Colombia:Bases EE.UU-DD.HH-Reelección

TRISTE Y DESOLADOR PANORAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA MISMA SEMANA QUE SE CONSUMA EL CAMINO HACIA LA REELECCIÓN DE URIBE Y EL 'ACUERDO' PARA EL USO DE SIETE BASES POR LOS EE.UU

En la misma semana que el Senado abre la penúltima cancela para que Álvaro Uribe marche hacia la segunda reelección, una vez firmado y sentenciado el "acuerdo" entre los gobiernos de Bogotá y Washington, o viceversa, para que tropas de los Estados Unidos de Norteamérica, pese al desasosiego y las protestas de todos los países vecinos menos uno, utilicen siete bases en suelo colombiano, basta echar un vistazo al resumen del boletín virtual de la organización independiente dhcolombia, para hacerse una idea de lo que es el día a día para miles, millones de colombianos.


S.O.S. POR EL DERECHO A LA VIDA DE NUESTROS JOVENES
Por: Diócesis de Chocó

La Diócesis de Quibdó, preocupada por la ola de muerte entre los jóvenes de la ciudad, especialmente de los barrios más empobrecidos, pone en alerta a la comunidad Quibdoseña y a las instituciones del gobierno locales, departamentales y nacionales.
No es ajeno para la comunidad Quibdoseña, la mal llamada limpieza social que se viene realizando en la ciudad desde hace varios años ante el silencio y la mirada cómplice de muchos de nosotros y nosotras. (...) Leer >>

http://www.dhcolombia.info/spip.php?article804

ASESINADO TRABAJADOR DE NESTLE- COMESTIBLES LA ROSA
Por: SINALTRAINAL

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009, siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé-Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, fuetrasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article803


SE INICIA JUICIO POR LA MASACRE DE 8 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Medellín, agosto 24 2009. Hoy lunes 24 de agosto 2009, a las 2:00 p.m., se inicia el Juicio en la ciudad de Medellín, ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (AntioquiaColombia) ocurrida el 21 de febrero 2005.

Los militares llamados a juicio son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ
FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article802



CIDH EXPRESA PREOCUPACION ANTE OPERACIONES DE INTELIGENCIA SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION INTERAMERICANA EN COLOMBIA
Por: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Según la información recibida por la CIDH, un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica ("G3") del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán. Según el expediente del DAS, el objetivo fue "determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado". Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article800

Atentado contra líder del movimiento indígena Nietos de Quintin Lame
Por: Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes

En el Resguardo Indígena de Huellas, vereda Bodega Alta, cerca de las 9:45 de la noche, en momentos en que el ciudadano indígena ALBERTO GUETIA, retornaba a su hogar, a escasos metros de su casa de habitación, dos individuos que se ocultaban tras la vegetación del lugar aprovechando la soledad de un paraje y la oscuridad de la noche, dispararon sus armas de
fuego en contra de la humanidad de ALBERTO GUETIA. Ante esta situación ALBERTO reacciono tendiéndose al piso y un proyectil de arma de fuego le impacto sobre la pierna derecha. Los pobladores del lugar atemorizados guardaron silencio y pasados unos minutos salieron y encontraron a ALBERTO tendido en el piso, ante esta situación comenzaron a gritar que habían
matado a ALBERTO. ALBERTO herido permaneció tendido durante aproximadamente 10 minutos tiempo en el cual los agresores, se retiraron del lugar. Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article799

CRISIS HUMANITARIA, ECONOMICA Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
Por: Nomadesc y otros

Las organizaciones de derechos humanos del suroccideten denuncian: El día 1 de agosto, en la cabecera Corregimental de Sidón, Municipio de Cumbitara, el grupo paramilitar los Rastrojos y los autodenominados Águilas Negras, se enfrentaron dejando un saldo de 42 muertos entre miembros de estos grupos y población civil. Estos hechos fueron denunciados por el Diario del Sur en el cual textualmente informan:

"Cuarenta y dos muertos dejan hasta el momento los cruentos combates entre bandas al servicio del narcotráfico que se disputan el dominio territorial de Policarpa y Cumbitara, zona nororiente del departamento donde inicia el piedemonte costero de Nariño. Los combates, según el asesor departamental de Paz, Xabier Hernández, se registran desde el pasado 11 de julio en 20 veredas de la zona, entre miembros de las Águilas Negras, Nueva Generación y los Rastrojos." A estos hechos se suma el control territorial permanente que ejercen estos actores armados que vienen generando terror y zozobra en el territorio, desde hace más de una década y quienes son responsables de los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento, cobro de impuestos que agudiza la crisis económica y social en la que sobreviven las comunidades.(...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article798

Panfletos: El papel que mata
Por: Alejandro Angulo, S.J.

