Trabajadores de la caña de azúcar denuncian “terror estatal”
Los obreros que viven de cortar caña en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, región suroccidental de Colombia, llevan dos semanas de paro en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos. Pese a que están siendo brutalmente reprimidos, mantienen la media.El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), informa que las familias cañeras exigen a los dueños de los ingenios y gobierno nacional que se aplique la legislación laboral y la constitución.
De esa manera, piden que se hagan efectivos los derechos laborales que son violados por las patronales del azúcar, tales como: contratación directa, estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros.
El paro fue iniciado el 15 de septiembre y según denunciaron los trabajadores de la caña, el "amedrentamiento y terror" se inició "mucho antes" con la presencia del policial Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del ejército colombiano.
Dieron a conocer además, que las patronales, junto al gobierno de Colombia, ejecutaron "ataques indiscriminados contra los obreros", dejando como consecuencia, al menos 48 heridos.
"El último atentado se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando en la madrugada tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional atacaron a los trabajadores en el ingenio Tumaco dejando varios heridos", con sus pertenencias y documentos de identidad destruidos, explica el comunicado de los cañeros.
También señala que "El Ministro de Protección Social, el Fiscal general de la Nación, bajo la dirección del presidente Uribe Vélez, arremeten a una sola voz contra los trabajadores y sus organizaciones, acusándolos de tener relaciones con la guerrilla"
"El último atentado se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando en la madrugada tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional atacaron a los trabajadores en el ingenio Tumaco dejando varios heridos", con sus pertenencias y documentos de identidad destruidos, explica el comunicado de los cañeros.
También señala que "El Ministro de Protección Social, el Fiscal general de la Nación, bajo la dirección del presidente Uribe Vélez, arremeten a una sola voz contra los trabajadores y sus organizaciones, acusándolos de tener relaciones con la guerrilla"
Uribe y el Fiscal, criminalizan a los 'corteros'
Más de dos semanas y sin ninguna solución a la problemática completa el paro convocado por los 'corteros' de caña de azúcar en Colombia. El gobierno nacional no ha dado muestras de voluntad política para negociar. Por el contrario, frente a sus justos reclamos, los movilizados han tenido que resistir el ataque indiscriminado de la fuerza pública, que arguyendo la violación del derecho al trabajo de quienes no se encuentran en paro ha arremetido violentamente contra los manifestantes.
Igualmente el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán ha estigmatizado públicamente la protesta, acusando a los corteros de estar encuadrados y recibir ayuda financiera de la guerrillade las FARC y amenazando con que se abrirán procesos judiciales para investigar estos hechos.
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez, también ha tratado de criminalizarlos al decir que los huelguistas tuvieron reuniones con las FARC y fueron coaccionados por la guerrilla para realizar la movilización, y que además, a estas reuniones asistieron representantes de un senador de la republica, de quien no dijo su nombre pero insinuó apoya el paro de los trabajadores azucareros.
En el plano económico, tanto el gobierno como los empresarios han declarado inaceptables las razones reales del paro, responsabilizando a los manifestantes de cuantiosas pérdidas financieras para el gremio azucarero y de un aumento incremento injustificado en el precio de la gasolina, cuando en realidad este obedece a medidas estatales orientadas a acrecentar los ingresos de los grupos empresariales productores de etanol. Los corteros de caña han afirmado que continuaran bloqueando la entrada a los ingenios hasta tanto su pliego de exigencias sea atendido y logre llegarse a una negociación con el gobierno nacional y los empresarios del gremio.
"Detrás del paro de los cortadores de caña no hay fuerzas oscuras, sólo el hambre y la esclavitud” dijo Piedad Córdoba
El paro de los corteros de caña encuentra su explicación en el hambre y la esclavitud a la que son sometidos más de 18 mil trabajadores en los ingenios azucareros del norte del Cauca y el Valle del Cauca, así lo aseguró la senadora Piedad Córdoba al visitar a los tres corteros en huelga de hambre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
En su diálogo con la legisladora, los tres delegados de los corteros aseguraron que además de jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias, la remuneración mensual que perciben no supera los 350 mil pesos mensuales, y no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
“Esto es una infamia, no es posible que en pleno siglo 21 se encuentren trabajadores en tales condiciones, discrepo de lo que señalan algunos funcionarios del alto gobierno. Detrás del paro de los corteros de caña no hay fuerzas oscuras, detrás de ellos está el hambre y la esclavitud que los avasalla”, dijo Piedad Córdoba.
