Bolivia:Justicia

LA CORTE SUPREMA ORDENA LA CAPTURA DEL EX-PRESIDENTE SÁNCHEZ DE LOZADA Y DE SEIS DE SUS MINISTROS PRÓFUGOS POR LAS MATANZAS DE 2003

La Corte Suprema de Bolivia ordenó este lunes la captura del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de seis ex ministros de su gobierno que se encuentran prófugos en Perú, Estados Unidos y España, lo que permitirá a la Fiscalía boliviana tramitar su extradición para que se presenten al juicio por delitos de lesa humanidad, iniciado en Sucre.

La justicia boliviana juzgará Sánchez de Lozada y a sus ministros en rebeldía por la muerte 67 personas y 400 heridos, que realizaban una protesta antigubernamental en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, en octubre de 2003. Este episodio, conocido también como "Octubre Negro" aceleró la caída de Lozada, quien huyó a Estados Unidos, donde se encuentra refugiado. El tribunal aceptó esa demanda del fiscal , al comenzar este lunes el juicio por genocidio que incluye también a los cinco miembros del mando militar. El porceso se abrió con la presencia de ocho de los 17 imputados por la masacre y con la asistencia de al menos dos centenares de víctimas. El máximo Tribunal boliviano también emitirá órdenes de detención contra Guido Áñez Moscoso, quien reside en Estados Unidos, y Hugo Carvajal que se encuentra en España como dsemandante de asilo.

Según el fiscal Milton Mendoza, la orden de captura del ex presidente y sus ministros abre la posibilidad de que el gobierno de Perú revoque el asilo que concedió la semana pasada a los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Torres Goytia y Jorge Torres Obleas.
La primera audiencia del juicio quedó interrumpida después de que se adoptó esa decisión porque el abogado del ex ministro Yerko Kukoc, cuyo paradero se ignora, recusó al tribunal, lo que obligó a un receso hasta que se designen jueces sustitutos.

Familiares de manifestantes muertos y decenas de quienes quedaron heridos en los sucesos del 2003 estaban entre los que se presentaron el lunes en la audiencia de la Corte Suprema y protestaron por el recurso dilatorio presentado por el abogado de Kukoc. "Estamos ante una muestra del doble discurso de algunos acusados, que por un lado dicen estar dispuestos a someterse a la justicia pero al mismo tiempo interponen demandas que sólo tienen un propósito dilatorio", dijo a reporteros el fiscal Milton Mendoza.

Aunque a que la Ley peruana para el otorgamiento de asilo político prohíbe dar este beneficio a quienes sean objeto de procesos judiciales en sus países de origen, el canciller de Perú, José García Belaúnde, anunció el pasado 8 de mayo que su país daría refugio al ex ministro de Desarrollo Económico. Posteriormente, el12 de mayo García Belaúnde confirmó que Perú también otorgó el asilo político a los ex ministros Mirtha Quevedo y Torres Goitia.

En el pasado, el gobierno de Perú ha otorgado también asilo a otros latinoamericanos prófugos de la justicia, como es de los venezolanos, Manuel Rosales, acusado de corrupción, Carlos Ortega, señalado por rebelión y Eduardo Lapi, por corrupción. También en 2003 le fue concedido a dos militares retirados que participaron en unas protestas realizadas en la plaza Francia de Altamira, al este de Caracas, y que implicaron también a uniformados en servicio que exigían la dimisión del presidente Hugo Chávez.

El juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada es el segundo en la historia republicana de Bolivia, pues en 1995 fue sentenciado a 30 años de prisión el ex presidente Luis García Meza, que encabezó un sangriento golpe de Estado para establecer una dictadura militar de 1980 a 1981.
Este lunes, ante la apertura del juicio, Sánchez de Lozada rechazó por escrito las acusaciones en su contra presentadas ante la Corte Suprema de su país y justificó la matanza llevada a cabo por fuerzas de su Gobierno. "El Presidente Sánchez de Lozada no enfrenta un juicio en Bolivia. Las acusaciones en su contra no tienen mérito (...) El gobierno de Sánchez de Lozada actuó legalmente en el 2003 al responder a los manifestantes", dice el texto.

