agresiones dirigidas contra el pueblo, la fundamental es la defensa política, jurídica y policial de las empresas mineras multinacionales contra la población y la naturaleza peruanas.
Además el gobierno tiene un proyecto para arrebatar las tierras a las comunidades campesinas, está la llamada “ley de la selva” que privatiza la región amazónica sin respetar a las poblaciones que la habitan y que tendrá como consecuencia la depredación de la zona, quiere privatizar el agua, los puertos, arremete contra el magisterio, incumple promesas firmadas de aumento de sueldos para servidores públicos, inicia la privatización de nuestro patrimonio arqueológico, etc.
Frente a los reclamos por el alza del costo de vida, el gobierno a través de Mulder, Secretario General del Apra, responde que Chávez, el presidente venezolano, tiene la culpa del hambre en el Perú.
Criminalización de la protesta
La Fiscal de la Nación informó que denunció y pidió detener a 207 personas por el paro agrario y que en Huaura fueron sentenciadas 33 de ellas.
Se ha abierto proceso contra muchos otros luchadores sociales, entre ellos contra el coordinador de la Asamblea Regional del Cusco y el dirigente del Sindicato de Construcción Civil del Cusco por las paralizaciones y movilizaciones del pueblo del Cusco en defensa del patrimonio cultural. Por estas movilizaciones se le acusa al excandidato a la presidencia Ollanta Humala que nada tuvo que ver con ellas.
Hay muchos otros procesados por diferentes luchas a nivel nacional.
Lo último
Ahora nos encontramos con la sorpresa de que en Tumbes, fronterizo con Ecuador han sido apresados 7 presuntos terroristas que “preparaban acciones terroristas contra las cumbres que se han de realizar en el Perú (En mayo se reunirán jefes de Estado europeos y americanos en la Cumbre UE-América Latina y Caribe y en noviembre habrá una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)) y que tendrían relaciones con las Farc de Colombia y con el MRTA de Perú”.
¿Quiénes son estos terribles “terroristas”?
Gente que regresaba al Perú luego de haber asistido a una reunión pública en Quito que culminó con una marcha por las calles de la capital ecuatoriana, el “Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana”, llevado a cabo entre el 24 y el 28 de febrero con representación de delegaciones de varios países del continente, entre ellas las de Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana, así como también de las delegaciones europeas de Alemania, Italia y País Vasco.
Se nota claramente que es una orden de Bush acatada fielmente por Alan García, pues uno de los pedidos de la reunión es el reconocimiento de las FARC colombianas como fuerza beligerante para facilitar las conversaciones hacia la pacificación en Colombia, lo que no quiere decir necesariamente identificación ni contacto con las FARC.
Que sepamos en ningún otro país se ha apresado a los asistentes a dicha reunión acusándolos de “peligrosos terroristas”.
Solicitamos a la opinión pública nacional e internacional estar atenta a este incremento de la represión en el Perú y a manifestarse en todas las formas posibles en contra de ella y en solidaridad con las justas demandas de nuestro pueblo, víctima de la sumisión del régimen a las empresas multinacionales.
La legislación del APRA, partido de Alan García, con el apoyo fundamental de la ultraderechista Unidad Nacional, del partido de Fujimori quien está siendo juzgado por crímenes masivos y sin una oposición parlamentaria consecuente, se lanzó con toda su fuerza antipopular:
La ley ordena que el ejército cumpla funciones policiales, señala las acciones de protesta popular como delincuenciales y autoriza a los policías a matar impunemente.
La legislación está hecha para amedrentar al pueblo, quien naturalmente iba a protestar por la conducción del gobierno al servicio incondicional de las grandes empresas multinacionales y totalmente en contra de la población peruana y del medio ambiente.
Sin embargo, la reacción del pueblo fue vencer el miedo y lanzarse a la lucha, de las últimas movilizaciones, la más fuerte a nivel nacional fue la huelga campesina.
Los campesinos están siendo aplastados por el alza del costo de vida agravado por la miseria que reciben por sus productos, por la ausencia de crédito, por el alza de los precios de fertilizantes, etc.
