LA MINERÍA CHILENA, UNA INDUSTRIA QUE MATA GRACIAS A LA PERMISIVIDAD DE LOS REGLAMENTOS PINOCHETISTAS AUN VIGENTES
(373 muertos en una década, 31 en lo que va de año)
A las 0:10 hora de Chile del miércoles 13, Florencio Ávalos, de 31 años, apareció en la superficie en la cápsula “Fénix2”, diseñada especialmente para el rescate, a cargo de la estatal minera Codelco. Ávalos fue el primer trabajador en salir y fue recibido por sus familiares, compañeros del sector, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el ministro de Minería, Laurence Golborne, entre otras autoridades.
La mina San José, de cobre y oro y perteneciente a la empresa San Esteban, está situada cerca de la ciudad de Copiapó, en el desierto de Atacama, a unos 800 kilómetros al norte de la capital del país, Santiago. La compañía ya había recibido varias denuncias por las precarias condiciones de seguridad de sus trabajadores, inclusive en esa mina.
Por ejemplo, en 2007, obreros de la empresa junto a sindicatos de otras compañías que prestaban servicios a la minera, presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones y el gubernamental Servicio Nacional de Geología y Minería por la muerte de tres trabajadores en el yacimiento San José y en el de San Antonio. Los obreros movilizados pidieron el cierre de San José. Desde el sindicato de la compañía se afirmó que en el yacimiento no habían vías de escape, ventilación ni la fortificación necesaria, y que las autoridades de la empresa conocían la situación.
En este sentido, el diario chileno La Nación informó en su edición del 22 de septiembre que “en 2007 la mina fue cerrada después de la muerte de un obrero, reabrió en 2008, sin haber sido equipada con todas las instalaciones necesarias”. “Todos los que descendían sabían que la mina de cobre y de oro, de más de un siglo, no era segura. Unos 80 accidentes fueron señalados en el transcurso de las décadas”, agregó La Nación.
Los empresarios propietarios de San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemen, optaron por abandonar la zona de la mina el 22 de agosto, apenas unos días después que se supo que los trabajadores estaban vivos. No han pasado por el campamento “Esperanza”, donde los familiares de los mineros han esperado el rescate por más de dos meses.
San Esteban se enfrenta a varias investigaciones judiciales por el derrumbe de San José y anteriores accidentes. Tiene un pedido de indemnización de los familiares de casi 30 de los mineros que asciende a 12 millones de dólares. Es de esperar que los empresarios declaren la quiebra de la empresa. El Estado chileno enfrentaría otro pedido de indemnización millonario por sus fallas en la fiscalización.
La historia de los 33 mineros atrapados en Chile tiene hasta el momento un final feliz. ¡Enhorabuena! Desgraciadamente, las historias con finales tristes son demasiadas en el sector en diversas partes del mundo, donde aparecen como muy frecuentes las malas condiciones de trabajo y seguridad. En Chile, datos del Servicio Nacional de Geología y Minería indican que en la última década murieron 373 trabajadores en accidentes mineros. En lo que va de 2010 ya van 31 fallecimientos.
A nivel mundial las muertes son miles al año. Según la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Química, Energía, Minería y Afines, la industria minera termina con la vida de 12.000 trabajadores anualmente. Y esa cifra es la que se puede registrar, porque se denuncia que en muchos países los responsables de las empresas pagan el silencio de los familiares de los trabajadores fallecidos.
China es el país donde la minería es más peligrosa. Sólo el año pasado murieron allí 2.631 trabajadores. En tanto, este año los mayores accidentes en el sector se cobraron la vida de al menos 200 personas en Sierra Leona y de decenas en Colombia, Rusia y Estados Unidos.
Sólo 24 estados han ratificado hasta ahora la Convención de Seguridad y Salud en Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada en 1995. Chile, el mayor productor mundial de cobre, está entre los países en deuda.
La mina San José, de cobre y oro y perteneciente a la empresa San Esteban, está situada cerca de la ciudad de Copiapó, en el desierto de Atacama, a unos 800 kilómetros al norte de la capital del país, Santiago. La compañía ya había recibido varias denuncias por las precarias condiciones de seguridad de sus trabajadores, inclusive en esa mina.
Por ejemplo, en 2007, obreros de la empresa junto a sindicatos de otras compañías que prestaban servicios a la minera, presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones y el gubernamental Servicio Nacional de Geología y Minería por la muerte de tres trabajadores en el yacimiento San José y en el de San Antonio. Los obreros movilizados pidieron el cierre de San José. Desde el sindicato de la compañía se afirmó que en el yacimiento no habían vías de escape, ventilación ni la fortificación necesaria, y que las autoridades de la empresa conocían la situación.
En este sentido, el diario chileno La Nación informó en su edición del 22 de septiembre que “en 2007 la mina fue cerrada después de la muerte de un obrero, reabrió en 2008, sin haber sido equipada con todas las instalaciones necesarias”. “Todos los que descendían sabían que la mina de cobre y de oro, de más de un siglo, no era segura. Unos 80 accidentes fueron señalados en el transcurso de las décadas”, agregó La Nación.
Los empresarios propietarios de San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemen, optaron por abandonar la zona de la mina el 22 de agosto, apenas unos días después que se supo que los trabajadores estaban vivos. No han pasado por el campamento “Esperanza”, donde los familiares de los mineros han esperado el rescate por más de dos meses.