El proceso seguirá adelante

El fiscal del caso, Milton Mendoza, diceque de acuerdo con la ley, el proceso para los ausentes se suspenderá, pero será juzgados los presentes. "Como los ausentes están renuentes a cualquier proceso, la ley prevé la separación del proceso, se los declara rebeldes y se interrumpe la prescripción". Esto quiere decir,que los demás acusados serán juzgados cuando regresen al país, sin importar cuánto tiempo haya pasado. “Es importante esta situación porque la declaratoria en rebeldía suspende el proceso para ellos, ya no se van a poder beneficiar con la prescripción. La Corte en ese marco ha dispuesto una orden de aprehensión que puede ser ejecutada inclusive por la Interpol y en su caso se presentará más adelante la extradición de estas personas”, asegura el abogado de la víctimas, Rogelio Mayta.

La Fiscalía asegura tener 2.500 testigos y 4.000 documentos que prueban la culpabilidad de los acusados, por lo que el juicio puede durar meses.

Sánchez de Lozada está acusado de genocidio -en su variante de masacre sangrienta- que en Bolivia se sanciona con una pena máxima de 20 años de prisión.

El abogado de las víctimas del caso denominado "octubre negro", Rogelio Mayta, advierte contradicciones en las penas, puesto que mientras el genocidio se castiga con 20 años de prisión, el asesinato de una persona se sanciona con una pena máxima de 30 años de prisión. Mayta también asegura que, durante los últimos cinco años, fallecieron 10 personas consideradas víctimas de la violencia política.

Sánchez de Lozada, de tendencia liberal, gobernó Bolivia entre 1993 y 1997, en su primer período; y entre 2002 y 2003, en el segundo, cuando tuvo que renunciar al cargo tras una ola de protestas en contra de la venta de gas natural a Estados Unidos a través de un puerto chileno.

Tras la salida de Sánchez de Lozada, Bolivia ingresó a una etapa de transición, en la que gobernaron Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez. Este último convocó a elecciones generales, ganadas por el actual presidente Evo Morales.

El MAS, el partido de Morales es el principal impulsor del juicio en contra de Sánchez de Lozada y sus ministros. El presidente considera que Estados Unidos y Perú "protegen a delincuentes

El canciller boliviano David Choquehuanca dice que Bolivia espera "cooperación" de Washington para que el ex gobernante sea extraditado. El refugio al Sánchez de Lozada en Estados Unidos ha sido causa de duras protestas del gobierno socialista boliviano, que expulsó el año pasado al embajador norteamericano en La Paz.

"Sánchez de Lozada debe correr la misma suerte que García Meza "

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, considera que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y el Alto Mando militar de esa época deben correr la misma suerte que Luis García Meza, encarcelado desde 1995. "Este juicio debe culminar con la misma suerte que García Meza, porque como parte civil de este proceso estamos pidiendo una condena de 30 años de pena sin derecho a indulto y en Chonchocoro".

El activista de derechos humanos indica que la justicia está llamada a superar "está gran prueba de fuego". "Nuestra memoria es frágil, el juicio oral a Sánchez de Lozada, y sus colaboradores son delitos graves, gravísimos, actos de barbarie, que están en la línea de genocidio y allanamiento a domicilio".

Villena pide a los familiares de las víctimas y heridos de "la masacre de septiembre y octubre del 2003" no claudicar en este proceso y seguir adelante hasta conseguir "un fallo que haga justicia".

En esa dirección repudia la actitud del ex ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, Yerko Kukoc "por paralizar el juicio con las acostumbradas chicanas de la recusación".

Argentina deberá informar sobre el ‘carapintada’

La comisión multipartidaria, que investiga el caso de la presunta trama terrorista desmantelada recientemente en Bolivia, solicitará a la representación Argentina información sobre el “carapintada” argentino, Jorge Mones Ruiz, quien supuestamente se reunió con el ultraderechista Eduardo Rózsa Flores, líder de la banda de “mercenarios” y le ofreció 14 hombres para sumarse a su milicia. La banda, según la acusació oficial, financiada por empresarios y dirigentes autonomistas de Santa Cruz, prepaaba, entre otras acciones, el asesinato de Evo Morales.

La información la dio a conocer este lunes el presidente de la Comisión, César Navarro, en declaraciones a la prensa en la ciudad de La Paz, al indicar que es necesario aclarar la presunta vinculación de Mones con los carapintadas y la supuesta célula terrorista desarticula en la madrugada del pasado 16 de abril.

