19.6.08

Latinoamérica-Europa: Migraciones

INDIGNACIÓN GENERAL EN LATINOAMÉRICA CONTRA LA 'DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA' APROBADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO. MÁS DE UN MILLÓN DE LATINOS PODRÁN SER DETENIDOS EN EUROPA


"¿Qué habría ocurrido si en los años de guerra y de hambre del primer mundo, nuestros países hubieran cerrado la puerta?"

(Presidenta Madres de Pza. de Mayo)

Es una voz unánime: Medios de comunicación y dirigentes políticos y sociales de Latinoamérica rechazan y critican la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, conocida como la "directiva de la vergüenza" porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.

El espaldarazo del Partido Popular y la derecha ultranacionalista permitió la aprobación en la Eurocámara de la llamada Directiva Retorno, un criticado proyecto que criminaliza a los emigrantes. Los dirigentes políticos europeos propugnan la libre circulación de mercancías e inversiones y coartan el libre movimiento de los seres humanos.
El Parlamento Europeo (PE) adoptó sin cambios el texto destinado a los inmigrantes ilegales, que contempla prisión desde seis hasta 18 meses sin proceso jurídico. La norma del bloque comunitario entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, y ya recibió el apoyo de los gobiernos de los 27 países de la UE.

Algunas organizaciones de izquierda intentaron introducir ciertos cambios a la Directiva Retorno, pero fracasaron ante la postura inflexible de la derecha. Los detractores del texto, en minoría ahora, calificaron el decreto de “verguenza e insulto a la cultura jurídica de Europa”, a decir del eurodiputado comunista italiano Giusto Catania. La socialista francesa Martine Roure denunció un compromiso muy insatisfactorio con el cual Europa se encierra.
Iniciativas regionales contra la directiva

"Es una vergüenza lo que ha hecho Europa", denuncia el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado hoy en la Eurocámara que prevé, entre otras medidas, el internamiento hasta 18 meses de los inmigrantes sin papeles.

"?Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país?. ?Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?", se pregunta el mandatario. Correa critica el doble discurso y la doble moral de los países desarrollados: "¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales, pero criminaliza la movilidad de seres humanos?”.
Rafael Correa, advierte que iniciará "una acción a nivel regional para presentar un frente común, al menos a nivel sudamericano, para protestar frente a esta agresión, frente a este atentado a los derechos humanos".
En tanto, Paraguay anuncia que pedirá a los jefes de estado del Mercosur, que se reunirán el 31 de junio y primero de julio en Argentina, que elaboren un pronunciamiento contra la Directiva europea. El Gobierno paraguayo considera que la norma "cuestiona los derechos fundamentales consagrados por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" e insistió en su intención de recurrir a diversas instancias internacionales.

Por otro lado, el vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato "preferencial" para sus inmigrantes, pese a la directriz. "Independientemente de las normativas que en su debido momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en lograr un mejor trato, preferencial (...) para los centroamericanos", dijo Cálix, portavoz regional para el diálogo político y la cooperación en las conversaciones con la UE.

El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que se estudiará los alcances de la directiva para decidir cómo enfrentarla "de manera legal". Hace algunos días, el presidente Evo Morales bautizó el proyecto de la UE como la "directiva de la vergüenza" y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad.

Por su parte, el Senado de Uruguay también rechazó la norma y anunció que llevará a las Naciones Unidas su rechazo e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional". El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea "constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional". Agrega que es "una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo" de los mismos.

La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresa "su decepción por la medida", que considera una "incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica". El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil lamenta la decisión de la UE porque cree que siembra "una percepción negativa de la migración" y, además, va contra "una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".

El Gobierno de Argentina recuerda que migrar "no es un delito", al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la Cancillería en la que además "rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal". Añade que establecer "restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación, constituye una violación de los derechos humanos fundamentales".

¿Que hubiera pasado si Latinoamérica hubiera cerrado sus puertas?


La asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina califica de "salvajes y discriminatorias" las medidas . En Carta Abierta a los ciudadanos europeos, Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, les dice "que se están convirtiendo en mujeres y hombres sin corazón". Les pregunta ¿qué hubiera pasado si en los años de las guerras y las hambrunas del Primer Mundo nuestros países les hubiesen cerrado las puertas?.
En la misma carta Hebe de Bonafini, pide que los europeos reflexionen sobre el lema que ellas usan "el otro soy yo" y que recuerden que los países europeos "usaron a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora ante la decadencia de los estados (del tercer mundo), los condenan a volver al hambre y la desesperación".

También por carta, el presidente boliviano Evo Morales, dijo que las medidas discriminatorias "que quieren implementar contra los inmigrantes de todos los países, del llamado tercer mundo -con prisión y deportación- son medidas salvajes". Además de criminalizar a la persona humana, la directiva priva a los seres humanos de su libertad, detiene a las personas en lugares inhumanos y degradantes, sin que ellas hayan cometido ningún delito.

De la Europa de las luces a la de las tinieblas


Al rechazo se sumaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un "escándalo" y una "verdadera declaración de guerra" contra los inmigrantes.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Louise Arbour en un comunicado oficial divulgado en la sede central de la ONU en Nueva York, urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europeos a comprender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de esas personas, “cuyas vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar una protección”.
En ese sentido, censuró que las potencias europeas, que suelen entender mejor las violaciones de derechos civiles y políticos, no actúan de igual manera cuando se tratan de derechos económicos y sociales. A juicio de la titular de Derechos Humanos de la ONU, el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos: los civiles y políticos, y los económicos y sociales. Al cumplirse 60 años de esta Declaración, es necesario reagrupar estos derechos, dice.
Así, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui tilda la directiva del retorno de "xenofóbica, ilegítima y criminal". "La Europa de las luces se ha convertido en una Europa de las tinieblas", señaló un comunicado de la Asociación.

También desde Madrid, Wilfredo Contreras de la Coordinadora de Inmigrantes dijo en el informativo de radio Más Voces que la Directiva marca "un retroceso para la civilización".


Cárcel para inocentes y niños



La Directiva de Retorno aprobada por el parlamento europeo permite a los gobiernos mantener hasta 18 meses detenidos a inmigrantes clandestinos o solicitantes de asilo rechazados, antes de su deportación.

El europarlamentario izquierdista italiano Giusto Catania reflejó los sentimientos de activistas por los derechos de los inmigrantes, al considerar que la votación en Estrasburgo marca uno de los "días más oscuros" de la Unión Europea.

La directiva establece a los 27 países del bloque un criterio común sobre el tiempo en que los inmigrantes que afrontan la expulsión pueden estar detenidos. Hasta ahora, en siete de los estados no regía un límite obligatorio. Según la nueva norma, debería establecerse un máximo de detención de seis meses, aunque puede extenderse por otros 12 en una amplia gama de circunstancias.

Como denunció en su carta de advertencia antes de que se aprobara uno de los principales críticos de la directiva, el presidente de Bolivia, Evo Morales, "Existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamiento donde sabemos que ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios", escribió Morales. "¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose?", preguntó el mandatario. "La inmensa mayoría de los migrantes vienen a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos", anotó.

Otro motivo de conflicto es la prohibición por cinco años del reingreso a territorio de la UE de un expulsado, lo cual, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, constituye "un ejemplo extremadamente malo para otras regiones del mundo". Además, advirtió Amnistía, la norma no contiene garantías de que se satisfagan las necesidades de los niños y niñas inmigrantes que no estén acompañados por sus padres.

¿Deportaciones a países donde se tortura y desaparece?


