El SÍ se impondrá, según las últimas encuestas. Los resultados arrojan un 56 por ciento de votos a favor de la nueva Carta Magna. El domingo 28 de septiembre se realizará la consulta popular que resolverá sobre la puesta en marcha del nuevo texto constitucional.
Se trata de un proyecto elaborado a partir de una consulta impulsada por el Gobierno de Rafael Correa en abril de 2007, en el que con un apoyo masivo, la población aceptó iniciar este proceso.
La consulta estableció que el plazo para la elaboración del nuevo texto sería hasta el 26 de julio de este año y fue elegida Asamblea Constituyente que ha elaborado el texto que ahora se somete a referéndum, al que están convocados más de nueve millones y medio de ecuatorianos
El nuevo texto constitucional, en caso de ser aprobado, reemplazará a la Constitución de 1998 qu
y sería la vigésima de un país afectado por una inestabilidad política que expulsó del poder a tres presidentes en la última década.
y sería la vigésima de un país afectado por una inestabilidad política que expulsó del poder a tres presidentes en la última década.
Será el cuarto triunfo consecutivo de Correa
Será la cuarta vez en dos años que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con una popularidad que ronda un 70%, se enfrenta a las urnas . Lo hace, pues, con el apoyo de la poblacióny sin una oposición que le haga sombra..
La nueva Carta Política, de 444 artículos, elaborada por una Asamblea Constituyente de mayoría oficialista, prohíbe la presencia de tropas extranjeras y le otorga al presidente el poder de regular y planificar la economía.
También le permite a Correa buscar la reelección inmediata, por lo que el mandatario podría continuar en su cargo hasta el 2017 y sentar las bases del llamado Socialismo del siglo XXI.
También le permite a Correa buscar la reelección inmediata, por lo que el mandatario podría continuar en su cargo hasta el 2017 y sentar las bases del llamado Socialismo del siglo XXI.
El presidente ecuatoriano aspira igualmente a que las reformas devuelvan la estabilidad al país, ya que incorporan el sistema de "muerte cruzada", que le permite a los poderes Ejecutivo y Legislativo destituirse bajo la condición de anticipar elecciones.
Los analistas creen que más que por la Constitución los electores votarán a favor y en contra de Correa, principal impulsor de la propuesta y quien de salir victorioso acumularía el cuarto triunfo electoral en línea tras su elección en noviembre de 2006.
La oposición lucha a contracorriente para evitar la aprobación de un proyecto que juzga a la medida del jefe de Estado, y que según sus críticas concentra el poder, amenaza la propiedad privada y es favorable al aborto, el consumo de drogas y al matrimonio entre homosexuales.
La oposición lucha a contracorriente para evitar la aprobación de un proyecto que juzga a la medida del jefe de Estado, y que según sus críticas concentra el poder, amenaza la propiedad privada y es favorable al aborto, el consumo de drogas y al matrimonio entre homosexuales.
Aun cuando ninguno de esos puntos aparece explícito, la Iglesia Católica irrumpió en esta coyuntura para advertir a sus fieles sobre los riesgos de que muchos de sus tabú sean legalizados, en una posición que Correa -un profeso católico de izquierda- tachó de traición. Los obispos parecieron entonces ser los únicos adversarios fuertes de Correa, pero conforme avanzó la campaña y la oposición perdió influencia, la Iglesia se replegó mientras recibía los mordaces comentarios de Correa, quien centró su campaña en contradecir las interpretaciones del clero.
Correa alerta de intentos separatistas
El presidente ecuatoriano Rafael Correa alertósobre la posibilidad de que intentos separatistas como los ocurridos en Bolivia puedan repetirse en Ecuador, específicamente en la ciudad costera de Guayaquil, la más poblada y nudo económico del país.
Correa, oriundo de Guayaquil, dijo que la élite de esa ciudad, el sector de la derecha, no apoya el cambio, y predijo que intentarán emular lo que ocurre en Bolivia después del referendo constitucional del próximo 28 de septiembre.