La senadora de dijo además que no entiende como el país no abre los ojos ante las paupérrimas condiciones en que estos compatriotas tienen que ganarse el sustento y aseguró que “posiblemente el fiscal y los ministros aseguran que detrás de la protesta hay fuerzas oscuras porque todos los corteros son negros y el color de su piel los convierte en sospechosos”.
“Esto es una infamia, no es posible que en pleno siglo 21 se encuentren trabajadores en tales condiciones, discrepo de lo que señalan algunos funcionarios del alto gobierno. Detrás del paro de los corteros de caña no hay fuerzas oscuras, detrás de ellos está el hambre y la esclavitud que los avasalla”, dijo Piedad Córdoba.
La senadora de dijo además que no entiende como el país no abre los ojos ante las paupérrimas condiciones en que estos compatriotas tienen que ganarse el sustento y aseguró que “posiblemente el fiscal y los ministros aseguran que detrás de la protesta hay fuerzas oscuras porque todos los corteros son negros y el color de su piel los convierte en sospechosos”.
La protesta de los trabajadores azucareros del Valle del Cauca y del suroccidente del país busca la mejoría de sus condiciones laborales y salariales, toda vez que en la actualidad carecen de contrato laboral, seguridad social en salud, prestaciones sociales y padecen el desconocimiento de los más elementales derechos de los que goza un trabajador en cualquier parte del mundo.
Finalmente Piedad invitó al país a abrir el debate sobre la nueva expresión de la esclavitud, que se aprovecha de la necesidad de la gente para explotarla a través de las cooperativas de trabajo asociado.
El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad inicia una movilización en contra de la criminalización de protesta social y estudiantil promovida por el presidente Álvaro Uribe. Los grupos convocan los sectores sociales y populares del país y a la opinión pública internacional a cerrar filas en defensa al derecho a la oposición y al disentimiento de las políticas estatales
Según afirman, desde el pasado 9 de septiembre el gobierno colombiano ha iniciado una sistemática campaña de desprestigio del movimiento estudiantil, con el propósito evidente de deslegitimar las expresiones de oposición que de las políticas estatales se hacen desde distintos escenarios universitarios.
"El ejercicio de garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión, de movilización y de participación política no pueden ser erigidas como delito por el actual gobierno, el uso de la capucha como mecanismo para preservar la vida y la libertad no puede ser criminalizado", afirman en comunicado.
Según afirman, desde el pasado 9 de septiembre el gobierno colombiano ha iniciado una sistemática campaña de desprestigio del movimiento estudiantil, con el propósito evidente de deslegitimar las expresiones de oposición que de las políticas estatales se hacen desde distintos escenarios universitarios.
"El ejercicio de garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión, de movilización y de participación política no pueden ser erigidas como delito por el actual gobierno, el uso de la capucha como mecanismo para preservar la vida y la libertad no puede ser criminalizado", afirman en comunicado.
El gobierno, agregan, se ha propuesto deslegitimar y descalificar las expresiones de oposición, por eso las señala temerariamente de ser apéndices de la guerrilla, contradiciendo su propio discurso, según el cual en el país no existe conflicto social y armado, y, gracias a la seguridad democrática, están viviendo "el fin del fin" del movimiento insurgente.
Ya van 41 sindicalistas asesinados en Colombia en 2008
A finales de agosto , un nuevo asesinato, de factura paramilitar, del sindicalista Alexander Blanco Rodríguez eleva a 41 el número de sindicalistas muertos en 2008 en Colombia, entre otros centenares de militantes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, desaparecidos, represaliados o perseguidos.