El papel que mata. Los tigres de papel pueden morder. Y los asesinos de papel pueden asaltar y ultimar. Una modalidad nueva de la violencia colombiana es el panfleto amenazante que ya, en repetidas ocasiones, ha precedido al homicidio, a la desaparición, o a la paliza. En los años
cincuenta, los ‘bandoleros' dejaban el papel sobre los cadáveres, decían que para escarmiento. Hoy, los ‘paracos' lo reparten con anticipación destinada a provocar y administrar el terror. (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article796

La carta y los argumentos para suspender las negociaciones sobre las bases militares en Colombia, que la señora Clinton no quiso atender.

Más de 100 colectivos y líderes religiosos, civiles y académicos de EEUU hicieron un llamamiento formal a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para que “suspenda las negociaciones para expandir el acceso de EEUU a bases u operaciones militares en Colombia”, en carta remitida el 12 de agosto. este es el texto:

Secretaria Hillary Rodham Clinton
Departamento de Estado
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

Escribimos esta carta remitida a su atención con una urgente preocupación por las negociaciones que recientemente han salido a la luz en torno al posible acceso por parte del aparato militar de EEUU a siete bases militares en Colombia y su impacto sobre las relaciones entre los países de la Región Andina –que sufren un rápido deterioro-- y entre aquellos y EE UU. Al mismo tiempo, deseamos trasladarle nuestra inquietud por el efecto que esta decisión tendrá sobre las propuestas de acuerdo en las políticas contra el narcotráfico y en la promoción de los derechos humanos, dos cuestiones que consideramos prioritarias.

Quisiéramos hacer hincapié en las palabras que el presidente Obama pronunció ante los líderes americanos del Hemisferio en abril: “Si nuestra única interacción con la mayoría de estos países es la intercepción del tráfico de drogas –si nuestra única interacción es militar– entonces no podemos desarrollar las relaciones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y suponer un efecto beneficioso”. Sin embargo, establecer bases militares en el área con amplios y
ambiguos mandatos es una inversión basada en dar respuestas militares para todo, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales.

Un acuerdo negociado de forma apresurada para lograr bases militares en Colombia supone enormes peligros para todo el Hemisferio. Los líderes de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han respondido de forma crítica y públicamente contra las instalaciones propuestas, incluso sugiriendo medidas que abarcan desde la suspensión de las relaciones diplomáticas hasta un bloqueo comercial.

Las consecuencias potenciales de la creciente tensión en la región son amplias y profundas. En un contexto marcado por el golpe de Estado en Honduras, la sensación de inestabilidad en Latinoamérica es muy acusada. Además, Venezuela es el segundo socio comercial más importante de Colombia, país con el que intercambia alrededor de 7 mil millones anuales en transacciones comerciales. Una suspensión temporal del comercio bilateral generaría un impacto muy grave para una gran parte de la población. Y en el caso de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraran en un futuro, la presencia del ejército norteamericano sería susceptible de ser utilizada por Colombia como una cobertura para actos que supondrían una escalada del conflicto, sabiendo que EE UU intervendría para proteger sus intereses en la zona.

En el contexto actual, resulta racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad. La base de esta percepción se sustenta en los siguientes hechos:

. El ataque ilegal del ejército Colombiano fuera de sus fronteras a un campo de las FARC en territorio de Ecuador en marzo de 2008, lo cual precipitó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, las cuales todavía no han sido restauradas. En aquel momento, el presidente Obama manifestó que respaldaba dicho ataque.

. El gobierno colombiano ha acusado a oficiales de alta jerarquía de Venezuela y Ecuador de prestar apoyo a las FARC basándose en unas evidencias que han sido cuestionadas por dichos gobiernos, circunstancia que ha dado una dimensión internacional a la lucha antiterrorista de las fuerzas armadas en Colombia.

. A pesar de que el acuerdo de Manta se refería exclusivamente al monitoreo aéreo en la interceptación y lucha contra el tráfico de drogas, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Manta operaciones de arresto de indocumentados ecuatorianos en botes localizados dentro de aguas ecuatorianas. Aunque el acuerdo propuesto con Colombia presumiblemente prohibiría operaciones al otro lado de las fronteras sin el permiso del tercer país, las violaciones de los términos del acuerdo de Manta generan legítimas dudas en los líderes de los países vecinos.

