Latinoamérica-Bolivia-UE: Migraciones

CARTA ABIERTA A LA UNIÓN EUROPEA SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA

Por Evo Morales Ayma (*)



Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas.

Hoy estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada “directiva retorno”. El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento Europeo. Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión de los migrantes indocumentados, cualquiera que sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.

A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como es el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.

Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo, lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes viene a la Unión Europea para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico de este continente, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posibles sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la Unión Europea.

Para nosotros, nuestros migrantes representan la ayuda al desarrollo que los europeos no nos dan –ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo de 0.7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en la ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006, 68 mil millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A escala mundial alcanzan 300 mil millones de dólares, que superan los 104 mil millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia, recibió más de 10 por ciento del PIB en remesas (mil 100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.

Es decir que los flujos de migración son benéficos para los europeos y de manera marginal para nosotros del tercer mundo, ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.
Lamentablemente, el proyecto de “directiva retorno” complica terriblemente esta realidad. Si concebimos que cada Estado o grupo de estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La “directiva retorno” prevé la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión (o “alejamiento”, según el término de la directiva). ¡Dieciocho meses! ¡Sin juicio ni justicia! Tal como está hoy, el proyecto de texto de la directiva viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En particular, el artículo 13 de la declaración reza:

“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
“2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

Y, lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamiento donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado está hoy el deber de injerencia humanitaria? ¿Dónde está la “libertad de circular”, la protección contra encarcelamientos arbitrarios?

Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un “Acuerdo de Asociación” que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que impone Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos.

Además, a título de la protección jurídica, se nos presiona por los procesos de nacionalización del agua, el gas y las telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso, ¿dónde está la “seguridad jurídica” para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?
Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras enfrente vemos encarcelamientos sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.

Bajo estas condiciones, de aprobarse esta “directiva retorno” estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos del derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la Unión Europea.

El orbe, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades mundiales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta, pero segura, de recursos energéticos y biodiversidad, mientras aumentan el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.

En nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente y regiones del mundo, como el Maghreb, Asia y los países de África, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la “directiva retorno”.

Tal cual la conocemos hoy es una directiva de la vergüenza.

Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del tercer mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus “políticas de integración” como han fracasado con su supuesta “misión civilizadora” del tiempo de las colonias.

Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros, saludos fraternales desde Bolivia. Y en particular nuestra solidaridad a todos los “clandestinos”.

(*) Esta carta del Presidente de Bolivia a la UE fue publicada en el diario mexicano La Jornada el pasado 14 de junio

CARTA ENVIADA AL DIRECTOR DE 'EL PAÍS' POR LA INFORMACIÓN SESGADA PUBLICADA EN ESE DIARIO ESPAÑOL SOBRE BOLIVIA

Por Bartolomé Clavero del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la ONU (*)

Estimado Sr. Director,

No le escribo, señor director, esta carta con ruego de publicación, como tampoco le envío copia al Defensor del Pueblo de su diario para que reflexione sobre su contenido, pues lo uno como lo otro bien me consta que sería inútil a estas alturas.

Respecto a América Latina, es notorio el sesgo de su política no sólo editorial, como todavía podría ser legítimo, sino también en lo que interesa a todas las secciones de opinión y a buena parte de las de información.

El día de hoy, lunes 2 de junio, se publica la usual crónica sobre Bolivia: noticia trufada de apoyo a los llamados "comités cívicos" que han emprendido una carrera de consumación de hechos contra las reivindicaciones y esperanzas de una clara mayoría de la ciudadanía y además con el despliegue en colores a media plana de una foto de quema de urnas por parte de indígenas, urnas de un referéndum convocado y realizado al margen de la Constitución en vigor y frente al nuevo proyecto constitucional.

No es la primera vez que hacen ustedes, señores de El País, esta especie de montaje. Hace sólo una semana tuvieron fotos, pues han llegado a todas las redacciones, de indígenas torturados públicamente en las calles de Sucre por las juventudes de los comités cívicos y no dieron ni siquiera la noticia. ¿No existe para ustedes una diferencia entre quemar cosas y torturar personas? Piensan por lo visto que es más grave lo primero si son indígenas quienes lo hacen.

Lo que se ve que definitivamente no existe en "El País" es la separación entre información y opinión, por la que tanto luchó este periódico en otros tiempos, como tampoco el mínimo código moral que proscribe el doble baremo. Las iniciativas de referéndum para autonomía departamentales que intentan cortocircuitar las autonomías indígenas en Bolivia coinciden en el tiempo con la decisión similar del gobierno vasco de proceder a una consulta ciudadana al margen igualmente de la correspondiente Constitución, la española en el caso, a lo cual ustedes, señores de El País, se oponen frontalmente en sus secciones tanto editorial y de opinión como de información.

Sólo me ocupo ahora del caso boliviano, que es mucho más grave por el contenido discriminatorio de los estatutos que se proponen, por el contexto de agresividad racista de los grupos que los propugnan y por el objetivo de impedir la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas. Dicho de otra forma, los comités cívicos encabezan un movimiento de restauración colonialista que el periódico español "El País" está abiertamente alentando.

Sus corresponsales, quienes no parece que estén recorriendo Bolivia o que ni siquiera se encuentren allí, han acabado alguna crónica con el augurio de un "estallido étnico" por culpa, naturalmente, indígena. ¿Es que no tienen ustedes ya límites en la manipulación? Tienen intereses económicos por supuesto y no sólo además en el sector mediático.

Permítanme que les haga una recomendación. Abandonen el doble baremo, lo más vergonzoso de todo por ser lo más caracterizadamente colonialista. Pueden hacerlo de dos formas. Apliquen su entusiasmo a respaldar y animar al gobierno vasco en su iniciativa de consulta al margen de la Constitución española. También pueden aplicar su riguroso escrutinio de la política vasca al caso de las iniciativas bolivianas. Hagan una cosas o la otra, pero dejen, por favor, de trufar las noticias y de manipular las imágenes.

Atentamente,

Bartolomé Clavero

Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Tf. (34) 954551304

e-m clavero@us.es

(*) Bartolomé Clavero, miembro independiente del Foro Permanente de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas y catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla, conocido por sus publicaciones sobre mayorazgo y economía en la Edad Moderna y más recientente por un polémico estudio sobre Derechos Indígenas en América (publicado por la editorial española Marcial Pons en 2003).