Otras organizaciones alertaron que la directiva permitiría deportaciones a países donde los migrantes podrían sufrir tortura, hostigamiento e incluso la muerte. En algunos casos, el traslado sería a países que no son los suyos, según diversas interpretaciones. "El texto admite implícitamente que un menor no acompañado por sus padres nacido en el país A sea expulsado al país B", dice Patrick Peugeot, presidente de la organización francesa de defensa de los refugiados Cimade. "¿Cómo es posible imaginar algo así?"
Para el europarlamentario Catania, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, los gobiernos que apoyaron la directiva asumen un "enfoque autoritario". "Éste será recordada como uno de los días más oscuros en la historia de la UE", dice el legislador italiano. "Estas medidas serán decisivas para los ocho millones de migrantes irregulares hoy residentes en Europa, decisivas para esos hombres y mujeres que, escapando de las guerras y del hambre, tratan de alcanzar nuestras costas."

Temores de expulsión de 1 millón de latinos, la mitad en España



Aunque no existen cifras aproximadamente exactas sobre el número de ciudadanos latinoamericanos residiendo irregularmente en los 27 países miembros de la UE, se estima que al menos superan el millón.
No obstante, "la población más afectada no es la latinoamericana, sino los inmigrantes a los que se aplicará un retorno forzoso; detenidos senegaleses, bengalíes, kasajos e iraquíes", explica el eurodiputado español Ignasi Guardans, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Guardans basa su apreciación en que los inmigrantes latinoamericanos en la UE no son mayoría, en que los detenidos para expulsión son relativamente pocos y en que muchos están en proceso de regularizar su situación y a ellos no los afecta la norma.
Según la norma, a los inmigrantes irregulares, se les invitará a regresar y para ello tendrán un plazo, que como mínimo será de cuatro semanas.
Pero por su propia naturaleza de irregulares, no hay cifras oficiales disponibles y los números son estimativos que en ocasiones pueden ser especulativos.
"Todo parece indicar que la mayoría de irregulares están en España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania y Suiza", según el representante para América Latina de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), con sede en Ginebra, Suiza.

España es uno de los primeros destinos, con una cifra estimada de entre un millón y un millón y medio de ilegales, de los cuales unos 450 mil serían latinoamericanos, según la OIM.
Pero en ese país, las cifras se han calculado sobre la base del empadronamiento del año 2005 en el que figuran tanto residentes legales como una buena parte de irregulares que creen que ese hecho les puede facilitar en el futuro su normalización.

Sin embargo, no todos los latinoamericanos irregulares se registraron en España "por temor o por desconocimiento", explica Manuel Pombo Bravo, Jefe de la Oficina Internacional de las Migraciones en Madrid. Para Pombo la población de ilegales es fluctuante y los latinoamericanos irregulares son el tercer grupo más numeroso en España. Para él, en la práctica la puesta en vigor de la normativa será complicada "porque no es de aplicación inmediata en vista de que primero deberá ser trasladada al derecho interno de cada país, y además no hay sitio para mantener y alimentar a todos los irregulares que serían expulsados".

Según los estimativos, la primera comunidad de inmigrantes en España es la de rumanos, seguida de los marroquíes y luego en su orden ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos, y en los últimos tiempos, brasileños.
Y las bolsas de inmigrantes ilegales se nutren fundamentalmente de ecuatorianos, rumanos, colombianos y argentinos.


Como dice Leon Gieco en "De igual a igual":



Soy bolita en Italia, soy colombo en Nueva York
soy sudaca por España y paragua de Asunción.

Español en Argentina, alemán en Salvador
un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.

El mundo está amueblado con maderas del Brasil
y hay grandes agujeros en la selva misionera.

Europa no recuerda de los barcos que mandó.

Gente herida por la guerra esta tierra la salvó.

Si me pedís que vuelva otra vez donde nací
yo pido que tu empresa se vaya de mi país.
Y así será de igual a igual .
Y así será de igual a igual.

Tico, nica, el boricua, arjo, mejo, el panameño
hacen cola en la Embajada para conseguir un sueño.
En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes,
si lo para Inmigración pide por el presidente.
Los llamados ilegales que no tienen documentos
son desesperanzados sin trabajo y sin aliento.
Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet
Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley.
(PARA VER Y ESCUCHAR)


(Fuentes:ABI-Agencia Boliviana de Información, Adital, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, IPS y Bolpress)

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