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15.10.08

Colombia: Derechos Humanos

19 MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS Y DESAPARECIDOS EN LA REPRESIÓN DE LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA, QUE SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS

Grave situación en el Cauca, donde ejército y paramilitares rodean y amenazan a las comunidades

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas alerta a la comunidad internacional que "el Estado colombiano, administrado por el gobierno de Álvaro Uribe, es responsable de un genocidio indígena. La represión indiscriminada lanzada contra los Pueblos Indígenas colombianos ya ha causado 19 muertes en solo quince días".
La represión trata de acabar con la movilización que se extiende por toda Colombia, convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que llamó a los Pueblos Indígenas del país a desarrollar la Minga de Resistencia Indígena y Popular, para llamar la atención del mundo sobre la vulneración de sus derechos, "un llamado al mundo para que sus derechos no sean reconocidos solo a nivel formal y se conviertan en una realidad".
Según la ONIC, la sistemática violación de los derechos indígenas se implementa para favorecer la expropiación de sus territorios a fin de entregárselos a las multinacionales extractivas. "Una vez más, se prueba que los Estados 'Uninacionales' están al servicio de los intereses de las empresas transnacionales", dice la Coordinadora Indígena.

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denunció que entre el 2002 y el 2008 más de mil 226 indígenas han sido asesinados, 300 desaparecidos y mil 660 encarcelados y sólo en los últimos 15 días fueron ultimados 19.

Una situación que ya fue comprobada y denunciada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que como producto de su Audiencia sobre Genocidio Indígena realizada en el resguardo indígena Kankuamo, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, los días 18 y 19 de julio del 2008, emitió un veredicto acusatorio que dice textualmente: "Acusar al Estado colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los Pueblos Indígenas".

Un muerto y 30 heridos en el Cauca, 22 muertos este año

En esta zona, al menos un indígena murió y otras 30 personas resultaron heridas desde que comenzó la movilización el 12 de octubre en enfrentamientos entre la policía colombiana y aborígenes, que protestan por el asesinato de unos 22 de sus miembros en lo que va de año y reclaman sus tierras ancestrales.

La protesta está protagonizada en esta región por más de 10 mil indígenas de varias etnias que taponaron la carretera Panamericana en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, ambos en el suroeste del país. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, trató de criminalizar el movimiento indígena y justificar la represión asegurando que los indígenas habían colocando explosivos en varios puntos de la Panamericana 'por instrucción de la guerrilla de las FARC'.Y añadió que "esta es una convivencia de indígenas con las FARC, estos indígenas no tienen conocimiento de explosivos y sin embargo en un puente cercano a donde nos encontramos nosotros están colocando cargas explosivas".



Protesta indígena se extiende por todo el país





Los bloqueos más importantes se registran entre Cali y Florida, en el Valle del Cauca, y entre las localidades de Tunia y Piendamó, y Mondomo y Santander de Quilichao, en Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló en un comunicado que la protesta deja, de momento, un saldo de 23 aborígenes heridos "y cuatro desaparecidos".
Los indígenas atravesaron troncos de árboles y piedras, y quemaron neumáticos en distintos tramos de la Panamericana, la principal vía que une a Colombia y Ecuador, mientras que la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.




Aumenta la inconformidad social





Revueltas de los pueblos indígenas, paros en varios sectores y anuncios de nuevas protestas contra el deterioro de la situación laboral y social en el país marcan el panorama interno en Colombia.

Este miércoles los más de 43 mil afiliados a la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL) decidirán en asambleas si continúan con un paro que ya dura 45 días y que ha mantenido casi totalmente interrumpida la actividad del sector.

La decisión dependerá de si aceptan o no las últimas ofertas del gobierno que incluyen lograr cierta nivelación de los salarios y pagar los salarios y no sancionar a los empleados en huelga si se integran a sus labores.
La amenaza de sanciones disciplinarias fue una de las medidas aprobadas por el gobierno como parte del estado de conmoción interna decretado por el presidente Alvaro Uribe hace una semana.
Precisamente esa situación extrema ha sido rechazada por el movimiento sindical que anunció para mañana jueves una jornada de protestas contra el decreto y en respaldo a los trabajadores en huelga.

Otra importante protesta es la que mantienen desde hace casi tres semanas miles de cortadores de caña en el departamento de Valle del Cauca, que ha paralizado numerosas fábricas de azúcar.


Sin embargo, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Mario Tovar, informó la víspera que en municipios y departamentos del país hay en estos momentos medio centenar de conflictos laborales.

Por ello las principales centrales sindicales obreras, apoyadas por importantes sindicatos convocaron a un paro nacional para el próximo 23 de octubre con marchas y concentraciones previstas en las más importantes ciudades.


