El ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, afirma que "en los próximos días" podría ser liberada Ingrid Betancourt y otros rehenes en poder de las FARC. El ministro ecuatoriano se lo adelantó en exclusiva al enviado especial del canal argentino de noticias América 24. Larrea precisó que Betancourt podría ser liberada junto a "tres ciudadanos norteamericanos, cuatro policías, tres militares colombianos y un ecuatoriano". En la misma entrevista mencionó que hasta antes de la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en una ataque colombiano contra las FARC en territorio ecuatoriano, se negociaba la liberación de Betancourt para "el 14 de marzo". Francia conocía contactos de Ecuador con las FARC
Francia conocía los contacto spara liberar a doce rehenes, incluida Ingrid Betancourt, según declaración de la embajada francesa en Quito a la Agencia France Presse .
"La embajada francesa estaba al tanto de que Ecuador tenía contactos con las FARC para liberar a rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt", declaró el embajador de Francia en Quito, Didier Lopinot, a través de su agregado de prensa Nicolás Dumas.
El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, manifestó el miércoles que "las FARC nos habían comunicado su disposición a liberar a Ingrid Betancourt y a un grupo de secuestrados. Esa información la comunicamos inmediatamente a la embajada de Francia, y a través del embajador francés al presidente (Nicolas) Sarkozy".
"La embajada francesa estaba al tanto de que Ecuador tenía contactos con las FARC para liberar a rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt", declaró el embajador de Francia en Quito, Didier Lopinot, a través de su agregado de prensa Nicolás Dumas.
El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, manifestó el miércoles que "las FARC nos habían comunicado su disposición a liberar a Ingrid Betancourt y a un grupo de secuestrados. Esa información la comunicamos inmediatamente a la embajada de Francia, y a través del embajador francés al presidente (Nicolas) Sarkozy".
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantuvo ayer una entrevista en Caracas con Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla de las FARC desde 2002.
Correa llegó a Caracas en una corta visita, en el marco de su gira por varias capitales latinoamericanas para exponer su posición en la crisis con Colombia, y se reunió con el presidente venezolano, Hugo Chávez. Antes de emprender la gira, Correa dijo en Quito, que la operación militar de Colombia frustró las negociaciones para liberar a doce rehenes de esa guerrilla, entre ellos la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt. En una cadena de televisión, Correa indicó entonces que las negociaciones 'estaban bastante avanzadas para liberar en Ecuador a doce rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt'.'Ahora todo fue frustrado por las manos guerreristas y autoritarias', afirmó. En la misma intervención televisiva, el ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, quien admitió que había mantenido contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para buscar la entrega de los secuestrados, precisó que a Betancourt la podrían haber liberado en este mes. Ahora Larrea da a entender que las gestiones siguen y que un grupo de rehenes, Betancurt entre ellos, podrían ser liberados en unos días.
¿Diez mexicanos muertos?
En el ataque-invasión del Ejército colombiano contra las FARC en Ecuador resultó herida la mexicana Lucía Andrea Morett, lo que ya era conocido. Pero ahora el
Luego de que el ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, asegura que al menos 10 mexicanos podrían estar entre los muertos. Larrea dijo a periodistas en Quito que los fallecidos eran un grupo de alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de México, y que según esa casa de estudios, "vinieron a hacer una investigación sobre la única fuerza insurgente que pervive en Sudamérica hoy".
Larrea también informó que al menos cinco familias mexicanas se pusieron en contacto con las autoridades de Ecuador para saber si sus pariente estaban entre los fallecidos en el ataque.
Sin embargo, en México se aclaró que las autoridades ecuatorianas no tienen todavía ningún resultado de las autopsias que se les están practicando a los cadáveres.
