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19.5.09

Bolivia:Justicia

LA CORTE SUPREMA ORDENA LA CAPTURA DEL EX-PRESIDENTE SÁNCHEZ DE LOZADA Y DE SEIS DE SUS MINISTROS PRÓFUGOS POR LAS MATANZAS DE 2003



La Corte Suprema de Bolivia ordenó este lunes la captura del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de seis ex ministros de su gobierno que se encuentran prófugos en Perú, Estados Unidos y España, lo que permitirá a la Fiscalía boliviana tramitar su extradición para que se presenten al juicio por delitos de lesa humanidad, iniciado en Sucre.

La justicia boliviana juzgará Sánchez de Lozada y a sus ministros en rebeldía por la muerte 67 personas y 400 heridos, que realizaban una protesta antigubernamental en la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, en octubre de 2003. Este episodio, conocido también como "Octubre Negro" aceleró la caída de Lozada, quien huyó a Estados Unidos, donde se encuentra refugiado. El tribunal aceptó esa demanda del fiscal , al comenzar este lunes el juicio por genocidio que incluye también a los cinco miembros del mando militar. El porceso se abrió con la presencia de ocho de los 17 imputados por la masacre y con la asistencia de al menos dos centenares de víctimas. El máximo Tribunal boliviano también emitirá órdenes de detención contra Guido Áñez Moscoso, quien reside en Estados Unidos, y Hugo Carvajal que se encuentra en España como dsemandante de asilo.

Según el fiscal Milton Mendoza, la orden de captura del ex presidente y sus ministros abre la posibilidad de que el gobierno de Perú revoque el asilo que concedió la semana pasada a los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Torres Goytia y Jorge Torres Obleas.
La primera audiencia del juicio quedó interrumpida después de que se adoptó esa decisión porque el abogado del ex ministro Yerko Kukoc, cuyo paradero se ignora, recusó al tribunal, lo que obligó a un receso hasta que se designen jueces sustitutos.


Familiares de manifestantes muertos y decenas de quienes quedaron heridos en los sucesos del 2003 estaban entre los que se presentaron el lunes en la audiencia de la Corte Suprema y protestaron por el recurso dilatorio presentado por el abogado de Kukoc. "Estamos ante una muestra del doble discurso de algunos acusados, que por un lado dicen estar dispuestos a someterse a la justicia pero al mismo tiempo interponen demandas que sólo tienen un propósito dilatorio", dijo a reporteros el fiscal Milton Mendoza.

Aunque a que la Ley peruana para el otorgamiento de asilo político prohíbe dar este beneficio a quienes sean objeto de procesos judiciales en sus países de origen, el canciller de Perú, José García Belaúnde, anunció el pasado 8 de mayo que su país daría refugio al ex ministro de Desarrollo Económico. Posteriormente, el12 de mayo García Belaúnde confirmó que Perú también otorgó el asilo político a los ex ministros Mirtha Quevedo y Torres Goitia.
En el pasado, el gobierno de Perú ha otorgado también asilo a otros latinoamericanos prófugos de la justicia, como es de los venezolanos, Manuel Rosales, acusado de corrupción, Carlos Ortega, señalado por rebelión y Eduardo Lapi, por corrupción. También en 2003 le fue concedido a dos militares retirados que participaron en unas protestas realizadas en la plaza Francia de Altamira, al este de Caracas, y que implicaron también a uniformados en servicio que exigían la dimisión del presidente Hugo Chávez.

El juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada es el segundo en la historia republicana de Bolivia, pues en 1995 fue sentenciado a 30 años de prisión el ex presidente Luis García Meza, que encabezó un sangriento golpe de Estado para establecer una dictadura militar de 1980 a 1981.
Este lunes, ante la apertura del juicio, Sánchez de Lozada rechazó por escrito las acusaciones en su contra presentadas ante la Corte Suprema de su país y justificó la matanza llevada a cabo por fuerzas de su Gobierno. "El Presidente Sánchez de Lozada no enfrenta un juicio en Bolivia. Las acusaciones en su contra no tienen mérito (...) El gobierno de Sánchez de Lozada actuó legalmente en el 2003 al responder a los manifestantes", dice el texto.

El proceso seguirá adelante


El fiscal del caso, Milton Mendoza, diceque de acuerdo con la ley, el proceso para los ausentes se suspenderá, pero será juzgados los presentes. "Como los ausentes están renuentes a cualquier proceso, la ley prevé la separación del proceso, se los declara rebeldes y se interrumpe la prescripción". Esto quiere decir,que los demás acusados serán juzgados cuando regresen al país, sin importar cuánto tiempo haya pasado. “Es importante esta situación porque la declaratoria en rebeldía suspende el proceso para ellos, ya no se van a poder beneficiar con la prescripción. La Corte en ese marco ha dispuesto una orden de aprehensión que puede ser ejecutada inclusive por la Interpol y en su caso se presentará más adelante la extradición de estas personas”, asegura el abogado de la víctimas, Rogelio Mayta.