San Esteban se enfrenta a varias investigaciones judiciales por el derrumbe de San José y anteriores accidentes. Tiene un pedido de indemnización de los familiares de casi 30 de los mineros que asciende a 12 millones de dólares. Es de esperar que los empresarios declaren la quiebra de la empresa. El Estado chileno enfrentaría otro pedido de indemnización millonario por sus fallas en la fiscalización.
La historia de los 33 mineros atrapados en Chile tiene hasta el momento un final feliz. ¡Enhorabuena! Desgraciadamente, las historias con finales tristes son demasiadas en el sector en diversas partes del mundo, donde aparecen como muy frecuentes las malas condiciones de trabajo y seguridad. En Chile, datos del Servicio Nacional de Geología y Minería indican que en la última década murieron 373 trabajadores en accidentes mineros. En lo que va de 2010 ya van 31 fallecimientos.
A nivel mundial las muertes son miles al año. Según la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Química, Energía, Minería y Afines, la industria minera termina con la vida de 12.000 trabajadores anualmente. Y esa cifra es la que se puede registrar, porque se denuncia que en muchos países los responsables de las empresas pagan el silencio de los familiares de los trabajadores fallecidos.
China es el país donde la minería es más peligrosa. Sólo el año pasado murieron allí 2.631 trabajadores. En tanto, este año los mayores accidentes en el sector se cobraron la vida de al menos 200 personas en Sierra Leona y de decenas en Colombia, Rusia y Estados Unidos.
Sólo 24 estados han ratificado hasta ahora la Convención de Seguridad y Salud en Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada en 1995. Chile, el mayor productor mundial de cobre, está entre los países en deuda.
La historia de los mineros chilenos ya es mercancía
Mientras el portavoz de los 33 mineros chilenos rescatados, Juan Illanes, pidió a los medios que cesen “el acoso periodístico”, empresas audiovisuales y editoriales afilan sus dientes con el drama vivido por los obreros de la mina San José.
La transmisión en directo del rescate de los mineros chilenos, que se extendió por unas 24 horas, se convirtió en espectáculo global. Se calcula que cerca de mil millones de espectadores siguieron las transmisiones en directo. Agotada la cobertura noticiosa, la historia de los 33 mineros de San José se prepara para la pequeña y la gran pantalla, y también para los libros.
La cadena española de TV, Antena 3 filma desde hace 10 días en Chile ‘Los 33 de San José’, una película para televisión. Grandes cadenas internacionales como HBO y Discovery Networks preparan documentales sobre el plan de rescate.
Las editoriales también están de cacería. La pieza más codiciada son los textos que el operario Víctor Segovia escribió durante sus días de encierro en la mina por el que llegarían a pagar hasta 50 000 dólares. Se dice que este testimonio podría derivar también en guión de cine.
Lo que nadie sabe es cómo todo esto contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los mineros chilenos. En paralelo con el drama de San José, siete trabajadores perdieron la vida durante las últimas semanas en otras minas del país.
El lado oscuro del rescate
La transmisión en directo del rescate de los mineros chilenos, que se extendió por unas 24 horas, se convirtió en espectáculo global. Se calcula que cerca de mil millones de espectadores siguieron las transmisiones en directo. Agotada la cobertura noticiosa, la historia de los 33 mineros de San José se prepara para la pequeña y la gran pantalla, y también para los libros.
La cadena española de TV, Antena 3 filma desde hace 10 días en Chile ‘Los 33 de San José’, una película para televisión. Grandes cadenas internacionales como HBO y Discovery Networks preparan documentales sobre el plan de rescate.
Las editoriales también están de cacería. La pieza más codiciada son los textos que el operario Víctor Segovia escribió durante sus días de encierro en la mina por el que llegarían a pagar hasta 50 000 dólares. Se dice que este testimonio podría derivar también en guión de cine.
Lo que nadie sabe es cómo todo esto contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los mineros chilenos. En paralelo con el drama de San José, siete trabajadores perdieron la vida durante las últimas semanas en otras minas del país.
El lado oscuro del rescate
El miércoles 13 de octubre millones de personas en todo el mundo siguieron en vivo el increíble rescate de 33 obreros atrapados en la mina San José. Pero los que volvieron a la vida ese día fueron los primeros en advertirnos que otro pudo ser el final.
"Esto nunca más puede ocurrir", imploró el último de los rescatados ante el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuando salió a la superficie, luego de 70 días sepultado a 700 metros de profundidad. "Sáquennos de este infierno", había suplicado otro de los obreros en un mensaje a las autoridades semanas atrás.
Recién salido del hospital, el minero Edison Peña confesaba: "Yo creía que no iba a volver. Lo pasamos muy mal. ¿Tiene que acontecer algo como lo que nos ocurrió para que todo cambie?"
Incluso, cuando el mandatario chileno quiso tener impresiones del primer rescatista que bajó al socavón a auxiliar a los trabajadores, la reacción del interpelado tomó un giro tal vez imprevisto:
"Ojalá todo nos sirva de experiencia y que las cosas en la minería chilena sean diferentes", dijo el experto.
En Chile no hay más opción que trabajar arriesgando la vida o quedar cesante, opina el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez.
Según datos oficiales, la minería está entre las cuatro actividades económicas con mayor tasa de mortalidad, al contabilizarse casi 400 muertos en la última década y 31 en lo que va de año.
