Saharauis, los ojos del desierto

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27.6.08

Latinoamérica-UE

LATINOAMÉRICA EN PIE DE LUCHA CONTRA LA 'DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA'. LA OEA LA RECHAZA Y PIDE A LA UNIÓN EUROPEA RECAPACITAR ANTES DE APLICARLA
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó enviar una misión de "alto nivel" a Europa para negociar un trato mejor a los millones de latinoamericanos que se verán afectados por la nueva ley de deportación de inmigrantes.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien encabezará la delegación, dijo que el tema de la inmigración es "muy sensible" y "no puede ser enfocado solamente desde un punto de visto juridico", pues tambien debe ser tratado en el plano "económico-social". Insulza informó que la disposición adoptada por el Parlamento Europeo la semana pasada "es muy compleja desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos" y a modo de ejemplo criticó "los 18 meses de cárcel", llamada oficialmente por la UE "internamiento", que pueden padecer inmigrantes indocumentados "antes de su expulsión".
La resolución del Consejo Permanente de la OEA fue aprobada por aclamación y contó con el respaldo de todos los países que integran el organismo, aunque con matices. Mientras el vicecanciller de Paraguay, Antonio Rivas, y los representantes de Venezuela y Bolivia, expresaron que la medida europea es "xenófoba y racista", la delegación de Costa Rica afirmó que América Latina tiene responsabilidad por la emigración de sus ciudadanos y pidió tratar el tema con "mesura". El representante de la Unión Europea, John Bruton, dijo que la resolución trata de construir "un marco" para unificar una política hacia los inmigrantes y las personas indocumentadas en particular. "Los inmigrantes son bienvenidos en Europa", aseguró Bruton y agregó que la Unión Europea está dispuesta a dialogar con la OEA sobre su política migratoria.

La resolución de la OEA también expresa la "preocupación" de los 34 estados miembros "por las leyes y medidas adoptadas por algunos estados que pueden restringir los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes".
La OEA pedirá a la UE recapacitar


La Directiva de Retorno ó De la Vergüenza , bautizada así por quienes consideran que acaba con la tradición europea de defensa de los derechos humanos, un concepto que nació precisamente en Europa durante la Revolución Francesa afectará 8 millones de inmigrantes, la gran mayoría procedente de América Latina.

La OEA emitió su rechazo , en una sesión extraordinaria convocada a propuesta de Perú, que congregó a los cancilleres de Colombia, Fernando Araujo, y Perú, Jose Antonio García Belaúnde.También a los vicecancilleres de Paraguay, Antonio Rivas, y de México, Lourdes Aranda, así como a un grupo de observadores de la Unión Europea. En su intervención, Belaúnde mostró su preocupación por la situación de los inmigrantes y sus familias tras la aprobación de esta norma y consideró "una contradicción" que en un mundo globalizado "se restrinja la emisión de visas, cuando la solución sería abrir las puertas a una inmigración ordenada".Además, expresó su inquietud por las "nuevas barreras" a la inmigración en Europa, en especial algunos puntos de la directiva, tales como la detención de inmigrantes irregulares sólo con una orden administrativa y por periodo de hasta 18 meses en centros penitenciarios corrientes. El ministro peruano aseguró que la OEA puede contribuir "de manera práctica a alcanzar soluciones permanentes y creativas en el tema de gestión internacional de la migración, que tengan en cuenta las perspectivas de todos los actores parte". Por eso, propuso que Insulza "se reúna con sus contrapartes en la UE para buscar vías de solución práctica que refuercen la solidaridad, el diálogo y se corrijan algunas de las disposiciones", antes de que la normativa entre en vigor en 2010.
Belaúnde apostó por una acción conjunta entre ambos continentes para intensificar la cooperación, para prevenir y combatir el tráfico de inmigrantes, con la promoción de programas de retorno voluntario y facilitando el intercambio de información.
La propuesta presentada por Perú obtuvo el apoyo de todas las delegaciones presentes.
El vicecanciller paraguayo mostró su "profunda decepción por la medida adoptada por la UE", que "no se corresponde con el espíritu de derecho humanitario, ni con el derecho internacional, y criminaliza la condición del inmigrante irregular". La experiencia demuestra que "las políticas de restricción de la inmigración no han funcionado anteriormente y sólo han provocado un clima propicio para prácticas xenófobas y trata de personas", apuntó Rivas. Por ello, invitó a las autoridades europeas a dialogar para revisar la normativa de retorno "antes de que sus efectos entren en vigor y puedan subsanarse sus deficiencias".
La vicecanciller mexicana demandó que se tenga en cuenta los derechos humanos, "con especial relevancia hacia mujeres y niños".
Más allá de las críticas en el seno de la OEA, la protesta luce más simbólica que otra cosa y nadie cree que vaya a tener algún éxito esta visita de alto nivel a Europa.
La Asamblea Nacional de Venezuela rechaza la directiva








La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, el rechazo a la disposición de retorno de inmigrantes ilegales, aprobada por el Parlamento Europeo, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Asimismo, el parlamento se solidariza con la postura manifestada por el presidente Hugo Chávez en contra de esta resolución que "significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en las mejores tradiciones de la política europea", además de "vulnerar el principio de reunificación familiar". La Asamblea Nacional también exige al Parlamento Europeo un "tratamiento justo" para los inmigrantes y solicita a la OEA) y a la ONU "claras definiciones ante la grave situación suscitada por la aprobación del Parlamento Europeo de esta resolución que pretende criminalizar a los inmigrantes y vulnerar sus derechos humanos".
América Latina, en pie contra la directiva de la vergüenza


