PETICION DE COMICIOS ANTICIPADOS
-Los constitucionalistas consideran inviable la propuesta de convocar un referéndum para repetir las elecciones de 2006Por Joaquim Ibarz (*)
Colombia está desconcertada, dividida… y en ascuas. El pueblo llano cierra filas con el presidente Álvaro Uribe y le apoya de manera incondicional; otros lo tachan poco menos que de dictador. Pero todos comporten la preocupación por el choque entre el jefe de Estado y la Corte Suprema que, según un editorial del diario “El Tiempo”, “aproxima al país al borde de una ruptura constitucional”. La prensa refleja opiniones diversas sobre esta crisis institucional entre poderes fundamentales del Estado que, según la analista María Jimena Duzán, “es la más honda y más grave, está a punto de romper con el régimen político nacional”.
“El Tiempo”, el periódico de mayor influencia del país, advierte que el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema llegó al extremo de lo que se anunciaba como choque de trenes “hoy es una colisión mayor con impredecibles consecuencias para la institucionalidad del país”.
Para salir del atolladero en que se encuentra al cuestionar la Corte la legitimidad de su mandato, Uribe echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referéndum que deje atrás los sucesivos escándalos de la llamada parapolítica (nexos de dirigentes políticos con paramilitares de extrema derecha). Para Uribe, el juez de una democracia es el pueblo. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia.
El referéndum propuesto por Uribe para repetir las elecciones de 2006 no parece la receta adecuada. Más bien eleva la confrontación. La comentarista Salud Hernández subraya que “llevar a las urnas una decisión judicial es una maniobra populista más digna de Fujimori que de un mandatario serio”. Las voces de alarma llegan desde todos los sectores. Dirigentes políticos y sociales piden convocar un acuerdo nacional en el que participarían partidos uribistas, oposición, jueces y el presidente, para recuperar la gobernabilidad institucional y la independencia de poderes. Sin embargo, un pacto entre Gobierno y oposición no parece factible.
Uribe confunde su popularidad de 80 % con la legitimidad que debió rodear la reforma que permitió su reelección. . Es una manipulación de la voluntad popular utilizar un referéndum para legalizar la reforma de la Constitución comprando el voto de congresistas. María Jimena Duzán, ex cónsul de Colombia en Barcelona, pone de relieve desde las páginas de la revista ”Semana” que “es la primera vez que un presidente colombiano desconoce de manera tajante y melodramática un fallo de la justicia y demuestra un desprecio por la ley de manera tan abierta y descarnada”.
Expertos en derecho constitucional consideran inviable la propuesta de Uribe de un referéndum para repetir las elecciones de 2006. Además, dicen que el trámite para su aplicación se demoraría más de un año en el Congreso y en la Corte Constitucional. Los constitucionalistas advierten que para que pudiera repetirse la votación, jurídicamente sería necesario que se declarara nula la credencial presidencial (Uribe tendría que dejar la presidencia). Mientras eso no ocurra, repetir los comicios donde nadie discute que Uribe ganó, equivaldría a su tercera reelección
Por otra parte, los contrincantes que tuvo Uribe en 2006 ya han anunciado que no participarían en una mascarada. Una segunda elección en las condiciones planteadas por Uribe sería imposible pues su principal contrincante en 2006, Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional y candidato del Polo Democrático, anticipó que “no participaré en comicios absurdos y espúreos”. Horacio Serpa, que en 2006 fue candidato liberal, también ha señalado que no participaría en esa votación.
Uribe está siendo cuestionado incluso por los que eran sus incondicionales; diversos comentaristas señalan que un presidente democrático y responsable no puede enfrentar a fiscales, procuradores y jueces con el pueblo con el fin de ganar sus batallas. “Eso se llama populismo barato y no respeto institucional”, afirma la analista Salud Hernández.
(*)Joaquim Ibarz, veterano y prestigioso corresponsal en Latinoamérica, con sede en México, trabaja para el diario catalán La Vanguardia, donde ha sido publicada esta crónica.
