Saharauis, los ojos del desierto

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18.9.08

Colombia: Derechos Humanos

EL ESTADO COLOMBIANO ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, DESASISTIDAS POR EL GOBIERNO


La audiencia del Tribunal Internacional de Opinión, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, Bélgica, entre el 15 y el 17 de septiembre ha acusado al presidente colombiano Álvaro Uribe y al Estado colombiano de violar los derechos humanos. La instancia también critica a la Unión Europea por apoyar al gobierno colombiano.

El Tribunal de Opinión es una de las instancias del Tribunal Permanente de los Pueblos, convocada por organizaciones de víctimas, sindicatos y asociaciones campesinas. Durante la audiencia, se escucharon las declaraciones de decenas de personas que denunciaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos. La presidencia del Tribunal quedó a cargo del padre François Houtart, de Bélgica.

El Estado colombiano es condenado por acción, permiso y omisión en la violación de Derechos Humanos. Álvaro Uribe es tenido como el responsable del desplazamiento forzado, por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura que se practica en su país, según los testimonios y pruebas aportados. De acuerdo con las declaraciones, esos delitos son realizados por militares y fuerza pública en colaboración con paramilitares, empresarios y compañías transnacionales, bajo la tutela o complicidad de funcionarios públicos.

La Unión Europea también es blanco de críticas por la actuación de las multinacionales europeas en Colombia y por la actitud de los gobiernos de la UE, que también son considerados "responsables" de la situación a causa de su apoyo a las empresas y al gobierno de Uribe.
El drama de los desplazados, en aumento

Son entre 3 y 4 millones en todo el país y siguen aumentando, como en el caso del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Cerca de 2500 campesinos han llegado estos días al casco urbano de Anorí, para protestar contra las fumigaciones. El grupo comenzó el martes pasado para protestar por las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, coca y amapola. Pero las autoridades consideran que la movilización responde a presiones del frente 36 de las Farc, que ha corrido la voz en las veredas de que quien no participe en la protesta será asesinado. “ La gente asegura que los hombres de las Farc les ordenaron no regresar hasta que el gobierno detenga las fumigaciones y pedir indemnización por los daños ocasionados por el glifosato”.

En otros lugares, las víctimas son las mujeres. Así, las mujeres desplazadas denunciaron ante la Corte Constitucional que persisten abusos sexuales, discriminación y desatención del Gobierno y exigieron atención inmediata.
Las mujeres desplazadas aseguraron nate dos magistrados de la Corte Constitucional que sus comunidades continúan siendo víctimas de ataques sistemáticos de grupos armados ilegales para arrebatarles las tierras asignadas por el Gobierno, para favorecer intereses de empresas multinacionales y grupos de narcotráfico.
En esos ataques, ellas son atacadas sexualmente, al ser consideradas un botín de guerra y como una manera de intimidar a la población civil para que se desplace. Las denuncias de las mujeres abordaron también las enormes deficiencias en la atención que les prestan las entidades del Estado encargadas de recibir sus declaraciones, evaluar y atender su situación de desplazamiento. Las representantes afro colombianas pidieron protección especial para evitar abusos sexuales ya que “en Colombia la mujer negra es vista como un objeto de placer y esto aumenta el riesgo de abusos sexuales”.
Por su parte las representantes indígenas reclamaron en su propuesta el reconocimiento de sus territorios, la participación de sus autoridades en los procesos de atención a los casos de desplazamiento y acompañamiento especial en las ciudades de llegada.

Indígenas denuncian abusos del Ejército en el Cauca

Allanamientos a viviendas, disparos en un colegio y detenciones injustificadas realizadas por hombres del Batallón Pichincha del Ejército y personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, son las acciones abusivas que denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas ACIN.
Según la carta enviada a diferentes medios de comunicación y organizaciones humanitarias, el más reciente episodio se presentó en la madrugada del pasado 12 de septiembre, cuando hombres de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha apoyado por el CTI, ingresaron sin aviso a las casas de los comuneros indígenas del Resguardo de López Adentro, en Corinto, Cauca, para hacer un allanamiento en busca de armas y artefactos explosivos.
Una hora después, y sin haber encontrado nada, los militares partieron hacia el colegio Dxipande, en la vereda vecina de El Pílamo, al que ingresaron sin aviso e hicieron varios disparos sin tener en cuenta que 45 estudiantes asistían a clases.
Aunque no se produjeron heridos, el hecho causó pánico entre los miembros de esa comunidad, que aseguran además estar recibiendo constantes amenazas de parte de los militares que los acusan de ser auxiliadores de la guerrilla y han anunciado un “
barrido entre las comunidades para sacar guerrilleros”.

