Los 20 secuestrados que las FARC pretenden canjear son oficiales y suboficiales del ejército y la policía colombiana, algunos de los cuales permanecen secuestrados desde 1998.
En el texto, el grupo guerrillero nombra como intermediarios a los comandantes Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabían Ramírez para lograr “garantías efectivas que definan condiciones de modo, tiempo y lugar” para el intercambio entre secuestrados y guerrilleros detenidos. Las FARC se comprometen a enviar pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías que tiene en su poder.
En la carta afirman tener 9 secuestrados por motivos económicos, cuyo patrimonio consideran superior a un millón de dólares, pero no contabilizan a los secuestrados con menor patrimonio. Las cifras oficiales les responsabilizan de tener a más de 700 personas en su poder.
Sobre las cifras de secuestros no hay plena claridad, entre otras cosas porque no están depuradas, debido a que muchos de los rehenes han recuperado la libertad tras el pago de rescates, sin que se haya publicitado sus liberaciones.
El director de la policía colombiana, general Óscar Naranjo, dice que los restos de Reyes y Ríos fueron entregados a sus familiares.
Uribe no estaría por la negociación

El "despeje" (desmilitarización) para negociar un acuerdo, fue durante mucho tiempo una condición "inamovible" para la guerrilla, rechazada siempre por Uribe. El hecho de que las FARC, retiren ahora esa condición, no garantiza que el gobierno acepte negociar un acuerdo.
Sin embargo, Jaramillo no es muy optimista sobre lo que pueda pasar en el futuro cercano "Uribe ya empezó su campaña por la segunda reelección y el lenguaje de la campaña es "mano dura".
Otros son más optimistas, como Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado y miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, quien considera que la carta del Secretariado de las FARC "es el paso más importante que se ha dado en mucho tiempo respeto al intercambio humanitario".
"Lo que muestra la carta es la decidida voluntad de avanzar hacia ese acuerdo humanitario. Ahora la palabra la tiene el gobierno".
Cepeda considera que "el gobierno debería designar a quien dialogue con las FARC para llegar lo antes posible a un entendimiento sobre el intercambio entre lo que las FARC llaman prisioneros de guerra y los presos políticos que están en las cárceles".
Las FARC se recuperan y recuerdan la muerte de su fundador
Según aseguran las FARC, a través de los comunicados que publican en su página de internet, la muerte de Marulanda -que tenía 80 años de edad-, sucedió el 26 de marzo de 2008 "ocasionada por una insuficiencia cardíaca y en brazos de su compañera".
En un comunicado publicado al cumplirse el aniversatrio en su página de internet ('http://www.farc-ejercitodelpueblo.org/'), los rebeldes aseguraron que la muerte de Marulanda no afectó la estructura ni los propósitos de esa organización rebelde.
"Estamos unidos, cohesionados actuando sobre lo ya elaborado que es nuestra línea política militar, la vamos actualizando a la luz del Marxismo leninismo de acuerdo a la realidad Colombiana", señala el Secretariado del Estado Mayor Central, la cúpula de las FARC.
El reportaje incluye imágenes de hombres haciendo el saludo militar por última vez al líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de una sencilla habitación de madera y a rebeldes transportando el féretro por la selva.
También, la deserción de emblemáticos jefes a cambio de recompensas y el rescate -a través de engaño, según el Ejército colombiano o de soborno a los captores, según las FARC- de sus más cotizados rehenes para un canje: la política Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y militares y policías.
El analista Álvaro Villarraga director de la fundación Cultura Democrática opina que a un año de la muerte de Marulanda las FARC "están debilitadas pero no han sufrido una derrota estratégica que las coloque en una fase próxima a su final".
Un análisis del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la universidad Nueva Granada de Bogotá asegura que "la era post-Marulanda ha traído consigo unas FARC mucho más peligrosas, toda vez que los cabecillas buscan asegurar su reconocimiento y su legitimación con base al cumplimiento de las directrices y cursos de acción previstos por él".
Apoyo internacional al acuerdo humanitario
Los indígenas nasa, que viven en el sudoeste de Colombia, tuvieron que arriesgar la vida detonando ellos mismos municiones y armas que descubrieron en su territorio hace poco más de dos semanas.
