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31.3.09

Colombia:FARC

LA GUERRILLA SE RECUPERA UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE MARULANDA, CAMBIA DE ESTRATEGIA Y ACEPTA NEGOCIAR EL 'INTERCAMBIO HUMANITARIO' SIN EXIGIR UNA ZONA DESMILITARIZADA

Las FARC aceptan negociar el canje de 20 secuestrados por guerrilleros presos, sin despeje militar y minimizan las cifras sobre secuestrados en su poder . Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia proponen en un comunicado un intercambio humanitario sin la condición hata ahora inamovible de la guerrilla y que actuaba como obstáculo en todo intento de diálogo.“Estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable”, señala la carta enviada a la organización humanitaria Colombianos y Colombianas por la Paz y a la senadora Piedad Córdoba, quienes jugaron un papel fundamental en la reciente liberación de seis rehenes.
Los 20 secuestrados que las FARC pretenden canjear son oficiales y suboficiales del ejército y la policía colombiana, algunos de los cuales permanecen secuestrados desde 1998.

En el texto, el grupo guerrillero nombra como intermediarios a los comandantes Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabían Ramírez para lograr “garantías efectivas que definan condiciones de modo, tiempo y lugar” para el intercambio entre secuestrados y guerrilleros detenidos. Las FARC se comprometen a enviar pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías que tiene en su poder.

En la carta afirman tener 9 secuestrados por motivos económicos, cuyo patrimonio consideran superior a un millón de dólares, pero no contabilizan a los secuestrados con menor patrimonio. Las cifras oficiales les responsabilizan de tener a más de 700 personas en su poder.
Sobre las cifras de secuestros no hay plena claridad, entre otras cosas porque no están depuradas, debido a que muchos de los rehenes han recuperado la libertad tras el pago de rescates, sin que se haya publicitado sus liberaciones.
En la misma carta, las FARC anuncian la entrega de los restos del mayor de la Policía, Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio en el 2006 después de siete años secuestrado. Y piden a los destinatarios de su carta "exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares". Reyes y Ríos murieron en marzo de 2008.
El director de la policía colombiana, general Óscar Naranjo, dice que los restos de Reyes y Ríos fueron entregados a sus familiares.

Uribe no estaría por la negociación


El "despeje" (desmilitarización) para negociar un acuerdo, fue durante mucho tiempo una condición "inamovible" para la guerrilla, rechazada siempre por Uribe. El hecho de que las FARC, retiren ahora esa condición, no garantiza que el gobierno acepte negociar un acuerdo.
El ex consejero presidencial de paz Carlos Eduardo Jaramillo considera que ahora "hay progresos" en la nueva posición de las FARC y considera que se trata de una jugada "política", para ganar espacio y mejorar la imagen, bajo el mando de "Alfonso Cano".
Sin embargo, Jaramillo no es muy optimista sobre lo que pueda pasar en el futuro cercano "Uribe ya empezó su campaña por la segunda reelección y el lenguaje de la campaña es "mano dura".

Otros son más optimistas, como Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado y miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, quien considera que la carta del Secretariado de las FARC "es el paso más importante que se ha dado en mucho tiempo respeto al intercambio humanitario".
"Lo que muestra la carta es la decidida voluntad de avanzar hacia ese acuerdo humanitario. Ahora la palabra la tiene el gobierno
".

Cepeda considera que "el gobierno debería designar a quien dialogue con las FARC para llegar lo antes posible a un entendimiento sobre el intercambio entre lo que las FARC llaman prisioneros de guerra y los presos políticos que están en las cárceles".
Los que sí defienden la negociación son los familiares. Aunque los de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz) muestra su preocupación, porque las FARC aseguran en la carta que tienen en su poder a 20 uniformados (policías o militares), dos menos de los que figuran en los registros oficiales. La presidenta de la Asfamipaz, Marleny Orjuela asegura que "tenemos pruebas de vida de veintidós'. Y se pregunta si la cifra menor se corresponde a una equivocación de quienes redactaron la misiva. Pero, pese a esa preocupación considera 'importante y positivo' el mensaje de los rebeldes. La asociación defiende una salida negociada para liberar a rehenes que, en algunos casos, llevan más de once años en cautividad.

Las FARC se recuperan y recuerdan la muerte de su fundador
La guerrilla más antigua de Latinoamérica, conmemoró el jueves el primer aniversario de la muerte de su fundador, Manuel Marulanda.
Según aseguran las FARC, a través de los comunicados que publican en su página de internet, la muerte de Marulanda -que tenía 80 años de edad-, sucedió el 26 de marzo de 2008 "ocasionada por una insuficiencia cardíaca y en brazos de su compañera".
En un comunicado publicado al cumplirse el aniversatrio en su página de internet ('
http://www.farc-ejercitodelpueblo.org/'), los rebeldes aseguraron que la muerte de Marulanda no afectó la estructura ni los propósitos de esa organización rebelde.
"Estamos unidos, cohesionados actuando sobre lo ya elaborado que es nuestra línea política militar, la vamos actualizando a la luz del Marxismo leninismo de acuerdo a la realidad Colombiana", señala el Secretariado del Estado Mayor Central, la cúpula de las FARC.
Ese mismo día Telesur, transmitió desde Caracas imágenes inéditas del funeral de 'Tirofijo', dentro de un reportaje que muestra a guerrilleras emocionadas ante el cadáver, al que acarician el rostro sin poder contener las lágrimas.
El reportaje incluye imágenes de hombres haciendo el saludo militar por última vez al líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de una sencilla habitación de madera y a rebeldes transportando el féretro por la selva.
Conocido como "el guerrillero más viejo del mundo", su muerte coincidió con una serie de duros golpes sufridos por esa guerrilla como el ataque del Ejército colombiano a un campamento rebelde en Ecuador, donde fue abatido Raúl Reyes, su número dos.
También, la deserción de emblemáticos jefes a cambio de recompensas y el rescate -a través de engaño, según el Ejército colombiano o de soborno a los captores, según las FARC- de sus más cotizados rehenes para un canje: la política Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y militares y policías.
Esta semana, las FARC atacaron apartadas poblaciones colombianas que dejan una decena de policías y militares muertos y una veintena de heridos, para conmemorar el aniversario de la muerte de su líder.
El analista Álvaro Villarraga director de la fundación Cultura Democrática opina que a un año de la muerte de Marulanda las FARC "están debilitadas pero no han sufrido una derrota estratégica que las coloque en una fase próxima a su final".
Un análisis del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la universidad Nueva Granada de Bogotá asegura que "la era post-Marulanda ha traído consigo unas FARC mucho más peligrosas, toda vez que los cabecillas buscan asegurar su reconocimiento y su legitimación con base al cumplimiento de las directrices y cursos de acción previstos por él".

