Saharauis, los ojos del desierto

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23.7.08

México: Derechos Humanos

NUEVAS DENUNCIAS DE TORTURAS, DETENCIONES ARBITRARIAS Y OTRAS VIOLACIONES COMETIDAS POR MILITARES DESDE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE CALDERÓN



Un informe presentado por diversas organizaciones de Derechos Humanos, da cuenta de las reiteradas violaciones cometidas por militares mexicanos desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia. La investigación publicada, entre otros, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, analiza las políticas de seguridad del Gobierno de México. El informe relata que siete civiles perdieron la vida y otros tantos resultaron heridos "por actos de tortura, detención arbitraria, incomunicación y allanamiento de morada, realizados en su contra por efectivos militares".
Según el Defensor del Pueblo Mexicano, José Luis Soberanes Fernández, se trató de "hechos que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando".
La mayoría de estos hechos ocurrieron en operativos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Se trató de hechos que pudieron ser evitados con información más oportuna, con mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión del mando.
El texto afirma que "Con la llegada del Presidente Felipe Calderón al poder en México en diciembre del 2006, se puso en marcha numerosos operativos militares de seguridad pública en territorio mexicano".
Explica que "Tales operativos buscaban atacar al crimen organizado, incluso al narcotráfico, así como reducir la inseguridad en diversos estados, mandando el Ejército para llevar a cabo tareas jurídicamente reservadas a la policía".
También detalla que los "militares han realizado patrullajes y han operado retenes ubicados en carreteras y a la entrada de diversas ciudades para revisar automóviles y personas en el marco de operativos en los que participan miles de soldados mexicanos".
Según el informe "en el contexto de los operativos militarizados se han disparado los niveles de violaciones a los derechos humanos de los civiles por parte de elementos militares, las cuales casi siempre permanecen en la impunidad".

Nuevos casos denunciados


A comienzos de mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció ocho nuevos casos de abuso y tortura cometidos por militares que participan en operativos de combate al narcotráfico, y llamó al Ejecutivo a fijar una fecha para que los soldados dejen de realizar labores de seguridad pública y regresen a sus cuarteles.
Entre las violaciones, que el organismo atribuyó en parte a la ignorancia del marco jurídico, destaca el caso de un inmigrante que al parecer fue confundido con un traficante de drogas por los militares que lo detuvieron y torturaron mediante la introducción de astillas de madera en las uñas de pies y manos.
En un hecho ocurrido el 7 de junio del 2007 en el desierto del estado de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, a un hombre identificado como José Fausto Gálvez Munguía también le introdujeron un tubo a la boca para obligarlo a ingerir una bebida alcohólica que le provocó vómitos. Fue abandonado inconsciente en el desierto, aunque sobrevivió.
Otros tres casos ocurrieron en el estado occidental de Michoacán entre junio y octubre del 2007, cuando los militares allanaron casas ydetenciones efectuaron arbitrarias.
En dos casos torturaron con choques eléctricos en los testículos a dos hombres y en un tercero, otro hombre recibió descargas en el estómago. Según el informe, algunas de las torturas se realizaron en instalaciones militares. En ellas, el señor Jesús Picazo Gómez fue desnudado, golpeado y le dieron choques eléctricos en el estómago.
Otros casos denunciados tuvieron lugar en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, donde los militares dispararon contra autos de civiles que consideraban sospechosos.
La CNDH informó que una de las agresiones en Sinaloa, en la que murieron cuatro personas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le comunicó que iniciaron proceso contra un teniente, un cabo y tres soldados. En los otros casos, las fuerzas armadas no han respondido.
"Consideramos urgente una intensa cruzada educativa y de capacitación al interior del ejército, que comprometa a la tropa, jefes y oficiales, a respetar siempre la ley", dijo el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, al presentar los casos y añadió que "el ejército no puede actuar como los delincuentes".
Reconoció que la violencia vinculada con el narcotráfico se ha incrementado y sería "una imprudencia" retirar a los militares del combate contra el flagelo, pero afirmó que el presidente debe fijar una fecha para que eso ocurra.
La CNDH, informó que desde el 1 de diciembre del 2006 a la fecha el organismo ha recibido 983 quejas contra el ejército, el 75 por ciento de las cuales están relacionadas con los operativos contra el crimen en los que participan las fuerzas armadas.

