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10.6.08

Bolivia:Protestas

LA POLICÍA IMPIDE QUE LOS MANIFESTANTES ASALTEN LA EMBAJADA NORTEAMERICANA. MILES DE PERSONAS RECLAMAN LA EXTRADICIÓN DE SÁNCHEZ DE LOZADA Y DE SÁNCHEZ BERZAÍN POR LAS MATANZAS DE OCTUBRE DE 2003


La policía boliviana reprimió hoy y dispersó con gases lacrimógenos y chorros de agua a miles de manifestantes que pretendían tomar la embajada de Estados Unidos en La Paz lanzando piedras y petardos de dinamita, indignados por el asilo político concedido al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio por la muerte de 65 personas en 2003, (posteriormente murieron 9 de los heridos) durante la represión de las movilizaciones contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como 'Goni'. Los policias actuaron después de dos horas de presión de los manifestantes que cercaron la embajada en pleno centro de La Paz tras marchar desde la ciudad vecina de El Alto.

Sánchez Berzaín huído como 'Goni' a los Estados Unidos, volvió a la actualidad política la semana pasada cuando en unas inesperadas declaraciones por teléfono a una radio boliviana informó que recibió asilo político en Estados Unidos en marzo de 2007.
La justicia boliviana reclama tanto al ex ministro como el ex presidente Sánchez de Lozada para que declaren sobre los hechos de octubre de 2003, en los que murieron 65 personas y unas 300 quedaron heridas.

Ayer, los manifestantes rodearon el edificio cercado por un muro y se concentraron frente a las rejas gruesas de la entrada exigiendo la expulsión del embajador Philip Goldberg y gritando consignas contra "el imperialismo norteamericano".

El presidente Evo Morales ha acusado en varias ocasiones al embajador de apoyar a la oposición y ha denunciado que la ayuda norteamericana es destinada a financiar programas contrarios al gobierno. El domingo, en el intervalo de un partido de fútbol en el que participó, Morales pidió la extradición de Sanchez Berzaín. "Quisieramos que el gobierno de Estados Unidos, no sólo el embajador, ayuden a hacer justicia contra quienes hicieron mucho daño a Bolivia, daño a los derechos humanos", declaró. Según Goldberg, el gobierno no ha presentado hasta ahora ninguna petición formal de extradición.

En octubre de 2003, la rebelión comenzó también en El Alto. Y se desató para impedir la exportación de gas natural licuado a Estados Unidos, a través de un puerto chileno; negocio que sólo beneficiaba a las transnacionales y dejaba migajas para Bolivia.
Sánchez de Lozada dimitió y fugó a Estados Unidos junto a Sánchez Berzaín y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Marcha desde El Alto

Ayer El Alto se movilizó con la proclamación de un paro general y desde allí se inició la multitudinaria marcha que descendió hasta La Paz, donde paralizó por completo el tráfico La muchedumbre cercó la legación diplomática y comenzó a gritar misma y dejó escuchar su voz de protesta. El paro cívico fue convocado también contra las "actitudes racistas y xenofóbicas en el país", en referencia a las agresiones que el pasado 24 de mayo sufrieron grupos de campesinos de Sucre a manos de contrarios a Evo Morales.
En conjunto, al menos 50 mil personas recorrieron las calles de la ciudad sede de Gobierno gritando estribillos como “justicia”, “justicia para los caídos en la masacre de 2003”, “que no protejan a Sánchez Berzaín”, “abajo la media luna” (en referencia a los rebeldes departamentos ricos del país), “Yanquis fuera de Bolivia”, “Estados Unidos asilo de asesinos”, entre otros.
El secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Gregorio Coronel, manifestó que la marcha también exigió respeto para los campesinos que estos días sufren acosos racistas en Sucre y pidió la cárcel para quienes enlutaron a las familias de El Alto: “Queremos igualdad y estamos de acuerdo con los procesos de cambio que esta llevando adelante Evo Morales y dentro de esos cambios se tiene que enjuiciar a los responsables que ahora de manera descarada están siendo protegidos por el gobierno norteamericano”, dijo.

Más de dos horas duró la protesta que puso en tensión a la sede de gobierno. Finalmente, la policía dispersó a los concetrados con gases lacrimógenos.
La embajada prácticamente suspendió sus actividades puesto que la marcha estaba anunciada desde la semana pasada.

