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1.7.08

Colombia: Conflicto interno

LA NUEVA DIRECCIÓN DE LAS FARC NEGOCIA CON DELEGADOS DE FRANCIA Y SUIZA NUEVAS LIBERACIONES DE REHENES Y LA APERTURA DE UN PROCESO QUE LLEVE A UN ACUERDO HUMANITARIO

-Las ONG's cifran ya en más de 30.000 los desaparecidos; el 97% a manos de militares y paramilitares.

El delegado del gobierno de Francia, Noel Sáenz, y del de Suiza, Jean Pierre Gontard, han logrado ya contactar con el Secretariado de las FARC y negociarían ya un canje de rehenes. En Bogotá, el secretario de prensa del palacio presidencial, César Mauricio Velásquez, réconoció que desde el pasado viernes los delegados extranjeros estaban en territorio colombiano en busca de ese contacto, con el consentimiento del presidente Uribe.
"Los dos delegados europeos ingresaron en los últimos días a Colombia, pidieron al Gobierno autorización para desplazarse a ese encuentro directo con el Secretariado de las FARC, la cual el Gobierno concedió, y ha dado todas las garantías de seguridad para sus desplazamientos", dijo el portavoz presidencial.
El máximo líder de las FAR, Alfonso Cano, estaría reunido desde hace ya tres o cuatro dias con delegados de Francia y Suiza, según el diario El Espectador, que recuerda que se trata del primer encuentro con el grupo guerrillero después de la muerte de Manuel Marulanda, 'Tirofijo', para el logro de un acuerdo humanitario.

La guerrilla de las FARC mantiene la disposición a canjear a 40 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (de doble nacionalidad, colombiana y francesa) , tres 'contratistas' estadounidenses, y varios políticos, policías y miembros del Ejército colombiano, por cerca de 500 rebeldes presos. Exige la desmilitarizació de dos municipios en el Sur a lo que se opone el Gobierno Uribe.

Según el diario El Tiempo que cita fuentes del gobierno colombiano, los dos diplomáticos extranjeros van a solicitar a las FARC "que acepten la propuesta de una zona de encuentro para iniciar diálogos en torno a un eventual intercambio humanitario". El gobierno exige que el sitio de encuentro debe estar alejado de zonas pobladas y no debe implicar un despeje militar. Exige además que los guerrilleros deben permanecer desarmados, que los rebeldes que sean liberados tienen que comprometerse a no volver a la guerrilla, que el encuentro tenga un plazolimitado y que haya observadores internacionales.
Piedad Córdoba denuncia maltrato en EE.UU.

La senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, qien ha actuadoi de 'facilitadora' en las últimas liberaciones de secuestrados por las FARC, ha denunciado que fue detenida y maltratada por funcionarios de la aduana estadounidenses, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Córdoba dice que la retuvieron e interrogaron durante más de tres horas y que los agentes "querían saber qué hacía, por qué trabaja por el acuerdo humanitario, por qué iba a reuniones relacionadas con el conflicto y los derechos humanos en Colombia y su relación con las FARC".
La senadora dice que considera que "el artífice de esta detención arbitraria es el cónsul colombiano en Nueva York, Francisco Noguera, y que todo tiene que ver con una carta de protesta que envió en días pasados a su colega venezolana por la invitación que este país le hiciera para participar en un foro en conmemoración de los 197 años de la independencia de Venezuela".
Para la congresista "resulta curioso que sean los mismos temas planteados por Noguera en su misiva, sobre los que el director de aduanas de Nueva York la interrogó".
El cónsul Francisco Noguera negó esta parte de la denuncia de Piedad Córdoba

¿Más de 30.000 desaparecidos?

Las desapariciones forzadas están ya en los titulares y las informaciones de la prensa colombiana en los últimos meses. Algo que no era habitual, pese a que el fenómeno no es nuevo en Colombia. Pero bajo el gobierno de Uribe las cifras se desatan.
Hace poco fue detenido un ex general del ejército y otros dos han sido llamados por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985. Pero, además, están las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía.

Mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30.000 las personas de las que no se tiene rastro.

"Seguramente van a ser más de 30.000", dice Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en Bogotá para asistir a un seminario internacional sobre desaparición forzada, que inaugurado por el juez español Baltasar Garzón.
El más reciente informe sobre Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1.196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.
Según Andreu, el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir basta a esta realidad".
Militares y paramilitares perpetraron el 97% de los casos
Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la Comición Colombiana de Juristas (CCJ), dijo que entre mediados de 2002 y de 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.
Andreu, un experto que trabajó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, explica que una característica de ese delito "es que ha sido como el crimen del silencio, el crimen perfecto. La gente no quiere hablar, ni los familiares, ni los testigos".
Y no quieren hablar, añade, porque esperan que sus familiares regresen o porque han sido amenazados por quienes cometieron la desaparición.
Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.
Hasta el momento, sin embargo, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3.000 paramilitares.
Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.

Mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente

Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha subrayado que el gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.
A pesar de eso, el informe de la Alto Comisionad de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Colombia asegura que la apliación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido "muy incipiente".

Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dice a BBC Mundo que "se siguen presentando casi a diario casos de desaparición forzada en Colombia".

La Procuraduría General de la Nación, que es el máximo garante de los derechos humanos en el país, desarrolla en la actualidad 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en su mayoría contra miembros del ejército. En ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.

En el 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal. Pero la Procuraduría admite que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas, que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.
(Fuentes:El Tiempo, DPA, El Espectador, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR)

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