Colombia: Derechos Humanos

19 MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS Y DESAPARECIDOS EN LA REPRESIÓN DE LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA, QUE SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS

Grave situación en el Cauca, donde ejército y paramilitares rodean y amenazan a las comunidades

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas alerta a la comunidad internacional que "el Estado colombiano, administrado por el gobierno de Álvaro Uribe, es responsable de un genocidio indígena. La represión indiscriminada lanzada contra los Pueblos Indígenas colombianos ya ha causado 19 muertes en solo quince días".
La represión trata de acabar con la movilización que se extiende por toda Colombia, convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que llamó a los Pueblos Indígenas del país a desarrollar la Minga de Resistencia Indígena y Popular, para llamar la atención del mundo sobre la vulneración de sus derechos, "un llamado al mundo para que sus derechos no sean reconocidos solo a nivel formal y se conviertan en una realidad".
Según la ONIC, la sistemática violación de los derechos indígenas se implementa para favorecer la expropiación de sus territorios a fin de entregárselos a las multinacionales extractivas. "Una vez más, se prueba que los Estados 'Uninacionales' están al servicio de los intereses de las empresas transnacionales", dice la Coordinadora Indígena.

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denunció que entre el 2002 y el 2008 más de mil 226 indígenas han sido asesinados, 300 desaparecidos y mil 660 encarcelados y sólo en los últimos 15 días fueron ultimados 19.

Una situación que ya fue comprobada y denunciada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que como producto de su Audiencia sobre Genocidio Indígena realizada en el resguardo indígena Kankuamo, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, los días 18 y 19 de julio del 2008, emitió un veredicto acusatorio que dice textualmente: "Acusar al Estado colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los Pueblos Indígenas".

Un muerto y 30 heridos en el Cauca, 22 muertos este año

En esta zona, al menos un indígena murió y otras 30 personas resultaron heridas desde que comenzó la movilización el 12 de octubre en enfrentamientos entre la policía colombiana y aborígenes, que protestan por el asesinato de unos 22 de sus miembros en lo que va de año y reclaman sus tierras ancestrales.

La protesta está protagonizada en esta región por más de 10 mil indígenas de varias etnias que taponaron la carretera Panamericana en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, ambos en el suroeste del país. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, trató de criminalizar el movimiento indígena y justificar la represión asegurando que los indígenas habían colocando explosivos en varios puntos de la Panamericana 'por instrucción de la guerrilla de las FARC'.Y añadió que "esta es una convivencia de indígenas con las FARC, estos indígenas no tienen conocimiento de explosivos y sin embargo en un puente cercano a donde nos encontramos nosotros están colocando cargas explosivas".

Protesta indígena se extiende por todo el país





Los bloqueos más importantes se registran entre Cali y Florida, en el Valle del Cauca, y entre las localidades de Tunia y Piendamó, y Mondomo y Santander de Quilichao, en Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló en un comunicado que la protesta deja, de momento, un saldo de 23 aborígenes heridos "y cuatro desaparecidos".
Los indígenas atravesaron troncos de árboles y piedras, y quemaron neumáticos en distintos tramos de la Panamericana, la principal vía que une a Colombia y Ecuador, mientras que la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.



Aumenta la inconformidad social





Revueltas de los pueblos indígenas, paros en varios sectores y anuncios de nuevas protestas contra el deterioro de la situación laboral y social en el país marcan el panorama interno en Colombia.

Este miércoles los más de 43 mil afiliados a la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL) decidirán en asambleas si continúan con un paro que ya dura 45 días y que ha mantenido casi totalmente interrumpida la actividad del sector.

La decisión dependerá de si aceptan o no las últimas ofertas del gobierno que incluyen lograr cierta nivelación de los salarios y pagar los salarios y no sancionar a los empleados en huelga si se integran a sus labores.
La amenaza de sanciones disciplinarias fue una de las medidas aprobadas por el gobierno como parte del estado de conmoción interna decretado por el presidente Alvaro Uribe hace una semana.
Precisamente esa situación extrema ha sido rechazada por el movimiento sindical que anunció para mañana jueves una jornada de protestas contra el decreto y en respaldo a los trabajadores en huelga.

