Saharauis, los ojos del desierto

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7.5.09

Brasil:Indígenas

AUMENTAN LOS SUICIDIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DE LA TIERRA. EN 2008 FUERON ASESINADOS 60 INDÍGENAS. LOS NATIVOS DENUNCIAN SU DEFICIENTE ASISTENCIA SANITARIA

En el centro-occidental estado brasileño de Mato Grosso do Sul, cada 10 días se suicida un joven indígena. En principio atribuida a la falta de tierras y de oportunidades, esta tragedia es de tal dimensión que ya ha llamado la atención de especialistas locales y del exterior.

El último joven que se ahorcó -el método más utilizado- tenía 20 años y era empleado de un ingenio de caña de azúcar, una fuente de trabajo externa y culturalmente extraña, pero habitual para muchos de los jóvenes de la etnia guaraní kaiowá ante la falta de otras opciones tradicionales de supervivencia.

Después del noroccidental estado de Amazonas, Mato Grosso do Sul concentra la mayor cantidad de indígenas de Brasil. Se calcula que son unos 70.000 en todo el territorio, la mayoría de la etnia guaraní kaiowá.

"Si no se toman medidas inmediatas tendrá lugar un nuevo genocidio indígena en pleno siglo XXI", advierte un informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI), vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos católicos.

El informe anual titulado "Violencia contra los pueblos indígenas, señala que en Mato Grosso do Sul ya se suicidaron seis indígenas desde que comenzó el año. Esto suma 40 muertes por esa causa desde enero del 2008.

El estudio destaca que el 100 por ciento de los suicidios y 70 por ciento de los asesinatos de indígenas, 60 en todo el país, tienen lugar en ese mismo estado.

La mayoría de los asesinatos son cometidos entre los propios indios guaraní kaiowà, en el contexto de peleas, muchas veces familiares.

"Sumado al crecimiento del número de suicidios, se percibe un cuadro de autodestrucción de ese pueblo, provocado por la precaria y violenta realidad que enfrenta", concluye el informe, coordinado por la antropóloga Lucía Rangel.

Saulo Feitosa, secretario adjunto del CIMI,considera que todas las formas de violencia que tienen lugar en Brasil y particularmente en Mato Grosso do Sul están vinculados directamente al problema de la tenencia de la tierra. Una situación que tiene que ver "con el mantenimiento de las disputas de tierras entre indígenas e invasores, y con el mantenimiento de una gran cantidad de aborígenes en pequeñas parcelas.

La edad promedio de suicidios es entre 13 y 17 años. "Muchos adolescentes se matan por la falta de alternativas", añade Feitosa, para quien se trata de un "trauma" vinculado a una edad en que precisamente se está construyendo la identidad.
En ese sentido, el director del CIMI entiende que los jóvenes guaraníes muestran un conflicto agravado, "porque la identidad de esa etnia es profundamente religiosa" y "el hecho de no tener su propio espacio donde rezar, su bosque con sus alimentos para sobrevivir, su tierra para reproducir su identidad cultural, fragiliza aun más la identidad individual de esos jóvenes".

El problema de la tierra


La aldea donde los suicidios son más frecuente es Bororó, en el municipio de Dourados, donde viven hacinados 13.000 nativos en un área aproximada de 3.500 hectáreas.

Allí ante la falta de tierra y esperando la promesa de demarcación, los indígenas viven en casas precarias, muchas de ellas apenas de lona, una al lado de la otra, mientras que los poblados originales de esa etnia están constituídas habitualmente con casas espaciadas.

"Se les obliga a convivir amontonados, los hombres salen a trabajar a los cañaverales en condiciones de trabajo muchas veces de esclavitud, las mujeres se quedan con sus hijos, y en esa situación crece el alcoholismo y la violencia, que lleva a esos alarmantes números de suicidio y asesinatos", dice Feitosa, y destaca que la situación se agrava porque deben convivir grupos étnicos distintos.
El dirigente del CIMI precisa que Mato Grosso do Sul es un estado en el que la demarcación de tierras aun no ha sido resuelta, debido a la "presión muy fuerte del agronegocio", en referencia a las empresas agroexporadoras que producen soja y caña de azúcar, en su mayor parte para biocombustibles, al igual que crían ganado.
La aldea de Bororó fue cercada por este tipo de establecimientos rurales en los últimos 25 años. "Los hacendados compraron tierras, compraron ganado, soja e hicieron monocultivos en nuestras tierras", dice Amilton Lopes, lider indígena.
"Ya no tenemos más lugar donde vivir, donde buscar remedios nativos, donde buscar alimentos para sostener a nuestros hijos, ya no hay más casas para nosotros" Para Lópes, la violencia se explica por estas carencias.
Pero Lópes tiene otras explicaciones sobre el suicidio de indígenas, además de la falta de tierras y de oportunidades: la desintegración familiar y el alcoholismo. "Los jóvenes me dicen que prefieren morir si no tienen cómo vivir y comer, y entonces, para mantener a sus familias, se van a trabajar a las destilerías (ingenios). Pero las mujeres se quedan sólas con sus hijos y ahí se amigan con otro hombre que las mantenga y le dé de comer a sus hijos. Y cuando vuelve el marido la encuentra con otro. Esto aumenta la violencia".
La demanda central de los indígenas, especialmente de los guaraní-kaiowá es la recuperación de sus tierras. "Lo que vivimos en nuestra comunidad es lo que sucede cuando a un pueblo se le quita el espacio, se le quita la tierra, se le quita el bosque y los ríos", explica Anastacio Peralta, otro líder de los guaraní-kaiowá.
Se queja de que desde comienzos del siglo pasado, su grupo ha sido confinado a espacios cada vez más reducidos por la expansión de la agricultura y la ganadería en el estado de Mato Grosso do Sul, a expensas de los derechos de los indígenas. "En este país vale más una cabeza de ganado que un niño, la caña vale más que el bosque", se lamenta.
La antropóloga Lucía Rangel dice que "el confinamiento de los indígenas se ha intensificado por causa del avance de los latifundios agrícolas, sobre todo las plantaciones de soja y caña de azúcar, hay una resistencia muy grande de los no indígenas a la regularización de tierras guaraní-kaiowá".
El informe del CIMI dice que la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano estatal de defensa de los indígenas, envió un grupo de trabajo para definir las tierras de los guaraní-kaiowá, pero suspendió sus trabajos por presión de los agricultores y políticos de Mato Grosso do Sul.