Paros mineros y del transporte


Los cooperativistas mineros y el sector de autotransporte departamental de Potosí inician este martes a un paro indefinido con bloqueo de carreteras en contra de las medidas impositivas del Gobierno de Evo Morales. Pese a las gestiones del ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, durante el fin de semana para evitar el paro, el sector minero y el autotransporte acordaron de manera conjunta la medida de presión, y no descarta la toma de instituciones estatales.

El presidente de la Asociación de Ingenios Mineros en Potosí, René Cruz, dijo que apoyarán y colaborarán todas las medidas de presión que se adopten en defensa de toda la cadena productiva minera.El ex presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Benedicto Llano, manifestó que en la misma línea, el sector de los chóferes también se movilizará en contra de los nuevos impuestos que el Ejecutivo intenta imponer. Los representantes de los chóferes señalaron, asimismo, que respaldarán todas las acciones emprendidas la semana pasada por el transporte pesado, que pide la anulación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. El ministro de Minería asegura que a través de estas medidas impositivas se pretende hacer “justicia” con el Estado boliviano y captar los ingresos para la inversión en la actividad minera.
Los nuevos impuestos a la minería privada

El aumento de tributos para el sector minero incrementará los ingresos del Estado por este concepto hasta situarlos en 202 millones de dólares en 2008. El principal aumento afecta al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), que subió desde el 25 por ciento, que es universal en todos los sectores, al 37,5 por ciento para el caso de la minería. Además, el IUE ya no compensará el pago de la regalía que también se cobra a las mineras en rango entre 1 y 7 por ciento, sobre el valor de su producción.
Con esas reformas, el Estado boliviano comenzará a recibir hasta un 55 por ciento del valor de la producción de la minería privada, frente al 32 que percibía hasta ahora, según explicó anoche el vicepresidente, Álvaro García Linera. Con las mismas reformas, pero en empresas mixtas, con contratos de riesgo compartido, el Estado subirá sus ingresos hasta en un 75 por ciento. Según el Gobierno, las perspectivas del sector son alentadoras porque se incrementó la producción en casi un 30 por ciento, gracias al repunte en la explotación de zinc, wolframio, plata y estaño.Los cálculos oficiales señalan que las exportaciones del sector se situarán a fines de este año entre los 1.800 y 2.000 millones de dólares.
Comienza la campaña del referendo revocatorio


Las inscripciones en el censo para participar del Referendo Revocatorio terminaron en la medianoche del domingo. La consulta celebraráel día 10 de agosto y servirá para fefinir el sistema de revocación de los mandatos del presidente, Evo Morales, del vicepresidente y de los prefectos (gobernadoresl) de los departamentos.

La asistencia para realizar la inscripción para votar ha sido baja. Las inscripciones se abrieron el 19 de mayo, pero hasta principios de junio, en algunos lugares, no había más de cinco electores registrados. El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), trató de lograr una prórroga con el argumento de que en algunos lugares de registro, no se cumplía el horario de atención a la población. El miércoles comienza la campaña electoral sobre la consulta y la campaña estará centrada en la información a los ciudadanos. También esta semana será divulgada la Codificación Electoral y la lista de medios de comunicación habilitados para la emisión de propaganda electoral. Al contrario de lo ocurrido con el Referendo realizado el 4 de mayo, éste estará organizado por la Corte Nacional Electoral (CNE).
Además, contará con observadores de 17 países americanos y de tres organizaciones especializadas en procesos electorales. Los observadores realizarán el seguimiento del referendo a partir de las actividades preelectorales y se quedarán en el país hasta después de la votación. La observación internacional es una búsqueda de lograr transparencia en el proceso electoral.
Participan de la fiscalización, representantes de la Cámara Nacional Electoral argentina, del Tribunal Superior Electoral brasileño, del Servicio Electoral de Chile, del Consejo Nacional Electoral de Colombia, del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, del Tribunal Supremo Electoral ecuatoriano, del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, entre otros.
Como representantes de las organizaciones sociales, habrá observadores del Consejo de Especialistas Electorales de América Latina (CEELA), del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y del Consejo Electoral Andino (CEA).
(Fuentes:ANSA-Latina, ABI-Agencia Boliviana de Información, BBC-Mundo,Red Erbol,El Mundo-La Paz, Terra-EFE y Adital)

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