La controversia por la legislación que autoriza el uso militar de las armas contra civiles va en aumento y a ella se suman dirigentes sociales y analistas peruanos. En los años 80 y 90, durante la guerra entre Sendero Luminoso, el grupo guerrillero MRTA y las Fuerzas Armadas, fueron asesinadas más de 60.000 personas. La llama Ley del uso de la fuerza, recien aprobada coincidiendo con un espectacular aumento de las protestas sociales contra el gobierno, fue justificada por el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, quien sostuvo que la norma especifica en qué circunstancias los militares, si son llamados a reforzar a la policía, pueden disparar.
El opositor diario La Primera acusa a Flores-Aráoz de defender lo indefendible, cuando el ministro alega que el reglamento precisa en cuáles condiciones las fuerzas armadas pueden usar armas letales o no letales. Para elperiódico, eso equivale a decir “en qué circunstancias pueden matar y en qué circunstancia sólo pueden lisiar o malherir”, y añade que el gobierno “ha logrado que el asesinato y la impunidad sean legalizados”.
El dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Olmedo Auris, dice que la ley forma parte de “una estrategia maquiavélica y macartista del gobierno”, por su incapacidad para resolver las demandas sociales.
El presidente del Frente de Defensa de organizaciones sociales de la región centro andina de Ayacucho, Iver Maraví, critica también esta legislación por considerar que sólo tiene fines represivos.
El titular del Frente de Defensa de la región sur amazónica de Madre de Dios, Luis Zegarra, quien dijo que se trata de “una reacción desmesurada del gobierno, que aumenta la represión, sin argumentos, para intimidar al pueblo”.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) advierte que el reglamento puede dar luz verde al “uso arbitrario, excesivo y anticonstitucional de armas de fuego contra la población, en casos de protesta social, y en zonas no declaradas previamente en estado de emergencia" y añade que la ley viola el artículo 137º de la Constitución, según el cual las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir en el control del orden interno previa declaración del Estado de Emergencia.
lac/mrs
El titular del Frente de Defensa de la región sur amazónica de Madre de Dios, Luis Zegarra, quien dijo que se trata de “una reacción desmesurada del gobierno, que aumenta la represión, sin argumentos, para intimidar al pueblo”.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) advierte que el reglamento puede dar luz verde al “uso arbitrario, excesivo y anticonstitucional de armas de fuego contra la población, en casos de protesta social, y en zonas no declaradas previamente en estado de emergencia" y añade que la ley viola el artículo 137º de la Constitución, según el cual las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir en el control del orden interno previa declaración del Estado de Emergencia.
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Lo que dice la nueva ley
La nueva norma legal autoriza a las Fuerzas Armadas a emplear fuerza "letal" cuando participen en operaciones de apoyo a la Policía Nacional para prevenir saqueos, vandalismo y garantizar el orden interno. La ley de uso de la fuerza para personal militar permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas de Perú en zonas no declaradas en Estado de Emergencia "para restablecer el orden interno" y autoriza a emplear fuerza mortal "en legítima defensa, ante actos hostiles" y "en cumplimiento de la misión asignada".
Las Reglas de Empleo de la Fuerza constan de 14 artículos que establecen los niveles de intensidad del empleo de la fuerza letal y no letal, y se definen los escenarios de participación y las acciones ante actitudes hostiles. Las FF.AA.podrán emplear sus armas para detener a personas que usen la fuerza contra militares o civiles que estén bajo protección militar. El ministro peruano de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, explicaba así el propósito de la ley por si quedaba alguna duda:"Evitar el uso discrecional de la fuerza por quienes la emplean. Ahora ya todos saben a qué atenerse: las FF.AA. sabrán cómo actuar y los ciudadanos conocerán las ocasiones en las que intervendrá el Ejército".
Para la responsable del área de Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal (IDL), Ana María Tamayo, esta norma es "incompatible con la democracia".
"Con esta ley están creando una fuerza armada para policial, están desnaturalizándola y politizándola para que ingresen a espacios ambiguos", afirma.
También el ex ministro del Interior, Fernando Rospiglios muestra su disconformidad porque considera que "las fuerzas armadas no poseen capacidad para actuar en conflictos de carácter interno por lo que deberían limitarse a actuar en casos de terrorismo".
"Con esta ley están creando una fuerza armada para policial, están desnaturalizándola y politizándola para que ingresen a espacios ambiguos", afirma.
También el ex ministro del Interior, Fernando Rospiglios muestra su disconformidad porque considera que "las fuerzas armadas no poseen capacidad para actuar en conflictos de carácter interno por lo que deberían limitarse a actuar en casos de terrorismo".
Alan García militarizó ya el último Paro Nacional
Aunque ya desplegó a los militares en el pasado Paro Nacional de primeros de Julio, ahora el gobierno asegura que no se dispone a la militarización del país frente a las protestas sociales. La nueva ley "no implica sacar los tanques a las calles", dice, para acallar las ñprotestas el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien califica de "falsas" las versiones según las cuales el gobierno del presidente Alan García se propone militarizar el país y recordó que durante la huelga nacional del 9 de julio pasado los militares garantizaron el funcionamiento de los servicios esenciales, como el suministro de electricidad y agua.
Pero el diputado Víctor Mayorga, del opositor Partido Nacionalista Peruano, opina que, con el nuevo reglamento, el gobierno "ha creado los instrumentos legales que criminalizan la protesta social, convirtiendo al Ejército en una nueva policía".
Mucho más radical, el dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, asegura que las autoridades pretenden usar a las fuerzas armadas para asesinar al pueblo e instaurar un régimen fascista.
El paro nacional fue convocado el 9 de julio por la CGTP y un frente de organizaciones sociales y políticas, pero las confederaciones campesinas y la región centroandina de Ayacucho convocaron con antelac ión una huelga de 48 horas y varias regiones selváticas otra de 72 horas. En esas circunstancias y ante la confluencia de protestas contra las políticas neoliberales, el gobierno decidió movilizar a los militares. La Constitución peruana establece que las fuerzas armadas pueden intervenir en asuntos civiles solamente cuando se decreta el estado de emergencia. Con la norma, Alan García elude esa declaración y, al poner en manos de los militares la custodia del orden público, les exime de responsabilidad penal por los desmanes que pudieran causar.
(Fuentes: EFE, Agencia PÚLSAR, Prensa Latina,El Comercio-Lima y La República-Lima)
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