“Lo vamos a pedir de manera oficial, porque el tema de estos (supuestos) deslizamientos de grupos a Bolivia afectan al interés colectivo y constituyen un peligro y enemigo para cualquier país o sociedad en la que se asienten”, dijo Navarro, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mones Ruiz es un mayor retirado del Ejército argentino que se alzó contra la democracia de su país.

Según dos integrantes de la comisión investigadora de Diputados, Ignacio Villa Vargas, testigo clave “El Viejo”, afirmó que el “carapintada” argentino se reunió con Rózsa Flores a principios de abril en Santa Cruz y le ofreció 14 hombres para sumarse a su presunta banda de terroristas. El ex militar argentino admitió haber estado en el oriente nacional entre marzo y abril de este año, cuando “investigó” la matanza de Pando.

Navarro dijo que Mones contactó con Rózsa para constituir un grupo de personas, “organizados por Unoamerica vinculado a la derecha, a la cabeza de un opositor al gobierno de venezolano, que tiene una ideología de derecha y ese su pensamiento político sería la relación con Rózsa”.

(Fuentes: ANSA-Latina, MadridDigital, BBC-Mundo,Reuters,BolPress, ABI-Agencia Boliviana de Información y Red Erbol)

Colombia:Espionaje

URIBE Y SU GOBIERNO TRATAN DE QUEDAR AL MARGEN DEL ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS ILEGALES DEL D.A.S. -QUE DEPENDE DE LA PRESIDENCIA- A POLÍTICOS, MAGISTRADOS Y PERIODISTAS

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia colombiano que depende directamento del Presidente de la República, ha quedado una vez más tocado por la sospecha, tras revelarse que espiaba a políticos, periodistas y magistrados, incluso aliados del gobierno, lo que ha obligado al presidente, Alvaro Uribe, a desmentir que haya sido él quien ha dado una orden en ese sentido."Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas", dijo el lunes Uribe. El presidente culpó de las escuchas ilegales a un grupo de agentes del DAS que calificó de "banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno". Desde 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, el DAS ha sido blanco de múltiples acusaciones de nexos con grupos paramilitares y espionaje a la oposición.

En octubre, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, debió dimitir tras conocerse una orden interna para hacer seguimientos al senador Petro y otros dirigentes del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
El primer director del organismo bajo la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, también debió renunciar y es investigado por nexos con los paramilitares .Según una de esas denuncias, el DAS entregó a los escuadrones que operan en la costa Caribe los nombres de sindicalistas que debían ser asesinados por supuesta relación con la guerrilla.

En esta ocasión, el caso fue descubierto y revelado por la revista Semana y ya ha provocado la renuncia del subdirector de contrainteligencia del DAS, ,Jorge Alberto Lagos quien inmediatamente habría concentrado las grabaciones y documentos interceptados para destruirlos y así eliminar las pruebas.

Las escuchas, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, se hacían a congresistas, periodistas y magistrados considerados opositores, pero también a funcionarios cercanos al mandatario, como su jefe de seguridad y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.
La denuncia señaló además que funcionarios del DAS vendían servicios de espionaje a paramilitares, la mafia del narcotráfico e incluso a la guerrilla.

Entre los espiados se encuentran el senador de izquierda, Gustavo Petro, y la liberal, Piedad Córdoba. El diario El Espectador añadió este lunes nuevos nombres a la lista, incluyendo al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -quien no ha descartado competir por la presidencia en 2010-, y el director de la Policía, general Oscar Naranjo.

La Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos magistrados se encuentran entre los afectados, califica el escandalo de " atentado contra la democracia y la libertad de opinión", y pide al fiscal general que las investigaciones den resultados rápidos.

¿Quién controla la red?

El exministro de Defensa y actual precandidato presidencial Rafael Pardo, , dice que "Hay que saber quién es el Montesinos colombiano o los Montesinos colombianos". Este dirigente del opositor Partido Liberal cree que el DAS se convirtió en una entidad "al servicio del régimen", es decir, del 'uribismo'.

Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directamente afectados ya que varios magistrados de ese tribunal fueron interceptados ilegalmente, apuntan en cierta dirección al recordar que uno de los jueces espiados, el que coordina el grupo que investiga las relaciones entre la clase política y los paramilitares, le escucharon por lo menos 1.900 llamadas telefónicas.

Y un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, en declaraciones a la revista Semana, indica que los informantes de la Presidencia de la República, tenían como objetivo controlar al congresista opositor Gustavo Petro y la senadora Piedad Córdoba.