En medio de la euforia mediática por el rescate de "los 33", un minero de 26 años moría aplastado por una roca en un yacimiento de oro de la región de Valparaíso, al punto que el diario oficial La Nación acotó que el hecho enlodó las celebraciones.
Sobre las causas de la tragedia en la mina San José, la revista Punto Final sacó a la luz interioridades que apuntan a más de un responsable en lo sucedido. La publicación chilena informa de que la mina es una explotación de oro y cobre perteneciente a la Compañía Minera San Esteban, propiedad de la familia Kémeny, de larga tradición en actividades extractivas. Recuerda cómo desde hace años habían tenido lugar denuncias sobre la inseguridad del yacimiento ante el Servicio Nacional de Minería y Geología (SERNAGEOMIN), autoridades de Salud, el gobierno regional y la Superintendencia de Seguridad Social. Esos organismos hicieron oídos sordos, no acusaron recibo y menos dieron respuesta, subrayó Punto Final. Tal actitud se explicaría por la influencia de los Kémeny ante las autoridades, indicó. El rotativo pone los puntos sobre las íes: "los dueños del capital se preocupan esencialmente de ganar dinero, sin fijarse mucho en las formas de hacerlo".
A juicio del diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, la alegría por el rescate de los 33 mineros debió ir también acompañada de una reflexión acerca de cómo corregir la legislación respecto a las labores mineras en Chile.
Concluida la operación de salvamento, el propio presidente chileno anunció una profunda revisión en materia de seguridad laboral en varios sectores productivos del país, entre los que también enumeró la agricultura, el transporte y la pesca. "Queremos sacar lecciones útiles y fecundas de lo que pudo convertirse en una tragedia", señaló Piñera en alusión al derrumbe del 5 de agosto. "Un país que quiere ser desarrollado tiene que respetar y proteger a sus trabajadores", remarcó.
Y ciertamente, un mes antes del colapso del citado yacimiento se había cursado una multa a sus propietarios por el accidente que sufrió un trabajador y que provocó le fuera amputada una pierna.
A la sazón, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados pudo constatar diversas anomalías en la mina, como no contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro y no cumplir con normas de higiene y seguridad elementales.
Los parlamentarios también cuestionaron por qué los equipos que les correspondía vigilar y controlar, como la Dirección del Trabajo, SERNAGEOMIN y las autoridades sanitarias no actuaron ante hechos tan relevantes de conocimiento público.
Como parte de las investigaciones llegó a trascender la existencia de un dictamen, poco días antes del derrumbe, que bajo la rúbrica de Raúl Martínez, Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de Atacama, autorizaba la reanudación de las faenas mineras en San José. Poco tiempo después, Martínez renunciaba a su cargo.
Lecciones para un país minero
"Esto nunca más puede ocurrir", imploró el último de los rescatados ante el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuando salió a la superficie, luego de 70 días sepultado a 700 metros de profundidad. "Sáquennos de este infierno", había suplicado otro de los obreros en un mensaje a las autoridades semanas atrás.
Recién salido del hospital, el minero Edison Peña confesaba: "Yo creía que no iba a volver. Lo pasamos muy mal. ¿Tiene que acontecer algo como lo que nos ocurrió para que todo cambie?"
Incluso, cuando el mandatario chileno quiso tener impresiones del primer rescatista que bajó al socavón a auxiliar a los trabajadores, la reacción del interpelado tomó un giro tal vez imprevisto:
"Ojalá todo nos sirva de experiencia y que las cosas en la minería chilena sean diferentes", dijo el experto.
En Chile no hay más opción que trabajar arriesgando la vida o quedar cesante, opina el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez.
Según datos oficiales, la minería está entre las cuatro actividades económicas con mayor tasa de mortalidad, al contabilizarse casi 400 muertos en la última década y 31 en lo que va de año.
En medio de la euforia mediática por el rescate de "los 33", un minero de 26 años moría aplastado por una roca en un yacimiento de oro de la región de Valparaíso, al punto que el diario oficial La Nación acotó que el hecho enlodó las celebraciones.
Sobre las causas de la tragedia en la mina San José, la revista Punto Final sacó a la luz interioridades que apuntan a más de un responsable en lo sucedido. La publicación chilena informa de que la mina es una explotación de oro y cobre perteneciente a la Compañía Minera San Esteban, propiedad de la familia Kémeny, de larga tradición en actividades extractivas. Recuerda cómo desde hace años habían tenido lugar denuncias sobre la inseguridad del yacimiento ante el Servicio Nacional de Minería y Geología (SERNAGEOMIN), autoridades de Salud, el gobierno regional y la Superintendencia de Seguridad Social. Esos organismos hicieron oídos sordos, no acusaron recibo y menos dieron respuesta, subrayó Punto Final. Tal actitud se explicaría por la influencia de los Kémeny ante las autoridades, indicó. El rotativo pone los puntos sobre las íes: "los dueños del capital se preocupan esencialmente de ganar dinero, sin fijarse mucho en las formas de hacerlo".
A juicio del diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, la alegría por el rescate de los 33 mineros debió ir también acompañada de una reflexión acerca de cómo corregir la legislación respecto a las labores mineras en Chile.
Concluida la operación de salvamento, el propio presidente chileno anunció una profunda revisión en materia de seguridad laboral en varios sectores productivos del país, entre los que también enumeró la agricultura, el transporte y la pesca. "Queremos sacar lecciones útiles y fecundas de lo que pudo convertirse en una tragedia", señaló Piñera en alusión al derrumbe del 5 de agosto. "Un país que quiere ser desarrollado tiene que respetar y proteger a sus trabajadores", remarcó.
