Saharauis, los ojos del desierto

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12.6.08

Perú: Guerra Sucia

LA MATANZA DE PUTIS FUE MAYOR AUN DE LO QUE SE CREÍA. LOS CAMPESINOS EXIGEN NUEVAS INVESTIGACIONES Y ELEVAN EL NÚMERO DE MUERTOS A 420, ENTRE ELLOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

a El Gobierno y los militares, autores de la mayor masacre de la guerra sucia, reticentes a colaborar


La Asociación de Afectados de la matanza de Putis ha proporcionado nuevos datos sobre las víctimas de la violencia en esa localidad surandina. Nolberto Lamilla, director regional de la Asociación Paz y Esperanza de Perú, indicó que tras una nueva investigación el número de campesinos asesinados por militares en 1984 en la comunidad de Putis, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, ascendería a 420.

Lamilla indicó que "los deudos han solicitado a las autoridades correspondientes que se amplíe el proceso de investigación, a fin de tomar en cuenta estos datos y dar con el paradero de más víctimas de este crimen, cuyo número originalmente se creyó era de un centenar".
Respecto a los trabajos de exhumación en la zona, el representante de Paz y Esperanza en Ayacucho precisó que "en esta primera etapa de las investigaciones se realizarán excavaciones a cinco fosas, de un total de 14, para encontrar los restos de más víctimas".
Así mismo, Lamilla respaldó la demanda de los deudos para que "se les facilite ataúdes donde puedan enterrar los restos de sus familiares, debido a la precaria situación económica de la mayoría de estos campesinos".
A fines de mayo, se inició la exhumación de la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, en las alturas de la provincia de Huanta.
Hasta la fecha, se han desenterrado los restos óseos de unas 60 personas, entre ellos niños y niñas de 6 a 12 años de edad.
Las primeras indagaciones apuntan a que las víctimas procederían de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha.

Los militares les obligaron a cavar su propia tumba


En 1984, centenares de hombres, mujeres y niños fueron fusilados por miembros del ejército, tras obligarles a cavar sus propias tumbas. No era difícil ubicar los cuerpos que se encontraban a flor de tierra, pero los campesinos de la sureña comunidad peruana de Putis tuvieron que porfiar 24 años para que les permitieran exhumarlos.

La masacre más grande de civiles de la guerra interna peruana (1980-2000), salió a luz por el empeño de los familiares de los caídos. Se han desenterrado desde el 17 de mayo 60 cuerpos, entre ellos 10 de niñas y niños de entre seis y 12 años de edad.
Hasta este momento, los deudos deambulaban por oficinas públicas pidiendo que desenterraran a los muertos de la masacre de Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, en la andina región de Ayacucho.

En virtud de normas dispuestas por el gobierno para las víctimas de un conflicto que dejó casi 70 mil muertos, para conseguir justicia y reparación, los deudos deben acreditar primero la muerte de sus seres queridos.
Gerardo Fernández, uno de los sobrevivientes, desesperado por el olvido de las autoridades, consiguió después de años elaborar un registro de los muertos, entre los que se encontraban su madre y su hijo de tres años. Él fue uno de los que contribuyó a la ubicación de las tumbas clandestinas.
"La exhumación de Putis es un caso muy especial por su carácter humanitario: nadie escuchaba a los pobladores, en su mayoría quechuahablantes. Además, el desentierro no lo está haciendo una entidad del Estado sino de la sociedad civil, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)", explica el presidente de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, Norberto Lamilla, que coordina las labores.
"Es al Instituto de Medicina Legal (IML, dependiente de la fiscalía), al que le corresponde esa tarea", dice Lamilla. "Pero, por la falta de colaboración, por la negativa del IML, tuvimos que recurrir al EPAF", agrega.
"El IML decía que no tenía fondos, que no contaban con tiempo y al final salieron con el pretexto de que era una zona distante y peligrosa y que primero necesitaban un informe de inteligencia para viajar. No les importaba que se tratara de la fosa más grande de que se tiene recuerdo", añade.
"Los restos de los cuerpos estaban a la vista y, con el paso del tiempo, habían comenzado a perderse", manifestó Lamilla.
"Los campesinos necesitaban cerrar el duelo, identificar a sus familiares y enterrarlos cristianamente. Pero ver los huesos a la intemperie sin que el Estado hiciera nada, los afectaba mentalmente", explica.

La masacre de Putis está consignada en el informe de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en 2003, que recomendó exhumar los cadáveres, investigar y sancionar a los culpables.
Sólo se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los apelativos de "capitán Baretta", "comandante "Óscar" y "teniente Lalo". El jefe político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo Mori Orzo.
"Los comuneros fueron reunidos por los militares con engaños, obligados a cavar una fosa y luego acribillados por los agentes del orden", en diciembre de 1984, sostiene el reporte de la CVR.

El ejército combatía a la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero sobre todo al más poderoso Sendero Luminoso, la insurgencia maoísta muy activa en esa zona.
"En 1984, se incrementó el accionar subversivo. Las alturas de Santillana se habían convertido en una zona de activa presencia de militantes de Sendero Luminoso, pues éstos constantemente ingresaban solicitando apoyo a los campesinos, e instándolos a participar en su lucha armada.
Frente a tal situación, se instaló una base militar en la comunidad de Putis, que comenzó a operar a partir de noviembre de 1984
", relata el informe.