RENUNCIA O MAFIOCRACIA
Por Camilo González Posso (*)
Uno de los más cercanos amigos del Presidente Uribe, el exministro Fernando Londoño, resumió el significado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yedis Medina por vender su voto para hacer posible la reelección: el hecho político está consumado, la reelección ha sido presentada ante el país como resultado de un delito de cohecho y su legitimidad está en cuestión también en la comunidad mundial. Claro que esta constatación le sirvió a Londoño (el del lio con la plata de Invercolsa) solo como preámbulo para anunciar la guerra contra la Corte que pasó a ser acusada de “narcotraficante”, agente de Mancuso y la mafia calabresa o en los términos del Presidente, “selectiva” y tolerante con el terrorismo.
La sentencia de la CSJ documenta detalladamente la forma como los ministros Sabas Prettel y Diego Palacios, con la ayuda de otros funcionarios y la intervención del propio Uribe, lograron mediante la oferta de prebendas que Yidis Medina votará a favor de la reforma que permitiría la reelección pues existía un empate en la Comisión que definía esta materia. La conclusión es coherente: debe revisarse la constitucionalidad de ese acto legislativo, pues “la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.
Si la Corte Constitucional parte de la comprobación del cohecho y revisa su sentencia, lo que se invalida es la figura de la reelección y por lo tanto no cabría la convocatoria a repetir las elecciones sino la realización de nuevas elecciones sin posibilidad de reelección inmediata y por tanto sin habilitación a Uribe para ser candidato. En ese escenario, la Presidencia de la República debería asumirla transitoriamente el Congreso pues el Vicepresidente estaría igualmente impedido.
Al quedar en suspenso la legitimidad de este gobierno estamos ante una operación de impredecibles consecuencias. Desde el gabinete ministerial se dirigen las baterías para destruir la Corte Suprema y restarle credibilidad a la seriedad del fallo. Se presenta como fórmula de distracción la idea de repetir las elecciones sin reconocer la inhabilidad ética y política de Uribe Velez. Los promotores del cohecho hacen cálculos sobre los plazos para el cambio de composición de la Corte Constitucional que esta ad portas de la designación de seis magistrados por votación del Congreso y de la alianza del uribismo y la parapolítica. La estrategia de defensa de la reelección se está ejecutando por la vía de la arbitrariedad y a expensas del Estado de Derecho y de la rama judicial. Es el propio presidente quien dirige la operación para desconocer un fallo judicial con una campaña de medios y de encuestas de opinión. A la inconstitucionalidad de una reforma le oponen un referendo que intenta la legitimación de un delito.
El desenlace es predecible: no habrá renuncia de Uribe Velez. Seguirán los parapolíticos que están investigados o en la cárcel codirigiendo la coalición de gobierno y ayudando a completar la mayoría en el Congreso ahora que el gobierno hundió la reforma de la “silla vacía”. La mafiocracia seguirá definiendo las reglas del juego político y los jueces y críticos seguirán acusados de cómplices del narco terrorismo.
Por lo pronto la Corte Constitucional tiene la palabra en medio de la más grave crisis institucional de Colombia. El dilema es o recuperación moral y democrática o mutación de la mafiocracia en dictadura civil plebiscitaria.
(*) Camilo González Posso, ex ministro de Salud de Colombia, ha participado en varias negociaciones de paz desde 1984, incluyendo la coordinación de los foros para la participación ciudadana en las negociaciones con las FARC y el ELN entre 1.998 y 2.002. Es profesor universitario y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ
Por Camilo González Posso (*)
Uno de los más cercanos amigos del Presidente Uribe, el exministro Fernando Londoño, resumió el significado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yedis Medina por vender su voto para hacer posible la reelección: el hecho político está consumado, la reelección ha sido presentada ante el país como resultado de un delito de cohecho y su legitimidad está en cuestión también en la comunidad mundial. Claro que esta constatación le sirvió a Londoño (el del lio con la plata de Invercolsa) solo como preámbulo para anunciar la guerra contra la Corte que pasó a ser acusada de “narcotraficante”, agente de Mancuso y la mafia calabresa o en los términos del Presidente, “selectiva” y tolerante con el terrorismo.
La sentencia de la CSJ documenta detalladamente la forma como los ministros Sabas Prettel y Diego Palacios, con la ayuda de otros funcionarios y la intervención del propio Uribe, lograron mediante la oferta de prebendas que Yidis Medina votará a favor de la reforma que permitiría la reelección pues existía un empate en la Comisión que definía esta materia. La conclusión es coherente: debe revisarse la constitucionalidad de ese acto legislativo, pues “la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.