Otra importante protesta es la que mantienen desde hace casi tres semanas miles de cortadores de caña en el departamento de Valle del Cauca, que ha paralizado numerosas fábricas de azúcar.


Sin embargo, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Mario Tovar, informó la víspera que en municipios y departamentos del país hay en estos momentos medio centenar de conflictos laborales.

Por ello las principales centrales sindicales obreras, apoyadas por importantes sindicatos convocaron a un paro nacional para el próximo 23 de octubre con marchas y concentraciones previstas en las más importantes ciudades.


Comunicado de la Comisión Regional Indígena de Cauca (CRIC)

Desde el pasado 12 de octubre salimos a caminar esta palabra, que define el objetivo de nuestra movilización pacífica:

1. No aceptamos “Tratados de Libre Comercio” como el que se ha “negociado” a puerta cerrada y sin consultarnos con los EEUU, Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y cualquier otro que persiga el mismo propósito de despojarnos de nuestros derechos, culturas, saberes y territorios, explotar las riquezas y los pueblos y robarse el valor económico y el capital para someternos. Queremos tratados entre pueblos, para los pueblos y la vida y no entre patrones contra los pueblos y la Madre Tierra que están matando con su codicia.


2. Denunciamos, resistimos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y de la legislación de despojo con la que entregan lo nuestro a intereses privados y nos someten al silencio, a la estupidez, al trabajo forzado, a la exclusión y a la muerte.
Son muchas las leyes y reformas ya implementadas o en camino. Entre estas las peores incluyen el Estatuto Rural, el Código de Minas, las Leyes y Planes de Aguas, la Ley de Bosques…Lucharemos para conseguir que sean derogadas.

3. No más terror a través del Plan Colombia, la Seguridad Democrática, la parapolítica, que infestan todos nuestros territorios y los siembran de muerte y desplazamiento con la excusa falsa de alcanzar su “recuperación social”.
Que el mundo se entere de la forma en que el Gobierno de los EEUU y el Comando Sur, establecen Centros de Coordinación de Acción Integral desde donde ocupan nuestros territorios para entregarlos a las transnacionales con los recursos de los pueblos de acá y de allá.
En estas condiciones protestar no es un delito si no una obligación convertida en crimen por los que le temen a la libertad. Que se larguen los señores de la guerra que se sirven del terror para robar y matar. Queremos juzgar en nuestros territorios y desde el derecho propio a quiénes nos han convertido en víctimas sirviéndose del poder del Estado, del para Estado y de la guerra, vengan de donde vengan sin importar sus discursos y pretendidas justificaciones.

4. Exigimos el cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de manera sistemática. No solamente el Decreto 982 de 1999 o los acuerdos por la Masacre de El Nilo de Diciembre de 1991 y los acuerdos de la Emperatriz de Septiembre de 2005, sino la Ley 21 de 1991 o Acuerdo 169 de la OIT. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe convertirse en Ley y ser acatada. Pero no exigimos solamente como indígenas. El Mandato Agrario, los derechos sindicales, los servicios públicos, los derechos fundamentales, los derechos de las mujeres y su larga y dolorosa lucha.

Denuncian indígenas del Cauca
Órdenes del general: Nos van a matar esta noche




"Han llegado tropas, helicópteros y tanques al sitio de bloqueo en la carretera Panamericana al mando de un general Páez Varón. A toda costa asegura que esta noche despejará la vía. Por la vía asesinan. Lo que no han hecho en 516 años por hacer valer los derechos de los pueblos, lo hacen en un día y una noche por abrir una vía para el despojo. Antes asesinan y mueven tropas por el derecho sagrado a una vía que hacer lo digno para defender la vida de pueblos cansados de la miseria, de la exclusión, del genocidio: ¡Asesinos! Son asesinos.