Comunicado de la Comisión Regional Indígena de Cauca (CRIC)

Desde el pasado 12 de octubre salimos a caminar esta palabra, que define el objetivo de nuestra movilización pacífica:

1. No aceptamos “Tratados de Libre Comercio” como el que se ha “negociado” a puerta cerrada y sin consultarnos con los EEUU, Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y cualquier otro que persiga el mismo propósito de despojarnos de nuestros derechos, culturas, saberes y territorios, explotar las riquezas y los pueblos y robarse el valor económico y el capital para someternos. Queremos tratados entre pueblos, para los pueblos y la vida y no entre patrones contra los pueblos y la Madre Tierra que están matando con su codicia.


2. Denunciamos, resistimos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y de la legislación de despojo con la que entregan lo nuestro a intereses privados y nos someten al silencio, a la estupidez, al trabajo forzado, a la exclusión y a la muerte.
Son muchas las leyes y reformas ya implementadas o en camino. Entre estas las peores incluyen el Estatuto Rural, el Código de Minas, las Leyes y Planes de Aguas, la Ley de Bosques…Lucharemos para conseguir que sean derogadas.


3. No más terror a través del Plan Colombia, la Seguridad Democrática, la parapolítica, que infestan todos nuestros territorios y los siembran de muerte y desplazamiento con la excusa falsa de alcanzar su “recuperación social”.
Que el mundo se entere de la forma en que el Gobierno de los EEUU y el Comando Sur, establecen Centros de Coordinación de Acción Integral desde donde ocupan nuestros territorios para entregarlos a las transnacionales con los recursos de los pueblos de acá y de allá.
En estas condiciones protestar no es un delito si no una obligación convertida en crimen por los que le temen a la libertad. Que se larguen los señores de la guerra que se sirven del terror para robar y matar. Queremos juzgar en nuestros territorios y desde el derecho propio a quiénes nos han convertido en víctimas sirviéndose del poder del Estado, del para Estado y de la guerra, vengan de donde vengan sin importar sus discursos y pretendidas justificaciones.




4. Exigimos el cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de manera sistemática. No solamente el Decreto 982 de 1999 o los acuerdos por la Masacre de El Nilo de Diciembre de 1991 y los acuerdos de la Emperatriz de Septiembre de 2005, sino la Ley 21 de 1991 o Acuerdo 169 de la OIT. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe convertirse en Ley y ser acatada. Pero no exigimos solamente como indígenas. El Mandato Agrario, los derechos sindicales, los servicios públicos, los derechos fundamentales, los derechos de las mujeres y su larga y dolorosa lucha.


Denuncian indígenas del Cauca
Órdenes del general: Nos van a matar esta noche




"Han llegado tropas, helicópteros y tanques al sitio de bloqueo en la carretera Panamericana al mando de un general Páez Varón. A toda costa asegura que esta noche despejará la vía. Por la vía asesinan. Lo que no han hecho en 516 años por hacer valer los derechos de los pueblos, lo hacen en un día y una noche por abrir una vía para el despojo. Antes asesinan y mueven tropas por el derecho sagrado a una vía que hacer lo digno para defender la vida de pueblos cansados de la miseria, de la exclusión, del genocidio: ¡Asesinos! Son asesinos.

Asegura el general Orlando Páez Varón con la desfachatez de un mentiroso sin escrúpulos que la protesta indígena está infiltrada por las FARC. Asesino y mentiroso. Miente para asesinar. Necesita una excusa para ejecutar el genocidio. Se inventa la de siempre. General Páez, asesino obediente, su patrón el gobierno Uribe, el gobernador González Mosquera, el patrón de ellos en las transnacionales, le han ordenado despejar la vía del despojo. Quitar las moscas, los zancudos, las cucarachas, los nadie de siempre que siempre se matan y despojan para que se enriquezca el patrón.
Asesinos de ahora y de siempre. Cada indígena muerto por sus balas asesinas es su culpa. No habrá quien lave su sucia conciencia, ni la de sus hombres, ni la de sus jefes nacionales y transnacionales. Ya hoy hay más de veinte indígenas heridos. Dos falleciendo, cuatro a punto de perder los ojos, cuatro más con heridas de bala en las piernas. ¡Asesinos!

Comparemos para que quede constancia:

Comparemos los hombres escudados de “robocop”, armados hasta los dientes, con quienes con un bastón se paran delante de ellos a defender con sus cuerpos la dignidad y el territorio.

Comparemos a un generalote que llega con sus tanques y helicópteros y balas y mentiras a barrer con un pueblo inventando una alianza con las FARC que no existe para crear un enemigo que puedan asesinar impunemente. Comparémoslos con hombres, mujeres y niños que son conscientes de que los van a acusar de ser guerrilleros y los van a masacrar, pero su conciencia los hace preferir la muerte digna a la vida en humillación y en silencio.