A juicio del mandatario ecuatoriano "quienes apoyan el no en la consulta son los 'pelucones' (ricos) que por muchos años no han pagado impuestos. Ahora se les acabó la fiesta", comentó. El mandatario se mostró convencido del triunfo del "sí" en el referendo: "Vamos a triunfar en todo el país, inclusive en Guayaquil" (bastión del opositor partido social cristiano), aseguró el dignatario. Correa saludó también la reunión de los presidentes miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la crisis boliviana, al defender la democracia y mostrar su respaldo al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales. "La Unasur dio muestras de que la integración puede ser eficaz y que sin medias tintas se dio respaldo al presidente Evo Morales, la democracia de Bolivia y se condenó cualquier intento separatista en esa nación", dijo Correa.
La nueva Constitución cambia el modelo económico
“La Constitución cierra las puertas del modelo neoliberal”, según el ministro ecuatoriano Pedro Páez, coordinador de políticas económicas , para quien "nunca antes hubo un proceso tan participativo de la población" como el visto en el trabajo que concluyó con el texto constitucional. "El nuevo principio rector de la economía es la economía social y solidaria, síntesis de desarrollos de la economía popular y de estructuras financieras locales", explicó el ministro ecuatoriano al programa Al dorso, de FM La Tribu de Argentina.
Páez indicó que la nueva carta magna supone "la recuperación del papel del Estado, de la planificación y de la noción de los sectores financieros".
El funcionario abogó por un Banco del Sur como corazón de la banca del desarrollo del nuevo tipo que permita lanzar espacios de soberanía supranacional en la cuestión energética y la cuestión alimentaria.
En ese sentido, Páez indicó que "la integración latinoamericana ahora se convierte en una urgencia y necesidad de los pueblos para no sufrir el costo de la crisis financiera, energética y alimentaria internacional"
Páez indicó que la nueva carta magna supone "la recuperación del papel del Estado, de la planificación y de la noción de los sectores financieros".
El funcionario abogó por un Banco del Sur como corazón de la banca del desarrollo del nuevo tipo que permita lanzar espacios de soberanía supranacional en la cuestión energética y la cuestión alimentaria.
En ese sentido, Páez indicó que "la integración latinoamericana ahora se convierte en una urgencia y necesidad de los pueblos para no sufrir el costo de la crisis financiera, energética y alimentaria internacional"
Puntos importantes de la Nueva Constitución de Ecuador
La Constitución que será puesta a consideración del pueblo ecuatoriano el próximo 28 de septiembre cuenta con 444 artículos y 30 disposiciones transitorias. Estos son algunos aspectos destacados del texto.-Sectores estratégicos
La Constitución señala que “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”.
“Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioléctrico, el agua”.
El texto sostiene que “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado”.
“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”.
“El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria”.
“El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”.
“Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes”. En este sentido, el proyecto establece que “la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria”.
La Constitución señala que “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”.
“Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioléctrico, el agua”.
El texto sostiene que “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado”.
“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”.
“El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria”.
“El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”.
“Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes”. En este sentido, el proyecto establece que “la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria”.
-La economía y las finanzas
Es facultad exclusiva del poder ejecutivo “la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera”.
También “la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva”.
“Las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero en empresas ajenas a este sector, se enajenarán en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
“Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas”.
El proyecto reconoce que “se priorizarán los impuestos directos y progresivos”.
Es facultad exclusiva del poder ejecutivo “la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera”.
También “la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva”.
“Las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero en empresas ajenas a este sector, se enajenarán en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
“Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas”.
El proyecto reconoce que “se priorizarán los impuestos directos y progresivos”.
-Poderes del Estado
El periodo presidencial es de cuatro años y puede ser renovado por un mandato consecutivo.
A las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, se agregan la Electoral y la de Transparencia y Control Social.
“La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público”.
“El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
El periodo presidencial es de cuatro años y puede ser renovado por un mandato consecutivo.
A las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, se agregan la Electoral y la de Transparencia y Control Social.
“La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público”.
“El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Sin embargo, el texto aclara que “esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato”.
Por el otro lado, con el acuerdo de la Corte Constitucional, el Congreso podrá enjuiciar al presidente y revocar su mandato.
“Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo”.
Por el otro lado, con el acuerdo de la Corte Constitucional, el Congreso podrá enjuiciar al presidente y revocar su mandato.
“Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo”.
-Salud y Educación
Otro pasaje de la iniciativa señala que “Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto”.
También señala que “el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento.
Soberanía e integración"
El texto clarifica que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. Así como “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
“La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del Estado”.