Asegura el general Orlando Páez Varón con la desfachatez de un mentiroso sin escrúpulos que la protesta indígena está infiltrada por las FARC. Asesino y mentiroso. Miente para asesinar. Necesita una excusa para ejecutar el genocidio. Se inventa la de siempre. General Páez, asesino obediente, su patrón el gobierno Uribe, el gobernador González Mosquera, el patrón de ellos en las transnacionales, le han ordenado despejar la vía del despojo. Quitar las moscas, los zancudos, las cucarachas, los nadie de siempre que siempre se matan y despojan para que se enriquezca el patrón.

Asesinos de ahora y de siempre. Cada indígena muerto por sus balas asesinas es su culpa. No habrá quien lave su sucia conciencia, ni la de sus hombres, ni la de sus jefes nacionales y transnacionales. Ya hoy hay más de veinte indígenas heridos. Dos falleciendo, cuatro a punto de perder los ojos, cuatro más con heridas de bala en las piernas. ¡Asesinos!

Comparemos para que quede constancia:

Comparemos los hombres escudados de “robocop”, armados hasta los dientes, con quienes con un bastón se paran delante de ellos a defender con sus cuerpos la dignidad y el territorio.

Comparemos a un generalote que llega con sus tanques y helicópteros y balas y mentiras a barrer con un pueblo inventando una alianza con las FARC que no existe para crear un enemigo que puedan asesinar impunemente. Comparémoslos con hombres, mujeres y niños que son conscientes de que los van a acusar de ser guerrilleros y los van a masacrar, pero su conciencia los hace preferir la muerte digna a la vida en humillación y en silencio.

General; ni Páez, porque esos somos nosotros, los hijos de esta tierra que usted insulta, los que llevamos la sangre que usted derrama, los que venimos de la misma madre que usted niega y asesina.

General: ¿Varón? Qué Varón va a ser un hombre que enfrenta la fuerza de las ideas con la fuerza de las armas. ¿Valiente general? Valientes nosotras y nosotros que no tenemos más que nuestras vidas y nuestras ideas y cultura para defendernos y no recurrimos a mentiras ni a acorazados ejércitos y armas para defender a quienes se roban la vida de los suyos.

Mentiroso; ni Páez, ni Varón, ni general. Usted es un siervo de los que roban y matan para enriquecerse. El problema no es usted, general, sino quienes lo mandan y mandan a sus hombres.

Esta es una orden de su Madre, de su Pueblo: Deténganse, no despejen la vía. Despejen el país de presidentes, gobernadores, gamonales y corporaciones que nos matan de humillación y de hambre. Es una orden, general: le prohibimos mentir y matarnos. Dé la vuelta y defienda su país. Expulse a los que ya han matado 516 años, no se manche de más deshonra.

Es posible que mañana haya más sangre regada en los campos del Cauca. La Madre Tierra llorará de nuevo y las mentiras serán impuestas. Eso no cambiará la verdad: los pueblos de esta tierra, sabios y dignos estamos ahora acá, listos a defender con nuestras vidas la vida de esta tierra, la justicia, la dignidad y la libertad. General, sea Páez y Varón, obedezca la voz de la Madre Tierra y de sus hijos. No vale la pena aplastar un pueblo heroico por unos pesos y un titular.

Hoy, 14 de octubre, general Páez Varón, presidente Uribe, gobernador González Mosquera, comerciantes, gamonales, terratenientes y gerentes insaciables, hoy mismo, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa-Nación al pago de una indemnización por daños morales y alteración grave de existencia a favor de 82 indígenas, como consecuencia de la masacre del Naya. Ya ustedes están condenados por la masacre de hoy. Desde hoy los condenamos por la de esta noche del 14 de octubre de 2008. Asesinos. Matan por enriquecer a algunos. Matan el ejemplo y la vida, mientras muchos, demasiados, ven las noticias por televisión y no hacen lo que hay que hacer. Paeces, nosotras y nosotros. ¿Dónde están los pueblos dignos que detengan a este asesino?