Y ciertamente, un mes antes del colapso del citado yacimiento se había cursado una multa a sus propietarios por el accidente que sufrió un trabajador y que provocó le fuera amputada una pierna.
A la sazón, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados pudo constatar diversas anomalías en la mina, como no contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro y no cumplir con normas de higiene y seguridad elementales.
Los parlamentarios también cuestionaron por qué los equipos que les correspondía vigilar y controlar, como la Dirección del Trabajo, SERNAGEOMIN y las autoridades sanitarias no actuaron ante hechos tan relevantes de conocimiento público.
Como parte de las investigaciones llegó a trascender la existencia de un dictamen, poco días antes del derrumbe, que bajo la rúbrica de Raúl Martínez, Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de Atacama, autorizaba la reanudación de las faenas mineras en San José. Poco tiempo después, Martínez renunciaba a su cargo.
Lecciones para un país minero
La minería en Chile aporta el 47 por ciento de las exportaciones totales y representa el siete por ciento del Producto Interno Bruto.
En el país existen unas 4.500 pequeñas y medianas empresas mineras y la institución estatal fiscalizadora sólo cuenta con 16 supervisores a nivel nacional, dos de ellos en la norteña provincia de Copiapó, donde está enclavado el yacimiento de marras.
Luego del sonado derrumbe en la región de Atacama las autoridades chilenas decidieron el cierre de 18 minas en esa área geográfica por carecer de condiciones para su explotación: no disponían de refugios, ni de túneles de ventilación, tampoco de vías de evacuación.
En opinión del doctor en Historia, Mario Amorós, el drama de los 33 fue consecuencia directa de unas condiciones de trabajo desprovistas de garantías y derechos en el marco de una economía neoliberal y de la voracidad de empresarios con un oscuro historial de accidentes.
Cuando la noticia del sobrecogedor rescate impactó al mundo, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet confesóque los mineros dieron un ejemplo de bravura y disciplina, pero alertó contra la euforia excesiva y llamó a sacar lecciones. "Este accidente pudo evitarse. Cuando hablamos de un empleo decente no podemos pensar sólo en el salario, sino en que sus condiciones garanticen la integridad física".
En el país existen unas 4.500 pequeñas y medianas empresas mineras y la institución estatal fiscalizadora sólo cuenta con 16 supervisores a nivel nacional, dos de ellos en la norteña provincia de Copiapó, donde está enclavado el yacimiento de marras.
Luego del sonado derrumbe en la región de Atacama las autoridades chilenas decidieron el cierre de 18 minas en esa área geográfica por carecer de condiciones para su explotación: no disponían de refugios, ni de túneles de ventilación, tampoco de vías de evacuación.
En opinión del doctor en Historia, Mario Amorós, el drama de los 33 fue consecuencia directa de unas condiciones de trabajo desprovistas de garantías y derechos en el marco de una economía neoliberal y de la voracidad de empresarios con un oscuro historial de accidentes.
Cuando la noticia del sobrecogedor rescate impactó al mundo, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet confesóque los mineros dieron un ejemplo de bravura y disciplina, pero alertó contra la euforia excesiva y llamó a sacar lecciones. "Este accidente pudo evitarse. Cuando hablamos de un empleo decente no podemos pensar sólo en el salario, sino en que sus condiciones garanticen la integridad física".
Una encuesta realizada tras el rescate de "los 33" revela el escepticismo de la mayoría de los chilenos con respecto a posibles mejoras en la seguridad laboral. Según estudio conjunto entre la Consultora Imaginación y el diario Cooperativa de Chile, el 57 por ciento de los entrevistados cree que en poco tiempo los empresarios se olvidarán de las lecciones dejadas por el acontecimiento y todo volverá a ser como antes. Casi el 97 por ciento de los consultados considera que el clima de inseguridad es un problema general de la actividad laboral chilena.
En 2009, se registraron en el país más de 190.000 accidentes laborales, con un resultado de 443 muertos. Pero del lado oscuro de la realidad chilena no se habla mucho en el mundo, ni siquiera en tiempos de mineros y derrumbes.
En 2009, se registraron en el país más de 190.000 accidentes laborales, con un resultado de 443 muertos. Pero del lado oscuro de la realidad chilena no se habla mucho en el mundo, ni siquiera en tiempos de mineros y derrumbes.
En una década, han muerto en Chile en accidentes 373 mineros; 31, el último año
Por Hugo Guzmán (*)
Todo el mundo pudo ver el rescate de los 33 mineros atrapados durante dos meses a 700 metros de profundidad en la mina San José en la región de Atacama, en el norte de Chile. Pero nadie habló de los 31 mineros muertos en el último año en este país, de la precariedad salvaje de sus condiciones de trabajo y que mientras aumentaba el precio del cobre subía el índice de accidentes.
Mientras millones observaban la salida de esos trabajadores desde las profundidades de la Tierra, se ocultaban las pancartas y las voces de los otros 300 mineros de la empresa San Esteban –a la que pertenece San José– que fueron despedidos, a los que les deben los sueldos y no les pagan las indemnizaciones. Javier Castillo, dirigente del sindicato, dijo que los 328 trabajadores restantes de la mina San José no estamos bien e indicó que las autoridades y los medios temen que los saquemos (a los 33 mineros) de la burbuja en la que el gobierno los tiene.