Si la Corte Constitucional parte de la comprobación del cohecho y revisa su sentencia, lo que se invalida es la figura de la reelección y por lo tanto no cabría la convocatoria a repetir las elecciones sino la realización de nuevas elecciones sin posibilidad de reelección inmediata y por tanto sin habilitación a Uribe para ser candidato. En ese escenario, la Presidencia de la República debería asumirla transitoriamente el Congreso pues el Vicepresidente estaría igualmente impedido.
Al quedar en suspenso la legitimidad de este gobierno estamos ante una operación de impredecibles consecuencias. Desde el gabinete ministerial se dirigen las baterías para destruir la Corte Suprema y restarle credibilidad a la seriedad del fallo. Se presenta como fórmula de distracción la idea de repetir las elecciones sin reconocer la inhabilidad ética y política de Uribe Velez. Los promotores del cohecho hacen cálculos sobre los plazos para el cambio de composición de la Corte Constitucional que esta ad portas de la designación de seis magistrados por votación del Congreso y de la alianza del uribismo y la parapolítica. La estrategia de defensa de la reelección se está ejecutando por la vía de la arbitrariedad y a expensas del Estado de Derecho y de la rama judicial. Es el propio presidente quien dirige la operación para desconocer un fallo judicial con una campaña de medios y de encuestas de opinión. A la inconstitucionalidad de una reforma le oponen un referendo que intenta la legitimación de un delito.
El desenlace es predecible: no habrá renuncia de Uribe Velez. Seguirán los parapolíticos que están investigados o en la cárcel codirigiendo la coalición de gobierno y ayudando a completar la mayoría en el Congreso ahora que el gobierno hundió la reforma de la “silla vacía”. La mafiocracia seguirá definiendo las reglas del juego político y los jueces y críticos seguirán acusados de cómplices del narco terrorismo.
Por lo pronto la Corte Constitucional tiene la palabra en medio de la más grave crisis institucional de Colombia. El dilema es o recuperación moral y democrática o mutación de la mafiocracia en dictadura civil plebiscitaria.
(*) Camilo González Posso, ex ministro de Salud de Colombia, ha participado en varias negociaciones de paz desde 1984, incluyendo la coordinación de los foros para la participación ciudadana en las negociaciones con las FARC y el ELN entre 1.998 y 2.002. Es profesor universitario y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ
EL PRESIDENTE DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, CARLOS GAVIRIA, LLAMA A LOS COLOMBIANOS A DEFENDER LA DEMOCRACIA
"Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista"
Texto de la declaración de Carlos Gaviria:
La alocución del señor Presidente Uribe en la noche del 26 de junio, reviste una gravedad suma.
En un Estado de derecho y en el marco de una democracia constitucional, que es lo que establece la Carta del 91, lo que corresponde al jefe del Estado es acatar las decisiones de los distintos organismos del Estado, y en este caso específico los fallos de los jueces o impugnarlos por los medios previstos para ese efecto, pero no desconocerlos cuando no se orientan en el mismo sentido de sus intereses políticos y mucho menos desconceptuarlos o tildar a los Magistrados de la Corte Suprema de prevaricadores y conniventes con el terrorismo. Esa sola circunstancia amerita una investigación al Presidente de la República por la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Como si el presidente Uribe hubiera al fin encontrado el camino adecuado para perpetuarse en el poder y no quisiera que la ocasión se le escapara, y aprovecharla para satisfacer su libido imperandi, invocando, a la inversa un episodio que más bien debería llevarlo a considerar su renuncia.
En tiempos pasados, los dictadores han apelado a las armas para afianzarse en el poder e imponer su voluntad sin límites en beneficio de los más mezquinos intereses. Uribe, para mantener al país en su condición de súbdito del mayor imperio que ha conocido la historia y al pueblo en su condición miserable, apela al propio pueblo para alcanzar sus objetivos perversos.
Como los de antes pensaban que con las armas todo podía lograrse, los de ahora instrumentalizan al pueblo para construir sobre él dictaduras oprobiosas. Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista.
Como los de antes pensaban que con las armas todo podía lograrse, los de ahora instrumentalizan al pueblo para construir sobre él dictaduras oprobiosas. Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista.
Bogotá, junio 27 de 2008
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