Sólo hay que recordar los casos anteriores en los que el DAS se vio envuelto, dentro del actual régimen 'uribista'

En 2005, fue detenido Rafael García, primer director de informática del DAS durante el actual gobierno. García fue condenado a 11 años de prisión tras aceptar que trabajaba para las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que borraba antecedentes criminales en la entidad y que entregaba información para ser usada por grupos al margen de la ley.

A raíz de las confesiones de García, el primer director del DAS nombrado por Uribe, Jorge Noguera, fue sancionado disciplinariamente e inhabilitado por la Procuraduría General y ahora está en la cárcel. La Fiscalía investiga a Noguera por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Se cree que los paramilitares asesinaron a varios dirigentes sindicales y militantes de izquierda por la información que le dio el DAS.

En medio de ese escándalo, en octubre de 2008, el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, y uno de los más enconados opositores del gobierno, mostró memorandos del DAS que ordenaban hacerle seguimientos e investigarlo. La entonces directora de la entidad, María del Pilar Hurtado, tuvo que renunciar al cargo.

La Investigación de "Semana":

El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros.

Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.

La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.

Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad. Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos. La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista. Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.

En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.

Todos son enemigos

"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla", dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.

Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. (PARA SEGUIR LEYENDO-PULSAR AQUÍ)

(Fuentes: AFP, Agencia PÚLSAR, EFE, Madrid Digital, BBC-Mundo, Prensa Latina, TeleSur y Semana)

Colombia: Estado de Excepción

URIBE APROVECHA LA HUELGA DE LA JUSTICIA PARA IMPONER UN ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD, PARA ALGUNOS UNA MANIOBRA PARA HACERSE UNA JUSTICIA A LA MEDIDA Y SEGUIR EN EL PODER

El Gobierno de Colombia decretó el estado de conmoción interior (excepción) por 90 días podría ser prorrogada hasta por 180, con la intención declarada de atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumple 37 días y ha bloqueado los fallos sobre 160.000 procesos, según anunció el presidente Álvaro Uribe.

El mandatario, en viejas disputas con la justicia colombiana, explicó en una alocución que se decidió declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.

Uribe dijo que durante la huelga más de 2.700 personas detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se realizaron más de 25.000 audiencias."Esto le causa al país una tragedia", justificó Uribe. Las fuentes oficiales apuntan además que ,después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.

La Constitución colombiana establece que , "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. A juicio de muchos expertos y de la oposición, no se da tal conmoción.

Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades, pero no permite censurar a la prensa.

El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, explicó que el primer decreto busca restablecer el servicio público de la justicia y otorgar al Consejo Superior de la Judicatura facultades extraordinarias para ello.
En ese sentido podrá, entre otras disposiciones, nombrar funcionarios que impartan justicia, dictar medidas para descongestionar los procesos en marcha, suspender funcionarios que no vayan a trabajar.
Añadió que el gobierno expedirá todos los decretos que estime pertinentes durante los próximos 90 días para desbloquear el funcionamiento de las instancias judiciales

A propuesta de los banqueros

Los funcionarios en paro demandan al gobierno la nivelación salarial establecida por una ley aprobada en 1992 pero que nunca ha sido aplicada.
Para ello reclaman fondos mínimos por 300 mil millones de pesos (unos 160 millones de dólares) pero la oferta del gobierno solo llega a 131 mil millones de pesos (70 millones de dólares) repartidos en los próximos dos años.
La huelga ha sido apoyada por las principales centrales obreras así como por otros sindicatos del sector estatal.

El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".

Uribe aplicó por primera vez el estado de conmoción interior tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron una veintena de muertos.

Uribe mantiene desde hace unos meses su particular guerra contra algunas ramas del poder judicial. Así son constantes sus ataques y descalificaciones a la Corte Suprema de Justicia y a la independencia judicial en Colombia. Coinciden con el hecho de que la Corte investigó la legalidad de la reforma constitucional que Uribe fomentó para hacer posible su reelección y con que la Justicia tiene en procesados o en la cárcel a mas de 30 congresistas de su bancada, por vínculos con el narcotráfico o con los paramilitares.

Una decisión muy discutida

El Polo Democrático Alternativo, uno de los principales partidos de la oposición, rechazó "vehementemente" la medida, sugirió que el gobierno tiene intenciones ocultas y dijo que el gobierno habría podido decretar una emergencia judicial. Para el Polo, hubiese sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial", asegura el primer grupo de la oposición en un comunicado.
"Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades", advierte la Declaración.