Apoyo internacional al acuerdo humanitario

Por Mario Osava.
(Agencia IPS)


Los indígenas nasa, que viven en el sudoeste de Colombia, tuvieron que arriesgar la vida detonando ellos mismos municiones y armas que descubrieron en su territorio hace poco más de dos semanas.
Se trataba de un depósito de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el más fuerte grupo guerrillero colombiano, creado hace 45 años. Entregar ese material al Ejército o contar con la ayuda de los militares, los únicos técnicamente capacitados para darle fin a un arsenal así, hubiera significado atraer represalias guerrilleras, explicó la joven indígena María Claudia Coicué. Por sospechas de colaborar con el Ejército, indígenas awá fueron asesinados en febrero, recordó a IPS. Las FARC reconocieron haber dado muerte a ocho de ellos, pero son 17 los desaparecidos, según ese pueblo víctima del fuego cruzado, que aún busca los cuerpos para sepultarlos en sus tierras. "Tanto el Ejército como la guerrilla son nuestros enemigos", señaló Coicué. Pero la neutralidad indígena en el conflicto armado es difícil de mantener. Las FARC quisieron controlar parte del territorio nasa, imponiendo sus reglas, rechazadas por los indígenas, acotó Coicué, recién graduada en Trabajo Social por la Universidad Nacional. "Somos nosotros que castigamos nuestros comuneros", no la guerrilla, afirmó después de participar en el II Foro de los Pueblos, promovido por la organización internacional Paz para la Vida (Peace for Life) y el colombiano Proyecto Justicia y Vida, que concluyó el lunes en la capital colombiana. El Foro aprobó un "firme respaldo" a un acuerdo humanitario para el intercambio de prisioneros políticos, como un paso hacia una "salida política negociada al conflicto armado". El encuentro reunió desde el viernes pasado en Bogotá a unas 350 personas, entre ellas 62 extranjeros, teniendo como tema central: "Política imperial y resistencia global de los pueblos".

El Foro de los Pueblos, cuya primera edición tuvo lugar en la ciudad filipina de Davao en 2004, es una iniciativa de Paz para la Vida. Esta organización tiene sede en Filipinas, pero congrega a personas de todo el mundo, buscando promover la fe y la resistencia contra la globalización militarizada y el imperialismo, a favor de alternativas de paz y justicia social. La teología de la liberación es una de las inspiraciones del movimiento, y fue tema de un seminario paralelo de este segundo Foro, así como la cuestión palestina, la crisis de la globalización neoliberal, la autodeterminación de los pueblos y el impacto de los crímenes de Estado en la vida de las mujeres.


En Bogotá, los representantes de una veintena de países más Palestina y Puerto Rico aprobaron una declaración final en la que condenan el "imperio estadounidense que, frecuentemente con la complicidad de Europa, está multiplicando el dolor de los pueblos", particularmente del colombiano, donde alimenta la "pesadilla" del conflicto armado que ya dura más de cinco decenios. Estados Unidos vive un descenso a causa de su crisis económica y la resistencia o la competencia de otros pueblos y países, pero sigue siendo una amenaza, asaltando brutalmente a Colombia, donde busca asegurar posiciones estratégicas y recursos, como petróleo y tierras, reza la declaración.

El pueblo colombiano "se está desangrando", con millones de desplazados y refugiados por la violencia y la expropiación de sus tierras, pero hay esperanzas por el crecimiento de las resistencias incluso dentro de Estados Unidos, concluye. La guerra en Colombia sirve a los poderosos como medio de "adueñarse de las mejores tierras" para implantar sus monocultivos, además del petróleo y recursos mineros, según Oscar Martínez, del Movimiento Cristianos por la Paz. El actual gobierno, presidido por Álvaro Uribe, se sostiene con el apoyo del "imperio, los medios de comunicación y poderes ilegales", como los paramilitares y el narcotráfico, sostuvo Pilar Marin, maestra y activista del Movimiento Magisterial por la Dignidad Educativa, relatora de algunos seminarios del Foro. La estrategia uribista de apostar a la derrota militar de la guerrilla agravó tragedias como el desplazamiento forzado y los asesinatos de maestros.

En los últimos 15 años, cerca de 3.000 familias de educadores debieron desplazarse, según dirigentes del sector. Los asesinatos de maestros, sindicalistas, líderes campesinos, indígenas y jóvenes falsamente acusados de ser guerrilleros se suman al desplazamiento interno y la emigración, a causa de la confrontación militar que involucra fuerzas del Estado, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Últimamente, los "asesinatos selectivos" sustituyeron las masacres practicadas por las fuerzas gubernamentales y de los poderosos, según Marin. La "polarización" que identifica como enemigos o guerrilleros los que no son aliados hace crítica la situación de los que rechazan las políticas de ambos lados.

En medio de tantos conflictos, los "viviendistas" sufren otro drama que también los opone al gobierno, pero por razones sociales. Son activistas de un movimiento que busca impedir el desalojo de unas 800.000 familias que adquirieron sus viviendas financiadas en las tres últimas décadas y las perdieron o están en vías de perderlas por insolvencia. Unas 300.000 familias ya fueron desalojadas, 189.000 procesos están "estancados" en la Justicia y otros 300.000 se encuentran en trámite, informó Manuel Avendaño, fundador de un movimiento en Bogotá que trata de evitar los desalojos, organizando a sus activistas para impedir que la policía cumpla órdenes judiciales de desalojo. Los fallos se basan en leyes que se contraponen a la Constitución Nacional, y varios tratados internacionales firmados por Colombia aseguran el derecho a la vivienda digna, observó Juan Rodríguez, quien hace cuatro años estuvo a punto de ser desalojado de su casa pero fue ayudado por los activistas, por lo que se incorporó al movimiento. Los intereses, que pueden alcanzar 37,4 por ciento y sólo bajan a 34,7 por ciento en casos de interés social, hacen que los compradores tengan que pagar 15 o 20 veces el valor del préstamo, según los "viviendistas". Los desalojos son violentos. Empezaron con 50 policías militares y actualmente ya son realizados por hasta 150 uniformados, provocando muertos y heridos y violando derechos humanos, ya que separan niños y niñas de sus familias y obligan muchos a vivir en las calles, sostuvo Avendaño. Un reciente desalojo dejó en dificultades a una familia de ocho personas, incluyendo un anciano de 82 años, ejemplificó. Uno de los adolescentes fue asesinado a los 15 años por paramilitares en Ciudad Bolívar, un inmenso barrio pobre del sur de Bogotá que concentra centenares de miles de desplazados. En la sudoccidental ciudad de Cali "derribamos las casas antes que nos las quiten", cuando el desalojo se hace inevitable, dijo Jaime Tobon, que con sus compañeros de movimiento también participó en el Foro de los Pueblos. "Ya tumbamos tres" ante el "abuso de los bancos", acotó.
(Fuentes:Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, EFE, ANSA-Latina, AFP e IPS)

24.2.09

Colombia:Espionaje

URIBE Y SU GOBIERNO TRATAN DE QUEDAR AL MARGEN DEL ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS ILEGALES DEL D.A.S. -QUE DEPENDE DE LA PRESIDENCIA- A POLÍTICOS, MAGISTRADOS Y PERIODISTAS


El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia colombiano que depende directamento del Presidente de la República, ha quedado una vez más tocado por la sospecha, tras revelarse que espiaba a políticos, periodistas y magistrados, incluso aliados del gobierno, lo que ha obligado al presidente, Alvaro Uribe, a desmentir que haya sido él quien ha dado una orden en ese sentido."Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas", dijo el lunes Uribe. El presidente culpó de las escuchas ilegales a un grupo de agentes del DAS que calificó de "banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno". Desde 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, el DAS ha sido blanco de múltiples acusaciones de nexos con grupos paramilitares y espionaje a la oposición.