. El Departamento de Defensa expone que persigue “una serie de acuerdos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en América Central y Sudamérica”. USSOUTHCOM persigue el establecimiento de una base con “movilidad aérea en el continente de Sudamérica” desde el año 2005, según la Comandancia de Movilidad Aérea.

. Establecer y expandir la presencia militar de EEUU en Colombia evoca la larga y dolorosa historia de las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica y El Caribe.

. También manifestamos nuestro temor de que este acuerdo sobre las bases militares represente una puerta trasera para proseguir con el respaldo militar al ejército de Colombia, a pesar de que el pasado año se documentó que el ejército asesinó a más de 1.000 civiles, alegando que se trataba de guerrilleros muertos en combate, con el propósito de incrementar sus estadísticas. Fuentes del Ministerio de Defensa colombiano han desvelado que Colombia está intentado obtener un aumento en la ayuda militar de EEUU como parte de la negociación sobre
las bases militares. La propia base de Palanquero, la cual alberga una unidad del ejército del aire colombiano, fue proscrita a la hora de recibir ayuda norteamericana durante 5 años debido al papel que jugó en el ataque que mató a 17 civiles, incluidos 6 niños, en 1998.

Resulta necesaria una revisión de la política de Colombia encaminada a afrontar las serias violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Estado, prácticas que incluyen: los asesinatos de civiles cometidos por el Ejército Colombiano desde 2002, los cuales fueron calificados de “extendidos y sistemáticos” por el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU y cuyo grado de impunidad se sitúa en un 98%; la persistencia y el incremento de los desplazamientos forzosos masivos de población rural de sus tierras, con más de 380.000 personas obligadas a abandonar sus casas en el último año; vigilancia ilegal, acusaciones infundadas y operaciones encubiertas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y líderes de los partidos de la oposición a manos de la agencia de seguridad presidencial y, en algunos casos, a manos de unidades de inteligencia militar.

A la luz de estas consideraciones, la Administración debería reconsiderar su intención de centrar sus estrategias en la región exclusivamente en la alianza con el ejército colombiano. Para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano.

Cabe destacar también que la Administración todavía no ha iniciado una revisión de la política contra el narcotráfico en la Región Andina que sea capaz de evaluar el fracaso de las políticas que se centran en intentar bloquear la oferta y el suministro de droga. De hecho, estas políticas no están logrando el más mínimo impacto cuantificable a largo plazo en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína en EEUU. En cualquier caso, la naturaleza internacional del tráfico de
drogas requiere un acercamiento regional que construya un consenso de las naciones implicadas.

La Administración debería utilizar la cercanía de la base de Manta como una oportunidad para derivar recursos hacia programas de tratamiento y prevención de la drogadicción que actualmente trabajan en reducir la demanda de narcóticos ilegales.

Por todos los motivos expuestos, le urgimos a que adopte las siguientes medidas:

-Suspensión de las negociaciones para expandir el acceso del ejército de EEUU a bases u operaciones en Colombia, así como el inicio de un diálogo con los líderes Sudaméricanos para abordar los problemas de seguridad comunes en la región, incluidos aquellos relacionados con el tráfico de narcóticos.

-Iniciar una revisión de la política de EE UU en lo relativo a Colombia al objeto de que su principal objetivo sea la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y la promoción del respeto por los derechos humanos.

-Instar de forma urgente al presidente Obama a que requiera al director de la ONDCP, Gil Kerlikowske, para que lleve a cabo una revisión de la política estadounidense contra el narcotráfico que se traduzca medidas concretas de financiación prioritaria para hacer visible el problema del tráfico de droga como una cuestión de “crisis de salud pública” y no como una “guerra contra el narcotráfico”.

Quedamos a la espera de su respuesta a estas preocupaciones y requerimientos.
Atentamente,

(Fuentes: dhcolombia.info, Codhes-Colombia y Agencia Prensa Rural-Colombia)

Perú: Fujimori

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PRETENDE QUE LA AMNISTÍA PARA MILITARES IMPLICADOS EN MASACRES PERDONE TAMBIÉN A FUJIMORI

El Congreso peruano estudia la iniciativa impulsada por la Comisión de Defensa para otorgar amnistía a militares y policías que violaron los Derechos Humanos. Uno de los beneficiados sería Alberto Fujimori. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, el Director Ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, sostiene que el proyecto de Ley pretende minimizar la sentencia al dictador Fujimori.

Pero no sería el único, ya que la iniciativa busca la amnistía para todo el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y la Policía, procesados por violaciones a los derechos Humanos.