En el ataque-invasión del Ejército colombiano contra las FARC en Ecuador resultó herida la mexicana Lucía Andrea Morett, lo que ya era conocido. Pero ahora elLuego de que el ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, asegura que al menos 10 mexicanos podrían estar entre los muertos. Larrea dijo a periodistas en Quito que los fallecidos eran un grupo de alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de México, y que según esa casa de estudios, "vinieron a hacer una investigación sobre la única fuerza insurgente que pervive en Sudamérica hoy".
Larrea también informó que al menos cinco familias mexicanas se pusieron en contacto con las autoridades de Ecuador para saber si sus pariente estaban entre los fallecidos en el ataque.
Sin embargo, en México se aclaró que las autoridades ecuatorianas no tienen todavía ningún resultado de las autopsias que se les están practicando a los cadáveres.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el personal diplomático colabora con las autoridades de Colombia y Ecuador para confirmar las posibles muertes de mexicanos en el ataque.
La noticia de las muertes de al menos dos mexicanos se dio a conocer en los periódicos La Jornada y Reforma, aunque el primero informaba sobre un fallecido, mientras que el segundo decía que habían sido dos.
En el ataque resultó herida la mexicana Lucía Andrea Morett, también estudiante de la UNAM. Entre las posibles víctimas de la agresión militar colombana, se cita a Juan González del Castillo, militante internacionalista . De acuerdo con La Jornada, Del Castillo se encontraba junto a la mexicana herida en el ataque y había viajado a Ecuador el pasado 31 de enero, un día antes del bombardeo, y pertenecía a la cátedra Libertador Simón Bolívar de la UNAM, en la que Morett Álvarez era coordinadora.
A través de una carta dirigida a los medios de comunicación, los padres de Lucía Andrea, de 27 años, aseguran que ella no es guerrillera y que viajó a Ecuador porque estaba realizando un trabajo de investigación.
"Nos sorprende sobremanera enterarnos del trato que en la mayoría de los medios se da a la información cuando se señala a Lucía Andrea como posible, o incluso, directamente, como guerrillera de las FARC, dadas las implicaciones que esa contundente afirmación conlleva", reza la carta.
En el ataque resultó herida la mexicana Lucía Andrea Morett, también estudiante de la UNAM. Entre las posibles víctimas de la agresión militar colombana, se cita a Juan González del Castillo, militante internacionalista . De acuerdo con La Jornada, Del Castillo se encontraba junto a la mexicana herida en el ataque y había viajado a Ecuador el pasado 31 de enero, un día antes del bombardeo, y pertenecía a la cátedra Libertador Simón Bolívar de la UNAM, en la que Morett Álvarez era coordinadora.
A través de una carta dirigida a los medios de comunicación, los padres de Lucía Andrea, de 27 años, aseguran que ella no es guerrillera y que viajó a Ecuador porque estaba realizando un trabajo de investigación.
"Nos sorprende sobremanera enterarnos del trato que en la mayoría de los medios se da a la información cuando se señala a Lucía Andrea como posible, o incluso, directamente, como guerrillera de las FARC, dadas las implicaciones que esa contundente afirmación conlleva", reza la carta.
Por su parte, la UNAM emitió ayer un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la salud de Lucía Andrea Morett Álvarez y por la posibilidad de que algún otro miembro de la comunidad universitaria "haya resultado afectado fatalmente por los sucesos del pasado 1 de marzo". En el comunicado, la institución expresa "su rechazo al uso de estereotipos que deforman la imagen de los universitarios y de nuestra institución. Estos señalamientos no son nuevos. Preocupa que, una vez más se intente, como hace más de cuatro años, involucrar a esta casa de estudios con grupos ajenos al quehacer universitario".
También informa que se han realizado gestiones ante el gobierno para que se garanticen cabalmente los derechos de la estudiante y su salud.
También informa que se han realizado gestiones ante el gobierno para que se garanticen cabalmente los derechos de la estudiante y su salud.