60 asesinatos de indígenas en 2008


El informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), "Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil - 2008", asegura que el año pasado en Brasil fueron asesinados 60 indígenas. Aunque es aún muy elevado, el número de casos es menor que el del año 2007, cuando hubo 92 asesinatos.

También en este caso, el secretario adjunto del CIMI, Saulo Feitosa, considera que esta violencia está directamente relacionada con la cuestión de la tierra. Y explica que, además de los asesinatos, los indígenas sufren también delitos contra el patrimonio, como los conflictos territoriales y los daños ambientales.

Mato Grosso do Sul fue el estado con mayor índice de muertes violentas de indios, con 100% de suicidios y 70% de asesinatos. "Los elevados números predominan en la región de Mato Grosso do Sul porque es el estado donde hay demanda de tierras", explica el secretario. Para Feitosa, la región está marcada por el fuerte agronegocio, que hace que los indígenas vivencien una realidad de "confinamiento".

Después de Mato Grosso do Sul, el pueblo que más enfrentó acciones violentas fue el Guajajara, en Maranhão. Según el informe, se registraron tres asesinatos, siete intentos de asesinato, seis amenazas de muerte y una golpiza. A diferencia de los Guaraní Kaiowá, la mayoría de los actos violentos en la comunidad fueron cometidos por no-indígenas que viven en regiones cercanas a las tierras de los Guajajara.

La violencia contra los pueblos indígenas, sin embargo, no puede ser medida solamente por el número de muertes. La población indígena de Brasil todavía es víctima de prejuicios, de procesos de criminalización y de la omisión del Estado. De acuerdo con la publicación, el año pasado, el accionar del Estado estimuló el proceso de criminalización de los pueblos y de las luchas indígenas.

El informe del CIMI advierte además que muchas muertes ocurren por falta de asistencia del Estado. En 2008, se registraron 30 casos de ausencia de obras de saneamiento básico o de agua potable, principalmente en Minas Gerais y Santa Catarina.

Además, 68 indígenas murieron a consecuencia de la falta de asistencia de salud. Entre las principales fallas señaladas por los indígenas, se destacan: la falta de médicos en las aldeas y puestos de salud; la ausencia de medicamentos y transporte para médicos y pacientes; la falta de personal calificado; y la ausencia de instalaciones adecuadas en los centros de atención.


Ocupación de un edificio público para reclamar atención sanitaria


Representantes de 37 aldeas aborígenes del estado de Sao Paulo ocupan desde el lunes la sede de la Fundación Nacional de la Salud (Funasa) en protesta por las deficiencias de atención sanitaria y por reivindicaciones económicas.
Los indígenas denuncian que ese organismo del Ministerio de Salud no cumple con las garantías sanitarias básicas para las comunidades de la región. Se trata de 37 comunidades que suman cerca de cinco mil habitantes en condiciones de riesgo por la ausencia de un sistema de salud apropiado. Los representantes indígenas explican que niños y niñas de las comunidades "están desnutridos, muriendo por montones", y exigen saneamiento básico, puestos de salud y medicamentos.
Por ese motivo, decidieron ocupar el edificio donde tomaron como rehenes a 37 empleados y exigien la dimisión del coordinador regional de la Funasa, Raze Rezeky . Este miércoles Rezek accedió a presentar su renuncia, pero los indígenas permanecieron en el edificio hasta que esta fuese efectiva, aunque ya habían liberado a los rehenes.
Los manifestantes ocuparon varias salas del edificio, pero permitieron trabajar con normalidad a los funcionarios, a los que no les bloquearon las entradas o las salidas.

Desde Brasilia, el director de la Funasa, Danilo Forte, denunció la ocupación a la Policía para que proceda al desalojo del edificio, en el centro de Sao Paulo. La Funasa es el organismo encargado de la atención médica a las poblaciones indígenas desde 1999, aunque va a ser sustituido por otra entidad dependiente del Ministerio de la Salud en el segundo semestre de este año.

(Fuentes: IPS, AP-chron.com, Adital, Agencia PÚLSAR y EFE)

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