Los campesinos, víctimas de senderistas y soldados

Los militares acusaban a los pobladores de apoyar a Sendero Luminoso cuando en realidad los campesinos vivían bajo el temor de la guerrilla, por su práctica de asesinatos a los que no se sumaban a sus filas o colaboraban con el ejército.
Ante el doble hostigamiento, muchos pobladores abandonaron sus viviendas y se dispersaron en distintas comunidades de esa zona ubicada a más de tres mil 500 metros de altitud. Pero el ejército los convenció de que regresaran a Putis bajo resguardo militar.
"La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja, ofreciéndoles de esta manera una mejor protección contra la subversión, aunque en realidad para los militares, muchos de ellos también eran sospechosos de cooperar con la subversión", señala informe de la CVR.
"Cansados de vivir en los cerros y en medio de dos fuegos, acosados por los subversivos por un lado, y por las fuerzas del orden, del otro, los comuneros aceptaron la propuesta y se mudaron a Putis, llevando todas sus pertenencias", agrega.
"Los efectivos del orden recibieron a los pobladores" y "los reunieron en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población", prosigue el relato de la CVR.
"Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja (sic) en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas", continúa el informe.
"Cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar", afirma.
Los militares se apropiaron y vendieron los animales de las víctimas. Para encubrir el crimen, filtraron a la prensa información de un presunto enfrentamiento en el que cayeron 15 guerrilleros.
Durante la exhumación, los peritos del EPAF han hallado proyectiles de armas largas de uso militar.
En 2003, la CVR pidió al Ministerio de Defensa y al ejército la lista de los oficiales que prestaron servicios en la zona en 1984. La respuesta fue que no existía información.
"Se sabe por los testigos que fueron efectivos del ejército de una base contrasubversiva que se instaló por un período de dos a tres años en Putis y que dependía de los cuarteles de San José de Secce, en Santillana, y del cuartel de Castropampa, en Huanta, que a su vez dependían de la sede del Comando Político Militar de Huamanga, Ayacucho", dice Lamilla.
El general Mori Orzo asumió la jefatura de ese Comando en agosto de 1984. "Estamos en proceso de reconstruir primero la cadena de mando y luego la responsabilidad de los oficiales", agrega Lamilla.

Las víctimas, campesinos pobres


El titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Rubén López, se encuentra en Putis supervisando la exhumación. La tarea es penosa porque la tumba está emplazada en una zona difícil. El primer día de labores, los peritos encontraron restos óseos de 25 personas y 15 casquillos de bala.
Los familiares participan de las labores para ayudar a identificar los restos por sus ropas, anillos, calzado, o algún otro objeto personal.
"La extrema pobreza en Putis es clamorosa. La gente no tiene para comer y mucho menos para pagar un ataúd, así que estamos convocando a todos los interesados en colaborar con la sepultura de las víctimas de este pueblo", dice Lamilla.
"En Putis mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los Gamboa Cente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco", dice Gerardo Fernández en Santillana, un familiar. "¿Quién va a reclamar por ellos si todos están muertos?", se pregunta.

Falta de colaboración del Gobierno para esclarecer matanza

El director nacional adjunto de la Asociación Paz y Esperanza, Germán Vargas, critica la falta de colaboración del Gobierno en las investigaciones sobre la matanza de Putis a manos de miembros del Ejército Peruano.“La Comisión de la Verdad y Reconciliación solicitó en su momento información al Ministerio de Defensa. Sin embargo no se proporcionó nada con el argumento que siempre se usa en estos casos de que no hay información o de que se trató de una base militar itinerante. Entonces desde nuestro punto de vista, hay una intención de encubrir las responsabilidades criminales que venían del Ejército”, señaló a CNR Noticias”.
Se trata de un hecho perpetrado por militares en circunstancias deplorables porque se trató de comuneros que habían acudido a la base militar de Putis solicitando protección, pero ésta se tradujo más bien en la traición y asesinato de familias enteras”, manifestó.
Vargas Farías indicó que, al igual que esta fosa común, habrían otras cuatro más, en donde según familiares de las víctimas, se encontrarían enterradas unas 200 personas de la misma comunidad.Ante esta penosa situación, el representante de la Asociación Paz y Esperanza lamentó que las autoridades, pese al tiempo transcurrido desde aquella tragedia, no hayan podido emitir justicia en este caso.
Por otro lado, Vargas Farías dijo que sería grave y lamentable que el gobierno decida abandonar el Pacto de San José para no abordar este tipo de temas en los tribunales internacionales.“Sería sumamente grave y lamentable porque seria anular la posibilidad defender nuestros derechos, entonces se está haciendo copiar este libreto que tuvo la dictadura fujimorista y eso no es nuevo. Creo que con ello estamos conociendo la tendencia autoritaria del actual gobierno, cada vez más dura”.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, CNR-Coordinadora Nacional de Radio (Perú) y La Jornada-IPS)

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