Nicaragua rompe con Colombia antes de la Cumbre del Grupo de Río
La crisis regional provocada por la agresión militar colombiana contra territorio de Ecuador, se profundizó con la ruptura de relaciones diplomáticas de Nicaragua con Colombia. La ruptura, fue anunciada en Managua por el presidente Daniel Ortega, junto a su par ecuatoriano, Rafael Correa. El anuncio en Managua coincidió con la advertencia lanzada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de que la crisis "no está resuelta", pese a la resolución que defendió la inviolabilidad de la soberanía de los estados. Ortega dijo que la ruptura responde a las acciones "terroristas" del gobierno de Alvaro Uribe, y porque a su entender no respeta un fallo internacional sobre un diferendo limítrofe. Correa agradeció "el gesto solidario" de Ortega y dijo que "no se trata de un asunto bilateral, sino que Colombia en su política es un peligro para todos los latinoamericanos". En tanto, el titular de la OEA aclaró que el diferendo entre Bogotá y Quito "no esta resuelto" y abogó para que los presidentes Uribe y Correa puedan reunirse en Santo Domingo, en la cumbre que celebra el fin de semana el Grupo de Río.El conflicto andino está en la agenda. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa instó al Grupo de Río a que condene a Colombia por la incursión .
El Grupo de Río está integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El Grupo de Río está integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Misión de la OEA visitará la zona de la agresión
Argentina, Bahamas, Brasil, Panamá y Perú integrarán la comisión de la Organización de Estados Amerianos (OEA) que visitará la zona ecuatoriana donde se produjo el ataque militar del ejército colombiano contra las FARC. La misión estará encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y embajadores de los cinco países que recorrerán el punto fronterizo donde se llevó a cabo el operativo militar que masacró a 22 personas, entre ellos al comandante guerrillero Raúl Reyes. “La misión del cuerpo será presentar fórmulas de acercamiento y elevar informes para la reunión de consultas de cancilleres, que tendrá lugar el 17 de marzo en la OEA”, expone el comunicado de la cancillería ecuatoriana. La OEA aprobó una resolución en la que consideró que la operación militar colombiana violó la soberanía ecuatoriana y dejó el caso en manos del grupo que reúne los jefes de la diplomacia. Además del secretario general y los embajadores designados, la comisión estará integrada por otros cuatro observadores.
Las Marchas contra los Crímenes de Estado reclaman también el Acuerdo Humanitario
Miles y miles de personas participaron ayer en las marchas multitudinarias contra la violencia de los grupos paramilitares y los crímenes de estado en Colombia. Las muchedumbres llenaron las principales calles de Bogotá y de otras 20 ciudades y poblaciones del país. A las manifestaciones también se sumaron plantones y concentraciones en respaldo de la iniciativa realizadas en España, Francia, Suiza, Alemania, México y Ecuador, entre otros países.
El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, de la coalición opositora Polo Democrático , vestido de camiseta blanca, acompañó la marcha y manifestó su alegría porque "la gente ha dado una muest
ra de tranquilidad y sobre todo de mucha convivencia y de mucha tolerancia", en la manifestación. La gran caminata de protesta se inició en la mañana con encuentros de los participantes en siete sitios de Bogotá, que confluyeron todos en la Plaza de Bolívar, en pleno corazón del poder del país, pues en sus alrededores están los edificios del Palacio de Justicia, el Congreso, la Alcaldía y Presidencia. La marcha fue convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)y no contó con el apoyo del gobierno ni de los partidos de su coalición, que justificaron su ausencia argumentando que en Colombia "no hay crímenes de estado". Numerosos representantes del oficialismo están acusados de nexos con los paramilitares.
ra de tranquilidad y sobre todo de mucha convivencia y de mucha tolerancia", en la manifestación. La gran caminata de protesta se inició en la mañana con encuentros de los participantes en siete sitios de Bogotá, que confluyeron todos en la Plaza de Bolívar, en pleno corazón del poder del país, pues en sus alrededores están los edificios del Palacio de Justicia, el Congreso, la Alcaldía y Presidencia. La marcha fue convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)y no contó con el apoyo del gobierno ni de los partidos de su coalición, que justificaron su ausencia argumentando que en Colombia "no hay crímenes de estado". Numerosos representantes del oficialismo están acusados de nexos con los paramilitares. Durante la movilización se escucharon consignas como "Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate", "Uribe, paraco, el pueblo está berraco", "Uribe, Marulanda, el pueblo es el que manda" y "Acuerdo Humanitario ya".