La CUT (principal sindicato de Colombia) se refería así al crimen en un comunicado:
La CUT (principal sindicato de Colombia) se refería así al crimen en un comunicado:
"El dirigente sindical ALEXANDER BLANCO RODRIGEZ fue asesinado el martes 26 de agosto del presente año en el municipio de Cantagallo aproximadamente a las 10:00 de la noche por sicarios, quienes se acercaron al equipo donde el compañero estaba entregando su turno de trabajo y fue asesinado frente a sus compañeros.
El compañero ALEXANDER BLANCO RODRIGUEZ era miembro activo de las organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolivar), que proveen la mano de obra a las firmas contratistas al servicio de ECOPETROL quien laboraba para la empresa de perforación de pozos petroleros.
Para la dirigencia sindical y los trabajadores, la vulnerabilidad en la que se encuentran laborando en el territorio nacional en todas las actividades de la industria petrolera, frente a la instauración como política de Estado de la contratación de reinsertados de los grupos paramilitares.
Exigimos que el Estado se responsabilice por que este crimen no quede en la impunidad ya que la Central Unitaria de Trabajadores viene aportando una alta cuota de vidas por que hasta el momento hemos perdido en el presente año 41 sindicalista entre dirigentes y afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores.
Llamamos a la opinión Pública Nacional e Internacional y a todas las organizaciones Democráticas a rodear al movimiento sindical colombiano en la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las victimas del terrorismo de Estado".
Crecen los asesinatos a sindicalistas
Por Juan Carlos Hurtado Fonseca (*)
En el Gobierno de la "seguridad democrática", los derechos laborales y las garantías de vida de los trabajadores han sido los más vulnerados.
“Ni porque tienen el interés de que les aprueben el TLC con Estados Unidos, el Gobierno y los empresarios cesan la persecución para lograr el exterminio del movimiento sindical", aseguró a VOZ un dirigente de los trabajadores. Y es que las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales; la cantidad de conflictos en empresas generados por la negativa patronal a exigencias de derechos laborales garantizados en la Constitución Política; el trabajo de los medios de comunicación que han logrado crear en el inconciente colectivo una cultura antisindical; el despido de trabajadores sindicalizados; las trabas en el Ministerio de la Protección Social para el registro sindical y el acoso laboral a quienes intentan organizarse; muestran que los empleadores saben utilizar todas las maneras posibles para negar un derecho de las sociedades democráticas y defender sus mezquinos intereses.
Algunos ejemplos
En este sentido, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, los funcionarios cuentan con una asociación de carácter cooperativo con alrededor de cuatro mil afiliados, estos contratan con trabajadores quienes crearon Sintracorfeinco, organización en proceso de registro sindical en el Ministerio de la Protección Social. Pero las personas que están en administración de la asociación, aunque fueron sindicalistas, no recibieron bien la creación de la organización de trabajadores y procedieron a perseguirlos, como cualquier patrón. Actualmente se han despedido ocho trabajadores con fuero sindical. «Los trabajadores aseguran que esto no le interesa a la entidad porque ya cuenta con el dinero para pagar las posibles indemnizaciones a que los obliguen. Pero han interpuesto una acción de tutela solicitando el reintegro y el pago de los salarios que han dejado de recibir, con sus debidas prestaciones», asegura Alfonso Ahumada de la CUT, Bogotá.
El sindicato se constituyó hace tres meses y los funcionarios fueron despedidos hace dos. Dirigentes de la CUT han realizado algunas reuniones con las partes para hacer ver que el derecho de asociación es un derecho fundamental y los ha exhortado a solucionar todo por la vía del diálogo.
Persecución oficial
Por otra parte, desde el Ministerio de la Protección Social los trabajadores sienten actitudes contrarias al derecho de asociación, especialmente hacia los sectores orientados por la CUT. Las solicitudes de registro de constitución de los sindicatos o inscripción de junta directiva que no encuentre obstáculos por parte de funcionarios de esta entidad estatal, son pocas. En la constitución del sindicato de trabajadores de la empresa de transporte urbano Rápido Pensilvania, después de reuniones en horas de la madrugada para poder constituir la organización, los conductores pasaron la documentación al Ministerio. El funcionario aceptó el registro sindical, pero en el proceso la empresa con un sindicato de carácter patronal, interpusieron un ron aceptados y valederos para luego negar el registro.