En octubre, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, debió dimitir tras conocerse una orden interna para hacer seguimientos al senador Petro y otros dirigentes del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
El primer director del organismo bajo la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, también debió renunciar y es investigado por nexos con los paramilitares .Según una de esas denuncias, el DAS entregó a los escuadrones que operan en la costa Caribe los nombres de sindicalistas que debían ser asesinados por supuesta relación con la guerrilla.
En esta ocasión, el caso fue descubierto y revelado por la revista Semana y ya ha provocado la renuncia del subdirector de contrainteligencia del DAS, ,Jorge Alberto Lagos quien inmediatamente habría concentrado las grabaciones y documentos interceptados para destruirlos y así eliminar las pruebas.
Las escuchas, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, se hacían a congresistas, periodistas y magistrados considerados opositores, pero también a funcionarios cercanos al mandatario, como su jefe de seguridad y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.
La denuncia señaló además que funcionarios del DAS vendían servicios de espionaje a paramilitares, la mafia del narcotráfico e incluso a la guerrilla.
Entre los espiados se encuentran el senador de izquierda, Gustavo Petro, y la liberal, Piedad Córdoba. El diario El Espectador añadió este lunes nuevos nombres a la lista, incluyendo al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -quien no ha descartado competir por la presidencia en 2010-, y el director de la Policía, general Oscar Naranjo.
La Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos magistrados se encuentran entre los afectados, califica el escandalo de " atentado contra la democracia y la libertad de opinión", y pide al fiscal general que las investigaciones den resultados rápidos.
¿Quién controla la red?


El exministro de Defensa y actual precandidato presidencial Rafael Pardo, , dice que "Hay que saber quién es el Montesinos colombiano o los Montesinos colombianos". Este dirigente del opositor Partido Liberal cree que el DAS se convirtió en una entidad "al servicio del régimen", es decir, del 'uribismo'.
Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directamente afectados ya que varios magistrados de ese tribunal fueron interceptados ilegalmente, apuntan en cierta dirección al recordar que uno de los jueces espiados, el que coordina el grupo que investiga las relaciones entre la clase política y los paramilitares, le escucharon por lo menos 1.900 llamadas telefónicas.

Y un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, en declaraciones a la revista Semana, indica que los informantes de la Presidencia de la República, tenían como objetivo controlar al congresista opositor Gustavo Petro y la senadora Piedad Córdoba.
Sólo hay que recordar los casos anteriores en los que el DAS se vio envuelto, dentro del actual régimen 'uribista'
En 2005, fue detenido Rafael García, primer director de informática del DAS durante el actual gobierno. García fue condenado a 11 años de prisión tras aceptar que trabajaba para las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que borraba antecedentes criminales en la entidad y que entregaba información para ser usada por grupos al margen de la ley.
A raíz de las confesiones de García, el primer director del DAS nombrado por Uribe, Jorge Noguera, fue sancionado disciplinariamente e inhabilitado por la Procuraduría General y ahora está en la cárcel. La Fiscalía investiga a Noguera por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Se cree que los paramilitares asesinaron a varios dirigentes sindicales y militantes de izquierda por la información que le dio el DAS.
En medio de ese escándalo, en octubre de 2008, el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, y uno de los más enconados opositores del gobierno, mostró memorandos del DAS que ordenaban hacerle seguimientos e investigarlo. La entonces directora de la entidad, María del Pilar Hurtado, tuvo que renunciar al cargo.

La Investigación de "Semana":
El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros.


Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.
La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.

Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad. Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos. La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista. Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.

En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.

Todos son enemigos
"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla", dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.

Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. (PARA SEGUIR LEYENDO-PULSAR AQUÍ)

(Fuentes: AFP, Agencia PÚLSAR, EFE, Madrid Digital, BBC-Mundo, Prensa Latina, TeleSur y Semana)

13.2.09

Colombia:Conflicto interno

INDIGNACIÓN POR LA DOS MATANZAS CONSECUTIVAS DE INDÍGENAS AWÁ PERPETRADAS POR GUERRILLEROS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LOGRAR UNA SALIDA NEGOCIADA A LA GUERRA PIDEN EXPLICACIONES A LAS FARC


En total serían 27 los indígenas awá asesinados presuntamente por las FARC en el sureño departamento de Nariño, según denuncia la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La última masacre fue perpetrada contra diez indígenas que huían tras la matanza de 17 de sus compañeros a manos de las FARC.
"Recibimos información de autoridades de la región que en el día de ayer diez personas que venían desplazadas, huyendo de la masacre anterior, fueron asesinadas a la altura de la comunidad de Guangarial", denunció este jueves Luis Evelis Andrade, líder de la ONIC.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, antiguo dirigente de la guerrilla del M-19, confirmó que miembros de la etnia Awá le comunicaron "que en la madrugada del miércoles habían matado a diez personas" en el municipio de Ricaurte, detallando "el sitio exacto de la matanza y el nombre del dueño de la casa donde se produjo".
"Nos dicen que fueron las FARC las que igualmente cometieron estos crímenes", indicó Andrade, mientras que Navarro afirmó no tener aun información sobre los responsables del hecho, cuyas circunstancias se desconocen.