Otros hechos como las intimidaciones de que han sido víctimas José Quitumbo y su esposa Blacenia Ipia, a quienes las tropas han visitado en su vivienda en tres ocasiones entre los meses de mayo y junio pasados, acusándolos se pertenecer a la guerrilla, y la explosión de un artefacto en el resguardo indígena que dejó tres heridos, completan el panorama de violaciones que denuncian los indígenas por parte de la Fuerza Pública.
Los indígenas aseguran que se encuentran entre el fuego cruzado, pues este tipo de intimidaciones se reciben también a diario por parte de la guerrilla y hacen un llamamiento urgente de ayuda a organizaciones colombianas y a la comunidad internacional.

Víctimas contra el miedo

Medio millar de víctimas de la región de la Costa Caribe de Colombia han participado en una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Fueron convocadas por el Congreso , autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país.

La cita era en el estadio de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares y guerrilleros en los últimos años.
500 personas representativas de las víctimas de este país, quienes suman más de 3 millones, que han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación.
A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas forzadamente, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la
Agencia Presidencial para la Acción Social.
El gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, reconoció las atrocidades que se han cometido en la región. "Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", dijo el gobernador. Su antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares.

Habló Juan Carlos, un hombre que dijo que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios". Así muchas de las personas que asistieron al acto no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales.

En medio de los testimonios, una mujer llamada Dolores sorprendió al auditorio cuando dijo: "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que nos han hecho?".

El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia.


El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia. El representante a la Cámara Guillermo Rivera declara que él cree que la iniciativa saldrá adelante. "Si la aprobación del proyecto fuera una catarsis del Congreso (salpicado por la parapolítica), bienvenida. Este proyecto es una oportunidad para relegitimar una institución que es tan necesaria en cualquier democracia", dice.
Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido reparación.
Mientras se producen los fallos de los jueces, el gobierno nacional puso en marcha un programa de reparaciones a diez años, en el que invertirá 3.500 millones de dólares. Ese fondo beneficiará a las víctimas de delitos contra la integridad y la libertad personal, las cuales recibirán máximo 9.000 dólares. Ya hay más de 75.000 solicitudes esperando una respuesta.
¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados? (*)

Es urgente una salida excepcional. Así como la seguridad democrática o la Ley de Justicia y Paz, se necesita un proyecto de Nación para los desplazados.
En toda guerra hay vencedores y vencidos. Pero en el caso de Colombia, aunque la guerra no ha terminado, una inmensa cantidad de derrotados ha llegado a las capitales para colgarse, como si fueran salvavidas, de sus barriadas más pobres. El drama del destierro va más allá de la cifra oficial de 2,6 millones de colombianos que tuvieron que escapar de su pedazo de territorio. Son una nueva clase social. Y los indicadores muestran que viven en condiciones más críticas que los indigentes urbanos.

Los efectos sicológicos, sociales y culturales del destierro sobre toda una generación de colombianos son parte de una historia que ni se ha contado, ni se ha dimensionado, ni se ha padecido en su verdadera intensidad. ¿Cuántos pueblos murieron por completo tras una brutal masacre? ¿Cuánta memoria se perdió? ¿Cuántos vínculos de comunidad se rompieron para siempre? ¿Con qué recuerdos crecerán los hijos de los desterrados? ¿Qué puede ser, por ejemplo, de un municipio como el Carmen de Bolívar al cual 56.000 de sus 80.700 habitantes se ven obligados a huir por temor a la muerte? Es como si de Bogotá de repente tuvieran que huir cinco millones de personas.
Llegan a otros lugares, arrastrando sus cuerpos cansados, con el estómago vacío y miran aturdidos unas calles que nunca antes habían visto. Sin nada y sin nadie. Llegan como a otro planeta. En la jungla de cemento no les sirve para nada lo que saben: sembrar la tierra o levantar ganado. Muchos no saben leer y escribir y la vida se les vuelve una pesadilla. Y traen con ellos un recuerdo atrofiado de lo que era su familia y los lazos de comunidad que dejaron atrás y que nunca más se van a reparar. Sufren de tres enfermedades, para las que no hay cura: el destierro, el desarraigo y el ser descastados.
El costo para el país no se puede reducir simplemente a los casi seis billones de pesos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe –puesto contra la pared por la Corte Constitucional– ha destinado para ellos de 2003 a 2010. Las consecuencias son inmensas: la tierra, la memoria, la cultura, la historia, el núcleo familiar, en fin, los pilares de una sociedad.


¿Qué pasó? Hay quienes dicen que la legítima defensa que invocaron los paramilitares fue sólo una distracción o un pretexto para tomar el control de las tierras. Y la realidad les da la razón. Para otros, la captura de las tierras fue el resultado de la guerra: quienes ganan se quedan con el botín.

En Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra son el epicentro del conflicto armado. A finales de los años 30, el agotamiento de la frontera agrícola y el crecimiento de las exportaciones provocaron que los grandes terratenientes expulsaran a los colonos y arrendatarios y los reemplazaran por trabajadores asalariados.