Según explica Miguel Jugo, "El principal favorecido sería Alberto Fujimori, pues si se releva de responsabilidad a los autores materiales, el autor intelectual, obviamente tendría una pena menor".
Agrega que es una manera de "presionar a los jueces y a los magistrados" y asegura que constituye una grave responsabilidad del oficial Partido Aprista Peruano (PAP), en sus "enjuagues y contubernios" con el fujimorismo.

Miguel Jugo añade que este tipo de proyectos son inviables legalmente porque contravienen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado. Dice que las amnistías sólo son factibles si éstas consolidan la inviolabilidad de los derechos humanos. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las amnistías deben ser para perfeccionar la justicia no para escamotearla”. De darse una amnistía a los procesados por crímenes de lesa humanidad, éstos serían perjudicados porque si salen libres por una ley, sin habérsele comprobado debidamente su inocencia, quedarían estigmatizados socialmente como culpables, según el Director de APRODEH.

AUDIO DECLARACIONES: Miguel Jugo, APRODEH (amnistía)

Fujimori, está siendo juzgado por la autoría intelectual de crímenes como los de Barrios Altos y la Cantuta. .
Un proyecto que consagraría la impunidad

La propuesta del gobierno y del APRA para amnistiar a unos 600 militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante veinte años de conflicto interno, ha credao ya la consabida preocupación entre los grupos de defensa de los derechos humanos, que la consideran inaceptable, porque consagraría la impunidad.

El congresista oficialista Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, fue el encargado de anunciar que presentará al Congreso en los próximos días un proyecto con el fin de favorecer al personal subalterno de las Fuerzas Armadas y policiales que, por haber obedecido órdenes superiores, tienen juicios abiertos.

"Es un proyecto multipartidario; estamos trabajando la iniciativa con mucho cuidado porque no queremos que sea argumento de algunos sectores de izquierda para que digan que se busca el olvido y la impunidad", dijo Núñez, al diario Perú21.

El anuncio generó de inmediato la reacción de los grupos defensores de los derechos humanos.
"Es inaceptable cualquier posibilidad de amnistía o indulto a militares que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad porque se puede consagrar la impunidad y la tolerancia frente a los abusos", dice Ronald Gamarra, director de la Coodinadora Nacional de DDHH.
Argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tajante en afirmar que estos delitos no son indultables ni amnistiables.

El primer ministro, en contra; Alan, a favor

Interrogado el primer ministro Yehude Simon, más a la izquierda que el APRA dice que no cree que el Estado peruano pueda indultar o amnistiar casos de violaciones de derechos humanos.
"Lo importante es no manchar instituciones, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante en la defensa del país y a ellas les debemos gratitud", asevera.
"Pero en nombre de esa gratitud debemos evitar que cualquiera de sus elementos pueda violar los derechos humanos; si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional", añadió.
Simon, de 61 años, pasó ocho años en la cárcel condenado sin pruebas por vínculos con la guerrilla guevarista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) hasta que fue indultado en 2000. Un tribunal militar lo había condenado a 20 años de cárcel en 1992.

El proyecto de amnistía se presenta después de que Alan García dijera a comienzos de mes que hay una persecución contra las Fuerzas Armadas. "¿Qué esperan para poner fin a la persecución contra las FFAA? Ya está bueno que a quienes han ayudado a la patria a triunfar sobre el terror se les continúe persiguiendo año tras año", dijo en un acto público.

En 1994 una ley del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, dictó una controvertida ley de amnistía que benefició a los integrantes de un escuadrón de la muerte integrado por militares del Ejército, denominado Grupo Colina.
Esa ley fue rechazada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a la que Perú está sometida- que anuló las amnistías y ordenó se realicen nuevos juicios, que actualmente están en marcha.
La guerra interna que afrontó Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA, entre 1980 y 2000, dejó un saldo de 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Crece el rechazo a la propuesta de amnistía