Usted trabaja para los gringos, para los dueños de este país, para la muerte y la indignidad.
Pero nosotras y nosotros, humildes y nasa, ¡ya los derrotamos! ¡Ya basta!"

(Fuentes: Adital, EFE, Codhes-Colombia, Prensa Latina y CRIC_Comisión Regional Indígena del Cauca)

Colombia: Derechos Humanos

EL ESTADO COLOMBIANO ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, DESASISTIDAS POR EL GOBIERNO

La audiencia del Tribunal Internacional de Opinión, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, Bélgica, entre el 15 y el 17 de septiembre ha acusado al presidente colombiano Álvaro Uribe y al Estado colombiano de violar los derechos humanos. La instancia también critica a la Unión Europea por apoyar al gobierno colombiano.

El Tribunal de Opinión es una de las instancias del Tribunal Permanente de los Pueblos, convocada por organizaciones de víctimas, sindicatos y asociaciones campesinas. Durante la audiencia, se escucharon las declaraciones de decenas de personas que denunciaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos. La presidencia del Tribunal quedó a cargo del padre François Houtart, de Bélgica.

El Estado colombiano es condenado por acción, permiso y omisión en la violación de Derechos Humanos. Álvaro Uribe es tenido como el responsable del desplazamiento forzado, por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura que se practica en su país, según los testimonios y pruebas aportados. De acuerdo con las declaraciones, esos delitos son realizados por militares y fuerza pública en colaboración con paramilitares, empresarios y compañías transnacionales, bajo la tutela o complicidad de funcionarios públicos.

La Unión Europea también es blanco de críticas por la actuación de las multinacionales europeas en Colombia y por la actitud de los gobiernos de la UE, que también son considerados "responsables" de la situación a causa de su apoyo a las empresas y al gobierno de Uribe.

El drama de los desplazados, en aumento

Son entre 3 y 4 millones en todo el país y siguen aumentando, como en el caso del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Cerca de 2500 campesinos han llegado estos días al casco urbano de Anorí, para protestar contra las fumigaciones. El grupo comenzó el martes pasado para protestar por las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, coca y amapola. Pero las autoridades consideran que la movilización responde a presiones del frente 36 de las Farc, que ha corrido la voz en las veredas de que quien no participe en la protesta será asesinado. “ La gente asegura que los hombres de las Farc les ordenaron no regresar hasta que el gobierno detenga las fumigaciones y pedir indemnización por los daños ocasionados por el glifosato”.

En otros lugares, las víctimas son las mujeres. Así, las mujeres desplazadas denunciaron ante la Corte Constitucional que persisten abusos sexuales, discriminación y desatención del Gobierno y exigieron atención inmediata.
Las mujeres desplazadas aseguraron nate dos magistrados de la Corte Constitucional que sus comunidades continúan siendo víctimas de ataques sistemáticos de grupos armados ilegales para arrebatarles las tierras asignadas por el Gobierno, para favorecer intereses de empresas multinacionales y grupos de narcotráfico.
En esos ataques, ellas son atacadas sexualmente, al ser consideradas un botín de guerra y como una manera de intimidar a la población civil para que se desplace. Las denuncias de las mujeres abordaron también las enormes deficiencias en la atención que les prestan las entidades del Estado encargadas de recibir sus declaraciones, evaluar y atender su situación de desplazamiento. Las representantes afro colombianas pidieron protección especial para evitar abusos sexuales ya que “en Colombia la mujer negra es vista como un objeto de placer y esto aumenta el riesgo de abusos sexuales”.
Por su parte las representantes indígenas reclamaron en su propuesta el reconocimiento de sus territorios, la participación de sus autoridades en los procesos de atención a los casos de desplazamiento y acompañamiento especial en las ciudades de llegada.