El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Marcos Canales, comentó: Éste fue un accidente que nunca debió ocurrir. Pero el historial de la mina San José es oscuro y paradigma de lo que ocurre con otras empresas mineras en el Chile actual.
Desde 1999 se producían accidentes, cuyos dueños ganaban millones de dólares. En 2004 murió allí un minero. En esa oportunidad, los trabajadores protestaron y recurrieron a la Corte de Apelaciones para que se garantizara la seguridad, planteando que se había llegado a la culminación de una secuela de accidentes que se arrastran desde hace más de cinco años, lo cual los trabajadores hemos denunciado a los organismos fiscalizadores (que) jamás dieron respuesta. La justicia tampoco. No hizo caso del reclamo de los de San José. Seis años después la mina colapsó y atrapó a los 33 mineros.
Además de la empresa, organismos del Estado como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección del Trabajo, la Secretaría Regional de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y el gobierno regional hicieron caso omiso de los reclamos de los mineros y de las condiciones de inseguridad de la mina. Eso se acentuó con fallas que se producían en el cerro donde está la mina San José y debilidades en la estructura. En 2007, el yacimiento fue cerrado por presentar condiciones negativas, pero las autoridades lo volvieron a abrir.
Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señaló que en el drama de los 33 mineros hay una acción predeterminada, un acto criminal por parte de los empleadores y de la institucionalidad del Estado. Hay una acción culposa porque un hecho previsible no se evitó.
Los datos que se manejan en Chile indican que en la última década han muerto 373 mineros y en el último año 31, casi la misma cantidad de los rescatados en San José. La inmensa mayoría pertenecen a medianas o pequeñas mineras y al segmento de pirquineros, que laboran en pequeñas minas de manera informal. En la estatal Corporación Nacional del Cobre y las trasnacionales del cobre, el índice de accidentabilidad es bajo.
Los mineros muertos y los vivos tienen factores en común: salarios bajos, empleo inseguro, previsión miserable, inexistencia de contratos o contratos precarios, inestabilidad laboral, abuso empresarial, ausencia de higiene y prevención, y con el chantaje de que ante la falta de trabajo aceptan condiciones deplorables.
Voracidad en cifras
Mientras millones observaban la salida de esos trabajadores desde las profundidades de la Tierra, se ocultaban las pancartas y las voces de los otros 300 mineros de la empresa San Esteban –a la que pertenece San José– que fueron despedidos, a los que les deben los sueldos y no les pagan las indemnizaciones. Javier Castillo, dirigente del sindicato, dijo que los 328 trabajadores restantes de la mina San José no estamos bien e indicó que las autoridades y los medios temen que los saquemos (a los 33 mineros) de la burbuja en la que el gobierno los tiene.
El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Marcos Canales, comentó: Éste fue un accidente que nunca debió ocurrir. Pero el historial de la mina San José es oscuro y paradigma de lo que ocurre con otras empresas mineras en el Chile actual.
Desde 1999 se producían accidentes, cuyos dueños ganaban millones de dólares. En 2004 murió allí un minero. En esa oportunidad, los trabajadores protestaron y recurrieron a la Corte de Apelaciones para que se garantizara la seguridad, planteando que se había llegado a la culminación de una secuela de accidentes que se arrastran desde hace más de cinco años, lo cual los trabajadores hemos denunciado a los organismos fiscalizadores (que) jamás dieron respuesta. La justicia tampoco. No hizo caso del reclamo de los de San José. Seis años después la mina colapsó y atrapó a los 33 mineros.
Además de la empresa, organismos del Estado como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección del Trabajo, la Secretaría Regional de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y el gobierno regional hicieron caso omiso de los reclamos de los mineros y de las condiciones de inseguridad de la mina. Eso se acentuó con fallas que se producían en el cerro donde está la mina San José y debilidades en la estructura. En 2007, el yacimiento fue cerrado por presentar condiciones negativas, pero las autoridades lo volvieron a abrir.
Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señaló que en el drama de los 33 mineros hay una acción predeterminada, un acto criminal por parte de los empleadores y de la institucionalidad del Estado. Hay una acción culposa porque un hecho previsible no se evitó.
Los datos que se manejan en Chile indican que en la última década han muerto 373 mineros y en el último año 31, casi la misma cantidad de los rescatados en San José. La inmensa mayoría pertenecen a medianas o pequeñas mineras y al segmento de pirquineros, que laboran en pequeñas minas de manera informal. En la estatal Corporación Nacional del Cobre y las trasnacionales del cobre, el índice de accidentabilidad es bajo.
Los mineros muertos y los vivos tienen factores en común: salarios bajos, empleo inseguro, previsión miserable, inexistencia de contratos o contratos precarios, inestabilidad laboral, abuso empresarial, ausencia de higiene y prevención, y con el chantaje de que ante la falta de trabajo aceptan condiciones deplorables.
Voracidad en cifras
La voracidad empresarial se ve reflejada en que en 2002 –según reportaje de los periodistas Pablo Obregón y Carla Gardella– las estadísticas hablaban de 28 accidentes mineros fatales, con el precio del cobre en 0.8 centavo de dólar la libra. Cuando en 2007 se cotizó a 3.2 dólares la libra, los muertos subieron a 40. Los privados medianos y pequeños tensionaron la fuerza laboral para extraer el mineral; sin invertir en seguridad.