La Policía será investigada por torturas

La Defensoría de los Derechos Humanos de México investigará la utilización de métodos de tortura en entrenamientos de la policía de todo el país.La investigación fue anunciada tras el escándalo suscitado por la emisión de un vídeo grabado en la comisaría de la ciudad de León (Guanajuato) en el que se registraron imágenes donde un grupo especial de la policía, es sometido a diversas vejaciones.
En el video se puede observar que los 26 oficiales responden a las órdenes de un instructor que habla inglés y entre otras cosas, los obliga a revolcarse en lo que parece su propio vómito.
También se ve cómo dos agentes meten la cabeza de otro en un recipiente que estaría lleno de excremento y después le ponen en la nariz una botella con agua gasificada para que sienta que se está ahogando.
Las autoridades locales justificaron las torturas diciendo que buscaban entrenar a los agentes para enfrentarse a situaciones difíciles y manejar el estrés.






"El gobierno debe una explicación sobre curso para torturar"



El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, considera que el gobierno federal y autoridades estatales todavía deben una explicación sobre el video que se conoció a escala mundial sobre “el curso de tortura que se impartió a policías de Guanajuato, porque es difícil entender que sobre la base de técnicas brutales se puedan mejorar el rendimiento y el nivel profesional de los agentes”.
Lo que hasta el momento han dicho las autoridades, añadió en entrevista, es que “no son entrenamientos para que practiquen la tortura, sino para preparar a los policías en caso de que sean víctimas de tratos duros si caen en poder de mafiosos, pero esa explicación genera muchas dudas e interrogantes. Lo que observamos en la cinta puede servir tanto para uno como para otro objetivos. Si lo que se busca es capacitar a los agentes, no creemos que de esa manera se logre”.
El video, a juicio de HRW "genera no sólo interrogantes, sino dudas serias respecto del compromiso de las autoridades federales para mejorar el rendimiento de los policías”.
Vivanco añadió que “hay una línea divisoria muy tenue entre capacitar para resistir tortura y entrenar para que torturen. Es muy difícil hacer una diferencia. Es jugar con fuego, especialmente tratándose de fuerzas policiales que no tienen mecanismos de control externos ni internos”.
" Por ello, que se diga que ese entrenamiento no es para que torturen a los detenidos, sino para que resistan, es difícil de entender”.
Vivanco cuestionó también que “ya se ha hecho práctica común, utilizada por militares y policías, desnudar a detenidas. Todo eso genera grandes preocupaciones. ¿Para qué desvestirlas? Parece un patrón generalizado en el trato que dan soldados y agentes a los arrestados. No entendemos cuál es la explicación”.
El director de HRW insiste en que las violaciones a los derechos humanos por militares “deben ser sancionadas de manera ejemplar. Las autoridades castrenses deben asumir una actitud de que no van a tolerar esos delitos, sino que se va a investigar y sancionar a los responsables”.
Involucrar a los soldados en la lucha contra el narcotráfico “no parece ser la solución adecuada. Ordinariamente esa tarea la realizan los policías. Sin embargo, como desempeñan esa labor, hay que asegurarse de que la lleven a cabo de manera profesional, respetando los derechos humanos. Y cuando cometan abusos, sancionar a los responsables... No es noticia que los militares cometan gravísimas violaciones a los derechos. Lo relevante aquí sería que las denuncias del ombudsman terminen en investigaciones transparentes y creíbles, y que los responsables sean sancionados”.

(FUENTES: Agencia PÚLSAR, AP-El Dia-Texas, BBC-Mundo, La Jornada-México)

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