Indígenas denuncian abusos del Ejército en el Cauca

Allanamientos a viviendas, disparos en un colegio y detenciones injustificadas realizadas por hombres del Batallón Pichincha del Ejército y personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, son las acciones abusivas que denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas ACIN.
Según la carta enviada a diferentes medios de comunicación y organizaciones humanitarias, el más reciente episodio se presentó en la madrugada del pasado 12 de septiembre, cuando hombres de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha apoyado por el CTI, ingresaron sin aviso a las casas de los comuneros indígenas del Resguardo de López Adentro, en Corinto, Cauca, para hacer un allanamiento en busca de armas y artefactos explosivos.
Una hora después, y sin haber encontrado nada, los militares partieron hacia el colegio Dxipande, en la vereda vecina de El Pílamo, al que ingresaron sin aviso e hicieron varios disparos sin tener en cuenta que 45 estudiantes asistían a clases.
Aunque no se produjeron heridos, el hecho causó pánico entre los miembros de esa comunidad, que aseguran además estar recibiendo constantes amenazas de parte de los militares que los acusan de ser auxiliadores de la guerrilla y han anunciado un “barrido entre las comunidades para sacar guerrilleros”.

Otros hechos como las intimidaciones de que han sido víctimas José Quitumbo y su esposa Blacenia Ipia, a quienes las tropas han visitado en su vivienda en tres ocasiones entre los meses de mayo y junio pasados, acusándolos se pertenecer a la guerrilla, y la explosión de un artefacto en el resguardo indígena que dejó tres heridos, completan el panorama de violaciones que denuncian los indígenas por parte de la Fuerza Pública.
Los indígenas aseguran que se encuentran entre el fuego cruzado, pues este tipo de intimidaciones se reciben también a diario por parte de la guerrilla y hacen un llamamiento urgente de ayuda a organizaciones colombianas y a la comunidad internacional.

Víctimas contra el miedo

Medio millar de víctimas de la región de la Costa Caribe de Colombia han participado en una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Fueron convocadas por el Congreso , autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país.

La cita era en el estadio de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares y guerrilleros en los últimos años.

500 personas representativas de las víctimas de este país, quienes suman más de 3 millones, que han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación.
A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas forzadamente, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la Agencia Presidencial para la Acción Social.
El gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, reconoció las atrocidades que se han cometido en la región. "Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", dijo el gobernador. Su antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares.

Habló Juan Carlos, un hombre que dijo que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios". Así muchas de las personas que asistieron al acto no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales.

En medio de los testimonios, una mujer llamada Dolores sorprendió al auditorio cuando dijo: "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que nos han hecho?".

El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia.

El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia. El representante a la Cámara Guillermo Rivera declara que él cree que la iniciativa saldrá adelante. "Si la aprobación del proyecto fuera una catarsis del Congreso (salpicado por la parapolítica), bienvenida. Este proyecto es una oportunidad para relegitimar una institución que es tan necesaria en cualquier democracia", dice.

Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido reparación.
Mientras se producen los fallos de los jueces, el gobierno nacional puso en marcha un programa de reparaciones a diez años, en el que invertirá 3.500 millones de dólares. Ese fondo beneficiará a las víctimas de delitos contra la integridad y la libertad personal, las cuales recibirán máximo 9.000 dólares. Ya hay más de 75.000 solicitudes esperando una respuesta.

¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados? (*)

Es urgente una salida excepcional. Así como la seguridad democrática o la Ley de Justicia y Paz, se necesita un proyecto de Nación para los desplazados.