A estos datos se agregan episodios peculiares. Días antes del derrumbe en San José, el gobierno conservador de Sebastián Piñera decidió cerrar la Unidad de Inspección Programada de Oficio, del Ministerio del Trabajo, precisamente encargada de fiscalizar al sector empresarial respecto al cumplimiento de normas para los trabajadores. Y producido el accidente en la mina, se supo que el Sernageomin, que debe velar por la seguridad en los yacimientos, apenas contaba con dos fiscalizadores en toda la región de Atacama, donde operan decenas de minas medianas y pequeñas.
Marcos Canales dijo a La Jornada que son pésimas y riesgosas las condiciones de los mineros chilenos y nada apunta a que la situación cambiará, porque para eso tendría que cambiar el sistema económico que cobija a los empresarios y vulnera derechos de los trabajadores. Ya pasará a la historia el caso de San José y los 33 mineros, pero seguirá el drama de cientos de hombres que arriesgarán la salud y la vida por ganar un sueldo mísero extrayendo cobre.
En un país donde el año pasado las corporaciones extranjeras tuvieron utilidades de 10 mil millones de dólares y este año se prevé serán 37 mil millones. Es decir, el cobre, que el presidente Salvador Allende definió como el sueldo de Chile, podría satisfacer perfectamente las necesidades de los mineros (y de la gran mayoría de los chilenos). Pero parecen invisibles. Hasta que bordean la muerte y entonces se prenden los focos.
(*)Hugo Guzmán es un analista político chileno, exiliado en México durante la dictadura de Pinochet. Este artículo ha sido publicado en La Jornada el 16 de octubre de 2010
A estos datos se agregan episodios peculiares. Días antes del derrumbe en San José, el gobierno conservador de Sebastián Piñera decidió cerrar la Unidad de Inspección Programada de Oficio, del Ministerio del Trabajo, precisamente encargada de fiscalizar al sector empresarial respecto al cumplimiento de normas para los trabajadores. Y producido el accidente en la mina, se supo que el Sernageomin, que debe velar por la seguridad en los yacimientos, apenas contaba con dos fiscalizadores en toda la región de Atacama, donde operan decenas de minas medianas y pequeñas.
Marcos Canales dijo a La Jornada que son pésimas y riesgosas las condiciones de los mineros chilenos y nada apunta a que la situación cambiará, porque para eso tendría que cambiar el sistema económico que cobija a los empresarios y vulnera derechos de los trabajadores. Ya pasará a la historia el caso de San José y los 33 mineros, pero seguirá el drama de cientos de hombres que arriesgarán la salud y la vida por ganar un sueldo mísero extrayendo cobre.
En un país donde el año pasado las corporaciones extranjeras tuvieron utilidades de 10 mil millones de dólares y este año se prevé serán 37 mil millones. Es decir, el cobre, que el presidente Salvador Allende definió como el sueldo de Chile, podría satisfacer perfectamente las necesidades de los mineros (y de la gran mayoría de los chilenos). Pero parecen invisibles. Hasta que bordean la muerte y entonces se prenden los focos.
(*)Hugo Guzmán es un analista político chileno, exiliado en México durante la dictadura de Pinochet. Este artículo ha sido publicado en La Jornada el 16 de octubre de 2010
Los fantasmas chilenos no han sido rescatados
Por John Pilger(*)
El rescate de 33 mineros en Chile es un drama extraordinario, lleno de páthos y heroísmo. Es también viento mediático de empopada para el gobierno chileno: su munificencia ha sido registrada por una selva de cámaras.
El accidente que atrapó a los mineros no es algo insólito en Chile; es la consecuencia inevitable del implacable sistema económico que apenas ha cambiado desde los tiempos de la dictadura del general Augusto Pinochet. El cobre es el oro chileno, y la frecuencia de los desastres mineros se acompasa a los precios y a los beneficios que reporta. De promedio, cada año se registran 39 accidentes mortales en las minas chilenas privatizadas. El trabajo en la mina de San José llegó a ser tan inseguro en 2007, que tuvo que cerrarse. Pero no por mucho tiempo. El pasado 30 de julio, un informe del ministerio chileno de trabajo advirtió de sus "graves deficiencias de seguridad", pero el ministro no tomó medida alguna. Seis días después, los mineros quedaban sepultados.
A despecho de todo el circo mediático desplegado in situ durante el rescate, el Chile de nuestros días es un país silenciado. En la Villa Grimaldi, en los suburbios de Santiago, un cartel reza como sigue: "El pasado olvidado está lleno de memoria". Fue el centro de tortura en el que centenares de personas fueron asesinadas y desaparecidas por oponerse al fascismo que impusieron a Chile el general Augusto Pinochet y sus aliados empresariales. Su fantasmal presencia pasa desapercibida ante la imponente belleza del transfondo andino. El hombre a su cuidado vivía muy cerca y aún recuerda los aullidos.
Visité la Villa una invernal mañana de 2006. Me llevó Sara De Witt, quien estuvo encarcelada allí cuando era una activista estudiantil. (Ahora vive en Londres.) Fue electrocutada y golpeada, pero sobrevivió. Luego fuimos a la casa de Salvador Allende, el gran demócrata y reformista que pereció el día del golde de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973 (el 11-S de América Latina). Su casa es un silencioso edificio blanco, sin placas ni señales conmemorativas.
