Las organizaciones colombianas de derechos humanos denuncian y la ONU muestra su preocupación por los asesinatos de al menos cuatro dirigentes sindicales y otros 28 dirigentes campesinos, indígenas y desplazados de diferentes regiones del país, en su mayoría destacados promotores de la gran movilización del pasado 6 de marzo. Además son continuas las amenazas directas contra otros líderes sociales que participaron en las marchas masivas que se celebraron ese día en las principales ciudades de Colombia, contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Las organizaciones atribuyen estos hechos a los grupos paramilitares que fueron denunciados durante las marchas. Las denuncias fueron presentadas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las protestas, denuncia los asesinatos y señala que el pasado 12 de marzo le llegaron amenazas contra 28 defensores de los derechos humanos. Las amenazas están firmadas por un grupo denominado "Águilas Negras", que sustituye en varias regiones a las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Movice pide la destitución del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, por afirmar públicamente que las marchas del 6 de marzo fueron convocadas por la guerrilla.
También el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las protestas, denuncia los asesinatos y señala que el pasado 12 de marzo le llegaron amenazas contra 28 defensores de los derechos humanos. Las amenazas están firmadas por un grupo denominado "Águilas Negras", que sustituye en varias regiones a las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Movice pide la destitución del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, por afirmar públicamente que las marchas del 6 de marzo fueron convocadas por la guerrilla.
El gobierno Uribe señala y los 'paras' ultiman
Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas asegura que "el Gobierno sigue utilizando este estilo de señalar de guerrilleros a todas aquellas personas que de alguna manera discienten de las posturas oficiales y eso coloca, como hemos visto en esta semana, en grave riesgo a muchas personas y en este caso eso ha costado vidas ya"."Hay líderes sindicales asesinados, víctimas de atentados, en una ola de violencia generada a partir de esas declaraciones", sostiene Cepeda.
Los líderes sindicales asesinados pertenecían a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y apoyaron en sus regiones de origen, las actividades para recordar a las víctimas de la violencia en el país suramericano.
July González, miembro de la directiva de la CUT, dice que "nosotros hemos tenido 10 víctimas este año. Como pueden observar, son dos meses y medio lo que va corrido de este año y el número es bastante alto, pero igual, permanentemente los líderes activistas, afiliados e incluso que no están dentro de las organizaciones sindicales, reciben amenazas, hostigamientos y algunos han sido asesinados".
También mujeres destacadas en la lucha social y comunitaria han sido amenazadas a través de panfletos intimidatorios que están firmados por los paramilitares de las "Águilas Negras".
Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de Mujeres indica que "el Gobierno niega que existan grupos paramilitares pero la realidad es tozuda. Si en la costa, en Antioquia, en Bogotá, tienen bloques; si en Santander, en Nariño, en el Putumayo, en el Meta y en el Tolima hay grupos de este tipo, no puede ser que sean grupos delincuenciales que están por ahí sin ninguna articulación".
Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de Mujeres indica que "el Gobierno niega que existan grupos paramilitares pero la realidad es tozuda. Si en la costa, en Antioquia, en Bogotá, tienen bloques; si en Santander, en Nariño, en el Putumayo, en el Meta y en el Tolima hay grupos de este tipo, no puede ser que sean grupos delincuenciales que están por ahí sin ninguna articulación".
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su "profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo".
Según un comunicado de prensa de este organismo de la ONU, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la "dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos ", y ha abogado "por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección".
El documento lamenta que "en las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales".
Finalmente, el comunicado solicita a las autoridades "garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base". Como también urge a la Fiscalía abrir una decidida investigación de los hechos.
Según un comunicado de prensa de este organismo de la ONU, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la "dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos ", y ha abogado "por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección".
El documento lamenta que "en las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales".
Finalmente, el comunicado solicita a las autoridades "garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base". Como también urge a la Fiscalía abrir una decidida investigación de los hechos.
ONGs piden la destitución de un consejero presidencial
Las organizaciones sociales y políticas colombianas ligadas a la marcha contra la violencia paramilitar y los crímenes de Estado del pasado 6 de marzo reclamaron la destitución de un consejero presidencial.'Hemos acordado que las organizaciones que preparamos el 6 de marzo vamos a presentarle al presidente de la República un derecho de petición en el cual le solicitamos, respetuosamente, que renuncie el consejero presidencial José Obdulio Gaviria', informaba Iván Cepeda, portavoz de esos movimientos. Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las marchas, denunció las muertes de los sindicalistas Leónidas Gómez Rozo, Carlos Burbano, Antonio Pedrozo y Gildardo Gómez Alfate.