General; ni Páez, porque esos somos nosotros, los hijos de esta tierra que usted insulta, los que llevamos la sangre que usted derrama, los que venimos de la misma madre que usted niega y asesina.

General: ¿Varón? Qué Varón va a ser un hombre que enfrenta la fuerza de las ideas con la fuerza de las armas. ¿Valiente general? Valientes nosotras y nosotros que no tenemos más que nuestras vidas y nuestras ideas y cultura para defendernos y no recurrimos a mentiras ni a acorazados ejércitos y armas para defender a quienes se roban la vida de los suyos.

Mentiroso; ni Páez, ni Varón, ni general. Usted es un siervo de los que roban y matan para enriquecerse. El problema no es usted, general, sino quienes lo mandan y mandan a sus hombres.

Esta es una orden de su Madre, de su Pueblo: Deténganse, no despejen la vía. Despejen el país de presidentes, gobernadores, gamonales y corporaciones que nos matan de humillación y de hambre. Es una orden, general: le prohibimos mentir y matarnos. Dé la vuelta y defienda su país. Expulse a los que ya han matado 516 años, no se manche de más deshonra.

Es posible que mañana haya más sangre regada en los campos del Cauca. La Madre Tierra llorará de nuevo y las mentiras serán impuestas. Eso no cambiará la verdad: los pueblos de esta tierra, sabios y dignos estamos ahora acá, listos a defender con nuestras vidas la vida de esta tierra, la justicia, la dignidad y la libertad. General, sea Páez y Varón, obedezca la voz de la Madre Tierra y de sus hijos. No vale la pena aplastar un pueblo heroico por unos pesos y un titular.

Hoy, 14 de octubre, general Páez Varón, presidente Uribe, gobernador González Mosquera, comerciantes, gamonales, terratenientes y gerentes insaciables, hoy mismo, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa-Nación al pago de una indemnización por daños morales y alteración grave de existencia a favor de 82 indígenas, como consecuencia de la masacre del Naya. Ya ustedes están condenados por la masacre de hoy. Desde hoy los condenamos por la de esta noche del 14 de octubre de 2008. Asesinos. Matan por enriquecer a algunos. Matan el ejemplo y la vida, mientras muchos, demasiados, ven las noticias por televisión y no hacen lo que hay que hacer. Paeces, nosotras y nosotros. ¿Dónde están los pueblos dignos que detengan a este asesino?

Usted trabaja para los gringos, para los dueños de este país, para la muerte y la indignidad.
Pero nosotras y nosotros, humildes y nasa, ¡ya los derrotamos! ¡Ya basta!"

(Fuentes: Adital, EFE, Codhes-Colombia, Prensa Latina y CRIC_Comisión Regional Indígena del Cauca)


10.10.08

Colombia: Estado de Excepción

URIBE APROVECHA LA HUELGA DE LA JUSTICIA PARA IMPONER UN ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD, PARA ALGUNOS UNA MANIOBRA PARA HACERSE UNA JUSTICIA A LA MEDIDA Y SEGUIR EN EL PODER


El Gobierno de Colombia decretó el estado de conmoción interior (excepción) por 90 días podría ser prorrogada hasta por 180, con la intención declarada de atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumple 37 días y ha bloqueado los fallos sobre 160.000 procesos, según anunció el presidente Álvaro Uribe.
El mandatario, en viejas disputas con la justicia colombiana, explicó en una alocución que se decidió declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
Uribe dijo que durante la huelga más de 2.700 personas detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se realizaron más de 25.000 audiencias."Esto le causa al país una tragedia", justificó Uribe. Las fuentes oficiales apuntan además que ,después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.


La Constitución colombiana establece que , "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. A juicio de muchos expertos y de la oposición, no se da tal conmoción.

Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades, pero no permite censurar a la prensa.

El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, explicó que el primer decreto busca restablecer el servicio público de la justicia y otorgar al Consejo Superior de la Judicatura facultades extraordinarias para ello.
En ese sentido podrá, entre otras disposiciones, nombrar funcionarios que impartan justicia, dictar medidas para descongestionar los procesos en marcha, suspender funcionarios que no vayan a trabajar.
Añadió que el gobierno expedirá todos los decretos que estime pertinentes durante los próximos 90 días para desbloquear el funcionamiento de las instancias judiciales
A propuesta de los banqueros


Los funcionarios en paro demandan al gobierno la nivelación salarial establecida por una ley aprobada en 1992 pero que nunca ha sido aplicada.
Para ello reclaman fondos mínimos por 300 mil millones de pesos (unos 160 millones de dólares) pero la oferta del gobierno solo llega a 131 mil millones de pesos (70 millones de dólares) repartidos en los próximos dos años.
La huelga ha sido apoyada por las principales centrales obreras así como por otros sindicatos del sector estatal.
El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".