Antes que la OEA los organismos comunes latinoamericanos ya habían manifestado su rechazo a la directiva.
También lo habían hecho los mandatarios. El pasado martes, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil aseguró que con esta medida "el viento frío de la xenofobia sopla otra vez (...) es el prejuicio contra la inmigración". Rafael Correa, de Ecuador, dijo que la norma era una "vergüenza", como también lo afirmó Evo Morales, de Bolivia. Felipe Calderón, presidente de México, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, en una declaración conjunta del lunes, hicieron "un llamado a evitar medidas que criminalicen a los migrantes". El nicaragüense, Daniel Ortega, la calificó de 'ley terrorista'. Hugo Chávez, de Venezuela, la llamó "la directiva del bochorno" y aseguró que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten la medida.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien preside la Comunidad Andina, condicionó la negociación de ese bloque con la UE.
El Mercosur anunciará oficialmente su rechazo y las medidas a tomar la cumbre del próximo martes en la ciudad argentina de Tucumán. Se espera que la posición del bloque tenga un tono de protesta, luego de las afirmaciones del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos Álvarez, quien esta semana dijo que la medida es "abiertamente violatoria de los derechos humanos", al tiempo que recordó a los europeos cuando millones de emigrantes del Viejo Continente llegaron a Sudamérica y jamás tuvieron restricción alguna.
Los 21 países del Grupo de Río ya expresaron su "preocupación" al respecto. Para este bloque deben estar por encima la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el tema debe ser objeto de un "enfoque integral que considere las contribuciones positivas que realizan los migrantes a la economía y la cultura de los países en los que residen".Igualmente, recuerdan los recientes compromisos para que la migración sea un tema de mutuo beneficio
Según el diario bogotano El Tiempo, un ex diplomático colombiano en España, que pidió la reserva de su nombre, aseguró que el mensaje contra Europa debe ser contundente: "Toca venirse muy duro, porque no podemos tolerar ese cuento de que los latinos sirven para cuidar a los niños, pero a la hora de la verdad no les dan el tratamiento que se merecen"...Mensajes anónimos que suelen quedar en nada.
La canciller ecuatoriana María Isabel Salvador anunció que su país condicionará el Acuerdo de Asociación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la Unión Europea a la discusión de la 'Directiva de Retorno'."El tema migratorio es una parte fundamental de uno de los pilares que estamos negociando (...) es indispensable que, en el marco de esas negociaciones se revise esta directiva".Ayer, Ecuador pidió "la apertura urgente de un diálogo franco entre los países de origen, tránsito y destino de los procesos migratorios".

Deuda europea con la comunidades indígenas

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) pide que los Estados de Europeos reconozcan la deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas y que se constituya un Tribunal Internacional para el juzgamiento de los delitos económicos y ambientales cometidos.
La reivindicación de la CAOI tiene como base la resolución del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que, el 15 de mayo en Lima (Perú), dictaminó que los europeos son culpables. Durante los días 13 y 14 de mayo, el Tribunal escucho a los testigos que denunciaron las violaciones contra los derechos humanos y el medioambiente cometidas por las empresas multinacionales europeas en América Latina.
Ahora, con el dictamen del TPP, los indígenas piden que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un Relator Especial, lo más rápido posible, para presentar un informe en la Asamblea General de la ONU, para que debata la "propuesta de establecer el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica; así como también la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales contra las personas y los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales".
Para la CAOI, la deuda fue generada con la invasión, la conquista y la colonización de los territorios desde el siglo XV. Hace seis siglos, fueron robados las tierras, se impuso la esclavitud a los indígenas, se cometió el genocidio de los pueblos originarios, además del genocidio cultural. Según el TPP, en la actualidad la invasión la protagonizan grandes empresas transnacionales, que sirven a una minoría y destruyen la tierra, contaminan los ríos, vierten productos químicos en el suelo y contaminan las aguas.



El TPP incluyó en la lista de culpables a las siguientes empresas: Unión FENOSA (España), que actúa en Cauca (Colombia), en el río Anchicaya, Valle del Cauca. La Minera Majaz, de Gran Bretaña, que actúa en el norte de Piura (Perú); la Repsol, española, que está dañando los ecosistemas en varias regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.
El TPP acusa a las transnacionales de ser responsables también de la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, con la colaboración violenta de ejército, policía y grupos armados irregulares. En este aspecto se señala de nuevo a Unión Fenosa en operaciones en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, por no cumplir con las compensaciones prometidas por el desalojo de indios, campesinos y afrodescendientes.
Por su parte la Shell, es considerada responsable de la represión ilegal a comunidades en Brasil y, en Argentina, en Loma de la Lata y en Neuquén. Por la misma práctica, la Sheel fue denunciada en Irlanda.
La Repsol es responsabilizada por no haber respetado los derechos de los indios Mapuche, Paynemil y Kaxipayin de Argentina, Bolivia y Ecuador.
La CAOI mantiene que la actuación de esas empresas afecta a toda la sociedad, pero los indios y los campesinos son los más perjudicados, pues la biodiversidad, su hábitat, está en peligro. El comportamiento de las empresas, para la CAOI, va a llevar a la destrucción de las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que pone en riesgo a toda la biodiversidad, pues esos pueblos son sus principales protectores.
Por lo tanto, la CAOI llama a todos los Estados y Gobiernos de América Latina y del Caribe a: asegurar el acceso rápido y eficiente a la justicia; promover y apoyar, con los recursos necesarios, el sistema judicial, para que investigue y castigue los delitos; y aplicar medidas inspiradas en el principio internacionalmente reconocido de "consenso libre, previo e informado de los actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas".

(Fuentes: ANSA-Latina, EFE, BBC-Mundo, El Tiempo-Bogotá, Prensa Latina y Adital)

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