La Fiscalía asegura tener 2.500 testigos y 4.000 documentos que prueban la culpabilidad de los acusados, por lo que el juicio puede durar meses.

Sánchez de Lozada está acusado de genocidio -en su variante de masacre sangrienta- que en Bolivia se sanciona con una pena máxima de 20 años de prisión.

El abogado de las víctimas del caso denominado "octubre negro", Rogelio Mayta, advierte contradicciones en las penas, puesto que mientras el genocidio se castiga con 20 años de prisión, el asesinato de una persona se sanciona con una pena máxima de 30 años de prisión. Mayta también asegura que, durante los últimos cinco años, fallecieron 10 personas consideradas víctimas de la violencia política.


Sánchez de Lozada, de tendencia liberal, gobernó Bolivia entre 1993 y 1997, en su primer período; y entre 2002 y 2003, en el segundo, cuando tuvo que renunciar al cargo tras una ola de protestas en contra de la venta de gas natural a Estados Unidos a través de un puerto chileno.
Tras la salida de Sánchez de Lozada, Bolivia ingresó a una etapa de transición, en la que gobernaron Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez. Este último convocó a elecciones generales, ganadas por el actual presidente Evo Morales.

El MAS, el partido de Morales es el principal impulsor del juicio en contra de Sánchez de Lozada y sus ministros. El presidente considera que Estados Unidos y Perú "protegen a delincuentes

El canciller boliviano David Choquehuanca dice que Bolivia espera "cooperación" de Washington para que el ex gobernante sea extraditado. El refugio al Sánchez de Lozada en Estados Unidos ha sido causa de duras protestas del gobierno socialista boliviano, que expulsó el año pasado al embajador norteamericano en La Paz.


"Sánchez de Lozada debe correr la misma suerte que García Meza "


El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, considera que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y el Alto Mando militar de esa época deben correr la misma suerte que Luis García Meza, encarcelado desde 1995. "Este juicio debe culminar con la misma suerte que García Meza, porque como parte civil de este proceso estamos pidiendo una condena de 30 años de pena sin derecho a indulto y en Chonchocoro".

El activista de derechos humanos indica que la justicia está llamada a superar "está gran prueba de fuego". "Nuestra memoria es frágil, el juicio oral a Sánchez de Lozada, y sus colaboradores son delitos graves, gravísimos, actos de barbarie, que están en la línea de genocidio y allanamiento a domicilio".

Villena pide a los familiares de las víctimas y heridos de "la masacre de septiembre y octubre del 2003" no claudicar en este proceso y seguir adelante hasta conseguir
"un fallo que haga justicia".
En esa dirección repudia la actitud del ex ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, Yerko Kukoc "por paralizar el juicio con las acostumbradas chicanas de la recusación".


Argentina deberá informar sobre el ‘carapintada’


La comisión multipartidaria, que investiga el caso de la presunta trama terrorista desmantelada recientemente en Bolivia, solicitará a la representación Argentina información sobre el “carapintada” argentino, Jorge Mones Ruiz, quien supuestamente se reunió con el ultraderechista Eduardo Rózsa Flores, líder de la banda de “mercenarios” y le ofreció 14 hombres para sumarse a su milicia. La banda, según la acusació oficial, financiada por empresarios y dirigentes autonomistas de Santa Cruz, prepaaba, entre otras acciones, el asesinato de Evo Morales.

La información la dio a conocer este lunes el presidente de la Comisión, César Navarro, en declaraciones a la prensa en la ciudad de La Paz, al indicar que es necesario aclarar la presunta vinculación de Mones con los carapintadas y la supuesta célula terrorista desarticula en la madrugada del pasado 16 de abril.

Lo vamos a pedir de manera oficial, porque el tema de estos (supuestos) deslizamientos de grupos a Bolivia afectan al interés colectivo y constituyen un peligro y enemigo para cualquier país o sociedad en la que se asienten”, dijo Navarro, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Mones Ruiz es un mayor retirado del Ejército argentino que se alzó contra la democracia de su país.

Según dos integrantes de la comisión investigadora de Diputados, Ignacio Villa Vargas, testigo clave “El Viejo”, afirmó que el “carapintada” argentino se reunió con Rózsa Flores a principios de abril en Santa Cruz y le ofreció 14 hombres para sumarse a su presunta banda de terroristas. El ex militar argentino admitió haber estado en el oriente nacional entre marzo y abril de este año, cuando “investigó” la matanza de Pando.

Navarro dijo que Mones contactó con Rózsa para constituir un grupo de personas, “organizados por Unoamerica vinculado a la derecha, a la cabeza de un opositor al gobierno de venezolano, que tiene una ideología de derecha y ese su pensamiento político sería la relación con Rózsa”.
(Fuentes: ANSA-Latina, MadridDigital, BBC-Mundo,Reuters,BolPress, ABI-Agencia Boliviana de Información y Red Erbol)

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