Hace apenas ocho años, cuando comenzó el siglo XXI, Colombia era una Nación altamente vulnerable. En el 60 por ciento de los municipios del país no había Fuerza Pública y en muchos de ellos no había nada ni nadie que representara al Estado. La guerrilla imponía sus impuestos, extorsionaba y secuestraba. Los paramilitares, asesinaban y robaban las tierras. Cada cual trataba de quedarse con el poder local y regional. Y para asumir el poder, el control territorial era esencial.
Se dio un fenómeno inverso a la modernidad. Al contrario de lo que significó el avance al Estado Nación que en el siglo XVIII destruyó las viejas formas feudales y construyó la idea de un ciudadano con derechos que reconoce al Estado como su ámbito legal, Colombia, en el ocaso del siglo XX estaba destruyendo ese Estado moderno para volver a un esquema feudal. Los señores de la guerra eran la autoridad: se dieron zonas donde la guerrilla impuso sus cartillas y otras donde los paramilitares ‘esclavizaron’ pueblos enteros.

En menos de 10 años el mapa del país cambió. Desaparecieron veredas y caseríos. Muchas regiones del campo se desocuparon, los cordones de miseria de las ciudades se ensancharon y la tenaza de los narcos con los paramilitares y la guerrilla impuso una contrarreforma agraria sin antecedentes en el país.

Nadie tiene aún los datos globales de lo que ocurrió. Cálculos académicos indican que si se fueran a restituir las tierras de los desplazados se tendrían que entregar cerca de siete millones de hectáreas. Los ejemplos de la concentración de tierras pululan (en un sector de Urabá, en el que en 1986 existían más de 600 propietarios de tierra, para el año 2000 ya no eran más de 50) y los del despojo también (en Tulapas, Turbo, alias el ‘Alemán’ desalojó a más de 350 familias y se quedó con sus tierras).


Frente a esta descomunal tragedia, frente al desafío más importante que tiene el país, el Estado ha sido tan negligente como indolente. Por momentos, se evidencia una mayor preferencia por el victimario que por la víctima. Mientras los unos reciben un apoyo de 520.000 pesos durante año y medio, estas reciben 280.000 pesos por tres meses.
Pero no es sólo la eventualidad de un pago. Servidores públicos de varias entidades, en especial en la región Caribe, sometieron al Estado al yugo de los paramilitares. Hay casos de funcionarios que expropiaron tierras entregadas a campesinos pobres, para luego adjudicárselas a testaferros de las autodefensas. Registradores públicos que legalizaron cambios en los linderos de los predios, notarios que dieron fe por miles de transacciones hechas a la fuerza o donde ni siquiera estaba presente el supuesto vendedor a quien en verdad le estaban robando lo que tenía. También participaron decenas de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública, que permitieron que esto sucediera.
El Ministerio de Agricultura es el que más desdén ha mostrado por los desplazados. La ley de Desarrollo Rural, que los pudo haber tenido a ellos como protagonistas, por el contrario fue aprovechada para que los institutos que dependen del ministerio se descargaran de responsabilidades que tenían con los desterrados. Y ha sido el gran mentor del ‘modelo Carimagua’, toda una doctrina de desarrollo rural de grandes proyectos agrícolas en los cuales los desplazados no son protagonistas sino mano de obra barata contratada a destajo.
En el año 2004 fue tan evidente la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar el tema, que la Corte Constitucional tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, que aún hoy, cuatro años después de la declaratoria, no se supera.

La única dependencia que parece estar haciendo un gran esfuerzo es Acción Social y ministerios como el de Educación y Salud, que han logrado importantes coberturas para la población desplazada. Pero a pesar de la envergadura del proyecto y de la inyección de nuevos recursos, ellos mismos admiten que todavía falta mucho para cambiar la historia. Es una realidad abrumadora y a pesar de todos los esfuerzos no será suficiente mientras que no se diseñe una salida extraordinaria para el fenómeno de los desplazados ¿Por qué un gobierno que propone como proyecto de Nación la seguridad democrática para acabar con la guerra, o un Estado que propone un proyecto jurídicamente tan ambicioso como el de Justicia y Paz para desarmar a 35.000 paramilitares, no propone un proyecto de Estado para rescatar a los desterrados?

La Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado propone la creación de una comisión de la Verdad y la Restitución de las Tierras. Hay otros que van a impulsar algo de mayor impacto: una justicia transicional –tipo Ley de Justicia y Paz– en materia civil para enfrentar el tema.

En la historia de la humanidad la tierra es mucho más que un pedazo de territorio. La tierra encarna la identidad, la cultura, el imaginario de Nación, la historia y la construcción de una sociedad a través del núcleo familiar. Grandes guerras de la humanidad y grandes revoluciones se ha dado por la emancipación, la libertad y la tierra.
Si 20.000 kilómetros cuadrados que los palestinos le reclaman a Israel han tenido en vilo al mundo y han marcado 60 años de guerra en Oriente Medio, el despojo de cinco millones de hectáreas tienen que sacudir el alma de Colombia.
(*)Informe publicado el 15 de septiembre de 2008 por la revista colombiana Semana


(Fuentes: CODHES-Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, DPA, Adital, BBC-Mundo y Semana)

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