"No sé si fueron las FARC, la persona que me dio la información no me lo dijo, pero fue en el área general donde se cometió la primera masacre", el 4 de febrero en la localidad de Barbacoas, declaró el gobernador a radio Caracol.
"De la primera (matanza) estoy totalmente seguro que fueron las FARC, en este segundo caso no puedo todavía confirmar el autor material", subrayó Navarro.
La ONIC y las autoridades civiles de Nariño denunciaron que los guerrilleros torturaron y asesinaron el 4 de febrero a por lo menos 17 indígenas Awá, acusándolos de cooperar con el Ejército al no comunicar a los rebeldes la presencia de militares en la zona.
Con alrededor de 21.000 personas, los Awá son el pueblo indígena más numeroso de Nariño, un departamento del suroeste de Colombia que sufre una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado.
En los últimos dos años, desde Nariño se han registrado más de un 10 por ciento de los casos de nuevos desplazamientos forzados en este país de alrededor de 44 millones de habitantes que enfrenta un conflicto interno de más de cuatro décadas.
Los Awá son unos de los 87 pueblos indígenas de Colombia y está entre los que enfrentan peligro de extinción como resultado del conflicto armado y el desplazamiento forzado, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La crisis humanitaria y territorial del pueblo Awá


“El arraigo a su territorio, el concebirse como un pueblo con autonomía, con gobierno propio y su identidad son los pilares de la cosmovisión del Pueblo Awá; no estar sometidos a ninguna ideología, a ningún actor armado, sino basados en la autodeterminación”. Son palabras de Luis Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC, pronunciadas en la conferencia de prensa en la que denunció estas matanzas.

Luis Evelis Andrade, considera estos actos de las FARC como 'demenciales' y lamenta que aunque era algo que se venía denunciando, el gobierno no haya tomado las medidas de prevención para salvaguardar la vida y la integridad de este pueblo que desde hace décadas viene padeciendo el rigor del conflicto armado que vive Colombia.
Sólo al pueblo Awá, desde septiembre del 2008, que comenzó la movilización de los indígenas colombianos en la denominada Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, les han asesinado 44 de sus miembros, cifra que puede aumentar con las masacres de esta semana. En los 43 primeros días del 2009, han sido asesinados más de 58 indígenas en todo el país.
Los más recientes ocurrieron este miércoles 11 de febrero, cuando en la comunidad de Tangarial, entre los resguardos El Sande y Tortugaña, a dos días de camino del municipio de Samaniego, fueron masacrados más de 10 indígenas cuando se aprestaban a desplazarse, del territorio. “No es fácil el acceso, son dos días de camino de herradura hasta Tangarial, y otras dos comunidades más que hacen parte del resguardo El Sande, como El Recodo y Charco Largo, donde viven más de 400hermanos, de quienes no sabemos su suerte”, según el informe de una autoridad indígena de la zona. Por lo que ninguna comisión ha podido llegar al lugar para conocer con certeza la dimensión de la masacre. Tampoco han sido rescatados los cadáveres ni de los 10 últimos ni de 17 primeros. Además hay 5 desaparecidos, "tres indígenas que se arriesgaron a entrar al territorio en busca de sus familiares y que no han regresado”.

El consejero Mayor de la ONIC, afirma que el exterminio 'de los hermanos Awá', ocurre , “en el marco de la Política de Seguridad Democrática que no protege a los indígenas, sino que ha llevado la guerra a sus territorios ancestrales. El Pueblo Awá ha sido además sometido a bombardeos, ametrallamientos por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, a fumigaciones aéreas sin aviso, cuyos comandantes niegan incluso los combates previos y posteriores a la masacre cometidas por las FARC, o por otro actor armado en la zona”. Así mismo, denuncia que “los militares violan los derechos humanos de las comunidades Awa y en general de los pueblos indígenas y el DerechoInternacional Humanitario. Violan el principio a la proporcionalidad de fuerzas y el principio del respeto por la población civil, incluso sus propias directivas diferenciales”.

¿ Qué hay detrás de esta masacre?


Luis Evelis Andrade explica que el departamento de Nariño es una zona estratégica de frontera donde están en marcha muchos proyectos económicos y de infraestructura, además del control territorial que se disputan los actores armados legales e ilegales, y que también es corredor de tráfico de drogas.

Por la zona, donde viven los indígenas se proyecta incluso el paso de una línea de infraestructura como es el IIRSA, un ambicioso megaproyecto que vendría desde el Caribe, “una serie de intereses sobre los recursos naturales existentes se juegan allí y esto hace que haya una fuerte militarización para proteger la entrada de las multinacionales que vienen a explotar las riquezas. A esto se suma los constantes enfrentamientos entre guerrillasde las FARC y ELN, entre estas y el Ejercito nacional, entre guerrillas y paramilitares, entre narcotraficantes, que cada cual quiere controlar elterritorio, irrespetando la Autonomía y el Gobierno Propio de los Indígenas, violando así sus derechos como pueblos, los humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

La ONIC le exige a las FARC que entreguen los responsables materiales e intelectuales de estas masacres para ser juzgados por la Justicia Indígena y pide la solidaridad nacional e internacional , para que se pronuncie sobre estos hechos y adopte las mediadas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y territorial del pueblo Awá. También exige que todos los actores armados sin excepción desmilitaricen y acaben con la ocupación de sus territorios indígenas.
El ACNUR se muestra conmocionado


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pide una rigurosa investigación de los hechos, el respeto a todas las partes involucradas del Derecho Internacional Humanitario y exhorta al gobierno colombiano a cumplir su obligación de proteger a los civiles y tomar medidas especiales para preservar la población indígena.
El ACNUR informa que en la zona de Nariño donde se produjeron los crímens, la población se encuentra extremadamente atemorizada, lo cual incrementa la preocupación por la posibilidad de un desplazamiento masivo en los próximos días. La zona, ubicada a lo largo del río Telembi, entre los pueblos de Ricaurte y Barbacoas, se encuentra considerablemente aislada y es dedifícil acceso, con presencia de minas antipersonales.

La oficina del ACNUR en la zona ha venido trabajando de cerca con la comunidad Awá, que como muchos grupos indígenas colombianos han luchado por años para mantenerse fuera del conflicto. Esta oficina considera que el pueblo Awá, ubicado en el departamento de Nariño, aunque vive en un territorio protegido, eso no ha impedido el ingreso de los grupos armados a sus tierras. Y los indígenas Awá han sufrido graves violaciones de sus derechos , incluyendo constante presión y persecución, reiterados asesinatos y desplazamientos forzados. En los últimos años, ellos han sido forzados a abandonar sus tierras enrepetidas ocasiones. Algunos indígenas han cruzado la frontera para buscar refugio en Ecuador.

"El ACNUR se encuentra conmocionado, lamentamos profundamente los asesinatos y ofrecemos las más sinceras condolencias al pueblo Awá, reiterando nuestro apoyo a su derecho a vivir en paz en su territorio y reafirmando nuestro compromiso para continuar trabajando con ellos. Además, hacemos un llamado para realizar una investigación urgente e independiente a cerca de los hechos ocurridos, y a tomar medidas deprevención, rápidas y efectivas, como seguir las alertas tempranas que repetidamente emite la Defensoría del Pueblo del departamento deNariño", dice esta organizacón de la ONU en un comunicado.
Con 12 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja con el Estado, apoyándolo para cumplir su deber de protección, y con las organizaciones indígenasa lo largo del país. Parte del esfuerzo que se esta llevando a cabo consiste en aumentar la conciencia acerca de la magnitud de la crisis que vive el país .