El Polo anuncia que acudirá ante la Corte Constitucional para "impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados".
Por su parte, el columnista Ramiro Bejarano, profesor de derecho de la Universidad Externado de Colombia, considera que el estado de excepción no se justifica. "La conmoción interior es para contrarrestar problemas severos de orden público. Y el paro judicial no ha producido ni siquiera la ruptura de un vidrio", afirma Bejarano, quien es también columnista del diario El Espectador.

Bejarano advierte de que ahora el Gobierno puede otorgar facultades al Consejo de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios "que garanticen la prestación del servicio". "Ese es un zarpazo mortal a la justicia y será aprovechado por el gobierno para sacar a los jueces que no le gusten, de la mano del Consejo de la Judicatura, que está bajo su control", concluye.

Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial , el sindicato de empleados de la rama judicial, dice que "es completamente equivocada" la medida.

Los decretos que expida el gobierno con base en las facultades de excepción tendrán que ser revisados y avalados por la Corte Constitucional. En caso de que el tribunal derogue parcial o totalmente alguna de las medidas, los efectos de la decisión no serán retroactivos.

Comunicado del PDA

"El Polo Democrático Alternativo informa a la opinión pública:

Que rechaza vehementemente la declaratoria de conmoción interior y los decretos legislativos que ha anunciado el gobierno nacional en ejercicio de tal declaración, por considerarla inconstitucional e inoportuna en atención a las siguientes razones:

1.- No se presenta la hipótesis de la grave perturbación del orden público a que hace referencia el artículo 213 de la Carta Política como requisito indispensable para la declaración de tal estado, pues no es aceptable considerar que la legítima protesta que actualmente adelantan los servidores judiciales constituya una alteración del orden público, menos aún cuando el primer mandatario ha reconocido la justeza de las reclamaciones.

2.- De aceptarse - en gracia de discusión - que esta protesta ha producido una alteración del orden público, la misma podría ser conjurada mediante atribuciones que además de ser ordinarias constituyen una obligación legal. En efecto, la ley 4 de 1.992 ordenó la nivelación salarial en beneficio de los funcionarios y empleados de la rama judicial con base en criterios de equidad, disposición que ha sido incumplida lo que ha generado la legítima reacción de los afectados, por lo que su cumplimiento haría parte de los mecanismos ordinarios al alcance del gobierno, que de utilizarse correctamente pondrían fin a la supuesta perturbación del orden público.

3.-El Gobierno nacional no puede aducir como fundamento para declarar el Estado de conmoción interior su propia culpa, pues como se ha señalado es evidente que la causa real de esta problemática la constituye el incumplimiento de obligaciones para con estos servidores.

4.- No puede aceptarse que por esta vía se pretenda atentar contra el ejercicio del derecho fundamental de asociación y sus diferentes manifestaciones, como lo pretende el presidente mediante esta declaración. Los decretos legislativos anunciados tienden más a afectar este derecho que a conjurar las causas del conflicto pues ninguno de ellos pretende dar solución a la inequitativa situación de los servidores de esta rama del poder público. Además de aceptar que se trata de un cese ilegal de actividades como lo pretende dar a entender el gobierno, nuestra legislación consagra medidas ordinarias para enfrentar las consecuencias que generan dichos actos.

5.- En circunstancias como la presente, sería más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial. Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades.
Por estas razones acudiremos oportunamente ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados.

Carlos Gaviria Díaz. Presidente
Carlos Bula Camacho. Secretario General
Polo Democrático Alternativo"

(Fuentes: EFE, Prensa Latina, BBC-Mundo, Polo Democrático Alternativo)

Colombia: Uribe, reelección y crisis política

URIBE DIVIDE A COLOMBIA CON SU
PETICION DE COMICIOS ANTICIPADOS

-Los constitucionalistas consideran inviable la propuesta de convocar un referéndum para repetir las elecciones de 2006


Por Joaquim Ibarz (*)


Colombia está desconcertada, dividida… y en ascuas. El pueblo llano cierra filas con el presidente Álvaro Uribe y le apoya de manera incondicional; otros lo tachan poco menos que de dictador. Pero todos comporten la preocupación por el choque entre el jefe de Estado y la Corte Suprema que, según un editorial del diario “El Tiempo”, “aproxima al país al borde de una ruptura constitucional”. La prensa refleja opiniones diversas sobre esta crisis institucional entre poderes fundamentales del Estado que, según la analista María Jimena Duzán, “es la más honda y más grave, está a punto de romper con el régimen político nacional”.