De la misma manera, en el registro del nuevo comité ejecutivo de la CUT, subdirectiva Bogotá, se presentaron todos los documentos, aparece el oficio remisorio donde se hace la relación de todos los requerimientos, pero la respuesta es que faltan papeles que ya se habían anexado. «Creemos que el Ministerio está haciendo un papel a favor de los empresarios, además, tienen comportamientos para hacerle el favor a organizaciones que han aparecido con el propósito de crear una cuarta central en Colombia, de carácter uribista. Se le da prelación a esto porque Uribe está afanado ya que todas las centrales obreras están contra él», explica Alfonso Ahumada.
Conflictos en textileras
Desde hace cuatro meses, la textilera Maquila en Bogotá, se encuentra en huelga por parte de 30 trabajadoras cabeza de familia. La empresa, como su nombre lo indica es una maquiladora para la empresa Vesta, ambas del mismo dueño. Ocho meses atrás, Maquila tuvo alrededor de 70 operarios, pero la empresa no respondió con las necesidades de los trabajadores, hubo violación a la convención colectiva y en el último año no ha pagado los salarios de manera cumplida, una de las causas de la huelga, pues al inicio del cese de actividades a los trabajadores se les adeudaba casi ocho salarios. La administración afirma no tener posibilidades de producir la única opción que es la liquidación, pero ésta no se ha solicitado ante la Superintendencia de Sociedades. El conflicto trae graves consecuencias para los trabajadores porque son pocos los activos representados en algunas máquinas de la fábrica. Según líderes sindicales, «La empresa no está interesada en solicitar la liquidación, para tener una retaliación contra las trabajadoras que exigieron sus derechos».
Asimismo, la empresa Unihilo en Bogotá, cuenta con alrededor de 400 trabajadores de los cuales 125 están sindicalizados, aunque resistiendo la persecución de la administración que despidió a 14 de ellos, reintegrados después por sentencia vía tutela. Los trabajadores presentaron un pliego a través de Sintratextil, con puntos relacionados a la estabilidad, el sistema de contratación, primas, subsidio de transporte e incremento de salarios, entre otros. Por su parte la empresa presentó un pacto colectivo para contrarrestar las exigencias de los trabajadores, sin llegar a un acuerdo en el tiempo estipulado legalmente. Después de seis meses se conformó el tribunal de arbitramento y el conflicto está en espera.
40 sindicalistas asesinados
La forma más violenta de perseguir a los trabajadores se impone en la actualidad. Así lo deja ver el último informe de la Escuela Nacional Sindical, ENS, que registra la ejecución extrajudicial de 40 trabajadores sindicalizados. «En lo que va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que toda la cifra de 2007», asegura y agrega, «Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, toda vez que el número de sindicalistas asesinados en los ocho meses que van corridos de este año, es casi igual al registrado durante todo el año anterior, cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es mayor: 15, frente a 10 del año anterior».
En unos de sus apartes el informe reconoce, «El sindicato más golpeado es Fensuagro, Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria, filial de la CUT, que registró 5 casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutep, con cuatro homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de Santander y el sindicato de los trabajadores del Inpec, registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados. Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la información disponible, por estos hechos sólo han sido detenidas dos personas.
Preocupante situación en Santander, por amenazas. Otra circunstancia preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de Santander. Mientras en el país en lo que va del año se han denunciado 125 casos de amenazas, en Santander el reporte es de 57 casos de sindicalistas amenazados, o sea casi la mitad del total nacional en este solo departamento. Los otros departamentos más afectados por las amenazas son Antioquia, donde se han denunciado 22 casos, el Valle del Cauca con 9 casos, y Norte de Santander con siete».
(*) Artículo aparecido en el semanario "Voz", del Partido Comunista de Colombia (PCC)
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ACSUR-Colombia, Agencia Prensa Rural-Colombia, Adital, Rojo y Negro Digital, Voz-Colombia)
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