La senadora Piedad Córdoba pide el esclarecimiento de los hechos



El grupo de intelectuales "Colombianos y Colombianas por la Paz" pide a la jefatura de las FARC que se pronuncie sobre el asesinato de indígenas de la comunidad Awá presuntamente por guerrilleros de esa agrupación.

En un comunicado, exigen a las autoridades el "esclarecimiento total de los hechos" y al Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "un pronunciamiento publico respecto de ese vergonzoso" suceso.
El documento, suscrito por 125.000 personas, entre ellas la senadora de oposición Piedad Córdoba, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el sur de Colombia.
El grupo de intelectuales y las FARC mantienen un intercambio epistolar desde hace varios meses y, gracias a él, la guerrilla liberó de forma incondicional a dos políticos, tres policías y un militar entre el 1 y el 5 de febrero.
Por petición de esa guerrilla, la senadora Córdoba encabezó la comisión humanitaria, en la que también participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Brasil.
(Fuentes: AFP, Reuters, ONIC, EFE y Codhes)

2.2.09

Colombia:Liberación rehenes

URIBE PONE EN PELIGRO LAS ENTREGAS AUN PENDIENTES DE DOS POLÍTICOS AL PROHIBIR QUE CONTINÚE LA MISIÓN HUMANITARIA. EL EJÉRCITO TRATÓ DE OBSTACULIZAR LA OPERACIÓN QUE CONCLUYÓ CON LA LIBERACIÓN DE TRES POLICÍAS Y UN SOLDADO


El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, suspendió este lunes la participación de una misión humanitaria en la liberación de dos políticos secuestrados por las FARC, una decisión que podría dificultar la entrega inmediata de los rehenes.


El mandatario anunció la decisión después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaron este domingo en la selva a tres policías y un soldado secuestrados desde hacia meses, en la primera entrega unilateral en casi un año que se retrasó por un supuesto intento de sabotaje del Gobierno, según denunció la misión que recibió a los rehenes.
"La necesidad humanitaria de liberar a los secuestrados ha sido utilizada, en contra de lo acordado, en incitación y estímulo al grupo secuestrador, narcotraficante y terrorista de las FARC", dijo Uribe.
"Se autoriza exclusivamente al Comité Internacional de la Cruz Roja y a su apoyo logístico otorgado por la República de Brasil, para continuar en esta operación, lo cual es suficiente para un acto humanitario", aseguró el mandatario.

La misión humanitaria encabezada por la senadora Piedad Córdoba, que tenía previsto este lunes recibir la liberación del ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara y el miércoles al ex diputado del departamento del Valle Sigifredo López.


Uribe anunció la suspensión de la misión humanitaria poco después de la explosión de un coche- bomba contra una instalación de la Policía en la ciudad de Cali, al suroeste del país, que dejó dos muertos, incluido uno de los atacantes. Según el presidente colombiano, se trata de un atentado de las FARC.


El ejército intentó boicotear la entrega



Ayer se cumplió, aunque con algunos inconvenientes, la entrega a una misión humanitaria, de tres policías y un militar, en un punto de la selva del departamento de Caquetá, al sur de Colombia. La larga jornada concluyó cuando tocó pista en el aeropuerto La Vanguardia, en la ciudad de Villavicencio, el helicóptero que llevaba a la comisión humanitaria y los cuatro liberados.
Según se conoció la entrega estaba prevista para la mañana, pero se postergó hasta entrada la tarde porque aviones de la fuerza aérea colombiana sobrevolaron durante más de dos horas el área donde debía realizarse el encuentro.
Así lo denunció a su llegada a Villavicencio el periodista Jorge Enrique Botero, miembro de la misión humanitaria, quien aseguro tener imágenes de video y audio que demuestran el accionar de los militares.
La denuncia fue desmentida por el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien dijo que no había presencia militar en la zona e insistió en que el gobierno dará todas las garantías para las liberaciones. Sin embargo, fue corroborado por la directora de la organización no gubernamental Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez, también miembro de la misión humanitaria.
Sánchez aseguro que aviones militares sobrevolaron de forma insistente en el momento en que el helicóptero se dirigía al lugar donde recogerían a los cuatro liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que eso puso en riesgo la misión y obligó a cambiar el lugar en donde iban a recoger a los prisioneros, por lo cual la operación se retrasó varias horas.


Jorge Enrique Botero, informó que la senadora colombiana Piedad Córdoba hará la denuncia de las acciones del Ejército colombiano y presentará el video respectivo. "Vamos a poner en conocimiento de la opinión pública estas grabaciones que están en nuestro poder donde se detecta con claridad el seguimiento que estaban haciendo del helicópetero que nos estaba transportando, las coordenadas que ibamos atravezando, dan órdenes, incluso dicen hay que ubicarlos por tierra, en fin, mientras tanto llegamos a otro punto donde escuchábamos claramente los sobrevuelos que hacían en círculos". Botero añade que el Comité Internacional de la Cruz Roja, se comunicó de inmediato desde Bogotá y confirmó que había ordenes de mandos militares para realizar ese seguimiento. "Esa grabación que acontenció hace unas horas las tenemos y la senadora Piedad Córdoba las denunciará apenas lleguemos", reiteró.

Por su parte Jairo Martínez, Comandante de las FARC encargado de la entrega de los rehenes denunció que un guerrillero murió y otro está desaparecido, por combates con el ejército: "Nosotros perdimos a un guerrillero, de nombre Saúl, y el Ejército nos tiene desaparecido a otro que ha sido parte de la guardia de los prisioneros de guerra", declaró desde una zona que identificó como Cartagena en el Río Caguán, paraje Cristales. Ante el asedio del ejército colombiano Martínez recordó que la responsabilidad asumida por las FARC es entregar a los retenidos por esta guerrilla con vida.


En esta primera etapa de liberaciones,fueron puestos en libertad los miembros de la fuerza pública Juan Fernando Galicia Uribe, Alexis Torres Zapata, Wálter José Lozano Guarnizo y William Giovanny Domínguez Castro.


Uno de ellos, el patrullero de la Policía Juan Fernando Galicia, desde junio de 2007 en poder de las FARC, dijo que lo más duro del cautiverio fue la presión de las tropas militares. "Sentíamos presión todos los días", dijo el policía al realizar unas breves declaraciones a la prensa. El uniformado llegó al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio vestido con ropa sport y botas de caucho. Galicia fue secuestrado junto a otros dos uniformados liberados ayer, en momentos en que se dirigían a cumplir una misión en el departamento de Caquetá.

El grupo humanitario que gestionó las liberaciones y que encabeza la senadora Piedad Córdoba está integrado por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, los periodistas Jorge Enrique Botero y Daniel Samper y la defensora de derechos humanos Olga Amparo Sánchez.