El gobierno que habló mucho de su proyecto de “Sierra exportadora” lo que lleva a la práctica (con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que tienen subsidiada a su agricultura) es la política agraria de “Perú importador de productos agrarios”.
La huelga campesina fue confrontada con la aplicación de la legislación represiva: La policía disparó a la cabeza de los manifestantes, los cadáveres de las víctimas de la represión muestran dos o tres orificios de bala en la nuca, lo cual indica que los disparos vinieron de atrás. Contra la versión de la propia policía que reconoce que los muertos recibieron balazos, el Ministro del Interior, Luis Alva, responsable político de los asesinatos, dice, sin ninguna prueba, que los manifestantes fueron muertos por escopetas caseras y que en otros casos los manifestantes arrebataron armas a la policía para matarse entre ellos.
Sabemos que a pesar de que sus mentiras son flagrantes no ha de ser censurado, pues la mayorí
a de la cámara, de cualquier partido que sean los parlamentarios, está de acuerdo con que hay que hacer todo lo posible por defender a las grandes empresas multinacionales contra las protestas populares.Son múltiples las agresiones dirigidas contra el pueblo, la fundamental es la defensa política, jurídica y policial de las empresas mineras multinacionales contra la población y la naturaleza peruanas.
Además el gobierno tiene un proyecto para arrebatar las tierras a las comunidades campesinas, está la llamada “ley de la selva” que privatiza la región amazónica sin respetar a las poblaciones que la habitan y que tendrá como consecuencia la depredación de la zona, quiere privatizar el agua, los puertos, arremete contra el magisterio, incumple promesas firmadas de aumento de sueldos para servidores públicos, inicia la privatización de nuestro patrimonio arqueológico, etc.
Frente a los reclamos por el alza del costo de vida, el gobierno a través de Mulder, Secretario General del Apra, responde que Chávez, el presidente venezolano, tiene la culpa del hambre en el Perú.
Criminalización de la protesta
La Fiscal de la Nación informó que denunció y pidió detener a 207 personas por el paro agrario y que en Huaura fueron sentenciadas 33 de ellas.
Se ha abierto proceso contra muchos otros luchadores sociales, entre ellos contra el coordinador de la Asamblea Regional del Cusco y el dirigente del Sindicato de Construcción Civil del Cusco por las paralizaciones y movilizaciones del pueblo del Cusco en defensa del patrimonio cultural. Por estas movilizaciones se le acusa al excandidato a la presidencia Ollanta Humala que nada tuvo que ver con ellas.
Hay muchos otros procesados por diferentes luchas a nivel nacional.
Lo último
Ahora nos encontramos con la sorpresa de que en Tumbes, fronterizo con Ecuador han sido apresados 7 presuntos terroristas que “preparaban acciones terroristas contra las cumbres que se han de realizar en el Perú (En mayo se reunirán jefes de Estado europeos y americanos en la Cumbre UE-América Latina y Caribe y en noviembre habrá una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)) y que tendrían relaciones con las Farc de Colombia y con el MRTA de Perú”.
¿Quiénes son estos terribles “terroristas”?
Gente que regresaba al Perú luego de haber asistido a una reunión pública en Quito que culminó con una marcha por las calles de la capital ecuatoriana, el “Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana”, llevado a cabo entre el 24 y el 28 de febrero con representación de delegaciones de varios países del continente, entre ellas las de Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana, así como también de las delegaciones europeas de Alemania, Italia y País Vasco.
Se nota claramente que es una orden de Bush acatada fielmente por Alan García, pues uno de los pedidos de la reunión es el reconocimiento de las FARC colombianas como fuerza beligerante para facilitar las conversaciones hacia la pacificación en Colombia, lo que no quiere decir necesariamente identificación ni contacto con las FARC.
Que sepamos en ningún otro país se ha apresado a los asistentes a dicha reunión acusándolos de “peligrosos terroristas”.
Solicitamos a la opinión pública nacional e internacional estar atenta a este incremento de la represión en el Perú y a manifestarse en todas las formas posibles en contra de ella y en solidaridad con las justas demandas de nuestro pueblo, víctima de la sumisión del régimen a las empresas multinacionales.
(*)Hugo Blanco, ex-diputado de la izquierda revolucionaria peruana, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO.
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