“La erradicación del analfabetismo constituirá política de Estado”.
A demás, del español, se reconocen como lenguas oficiales al quechua y al shuar.
Otro pasaje de la iniciativa señala que “Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto”.
También señala que “el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento.
Soberanía e integración"
El texto clarifica que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. Así como “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
“La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del Estado”.
“La erradicación del analfabetismo constituirá política de Estado”.
A demás, del español, se reconocen como lenguas oficiales al quechua y al shuar.
-Medios de comunicación
El proyecto contempla la conformación de “una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión”.
Además, “las participaciones accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus representantes legales y miembros de directorio y accionistas que tengan participación en el capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
El texto completo de la Constitución ecuatoriana está disponible en la página digital de la Asamblea Constituyente.
El proyecto contempla la conformación de “una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión”.
Además, “las participaciones accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus representantes legales y miembros de directorio y accionistas que tengan participación en el capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
El texto completo de la Constitución ecuatoriana está disponible en la página digital de la Asamblea Constituyente.
El “fantasma boliviano” toma vuelo en Ecuador
Por Sebastián Pellegrino desde la Redacción de APM
A días del referéndum constitucional, la oposición separatista de la pujante ciudad prevé un “proceso cívico” similar al de Santa Cruz en Bolivia. Aumentan los roces entre Correa y la Iglesia.Mientras el complejo escenario interno de Bolivia parece encaminarse a buen puerto (por lo menos hasta el momento), la tesis autonomista comienza a cobrar protagonismo en Ecuador. Casualmente en el país que -según las últimas encuestas- el próximo 28 de septiembre se convertirá en el primer caso sudamericano de recuperación de la función social del Estado de derecho y desarticulación del modelo de desarrollo neoliberal por la vía constitucional.
Quien lidera el proceso secesionista es el alcalde de la ciudad costera de Guayaquil, Jaime Nebot, principal opositor al Gobierno de Acuerdo País y a las resoluciones de la Asamblea Constituyente que hace pocas semanas terminó la redacción de la nueva Carta Magna.
El pasado 18 de septiembre el Presidente de Ecuador, Rafael Correa señaló las consecuencias que traerían para el país una eventual derrota del referendo constitucional en el distrito separatista: “Si gana el No en Guayaquil (...) tendríamos un permanente foco de desestabilización como está ocurriendo en la Media Luna boliviana", declaró Correa, quien sostuvo que "las élites guayaquileñas tienen un proyecto Singapur para ser otra República”.
Por su parte, Nebot declaró que de ser aprobado el texto legal tras el referendo, será responsabilidad de Correa si Guayaquil sigue los pasos del departamento de Santa Cruz de la Sierra (región de Bolivia que encabeza los procesos autonomistas de cinco departamentos orientales del país). Y acusó al primer mandatario de ser quien “realmente divide al país enfrentando a cristianos entre sí, ricos contra pobres, ciudades chicas con ciudades grandes”.
El Alcalde funda su postura contra la Asamblea mediante la tesis de presunta centralización política propiciada por el proyecto constitucional. Según Nebot, el artículo 261 -correspondiente a la Organización territorial del Estado- otorgaría excesivas competencias de carácter exclusivo al
Estado Central.
El precepto cuestionado otorga al máximo órgano político las funciones de defensa nacional, protección interna y orden público; el registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio; las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento; Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda; el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; entre otras.
Evidentemente tales atribuciones para el Estado Central resultarían excesivas, y perjudiciales para los procesos de desarrollo regionales, a no ser que un atento lector del proyecto constitucional repare en la disposición que antecede al precepto comentado.
En efecto, el artículo 260 establece que “el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.
En efecto, el artículo 260 establece que “el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.
Cabe mencionar, que respecto a la descentralización política que plantea la nueva Carta Magna, se contemplan seis niveles de Gobierno. Cada uno con sus facultades exclusivas y sin dejar de recibir el sustento económico que reciben del estado Central. Actualmente, esos recursos alcanzan el 15 por ciento del Presupuesto nacional y se prevé elevarlos al 20 por ciento.
Por lo tanto, las causas del descontento de los seguidores de Nebot deben buscarse por otro lado: Guayaquil es considerada la capital económica de Ecuador. De su conocido puerto (que lleva el nombre de la ciudad) ingresan y salen las mercaderías del país. Además, en dicha jurisdicción tienen su asiento las principales casas financieras y banqueras de Ecuador.