Nuevos datos sobre la muerte de Manuel Marulanda


El fundador de las FARC, Manuel Marulanda, falleció en medio del asedio de los militares y su entierro se produjo en un lugar selvático del sur del país, en un ceremonia a la que sólo asistieron los máximos jefes de esas organización. Así lo reveló una joven desertora de las FARC al diario regional El Nacional, de la ciudad de Neiva, que además de publicar hoy la versión de la guerrillera, divulgó una foto de Marulanda muerto. "No podía comunicarse con sus comandantes y el ejército nos pisaba los talones", dice la supuesta guerrillera, llamada por el diario como "Anayibe" (nombre ficticio). Asegura que era integrante del Bloque Oriental de las FARC y compañera sentimental de uno de los escoltas de Marulanda.
Según la mujer, el 26 de marzo de 2008 a "las nueve de la mañana cuando el camarada Manuel se desvaneció, Sandra, su eterna compañera lloraba. Algunas guerrilleras también lo sintieron". Anayibe contó al rotativo que "El camarada Manuel quedó hinchado, tenía el cabello largo. Su cabeza quedó sostenida de una toalla azul con una franja blanca. Sus brazos permanecían cruzados sobre su estómago y su cuerpo fue vestido con un camuflado americano nuevo".
De acuerdo a la versión de la mujer, las ropas militares que le pusieron al legendario jefe guerrillero no eran de su talla "pero no encontramos otro igual. Por eso el uniforme aparece arremangado" en la fotografía del cuerpo. "Alfonso Cano, ideólogo y hoy comandante máximo de la guerrilla, lo acompañó hasta el último momento", aseguró Anayibe a La Nación. Y afirmó que Marulanda, cuyo verdadero nombre era Pedro Antonio Marín, fue trasladado bajo la custodia de 250 hombres desde algún lugar del departamento del Guaviare, sur del país, hasta un sitio ubicado entre los ríos Pato y Guayabero, entre los departamento de Caquetá y Meta. Según la mujer al sepelio de líder guerrillero sólo asistieron los jefes del grupo y no se permitió "la presencia de guerrilleros rasos. Aislaron la zona para evitar la llegada de milicianos que pudieran conocer el lugar exacto de la tumba",según la supuesta guerrillera.

Editorial de La Jornada (México)
Colombia: rehenes liberados


La liberación de tres soldados y un policía cautivos por las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia (FARC), así como lo que parece ser la inminente puesta en libertad de dos civiles por ese mismo grupo guerrillero, son datos esperanzadores que apuntan a la posibilidad de una reactivación de las vías políticas para resolver el añejo problema de la insurgencia colombiana.
Es pertinente tener en cuenta que las liberaciones mencionadas fueron producto de una determinación unilateral de la organización armada y que en esta ocasión, a diferencia de episodios anteriores relacionados con los secuestrados por las FARC, el gobierno de Álvaro Uribe no ha tenido injerencia significativa y no ha podido, en consecuencia, trocar una operación humanitaria en una escalada de guerra, como ha hecho en diversas ocasiones. En otros términos, la entrega de los cuatro rehenes tuvo éxito, en buena medida, porque la Casa de Nariño fue marginada de la operación y porque fue posible contener su obsesión por ejecutar una movilización militar de “rescate” o una maniobra de soborno de efectivos guerrilleros mediante recompensas en efectivo.

En consecuencia, las más recientes liberaciones muestran la improcedencia de la receta del aplastamiento bélico de la guerrilla, preconizada por Uribe, y confirman que hay otras maneras de obtener la libertad de los secuestrados. Tal vez sean también indicativas de una voluntad de dirigentes de las FARC para alentar una negociación que ponga fin al conflicto.
Se ha señalado la posibilidad de que, en el seno de la organización guerrillera, factores de debilidad por los golpes militares recibidos, la muerte del legendario dirigente Manuel Marulanda, Tirofijo, y el asesinato o la deserción de otros dirigentes guerrilleros hayan llevado a un cambio de actitud y a la búsqueda de un espacio político para ensayar un proceso de paz.

Es necesario tener en cuenta también que el régimen de Álvaro Uribe acusa el desgaste político causado por su belicismo, por los incidentes diplomáticos que ha causado y por los severos señalamientos de la comunidad internacional sobre las masivas y atroces violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado. Pero la mayor debilidad de Uribe en el momento actual es haber perdido a su principal aliado y patrocinador, George W. Bush, y la incertidumbre sobre las posturas que adoptará el gobierno de Barack Obama ante el conflicto colombiano.
En tales circunstancias, es claro que ambas partes –la Casa de Nariño y la organización guerrillera– deben abrirse a la perspectiva de una negociación que ponga fin al más antiguo conflicto armado en el continente. Es claro que hoy en día las causas de transformación social no tienen nada que ganar por medio de la violencia y que ésta termina por pervertir y distorsionar las reivindicaciones políticas y económicas originales y por acercar a los movimientos sociales que la practican a los inciertos linderos de la delincuencia común. Pero también es cierto que la represión y la fuerza bruta no resuelven las causas profundas que alimentan a la insurgencia y que, además de dejar un saldo inaceptable y atroz en abusos contra la población civil y una grave erosión del estado de derecho, no logran, derrotar la rebeldía en forma definitiva.
La situación parece propicia, pues, para que los gobiernos latinoamericanos insten a ambas partes a sentarse a la mesa de negociaciones y, en esta perspectiva, a que se reconozca plenamente el estatuto de las FARC como fuerza beligerante, a fin de dotarla de capacidad de interlocución. Tal es el único camino para terminar con una de las raíces más acendradas de la violencia en Colombia, y tarde o temprano habrá que recorrerlo.

(Fuentes: Reuters, Prensa Latina ,TeleSur, ANSA-Latina, ABN y La Jornada-México)

30.9.08

Colombia: Conflictos sociales

EL GOBIERNO URIBE CRIMINALIZA LOS CONFLICTOS Y ABUSA DEL TERROR EN SU REPRESIÓN. EN AUMENTO LOS ASESINATOS DE SINDICALISTAS, UN MÉTODO MÁS DE 'PRESIÓN' DESDE EL PODER

Trabajadores de la caña de azúcar denuncian “terror estatal”

Los obreros que viven de cortar caña en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, región suroccidental de Colombia, llevan dos semanas de paro en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos. Pese a que están siendo brutalmente reprimidos, mantienen la media.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), informa que las familias cañeras exigen a los dueños de los ingenios y gobierno nacional que se aplique la legislación laboral y la constitución.
De esa manera, piden que se hagan efectivos los derechos laborales que son violados por las patronales del azúcar, tales como: contratación directa, estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros.
El paro fue iniciado el 15 de septiembre y según denunciaron los trabajadores de la caña, el "amedrentamiento y terror" se inició "mucho antes" con la presencia del policial Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del ejército colombiano.