El Gobierno no acude, pero señala con calumnias
Sin el despliegue mediático que tuvo la marcha del 4 de febrero pasado contra las FARC, miles de colombianos se movilizatron para protestar contra paramilitares y crímenes de Estado.
La convocatoria la hizo oficialmente el presidente del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, Iván Cepeda, cuyo padre, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado por los grupos paramilitares en agosto de 1994.
Iván Cepeda, como centenares de familiares de víctimas de la violencia, mantiene una lucha sin cuartel para lograr que la sociedad dimensione de igual forma a víctimas y crímenes, sin importar el sesgo ideológico de quienes los cometieron.
Por otra parte, Stella, una mujer morena, robusta y alta, quien la semana pasada asistió a la lectura de los relatos de víctimas de los grupos paramilitares que se realizó en la plaza de Bolívar de Bogotá, abogó por ese reconocimiento de igualdad.
‘Mi familia y yo vivíamos en Chigorodó, en el oeste del país, pero de allí fuimos desplazados por los paramilitares que llegaron a las fincas de la región y mataron a varios de nuestros familiares para obligarlos a salir’.
Para ella, la marcha del 4 de febrero pasado mostró la fortaleza que ha tomado el país para rechazar la violencia de las FARC, pero lamentó que esa vehemencia no sea la misma contra los paramilitares. "Muchos compañeros de nuestra causa vieron cómo sus familiares fueron mutilados con motosierras, golpeados con martillos o acribillados. Pero el país no se ha puesto en pie para rechazar estos crímenes que son tan fuertes como los de las FARC’. Y añade que ‘es ahora cuando queremos que el país entienda que existimos otras personas que también hemos sufrido la violencia y que crímenes son los de las FARC, pero también son crímenes los de los paramilitares’.
Iván Cepeda, como centenares de familiares de víctimas de la violencia, mantiene una lucha sin cuartel para lograr que la sociedad dimensione de igual forma a víctimas y crímenes, sin importar el sesgo ideológico de quienes los cometieron.
Por otra parte, Stella, una mujer morena, robusta y alta, quien la semana pasada asistió a la lectura de los relatos de víctimas de los grupos paramilitares que se realizó en la plaza de Bolívar de Bogotá, abogó por ese reconocimiento de igualdad.
‘Mi familia y yo vivíamos en Chigorodó, en el oeste del país, pero de allí fuimos desplazados por los paramilitares que llegaron a las fincas de la región y mataron a varios de nuestros familiares para obligarlos a salir’.
Para ella, la marcha del 4 de febrero pasado mostró la fortaleza que ha tomado el país para rechazar la violencia de las FARC, pero lamentó que esa vehemencia no sea la misma contra los paramilitares. "Muchos compañeros de nuestra causa vieron cómo sus familiares fueron mutilados con motosierras, golpeados con martillos o acribillados. Pero el país no se ha puesto en pie para rechazar estos crímenes que son tan fuertes como los de las FARC’. Y añade que ‘es ahora cuando queremos que el país entienda que existimos otras personas que también hemos sufrido la violencia y que crímenes son los de las FARC, pero también son crímenes los de los paramilitares’.
La marcha del mes pasado contra las FARC tuvo el apoyo irrestricto del gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez, que se unió a la convocatoria y marchó al lado de los jóvenes que hicieron parte de la manifestación.