Según el líder del Movice, 'la responsabilidad de estos hechos tan graves recae, en primer lugar en la persona del consejero presidencial (Gaviria) al afirmar que la convocatoria (de la marcha del 6 de marzo) era de las FARC'. El gobierno 'no rectificó estas afirmaciones pese a la insistencia nuestra', y ante ello, presentamos a Uribe esa acción 'tendente a buscar la destitución del consejero presidencial', añadió Cepeda.
El paramilitarismo, en alza
Iván Cepeda denunció, asimismo, que el 12 de marzo recibieron por correo electrónico amenazas (a varias organizaciones) de un grupo que 'se hace llamar 'Águilas Negras, bloque metropolitano de Bogotá''.Las intimidaciones, precisó, 'traían una lista de 28 personas, en su mayoría mujeres, 17 en total, todas defensoras de derechos humanos, y en las amenazas se dice que ese grupo será 'implacable' con las personas que organizaron la marcha del 6 de marzo'. Las amenazas no solamente fueron dirigidas a las organizaciones sociales y de derechos humanos, sino también a medios de comunicación como la revista Semana, señaló el líder de Movice.
Cepeda reveló que van a solicitar 'para esas personas amenazadas medidas de protección cautelar' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). l organismo interamericano. También, agregó, se solicitará ante la CIDH, la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora de las Naciones Unidas que exijan al Estado colombiano que adopte mecanismos para desmantelar grupos paramilitares.'Es muy difícil asegurar que no existen grupos paramilitares después de la lluvia de atentados, crímenes, amenazas y hostigamientos', subrayó Cepeda.
60.000 colombianos huidos a Ecuador en busca de protección internacional
Actualmente existen unos 60 mil colombianos con necesidad de protección internacional desplazados a las provincias del norte de Ecuador, de acuerdo con los primeros resultados de un estudio que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentó en febrero pasado al gobierno de Quito. La información fue publicada en el portal web de Acnur y es atribuida al portavoz de la organización, Ron Redmond, durante la rueda de prensa del día 14 de marzo de 2008 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.
El comunicado destaca que la gran mayoría de estas familias emigró al vecino país, provenientes de la costa pacífica de Colombia, a consecuencia del conflicto armado interno, situación que ha ocasionado que teman por su integridad física y por sus vidas.
Igualmente, estiman que unos 10 mil de ellos han buscado asilo en la provincia de Esmeraldas, una de las regiones más pobres de Ecuador, y que limita con el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. A su vez, Acnur resalta que Nariño es la localidad con la peor tasa de desplazamiento forzado dentro del país durante 2007, ya que el Gobierno colombiano reportó que más de 22 mil personas huyeron de sus casas. Al estudiar las causas de este desplazamiento, Acnur atribuye el movimiento al alto índice de violencia, lucha armada, asesinatos selectivos y persecución de civiles; “de los peores en Colombia”.
No obstante, agrega que, a pesar de este desplazamiento forzado de personas, hay casos de familias que ni siquiera tienen la opción de huir, debido a que grupos armados irregulares siembran un elevado número de “minas anti personales” para mantenerlas incomunicadas del resto del mundo.
Conflictos interétnicos
La situación humanitaria y violatoria de los derechos humanos existente en Colombia se ve aún más agravada debido a los conflictos interétnicos e interraciales que afrontan las comunidades indígenas, que se ven obligadas a huir de su país por miedo a ser perseguidos. Tal como lo destaca Prensa Latina, esta discriminación data del año 2006, cuando comenzaron las represalias contra los campesinos e indígenas colombianos que protestaron por el incumplimiento de la entrega de tierras y la firma del Tratado Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ante estas manifestaciones, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud ocasionando lesiones y muertes innecesarias de ciudadanos que exigen se respeten sus derechos económicos y humanos. Es importante reseñar que Acnur también condenó estas acciones violentas de la fuerza pública colombiana, y los exhortó a respetar los principios básicos de los derechos humanos y a restringir el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.
Homicidios políticos
Otro momento grave tensión se vivió durante la campaña de elecciones regionales del año 2007, cuando alrededor de 30 candidatos perdieron la vida; asesinatos que se atribuyen fuerzas paramilitares en supuesto apoyo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El portal web Tribuna Popular publicó que el presidente Uribe quizo contrarrestar peso a estos hechos violentos ofreciendo recompensas millonarias a quien diera información sobre fraudes o actos violentos contra aspirantes, insistiendo en responsabilizar a la guerrilla de las acciones violentas ya que, según él, no hay paramilitarismo. Contrariamente, la Dirección de la Policía Judicial (DIJIN) aseguró que grupos paramilitares actuaban en por lo menos seis departamentos del país, intimidando a los candidatos para que al ser elegidos les adjudiquen contratos en sus respectivos territorios.
(Fuentes:Agencia PÚLSAR, TeleSur,Europa Press, Adital, EFE, Movice-Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y ABN-Agencia Bolivariana de Noticias)
No hay comentarios:
Publicar un comentario