Dieron a conocer además, que las patronales, junto al gobierno de Colombia, ejecutaron "ataques indiscriminados contra los obreros", dejando como consecuencia, al menos 48 heridos.
"El último atentado se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando en la madrugada tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional atacaron a los trabajadores en el ingenio Tumaco dejando varios heridos", con sus pertenencias y documentos de identidad destruidos, explica el comunicado de los cañeros.
También señala que "El Ministro de Protección Social, el Fiscal general de la Nación, bajo la dirección del presidente Uribe Vélez, arremeten a una sola voz contra los trabajadores y sus organizaciones, acusándolos de tener relaciones con la guerrilla"

Uribe y el Fiscal, criminalizan a los 'corteros'


Más de dos semanas y sin ninguna solución a la problemática completa el paro convocado por los 'corteros' de caña de azúcar en Colombia. El gobierno nacional no ha dado muestras de voluntad política para negociar. Por el contrario, frente a sus justos reclamos, los movilizados han tenido que resistir el ataque indiscriminado de la fuerza pública, que arguyendo la violación del derecho al trabajo de quienes no se encuentran en paro ha arremetido violentamente contra los manifestantes.
Igualmente el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán ha estigmatizado públicamente la protesta, acusando a los corteros de estar encuadrados y recibir ayuda financiera de la guerrillade las FARC y amenazando con que se abrirán procesos judiciales para investigar estos hechos.
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez, también ha tratado de criminalizarlos al decir que los huelguistas tuvieron reuniones con las FARC y fueron coaccionados por la guerrilla para realizar la movilización, y que además, a estas reuniones asistieron representantes de un senador de la republica, de quien no dijo su nombre pero insinuó apoya el paro de los trabajadores azucareros.
En el plano económico, tanto el gobierno como los empresarios han declarado inaceptables las razones reales del paro, responsabilizando a los manifestantes de cuantiosas pérdidas financieras para el gremio azucarero y de un aumento incremento injustificado en el precio de la gasolina, cuando en realidad este obedece a medidas estatales orientadas a acrecentar los ingresos de los grupos empresariales productores de etanol. Los corteros de caña han afirmado que continuaran bloqueando la entrada a los ingenios hasta tanto su pliego de exigencias sea atendido y logre llegarse a una negociación con el gobierno nacional y los empresarios del gremio.

"Detrás del paro de los cortadores de caña no hay fuerzas oscuras, sólo el hambre y la esclavitud” dijo Piedad Córdoba

El paro de los corteros de caña encuentra su explicación en el hambre y la esclavitud a la que son sometidos más de 18 mil trabajadores en los ingenios azucareros del norte del Cauca y el Valle del Cauca, así lo aseguró la senadora Piedad Córdoba al visitar a los tres corteros en huelga de hambre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
En su diálogo con la legisladora, los tres delegados de los corteros aseguraron que además de jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias, la remuneración mensual que perciben no supera los 350 mil pesos mensuales, y no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
“Esto es una infamia, no es posible que en pleno siglo 21 se encuentren trabajadores en tales condiciones, discrepo de lo que señalan algunos funcionarios del alto gobierno. Detrás del paro de los corteros de caña no hay fuerzas oscuras, detrás de ellos está el hambre y la esclavitud que los avasalla”, dijo Piedad Córdoba.
La senadora de dijo además que no entiende como el país no abre los ojos ante las paupérrimas condiciones en que estos compatriotas tienen que ganarse el sustento y aseguró que “
posiblemente el fiscal y los ministros aseguran que detrás de la protesta hay fuerzas oscuras porque todos los corteros son negros y el color de su piel los convierte en sospechosos”.
La protesta de los trabajadores azucareros del Valle del Cauca y del suroccidente del país busca la mejoría de sus condiciones laborales y salariales, toda vez que en la actualidad carecen de contrato laboral, seguridad social en salud, prestaciones sociales y padecen el desconocimiento de los más elementales derechos de los que goza un trabajador en cualquier parte del mundo.
Finalmente Piedad invitó al país a abrir el debate sobre la nueva expresión de la esclavitud, que se aprovecha de la necesidad de la gente para explotarla a través de las cooperativas de trabajo asociado.

Estudiantes rechazan criminalización de la protesta social


El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad inicia una movilización en contra de la criminalización de protesta social y estudiantil promovida por el presidente Álvaro Uribe. Los grupos convocan los sectores sociales y populares del país y a la opinión pública internacional a cerrar filas en defensa al derecho a la oposición y al disentimiento de las políticas estatales
Según afirman, desde el pasado 9 de septiembre el gobierno colombiano ha iniciado una sistemática campaña de desprestigio del movimiento estudiantil, con el propósito evidente de deslegitimar las expresiones de oposición que de las políticas estatales se hacen desde distintos escenarios universitarios.
"El ejercicio de garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión, de movilización y de participación política no pueden ser erigidas como delito por el actual gobierno, el uso de la capucha como mecanismo para preservar la vida y la libertad no puede ser criminalizado", afirman en comunicado.
El gobierno, agregan, se ha propuesto deslegitimar y descalificar las expresiones de oposición, por eso las señala temerariamente de ser apéndices de la guerrilla, contradiciendo su propio discurso, según el cual en el país no existe conflicto social y armado, y, gracias a la seguridad democrática, están viviendo "el fin del fin" del movimiento insurgente.
Ya van 41 sindicalistas asesinados en Colombia en 2008
A finales de agosto , un nuevo asesinato, de factura paramilitar, del sindicalista Alexander Blanco Rodríguez eleva a 41 el número de sindicalistas muertos en 2008 en Colombia, entre otros centenares de militantes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, desaparecidos, represaliados o perseguidos.
La CUT (principal sindicato de Colombia) se refería así al crimen en un comunicado:

"El dirigente sindical ALEXANDER BLANCO RODRIGEZ fue asesinado el martes 26 de agosto del presente año en el municipio de Cantagallo aproximadamente a las 10:00 de la noche por sicarios, quienes se acercaron al equipo donde el compañero estaba entregando su turno de trabajo y fue asesinado frente a sus compañeros.
El compañero ALEXANDER BLANCO RODRIGUEZ era miembro activo de las organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolivar), que proveen la mano de obra a las firmas contratistas al servicio de ECOPETROL quien laboraba para la empresa de perforación de pozos petroleros.
Para la dirigencia sindical y los trabajadores, la vulnerabilidad en la que se encuentran laborando en el territorio nacional en todas las actividades de la industria petrolera, frente a la instauración como política de Estado de la contratación de reinsertados de los grupos paramilitares.
Exigimos que el Estado se responsabilice por que este crimen no quede en la impunidad ya que la Central Unitaria de Trabajadores viene aportando una alta cuota de vidas por que hasta el momento hemos perdido en el presente año 41 sindicalista entre dirigentes y afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores.
Llamamos a la opinión Pública Nacional e Internacional y a todas las organizaciones Democráticas a rodear al movimiento sindical colombiano en la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las victimas del terrorismo de Estado".
Crecen los asesinatos a sindicalistas



Por Juan Carlos Hurtado Fonseca (*)


En el Gobierno de la "seguridad democrática", los derechos laborales y las garantías de vida de los trabajadores han sido los más vulnerados.