Diríase que el nombre de Salvador Allende ha sido borrado por doquiera. Únicamente en el solitario memorial del cementerio se pueden leer, grabadas en una lista de "ejecutados políticos", las palabras: "Presidente de la República". Allende murió por propia mano, mientras Pinochet bombardeaba el palacio presidencial con aviones británicos y el embajador norteamericano contemplaba el espectáculo.
Ahora Chile es una democracia, aunque muchos pondrían objeciones a esa calificación, sobre todo en los barrios obligados a hurgar en los basureros y a robar electricidad. En 1990, Pinochet impuso un sistema constitucional de compromiso como condición de su propio retiro y del paso de las fuerzas armadas a la sombra política. Eso garantiza que los partidos reformistas en un sentido amplio, la llamada Concertación, estén permanentemente divididos o se vean forzados a legitimar los designios económicos de los partidarios del dictador. En las últimas elecciones, la derechista Coalición por el Cambio, la creación del ideólogo pinochestista Jaime Guzmán, llevó al poder al presidente Sebastián Piñera. Se culminaba así a hurtadillas la sangrienta erradicación de la verdadera democracia que comenzó con la muerte de Allende.
Piñera es un millonario que controla una buena porción de la minería, de la energía y de la venta minorista. Hizo su fortuna luego del golpe de Estado de Pinochet, durante los "experimentos" de libre mercado de los fundamentalistas de la Universidad de Chicago conocidos como "Chicago boys". Su hermano y antiguo socio empresarial, José Piñera, ministro de trabajo con Pinochet, privatizó la minería y el sistema público de pensiones y se empeñó en destruir los sindicatos. Lo que recibió el aplauso de Washington como un "milagro económico", un modelo de culto para el neoliberalismo que habría de engullir al continente y asegurar al Norte su control.
El Chile de hoy es crítico con las embestidas del presidente Obama contra las democracias independientes de Ecuador, Bolivia y Venezuela. El aliado más cercano de Piñera es el principal hombre de Washington en la zona, Juan Manuel Santos, el nuevo presidente de Colombia, país que dispone de 7 bases militares estadounidenses y de un infame registro en materia de derechos humanos, algo que conocen bien los chilenos que sufrieron el terror de Pinochet.
El Chile post-Pinochet ha mantenido en la sombra sus propios abusos. Las familias que todavía buscan recuperarse de la tortura o de la desaparición de sus seres queridos son tratadas con prejuicios por el Estado y sus funcionarios. No se callan los mapuches, la única nación indígena a la que los conquistadores españoles no consiguieron derrotar. A fines del XIX, los colonos europeos de un Chile ya independiente lanzaron su racista guerra de exterminio contra los mapuches, lo que los dejó en condiciones de marginalidad depauperada. Eso empezó a cambiar durante los mil días del gobierno de Allende. Algunas tierras mapuches fueron devueltas, y se reconoció una deuda de justicia.
Desde entonces, se ha venido librando una guerra tan malévola como silenciada contra los mapuches. Se ha permitido a grandes empresas forestales hacerse con sus tierras, y su resistencia ha sido combatida con asesinatos, desapariciones y persecuciones arbitrarias bajo capa de leyes "antiterroristas" aprobadas por la dictadura. En sus campañas de desobediencia civil, ningún mapuche ha infligido el menor daño a nadie. Ha bastado que un terrateniente o un empresario lanzara la acusación de que los mapuches "podrían llegar a traspasar" los límites en que han sido confinados y entrar en sus territorios ancestrales, para que la policía les acusara de delitos que desembocaban en procesos judiciales kafkianos, con testigos sin rostro y sentencias cárcel de 20 años. Se trata, en efecto, de presos políticos.
Mientras que el mundo se congratula con el espectáculo del rescate de los mineros, no se tiene noticia de los 38 huelguistas de hambre mapuches que exigen la abolición de las leyes pinochestistas –como la de "incendio terrorista"— con que se les ha procesado y la justicia de una democracia de verdad. El pasado 9 de octubre, todos los huelguistas de hambre, salvo uno, pusieron fin a su protesta de 90 días sin ingesta de alimentos. Un joven mapuche, Luis Marileo, dice que él seguirá la huelga. El próximo 18 de octubre, el presidente Piñera tiene que dictar una conferencia en la London School of Economics. Habría que aprovechar la ocasión para recordarle todo eso.
(*)John Pilger es un crítico y analista político británico. Este artículo ha sido publicado en Information Clearing House el 15 de octubre de 2010.
(Fuentes:RadioMundoReal, LibreRed,Prensa Latina, La Jornada y Information Clearing House-SinPermiso)
El accidente que atrapó a los mineros no es algo insólito en Chile; es la consecuencia inevitable del implacable sistema económico que apenas ha cambiado desde los tiempos de la dictadura del general Augusto Pinochet. El cobre es el oro chileno, y la frecuencia de los desastres mineros se acompasa a los precios y a los beneficios que reporta. De promedio, cada año se registran 39 accidentes mortales en las minas chilenas privatizadas. El trabajo en la mina de San José llegó a ser tan inseguro en 2007, que tuvo que cerrarse. Pero no por mucho tiempo. El pasado 30 de julio, un informe del ministerio chileno de trabajo advirtió de sus "graves deficiencias de seguridad", pero el ministro no tomó medida alguna. Seis días después, los mineros quedaban sepultados.