Uribe aplicó por primera vez el estado de conmoción interior tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron una veintena de muertos.

Uribe mantiene desde hace unos meses su particular guerra contra algunas ramas del poder judicial. Así son constantes sus ataques y descalificaciones a la Corte Suprema de Justicia y a la independencia judicial en Colombia. Coinciden con el hecho de que la Corte investigó la legalidad de la reforma constitucional que Uribe fomentó para hacer posible su reelección y con que la Justicia tiene en procesados o en la cárcel a mas de 30 congresistas de su bancada, por vínculos con el narcotráfico o con los paramilitares.
Una decisión muy discutida


El Polo Democrático Alternativo, uno de los principales partidos de la oposición, rechazó "vehementemente" la medida, sugirió que el gobierno tiene intenciones ocultas y dijo que el gobierno habría podido decretar una emergencia judicial. Para el Polo, hubiese sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial", asegura el primer grupo de la oposición en un comunicado.
"Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades", advierte la Declaración.
El Polo anuncia que acudirá ante la Corte Constitucional para "impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados".
Por su parte, el columnista Ramiro Bejarano, profesor de derecho de la Universidad Externado de Colombia, considera que el estado de excepción no se justifica. "La conmoción interior es para contrarrestar problemas severos de orden público. Y el paro judicial no ha producido ni siquiera la ruptura de un vidrio", afirma Bejarano, quien es también columnista del diario El Espectador.

Bejarano advierte de que ahora el Gobierno puede otorgar facultades al Consejo de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios "que garanticen la prestación del servicio". "Ese es un zarpazo mortal a la justicia y será aprovechado por el gobierno para sacar a los jueces que no le gusten, de la mano del Consejo de la Judicatura, que está bajo su control", concluye.
Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial , el sindicato de empleados de la rama judicial, dice que "es completamente equivocada" la medida.
Los decretos que expida el gobierno con base en las facultades de excepción tendrán que ser revisados y avalados por la Corte Constitucional. En caso de que el tribunal derogue parcial o totalmente alguna de las medidas, los efectos de la decisión no serán retroactivos.
Comunicado del PDA

"El Polo Democrático Alternativo informa a la opinión pública:
Que rechaza vehementemente la declaratoria de conmoción interior y los decretos legislativos que ha anunciado el gobierno nacional en ejercicio de tal declaración, por considerarla inconstitucional e inoportuna en atención a las siguientes razones:
1.- No se presenta la hipótesis de la grave perturbación del orden público a que hace referencia el artículo 213 de la Carta Política como requisito indispensable para la declaración de tal estado, pues no es aceptable considerar que la legítima protesta que actualmente adelantan los servidores judiciales constituya una alteración del orden público, menos aún cuando el primer mandatario ha reconocido la justeza de las reclamaciones.
2.- De aceptarse - en gracia de discusión - que esta protesta ha producido una alteración del orden público, la misma podría ser conjurada mediante atribuciones que además de ser ordinarias constituyen una obligación legal. En efecto, la ley 4 de 1.992 ordenó la nivelación salarial en beneficio de los funcionarios y empleados de la rama judicial con base en criterios de equidad, disposición que ha sido incumplida lo que ha generado la legítima reacción de los afectados, por lo que su cumplimiento haría parte de los mecanismos ordinarios al alcance del gobierno, que de utilizarse correctamente pondrían fin a la supuesta perturbación del orden público.
3.-El Gobierno nacional no puede aducir como fundamento para declarar el Estado de conmoción interior su propia culpa, pues como se ha señalado es evidente que la causa real de esta problemática la constituye el incumplimiento de obligaciones para con estos servidores.

4.- No puede aceptarse que por esta vía se pretenda atentar contra el ejercicio del derecho fundamental de asociación y sus diferentes manifestaciones, como lo pretende el presidente mediante esta declaración. Los decretos legislativos anunciados tienden más a afectar este derecho que a conjurar las causas del conflicto pues ninguno de ellos pretende dar solución a la inequitativa situación de los servidores de esta rama del poder público. Además de aceptar que se trata de un cese ilegal de actividades como lo pretende dar a entender el gobierno, nuestra legislación consagra medidas ordinarias para enfrentar las consecuencias que generan dichos actos.
5.- En circunstancias como la presente, sería más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial. Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades.
Por estas razones acudiremos oportunamente ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados.
Carlos Gaviria Díaz. Presidente
Carlos Bula Camacho. Secretario General
Polo Democrático Alternativo"

(Fuentes: EFE, Prensa Latina, BBC-Mundo, Polo Democrático Alternativo)

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