“El Tiempo”, el periódico de mayor influencia del país, advierte que el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema llegó al extremo de lo que se anunciaba como choque de trenes “hoy es una colisión mayor con impredecibles consecuencias para la institucionalidad del país”.


Para salir del atolladero en que se encuentra al cuestionar la Corte la legitimidad de su mandato, Uribe echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referéndum que deje atrás los sucesivos escándalos de la llamada parapolítica (nexos de dirigentes políticos con paramilitares de extrema derecha). Para Uribe, el juez de una democracia es el pueblo. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia.

El referéndum propuesto por Uribe para repetir las elecciones de 2006 no parece la receta adecuada. Más bien eleva la confrontación. La comentarista Salud Hernández subraya que “llevar a las urnas una decisión judicial es una maniobra populista más digna de Fujimori que de un mandatario serio”. Las voces de alarma llegan desde todos los sectores. Dirigentes políticos y sociales piden convocar un acuerdo nacional en el que participarían partidos uribistas, oposición, jueces y el presidente, para recuperar la gobernabilidad institucional y la independencia de poderes. Sin embargo, un pacto entre Gobierno y oposición no parece factible.


Uribe confunde su popularidad de 80 % con la legitimidad que debió rodear la reforma que permitió su reelección. . Es una manipulación de la voluntad popular utilizar un referéndum para legalizar la reforma de la Constitución comprando el voto de congresistas. María Jimena Duzán, ex cónsul de Colombia en Barcelona, pone de relieve desde las páginas de la revista ”Semana” que “es la primera vez que un presidente colombiano desconoce de manera tajante y melodramática un fallo de la justicia y demuestra un desprecio por la ley de manera tan abierta y descarnada”.


Expertos en derecho constitucional consideran inviable la propuesta de Uribe de un referéndum para repetir las elecciones de 2006. Además, dicen que el trámite para su aplicación se demoraría más de un año en el Congreso y en la Corte Constitucional. Los constitucionalistas advierten que para que pudiera repetirse la votación, jurídicamente sería necesario que se declarara nula la credencial presidencial (Uribe tendría que dejar la presidencia). Mientras eso no ocurra, repetir los comicios donde nadie discute que Uribe ganó, equivaldría a su tercera reelección


Por otra parte, los contrincantes que tuvo Uribe en 2006 ya han anunciado que no participarían en una mascarada. Una segunda elección en las condiciones planteadas por Uribe sería imposible pues su principal contrincante en 2006, Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional y candidato del Polo Democrático, anticipó que “no participaré en comicios absurdos y espúreos”. Horacio Serpa, que en 2006 fue candidato liberal, también ha señalado que no participaría en esa votación.


Uribe está siendo cuestionado incluso por los que eran sus incondicionales; diversos comentaristas señalan que un presidente democrático y responsable no puede enfrentar a fiscales, procuradores y jueces con el pueblo con el fin de ganar sus batallas. “Eso se llama populismo barato y no respeto institucional”, afirma la analista Salud Hernández.

(*)Joaquim Ibarz, veterano y prestigioso corresponsal en Latinoamérica, con sede en México, trabaja para el diario catalán La Vanguardia, donde ha sido publicada esta crónica.

RENUNCIA O MAFIOCRACIA

Por Camilo González Posso (*)

Uno de los más cercanos amigos del Presidente Uribe, el exministro Fernando Londoño, resumió el significado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yedis Medina por vender su voto para hacer posible la reelección: el hecho político está consumado, la reelección ha sido presentada ante el país como resultado de un delito de cohecho y su legitimidad está en cuestión también en la comunidad mundial. Claro que esta constatación le sirvió a Londoño (el del lio con la plata de Invercolsa) solo como preámbulo para anunciar la guerra contra la Corte que pasó a ser acusada de “narcotraficante”, agente de Mancuso y la mafia calabresa o en los términos del Presidente, “selectiva” y tolerante con el terrorismo.