El comercio, la agricultura y la exportación conforman el ambicioso escenario de Guayaquil, territorio de grandes grupos económicos. Sin caer en la tentación de paralelismos fundamentalistas, puede decirse que con Santa Cruz de la Sierra existen algunas semejanzas que van más allá de los reclamos por demandas de potestades políticas.
Lo que en realidad está en juego es el proceso de transformación del Estado de derecho ecuatoriano que se inició formalmente a fines del 2007 con los constituyentes reunidos en ciudad Alfaro, Montecristi.
Las restricciones a la matriz económica determinada por las fuerzas del mercado y el capital, la inclusión de la ciudadanía en las instancias gubernamentales y en la toma de decisiones políticas, y la fuerte impronta social y activa de la institución Estatal (principalmente en torno a las políticas de Soberanía Alimentaria), representan un desafío único e inminente para la sociedad ecuatoriana. (Ver: “La recta final de la nueva Carta Magna”. APM 27/06/2008).
La postura intransigente de los autonomistas de Guayaquil evidenciada en las últimas semanas no es un fenómeno reciente.
En enero de 2008, el alcalde de la ciudad convocó no solo una marcha sino también a la irracionalidad e imprudencia política: “¿cuál es el apellido del enemigo de Guayaquil?” Interpeló Nebot a sus fieles, los que respondieron con facilidad: “¡Correa!”. Claro que el libreto era imposible de olvidar para los marchantes. Sin embargo, sorprendido, el alcalde concluyó: “No lo he dicho yo, lo han dicho ustedes”.
En enero de 2008, el alcalde de la ciudad convocó no solo una marcha sino también a la irracionalidad e imprudencia política: “¿cuál es el apellido del enemigo de Guayaquil?” Interpeló Nebot a sus fieles, los que respondieron con facilidad: “¡Correa!”. Claro que el libreto era imposible de olvidar para los marchantes. Sin embargo, sorprendido, el alcalde concluyó: “No lo he dicho yo, lo han dicho ustedes”.
No es este el estilo político que es dable esperar de un mandatario municipal que pretenda desligarse de las identificaciones partidarias del pasado y de los tradicionales sectores de poder de Guayaquil. La arenga transcripta refleja los vicios de intolerancia de las viejas prácticas políticas.
Además de los episodios de confrontación entre el Gobierno nacional y el municipio de Guayaquil, otros episodios agitaron el ambiente político en la antesala de la consulta popular. Las diferencias ideológicas y las acusaciones cruzadas entre el Presidente y la Iglesia Católica no cesan de profundizarse. Incluso dicha confrontación ha tomado carácter político.
Además de los episodios de confrontación entre el Gobierno nacional y el municipio de Guayaquil, otros episodios agitaron el ambiente político en la antesala de la consulta popular. Las diferencias ideológicas y las acusaciones cruzadas entre el Presidente y la Iglesia Católica no cesan de profundizarse. Incluso dicha confrontación ha tomado carácter político.
Desde hace algunos meses la cúpula eclesiástica se opone al producto final de la Asamblea Constituyente, por considerar que fomenta y abre la posibilidad de legalizar el matrimonio entre homosexuales y el aborto.
El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Antonio Arregui se ha convertido en el principal orador de la institución eclesiástica en Ecuador.
Ante un grupo de fieles en la llamada convocatoria “por la vida y la familia”, el domingo 14 de septiembre (en Guayaquil, bastión de la oposición) Arregui dijo: “Pedimos que siempre se reconozca el designio de Dios nuestro creador cuando hizo al varón y a la mujer igualmente dignos y exactamente complementarios para que se convirtieran en fuentes de nuevas familias”, en relación a lo que -según la cúpula eclesiástica supone una legalización del matrimonio homosexual y el aborto-, sería una amenaza a la moral cristiana y a los valores de la familia.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Nicolás Dousdebés dirigió una carta al presidente Correa en la cual le solicita “que respete, aunque no comparta, las opiniones de los obispos y sacerdotes de la Iglesia a la que usted pertenece”.