En toda guerra hay vencedores y vencidos. Pero en el caso de Colombia, aunque la guerra no ha terminado, una inmensa cantidad de derrotados ha llegado a las capitales para colgarse, como si fueran salvavidas, de sus barriadas más pobres. El drama del destierro va más allá de la cifra oficial de 2,6 millones de colombianos que tuvieron que escapar de su pedazo de territorio. Son una nueva clase social. Y los indicadores muestran que viven en condiciones más críticas que los indigentes urbanos.

Los efectos sicológicos, sociales y culturales del destierro sobre toda una generación de colombianos son parte de una historia que ni se ha contado, ni se ha dimensionado, ni se ha padecido en su verdadera intensidad. ¿Cuántos pueblos murieron por completo tras una brutal masacre? ¿Cuánta memoria se perdió? ¿Cuántos vínculos de comunidad se rompieron para siempre? ¿Con qué recuerdos crecerán los hijos de los desterrados? ¿Qué puede ser, por ejemplo, de un municipio como el Carmen de Bolívar al cual 56.000 de sus 80.700 habitantes se ven obligados a huir por temor a la muerte? Es como si de Bogotá de repente tuvieran que huir cinco millones de personas.

Llegan a otros lugares, arrastrando sus cuerpos cansados, con el estómago vacío y miran aturdidos unas calles que nunca antes habían visto. Sin nada y sin nadie. Llegan como a otro planeta. En la jungla de cemento no les sirve para nada lo que saben: sembrar la tierra o levantar ganado. Muchos no saben leer y escribir y la vida se les vuelve una pesadilla. Y traen con ellos un recuerdo atrofiado de lo que era su familia y los lazos de comunidad que dejaron atrás y que nunca más se van a reparar. Sufren de tres enfermedades, para las que no hay cura: el destierro, el desarraigo y el ser descastados.

El costo para el país no se puede reducir simplemente a los casi seis billones de pesos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe –puesto contra la pared por la Corte Constitucional– ha destinado para ellos de 2003 a 2010. Las consecuencias son inmensas: la tierra, la memoria, la cultura, la historia, el núcleo familiar, en fin, los pilares de una sociedad.

¿Qué pasó? Hay quienes dicen que la legítima defensa que invocaron los paramilitares fue sólo una distracción o un pretexto para tomar el control de las tierras. Y la realidad les da la razón. Para otros, la captura de las tierras fue el resultado de la guerra: quienes ganan se quedan con el botín.

En Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra son el epicentro del conflicto armado. A finales de los años 30, el agotamiento de la frontera agrícola y el crecimiento de las exportaciones provocaron que los grandes terratenientes expulsaran a los colonos y arrendatarios y los reemplazaran por trabajadores asalariados.

Hace apenas ocho años, cuando comenzó el siglo XXI, Colombia era una Nación altamente vulnerable. En el 60 por ciento de los municipios del país no había Fuerza Pública y en muchos de ellos no había nada ni nadie que representara al Estado. La guerrilla imponía sus impuestos, extorsionaba y secuestraba. Los paramilitares, asesinaban y robaban las tierras. Cada cual trataba de quedarse con el poder local y regional. Y para asumir el poder, el control territorial era esencial.

Se dio un fenómeno inverso a la modernidad. Al contrario de lo que significó el avance al Estado Nación que en el siglo XVIII destruyó las viejas formas feudales y construyó la idea de un ciudadano con derechos que reconoce al Estado como su ámbito legal, Colombia, en el ocaso del siglo XX estaba destruyendo ese Estado moderno para volver a un esquema feudal. Los señores de la guerra eran la autoridad: se dieron zonas donde la guerrilla impuso sus cartillas y otras donde los paramilitares ‘esclavizaron’ pueblos enteros.

En menos de 10 años el mapa del país cambió. Desaparecieron veredas y caseríos. Muchas regiones del campo se desocuparon, los cordones de miseria de las ciudades se ensancharon y la tenaza de los narcos con los paramilitares y la guerrilla impuso una contrarreforma agraria sin antecedentes en el país.