“Ni porque tienen el interés de que les aprueben el TLC con Estados Unidos, el Gobierno y los empresarios cesan la persecución para lograr el exterminio del movimiento sindical", aseguró a VOZ un dirigente de los trabajadores. Y es que las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales; la cantidad de conflictos en empresas generados por la negativa patronal a exigencias de derechos laborales garantizados en la Constitución Política; el trabajo de los medios de comunicación que han logrado crear en el inconciente colectivo una cultura antisindical; el despido de trabajadores sindicalizados; las trabas en el Ministerio de la Protección Social para el registro sindical y el acoso laboral a quienes intentan organizarse; muestran que los empleadores saben utilizar todas las maneras posibles para negar un derecho de las sociedades democráticas y defender sus mezquinos intereses.
Algunos ejemplos

En este sentido, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, los funcionarios cuentan con una asociación de carácter cooperativo con alrededor de cuatro mil afiliados, estos contratan con trabajadores quienes crearon Sintracorfeinco, organización en proceso de registro sindical en el Ministerio de la Protección Social. Pero las personas que están en administración de la asociación, aunque fueron sindicalistas, no recibieron bien la creación de la organización de trabajadores y procedieron a perseguirlos, como cualquier patrón. Actualmente se han despedido ocho trabajadores con fuero sindical. «Los trabajadores aseguran que esto no le interesa a la entidad porque ya cuenta con el dinero para pagar las posibles indemnizaciones a que los obliguen. Pero han interpuesto una acción de tutela solicitando el reintegro y el pago de los salarios que han dejado de recibir, con sus debidas prestaciones», asegura Alfonso Ahumada de la CUT, Bogotá.

El sindicato se constituyó hace tres meses y los funcionarios fueron despedidos hace dos. Dirigentes de la CUT han realizado algunas reuniones con las partes para hacer ver que el derecho de asociación es un derecho fundamental y los ha exhortado a solucionar todo por la vía del diálogo.
Persecución oficial

Por otra parte, desde el Ministerio de la Protección Social los trabajadores sienten actitudes contrarias al derecho de asociación, especialmente hacia los sectores orientados por la CUT. Las solicitudes de registro de constitución de los sindicatos o inscripción de junta directiva que no encuentre obstáculos por parte de funcionarios de esta entidad estatal, son pocas. En la constitución del sindicato de trabajadores de la empresa de transporte urbano Rápido Pensilvania, después de reuniones en horas de la madrugada para poder constituir la organización, los conductores pasaron la documentación al Ministerio. El funcionario aceptó el registro sindical, pero en el proceso la empresa con un sindicato de carácter patronal, interpusieron un ron aceptados y valederos para luego negar el registro.
De la misma manera, en el registro del nuevo comité ejecutivo de la CUT, subdirectiva Bogotá, se presentaron todos los documentos, aparece el oficio remisorio donde se hace la relación de todos los requerimientos, pero la respuesta es que faltan papeles que ya se habían anexado. «Creemos que el Ministerio está haciendo un papel a favor de los empresarios, además, tienen comportamientos para hacerle el favor a organizaciones que han aparecido con el propósito de crear una cuarta central en Colombia, de carácter uribista. Se le da prelación a esto porque Uribe está afanado ya que todas las centrales obreras están contra él», explica Alfonso Ahumada.
Conflictos en textileras

Desde hace cuatro meses, la textilera Maquila en Bogotá, se encuentra en huelga por parte de 30 trabajadoras cabeza de familia. La empresa, como su nombre lo indica es una maquiladora para la empresa Vesta, ambas del mismo dueño.
Ocho meses atrás, Maquila tuvo alrededor de 70 operarios, pero la empresa no respondió con las necesidades de los trabajadores, hubo violación a la convención colectiva y en el último año no ha pagado los salarios de manera cumplida, una de las causas de la huelga, pues al inicio del cese de actividades a los trabajadores se les adeudaba casi ocho salarios. La administración afirma no tener posibilidades de producir la única opción que es la liquidación, pero ésta no se ha solicitado ante la Superintendencia de Sociedades. El conflicto trae graves consecuencias para los trabajadores porque son pocos los activos representados en algunas máquinas de la fábrica. Según líderes sindicales, «La empresa no está interesada en solicitar la liquidación, para tener una retaliación contra las trabajadoras que exigieron sus derechos».
Asimismo, la empresa Unihilo en Bogotá, cuenta con alrededor de 400 trabajadores de los cuales 125 están sindicalizados, aunque resistiendo la persecución de la administración que despidió a 14 de ellos, reintegrados después por sentencia vía tutela. Los trabajadores presentaron un pliego a través de Sintratextil, con puntos relacionados a la estabilidad, el sistema de contratación, primas, subsidio de transporte e incremento de salarios, entre otros. Por su parte la empresa presentó un pacto colectivo para contrarrestar las exigencias de los trabajadores, sin llegar a un acuerdo en el tiempo estipulado legalmente. Después de seis meses se conformó el tribunal de arbitramento y el conflicto está en espera.
40 sindicalistas asesinados
La forma más violenta de perseguir a los trabajadores se impone en la actualidad. Así lo deja ver el último informe de la Escuela Nacional Sindical, ENS, que registra la ejecución extrajudicial de 40 trabajadores sindicalizados. «En lo que va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que toda la cifra de 2007», asegura y agrega, «Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, toda vez que el número de sindicalistas asesinados en los ocho meses que van corridos de este año, es casi igual al registrado durante todo el año anterior, cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es mayor: 15, frente a 10 del año anterior».
En unos de sus apartes el informe reconoce, «El sindicato más golpeado es Fensuagro, Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria, filial de la CUT, que registró 5 casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutep, con cuatro homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de Santander y el sindicato de los trabajadores del Inpec, registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados. Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la información disponible, por estos hechos sólo han sido detenidas dos personas.

Preocupante situación en Santander, por amenazas. Otra circunstancia preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de Santander. Mientras en el país en lo que va del año se han denunciado 125 casos de amenazas, en Santander el reporte es de 57 casos de sindicalistas amenazados, o sea casi la mitad del total nacional en este solo departamento. Los otros departamentos más afectados por las amenazas son Antioquia, donde se han denunciado 22 casos, el Valle del Cauca con 9 casos, y Norte de Santander con siete».
(*) Artículo aparecido en el semanario "Voz", del Partido Comunista de Colombia (PCC)

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ACSUR-Colombia, Agencia Prensa Rural-Colombia, Adital, Rojo y Negro Digital, Voz-Colombia)

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