El Foro de los Pueblos, cuya primera edición tuvo lugar en la ciudad filipina de Davao en 2004, es una iniciativa de Paz para la Vida. Esta organización tiene sede en Filipinas, pero congrega a personas de todo el mundo, buscando promover la fe y la resistencia contra la globalización militarizada y el imperialismo, a favor de alternativas de paz y justicia social. La teología de la liberación es una de las inspiraciones del movimiento, y fue tema de un seminario paralelo de este segundo Foro, así como la cuestión palestina, la crisis de la globalización neoliberal, la autodeterminación de los pueblos y el impacto de los crímenes de Estado en la vida de las mujeres.

En Bogotá, los representantes de una veintena de países más Palestina y Puerto Rico aprobaron una declaración final en la que condenan el "imperio estadounidense que, frecuentemente con la complicidad de Europa, está multiplicando el dolor de los pueblos", particularmente del colombiano, donde alimenta la "pesadilla" del conflicto armado que ya dura más de cinco decenios. Estados Unidos vive un descenso a causa de su crisis económica y la resistencia o la competencia de otros pueblos y países, pero sigue siendo una amenaza, asaltando brutalmente a Colombia, donde busca asegurar posiciones estratégicas y recursos, como petróleo y tierras, reza la declaración.
El pueblo colombiano "se está desangrando", con millones de desplazados y refugiados por la violencia y la expropiación de sus tierras, pero hay esperanzas por el crecimiento de las resistencias incluso dentro de Estados Unidos, concluye. La guerra en Colombia sirve a los poderosos como medio de "adueñarse de las mejores tierras" para implantar sus monocultivos, además del petróleo y recursos mineros, según Oscar Martínez, del Movimiento Cristianos por la Paz. El actual gobierno, presidido por Álvaro Uribe, se sostiene con el apoyo del "imperio, los medios de comunicación y poderes ilegales", como los paramilitares y el narcotráfico, sostuvo Pilar Marin, maestra y activista del Movimiento Magisterial por la Dignidad Educativa, relatora de algunos seminarios del Foro. La estrategia uribista de apostar a la derrota militar de la guerrilla agravó tragedias como el desplazamiento forzado y los asesinatos de maestros.
En medio de tantos conflictos, los "viviendistas" sufren otro drama que también los opone al gobierno, pero por razones sociales. Son activistas de un movimiento que busca impedir el desalojo de unas 800.000 familias que adquirieron sus viviendas financiadas en las tres últimas décadas y las perdieron o están en vías de perderlas por insolvencia. Unas 300.000 familias ya fueron desalojadas, 189.000 procesos están "estancados" en la Justicia y otros 300.000 se encuentran en trámite, informó Manuel Avendaño, fundador de un movimiento en Bogotá que trata de evitar los desalojos, organizando a sus activistas para impedir que la policía cumpla órdenes judiciales de desalojo. Los fallos se basan en leyes que se contraponen a la Constitución Nacional, y varios tratados internacionales firmados por Colombia aseguran el derecho a la vivienda digna, observó Juan Rodríguez, quien hace cuatro años estuvo a punto de ser desalojado de su casa pero fue ayudado por los activistas, por lo que se incorporó al movimiento. Los intereses, que pueden alcanzar 37,4 por ciento y sólo bajan a 34,7 por ciento en casos de interés social, hacen que los compradores tengan que pagar 15 o 20 veces el valor del préstamo, según los "viviendistas". Los desalojos son violentos. Empezaron con 50 policías militares y actualmente ya son realizados por hasta 150 uniformados, provocando muertos y heridos y violando derechos humanos, ya que separan niños y niñas de sus familias y obligan muchos a vivir en las calles, sostuvo Avendaño. Un reciente desalojo dejó en dificultades a una familia de ocho personas, incluyendo un anciano de 82 años, ejemplificó. Uno de los adolescentes fue asesinado a los 15 años por paramilitares en Ciudad Bolívar, un inmenso barrio pobre del sur de Bogotá que concentra centenares de miles de desplazados. En la sudoccidental ciudad de Cali "derribamos las casas antes que nos las quiten", cuando el desalojo se hace inevitable, dijo Jaime Tobon, que con sus compañeros de movimiento también participó en el Foro de los Pueblos. "Ya tumbamos tres" ante el "abuso de los bancos", acotó.