Nadie tiene aún los datos globales de lo que ocurrió. Cálculos académicos indican que si se fueran a restituir las tierras de los desplazados se tendrían que entregar cerca de siete millones de hectáreas. Los ejemplos de la concentración de tierras pululan (en un sector de Urabá, en el que en 1986 existían más de 600 propietarios de tierra, para el año 2000 ya no eran más de 50) y los del despojo también (en Tulapas, Turbo, alias el ‘Alemán’ desalojó a más de 350 familias y se quedó con sus tierras).

Frente a esta descomunal tragedia, frente al desafío más importante que tiene el país, el Estado ha sido tan negligente como indolente. Por momentos, se evidencia una mayor preferencia por el victimario que por la víctima. Mientras los unos reciben un apoyo de 520.000 pesos durante año y medio, estas reciben 280.000 pesos por tres meses.

Pero no es sólo la eventualidad de un pago. Servidores públicos de varias entidades, en especial en la región Caribe, sometieron al Estado al yugo de los paramilitares. Hay casos de funcionarios que expropiaron tierras entregadas a campesinos pobres, para luego adjudicárselas a testaferros de las autodefensas. Registradores públicos que legalizaron cambios en los linderos de los predios, notarios que dieron fe por miles de transacciones hechas a la fuerza o donde ni siquiera estaba presente el supuesto vendedor a quien en verdad le estaban robando lo que tenía. También participaron decenas de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública, que permitieron que esto sucediera.

El Ministerio de Agricultura es el que más desdén ha mostrado por los desplazados. La ley de Desarrollo Rural, que los pudo haber tenido a ellos como protagonistas, por el contrario fue aprovechada para que los institutos que dependen del ministerio se descargaran de responsabilidades que tenían con los desterrados. Y ha sido el gran mentor del ‘modelo Carimagua’, toda una doctrina de desarrollo rural de grandes proyectos agrícolas en los cuales los desplazados no son protagonistas sino mano de obra barata contratada a destajo.

En el año 2004 fue tan evidente la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar el tema, que la Corte Constitucional tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, que aún hoy, cuatro años después de la declaratoria, no se supera.

La única dependencia que parece estar haciendo un gran esfuerzo es Acción Social y ministerios como el de Educación y Salud, que han logrado importantes coberturas para la población desplazada. Pero a pesar de la envergadura del proyecto y de la inyección de nuevos recursos, ellos mismos admiten que todavía falta mucho para cambiar la historia. Es una realidad abrumadora y a pesar de todos los esfuerzos no será suficiente mientras que no se diseñe una salida extraordinaria para el fenómeno de los desplazados ¿Por qué un gobierno que propone como proyecto de Nación la seguridad democrática para acabar con la guerra, o un Estado que propone un proyecto jurídicamente tan ambicioso como el de Justicia y Paz para desarmar a 35.000 paramilitares, no propone un proyecto de Estado para rescatar a los desterrados?

La Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado propone la creación de una comisión de la Verdad y la Restitución de las Tierras. Hay otros que van a impulsar algo de mayor impacto: una justicia transicional –tipo Ley de Justicia y Paz– en materia civil para enfrentar el tema.

En la historia de la humanidad la tierra es mucho más que un pedazo de territorio. La tierra encarna la identidad, la cultura, el imaginario de Nación, la historia y la construcción de una sociedad a través del núcleo familiar. Grandes guerras de la humanidad y grandes revoluciones se ha dado por la emancipación, la libertad y la tierra.

Si 20.000 kilómetros cuadrados que los palestinos le reclaman a Israel han tenido en vilo al mundo y han marcado 60 años de guerra en Oriente Medio, el despojo de cinco millones de hectáreas tienen que sacudir el alma de Colombia.

(*)Informe publicado el 15 de septiembre de 2008 por la revista colombiana Semana

(Fuentes: CODHES-Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, DPA, Adital, BBC-Mundo y Semana)