Ante un grupo de fieles en la llamada convocatoria “por la vida y la familia”, el domingo 14 de septiembre (en Guayaquil, bastión de la oposición) Arregui dijo: “Pedimos que siempre se reconozca el designio de Dios nuestro creador cuando hizo al varón y a la mujer igualmente dignos y exactamente complementarios para que se convirtieran en fuentes de nuevas familias”, en relación a lo que -según la cúpula eclesiástica supone una legalización del matrimonio homosexual y el aborto-, sería una amenaza a la moral cristiana y a los valores de la familia.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Nicolás Dousdebés dirigió una carta al presidente Correa en la cual le solicita “que respete, aunque no comparta, las opiniones de los obispos y sacerdotes de la Iglesia a la que usted pertenece”.
Más allá de las variadas interpretaciones que pueden surgir del análisis de las disposiciones de Familia en el texto constitucional, lo cierto es que resulta extraña, o por lo menos excesiva la posición de la Institución religiosa que apela a votar por el NO en el referendo del próximo 28 de septiembre.
En la actual situación histórica la mayoría de los países, aun los más conservadores, admiten los cambios que en materia legislativa se presentan como inevitables, teniendo en cuenta que el Derecho y la Religión (cualquiera sea ésta) se transforman de la misma forma que lo hacen las costumbres, hábitos, valores morales, y hasta las instituciones más arraigadas en un amplio período histórico.
En doctrina jurídica, se acepta que el Derecho va por detrás de la realidad, ajustándose a las necesidades humanas y elaborando las normas que otorgan los medios aptos para la consecución de los fines también humanos.
En este orden de ideas, es dable considerar la aceptación de la unión de hecho de personas del mismo sexo en la gran mayoría de las sociedades.
De ahí que, por lo menos, sea necesario un amplio debate en torno al matrimonio de homosexuales. De ahí el carácter excesivo y extrañamente absoluto de la postura de la cúpula eclesiástica de Ecuador. Aun más: el texto legal no dice nada sobre ese tipo peculiar de vínculo civil.
Resta hacer mención de las raras expresiones que utilizan los partidos políticos de oposición (Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Sociedad Patriótica -SP- y otros) para la campaña por el NO: “No al negociado de sus ñaños” y “No a la mariconada” se lee en las pancartas del SP, ciertamente opositor a la nueva constitución y al Gobierno de Correa pero sin arrojar ni siquiera una pista de tales consignas.
Autonomía, ideología y rechazo (sin demasiados fundamentos) de la Carta Magna sintetizan los puntos de tensión entre la coalición oficial Acuerdo País y los sectores e instituciones que se oponen al cambio en Ecuador, el que fue propiciado e impulsado por la mayoría necesaria en las urnas presidenciales de 2006.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de varias consultoras de opinión pública que señalaban el triunfo del NO y por consiguiente el rechazo de la obra legislativa, los últimos sondeos que fueron publicados antes del 8 de septiembre (último día para la realización de encuestas), señalan que el SI será quien domine la jornada popular y soberana.
Según la empresa SP Investigaciones y Estudios, El 57 por ciento de los consultados votaría a favor de la propuesta de Constitución de Ecuador, el 23 en contra y el 20 lo haría nulo o en blanco. El director de la firma, Santiago Pérez, explicó en el canal Ecuavisa las razones de tal resultado previsto: “Hay un clarísimo anhelo de cambio de la población”.
Anhelo, cambio y ciudadanía. Conceptos que engloban el proceso político por el que atraviesa Ecuador. Claro que no son los únicos: Soberanía Alimentaria y Territorial, Derechos Humanos y cívicos, Equidad en la distribución de la riqueza nacional, Democracia real (y no formal o de baja intensidad), y Justicia social, son los principios claves de la voluntad pionera de la nación ecuatoriana.
Mientras tanto, el fantasma boliviano intenta aunar fuerzas para una nueva expedición. Los separatistas de Guayaquil pretenden copiar el modelo de Santa Cruz de la Sierra, que por poco hace caer a la nación boliviana en una crisis sin salida.
Claro que, por ahora, el fantasma sólo toma vuelo en Ecuador. Resta esperar algunos días para saber hasta dónde llegará.
Claro que, por ahora, el fantasma sólo toma vuelo en Ecuador. Resta esperar algunos días para saber hasta dónde llegará.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AFP, Prensa Latina, Xinhua, APM-Agencia Prensa Mercosur)
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