A despecho de todo el circo mediático desplegado in situ durante el rescate, el Chile de nuestros días es un país silenciado. En la Villa Grimaldi, en los suburbios de Santiago, un cartel reza como sigue: "El pasado olvidado está lleno de memoria". Fue el centro de tortura en el que centenares de personas fueron asesinadas y desaparecidas por oponerse al fascismo que impusieron a Chile el general Augusto Pinochet y sus aliados empresariales. Su fantasmal presencia pasa desapercibida ante la imponente belleza del transfondo andino. El hombre a su cuidado vivía muy cerca y aún recuerda los aullidos.
Visité la Villa una invernal mañana de 2006. Me llevó Sara De Witt, quien estuvo encarcelada allí cuando era una activista estudiantil. (Ahora vive en Londres.) Fue electrocutada y golpeada, pero sobrevivió. Luego fuimos a la casa de Salvador Allende, el gran demócrata y reformista que pereció el día del golde de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973 (el 11-S de América Latina). Su casa es un silencioso edificio blanco, sin placas ni señales conmemorativas.
Diríase que el nombre de Salvador Allende ha sido borrado por doquiera. Únicamente en el solitario memorial del cementerio se pueden leer, grabadas en una lista de "ejecutados políticos", las palabras: "Presidente de la República". Allende murió por propia mano, mientras Pinochet bombardeaba el palacio presidencial con aviones británicos y el embajador norteamericano contemplaba el espectáculo.
Ahora Chile es una democracia, aunque muchos pondrían objeciones a esa calificación, sobre todo en los barrios obligados a hurgar en los basureros y a robar electricidad. En 1990, Pinochet impuso un sistema constitucional de compromiso como condición de su propio retiro y del paso de las fuerzas armadas a la sombra política. Eso garantiza que los partidos reformistas en un sentido amplio, la llamada Concertación, estén permanentemente divididos o se vean forzados a legitimar los designios económicos de los partidarios del dictador. En las últimas elecciones, la derechista Coalición por el Cambio, la creación del ideólogo pinochestista Jaime Guzmán, llevó al poder al presidente Sebastián Piñera. Se culminaba así a hurtadillas la sangrienta erradicación de la verdadera democracia que comenzó con la muerte de Allende.
Piñera es un millonario que controla una buena porción de la minería, de la energía y de la venta minorista. Hizo su fortuna luego del golpe de Estado de Pinochet, durante los "experimentos" de libre mercado de los fundamentalistas de la Universidad de Chicago conocidos como "Chicago boys". Su hermano y antiguo socio empresarial, José Piñera, ministro de trabajo con Pinochet, privatizó la minería y el sistema público de pensiones y se empeñó en destruir los sindicatos. Lo que recibió el aplauso de Washington como un "milagro económico", un modelo de culto para el neoliberalismo que habría de engullir al continente y asegurar al Norte su control.
El Chile de hoy es crítico con las embestidas del presidente Obama contra las democracias independientes de Ecuador, Bolivia y Venezuela. El aliado más cercano de Piñera es el principal hombre de Washington en la zona, Juan Manuel Santos, el nuevo presidente de Colombia, país que dispone de 7 bases militares estadounidenses y de un infame registro en materia de derechos humanos, algo que conocen bien los chilenos que sufrieron el terror de Pinochet.
El Chile post-Pinochet ha mantenido en la sombra sus propios abusos. Las familias que todavía buscan recuperarse de la tortura o de la desaparición de sus seres queridos son tratadas con prejuicios por el Estado y sus funcionarios. No se callan los mapuches, la única nación indígena a la que los conquistadores españoles no consiguieron derrotar. A fines del XIX, los colonos europeos de un Chile ya independiente lanzaron su racista guerra de exterminio contra los mapuches, lo que los dejó en condiciones de marginalidad depauperada. Eso empezó a cambiar durante los mil días del gobierno de Allende. Algunas tierras mapuches fueron devueltas, y se reconoció una deuda de justicia.
Desde entonces, se ha venido librando una guerra tan malévola como silenciada contra los mapuches. Se ha permitido a grandes empresas forestales hacerse con sus tierras, y su resistencia ha sido combatida con asesinatos, desapariciones y persecuciones arbitrarias bajo capa de leyes "antiterroristas" aprobadas por la dictadura. En sus campañas de desobediencia civil, ningún mapuche ha infligido el menor daño a nadie. Ha bastado que un terrateniente o un empresario lanzara la acusación de que los mapuches "podrían llegar a traspasar" los límites en que han sido confinados y entrar en sus territorios ancestrales, para que la policía les acusara de delitos que desembocaban en procesos judiciales kafkianos, con testigos sin rostro y sentencias cárcel de 20 años. Se trata, en efecto, de presos políticos.
Mientras que el mundo se congratula con el espectáculo del rescate de los mineros, no se tiene noticia de los 38 huelguistas de hambre mapuches que exigen la abolición de las leyes pinochestistas –como la de "incendio terrorista"— con que se les ha procesado y la justicia de una democracia de verdad. El pasado 9 de octubre, todos los huelguistas de hambre, salvo uno, pusieron fin a su protesta de 90 días sin ingesta de alimentos. Un joven mapuche, Luis Marileo, dice que él seguirá la huelga. El próximo 18 de octubre, el presidente Piñera tiene que dictar una conferencia en la London School of Economics. Habría que aprovechar la ocasión para recordarle todo eso.
(*)John Pilger es un crítico y analista político británico. Este artículo ha sido publicado en Information Clearing House el 15 de octubre de 2010.
(Fuentes:RadioMundoReal, LibreRed,Prensa Latina, La Jornada y Information Clearing House-SinPermiso)