Cepeda recordó que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que están en proceso de desarme desde 2004, respaldaron la marcha del 4 de febrero pasado y en ese momento ni Uribe Vélez ni su gobierno se manifestaron contra ese apoyo, pero ahora se atreven a decir que las marchas de la MOVICE está respaldada por la guerrilla.
Y recordó que hay documentados más de 900 casos de desapariciones y homicidios promovidos por agentes del Estado colombiano en los últimos años.
Indicó que la marcha ‘es por los desplazados, por los desaparecidos, por los asesinados y sobre todo por hacer un homenaje nacional a las víctimas de la violencia en Colombia’.
‘Nosotros no estamos con ningún grupo armado. Lo que queremos es una salida negociada al conflicto y que haya verdad, justicia y reparación para todos y todas’, dijo Cepeda.
Cepeda recordó que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que están en proceso de desarme desde 2004, respaldaron la marcha del 4 de febrero pasado y en ese momento ni Uribe Vélez ni su gobierno se manifestaron contra ese apoyo, pero ahora se atreven a decir que las marchas de la MOVICE está respaldada por la guerrilla.
Y recordó que hay documentados más de 900 casos de desapariciones y homicidios promovidos por agentes del Estado colombiano en los últimos años.
Indicó que la marcha ‘es por los desplazados, por los desaparecidos, por los asesinados y sobre todo por hacer un homenaje nacional a las víctimas de la violencia en Colombia’.
‘Nosotros no estamos con ningún grupo armado. Lo que queremos es una salida negociada al conflicto y que haya verdad, justicia y reparación para todos y todas’, dijo Cepeda.
La marcha estuvo llena de simbolismos ya que en las calles del centro de Bogotá se instalaron más de mil 500 carteles con los nombres de las víctimas, además de 500 siluetas con la identidad de igual número de fallecidos.
En las cercanías de la Plaza de Bolívar se colocó un símbolo con la leyenda “Fosas Común… es?” y se reseñaron los municipios colombianos donde se sabe de la existencia de cementerios clandestinos.
Los grupos que conforman las AUC firmaron hace tres años un acuerdo de desmovilización con el gobierno, por lo cual unos 30 mil de sus militantes dejaron las armas y se comprometieron a decir la verdad de sus acciones a la justicia y reparar a las víctimas.
Desde el inicio del proceso, algunos de los desmovilizados, que obtendrán penas máximas de ocho años de cárcel gracias a los acuerdos, confesaron crímenes de lesa humanidad y comenzaron a dar pistas sobre la ubicación de centenares de fosas comunes.
Aún se carece de un cálculo preciso del número de muertos atribuibles a la organización ultraderechista, aunque se sabe que hay 4 millones de desplazados y miles de víctimas inocentes en todo el país producto de su guerra contra las guerrillas.
En las cercanías de la Plaza de Bolívar se colocó un símbolo con la leyenda “Fosas Común… es?” y se reseñaron los municipios colombianos donde se sabe de la existencia de cementerios clandestinos.
Los grupos que conforman las AUC firmaron hace tres años un acuerdo de desmovilización con el gobierno, por lo cual unos 30 mil de sus militantes dejaron las armas y se comprometieron a decir la verdad de sus acciones a la justicia y reparar a las víctimas.
Desde el inicio del proceso, algunos de los desmovilizados, que obtendrán penas máximas de ocho años de cárcel gracias a los acuerdos, confesaron crímenes de lesa humanidad y comenzaron a dar pistas sobre la ubicación de centenares de fosas comunes.
Aún se carece de un cálculo preciso del número de muertos atribuibles a la organización ultraderechista, aunque se sabe que hay 4 millones de desplazados y miles de víctimas inocentes en todo el país producto de su guerra contra las guerrillas.
(Fuentes: ANSA-Latina, El Universal-Caracas, EFE, BBC-Mundo, ABN-Venezuela y NovaColombia)
No hay comentarios:
Publicar un comentario