La sentencia de la CSJ documenta detalladamente la forma como los ministros Sabas Prettel y Diego Palacios, con la ayuda de otros funcionarios y la intervención del propio Uribe, lograron mediante la oferta de prebendas que Yidis Medina votará a favor de la reforma que permitiría la reelección pues existía un empate en la Comisión que definía esta materia. La conclusión es coherente: debe revisarse la constitucionalidad de ese acto legislativo, pues “la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.

Si la Corte Constitucional parte de la comprobación del cohecho y revisa su sentencia, lo que se invalida es la figura de la reelección y por lo tanto no cabría la convocatoria a repetir las elecciones sino la realización de nuevas elecciones sin posibilidad de reelección inmediata y por tanto sin habilitación a Uribe para ser candidato. En ese escenario, la Presidencia de la República debería asumirla transitoriamente el Congreso pues el Vicepresidente estaría igualmente impedido.

Al quedar en suspenso la legitimidad de este gobierno estamos ante una operación de impredecibles consecuencias. Desde el gabinete ministerial se dirigen las baterías para destruir la Corte Suprema y restarle credibilidad a la seriedad del fallo. Se presenta como fórmula de distracción la idea de repetir las elecciones sin reconocer la inhabilidad ética y política de Uribe Velez. Los promotores del cohecho hacen cálculos sobre los plazos para el cambio de composición de la Corte Constitucional que esta ad portas de la designación de seis magistrados por votación del Congreso y de la alianza del uribismo y la parapolítica. La estrategia de defensa de la reelección se está ejecutando por la vía de la arbitrariedad y a expensas del Estado de Derecho y de la rama judicial. Es el propio presidente quien dirige la operación para desconocer un fallo judicial con una campaña de medios y de encuestas de opinión. A la inconstitucionalidad de una reforma le oponen un referendo que intenta la legitimación de un delito.

El desenlace es predecible: no habrá renuncia de Uribe Velez. Seguirán los parapolíticos que están investigados o en la cárcel codirigiendo la coalición de gobierno y ayudando a completar la mayoría en el Congreso ahora que el gobierno hundió la reforma de la “silla vacía”. La mafiocracia seguirá definiendo las reglas del juego político y los jueces y críticos seguirán acusados de cómplices del narco terrorismo.

Por lo pronto la Corte Constitucional tiene la palabra en medio de la más grave crisis institucional de Colombia. El dilema es o recuperación moral y democrática o mutación de la mafiocracia en dictadura civil plebiscitaria.

(*) Camilo González Posso, ex ministro de Salud de Colombia, ha participado en varias negociaciones de paz desde 1984, incluyendo la coordinación de los foros para la participación ciudadana en las negociaciones con las FARC y el ELN entre 1.998 y 2.002. Es profesor universitario y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ

EL PRESIDENTE DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, CARLOS GAVIRIA, LLAMA A LOS COLOMBIANOS A DEFENDER LA DEMOCRACIA

"Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista"

Texto de la declaración de Carlos Gaviria:

La alocución del señor Presidente Uribe en la noche del 26 de junio, reviste una gravedad suma.

En un Estado de derecho y en el marco de una democracia constitucional, que es lo que establece la Carta del 91, lo que corresponde al jefe del Estado es acatar las decisiones de los distintos organismos del Estado, y en este caso específico los fallos de los jueces o impugnarlos por los medios previstos para ese efecto, pero no desconocerlos cuando no se orientan en el mismo sentido de sus intereses políticos y mucho menos desconceptuarlos o tildar a los Magistrados de la Corte Suprema de prevaricadores y conniventes con el terrorismo. Esa sola circunstancia amerita una investigación al Presidente de la República por la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Como si el presidente Uribe hubiera al fin encontrado el camino adecuado para perpetuarse en el poder y no quisiera que la ocasión se le escapara, y aprovecharla para satisfacer su libido imperandi, invocando, a la inversa un episodio que más bien debería llevarlo a considerar su renuncia.

En tiempos pasados, los dictadores han apelado a las armas para afianzarse en el poder e imponer su voluntad sin límites en beneficio de los más mezquinos intereses. Uribe, para mantener al país en su condición de súbdito del mayor imperio que ha conocido la historia y al pueblo en su condición miserable, apela al propio pueblo para alcanzar sus objetivos perversos.
Como los de antes pensaban que con las armas todo podía lograrse, los de ahora instrumentalizan al pueblo para construir sobre él dictaduras oprobiosas. Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista.

Bogotá, junio 27 de 2008