La propuesta de impulsar una amnistía para militares y policías procesados por casos de derechos humanos encontró una fría respuesta. Para el Defensor del Pueblo adjunto, Eduardo Vega, "no hay razones jurídicas ni éticas que fundamenten en este momento una amnistía". Al rechazo que se sumó el presidente interino del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto, para quien, de acuerdo con la doctrina jurídica internacional, no es lícito dictar una amnistía cuando se trata de ese tipo de delitos. El proyecto ha sido rechazado además por el ex jefe del Ejército José Graham, quien dice que lo pertinente es garantizar juicios justos a los militares acusados de violaciones de derechos humanos y que los responsables paguen sus culpas.
En la prensa, además, surgieron especulaciones respecto a que el congresista proponente, Edgar Núñez, vinculado a la universidad Alas Peruanas, de propiedad de militares, podría tener interés en salvar a procesados específicos. Núñez dijo que su iniciativa obedece a que miembros de las Fuerzas Armadas le expresaron temor a participar en combates contra los grupos ultraizquierdistas armados por posibles juicios futuros, y citó como ejemplo lo ocurrido con los 142 militares que participaron en el rescate de 72 secuestrados por el MRTA en 1997, de quienes afirmó que ahora son procesados. Al respecto, en el programa de televisión "Prensa Libre" se le recordó que no hay ningún militar enjuiciado por participar en combates y que en el caso del MRTA sólo hay tres procesados, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza y un coronel, a los que se atribuyen las muertes de al menos tres secuestradores a los que testigos vieron vivos tras la operación

Como un "engañamuchachos" califica el especialistas en temas militares, José Robles Montoya, la propuesta .“Esta propuesta en un engañamuchachos para con los militares y lo único que se busca es darle un mensaje de que se está preocupado por ellos, pero resulta siendo un ofrecimiento demagógico que no ayuda a los militares”, asegura a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR). Señala que los congresistas saben muy bien que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los delitos lesa humanidad no son ni indultables ni amnistiables; además, si eso ocurre, los familiares de las víctimas pueden ir a la Corte y reabrir nuevamente los procesos. En ese sentido, Robles Montoya recuerda que el comandante general del Ejército dijo que no buscan amnistías, sino justicia y que existen varios militares que son investigados en el Poder Judicial. Y añade que el argumento de que la propuesta de ley busca proteger a los oficiales que participaron en la operación "Chavín de Huantar"(por la que fueron eliminados varios de los guerrilleros del MRTA que ya se habían rendido en la residencia de la embajada del Japón) no es creíble porque tan sólo están denunciadas tres personas: el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; el ex asesor presidencial del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos; y el coronel Jesús Zamudio Aliaga, quien lideró el grupo encargado de las ejecuciones extrajudiciales Indicó que la iniciativa del congresistas oficialista apunta más a congraciarse con algunos militares que en todo caso están comprometidos en ese tipo de procesos y que tratan de esconderse detrás de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para salir librados.

ESCUCHAR DECLARACIONES a CNR:Real Win MP

Fujimori no podría ser amnistiado

El pasado 29 de septiembre José Peláez Bardales, fiscal en el caso los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta en el que el expresidente está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad y corrupción, dijo que ante una eventual condena, Alberto Fujimori no podría ser beneficiado con una ley de amnistía o con un indulto presidencial del actual o de otro régimen, pues estas figuras no se aplican en los casos de homicidio, desapariciones forzadas u otra forma de violación de los derechos humanos, según la justicia penal internacional a la cual el Perú está sujeto.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que viene juzgando a Fujimori por violaciones a los derechos humanos tiene previsto emitir su resolución, en primera instancia, antes de diciembre. Actualmente el proceso se encuentra en su etapa final.

El próximo año, el ex presidente afrontará otros dos juicios: por corrupción y por peculado. La Fiscalía pediría por estos casos entre ocho 12 años de prisión.

Por su parte, el fiscal Avelino Guillén, afirmó este martes que el ex mandatario Alberto Fujimori daba ordenes verbales concretas y directas a miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en actividad durante su Gobierno.
Guillén lanzó esta acusación en la etapa de pruebas documentarias en la cual se encuentra el juicio al ex jefe de Estado. Según el representante del Ministerio Público, Fujimori tenía la potestad de emitir órdenes operativas a militares en actividad para llevar a cabo la lucha natisubversiva . Para defender esta posición, Guillén afirmó que las sentencias en primera y segunda instancia contra Alberto Fujimori por el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, pues le ordenó al teniente Manuel Ulises Ubillus hacerse pasar por fiscal para lograr este objetivo.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, CNR-Perú, AFP, El Comercio-Lima, Prensa Latina, 24 Horas Libre-Perú)

Nicaragua: Caso Ernesto Cardenal

EL ACOSO JUDICIAL AL POETA Y EXMINISTRO SANDINISTA, A LA COMISIÓN INTERAMERICANA. SARAMAGO, GALEANO, GIOCONDA BELLI, MEJÍA GODOY, SKÁRMETA... SE UNEN EN SU APOYO

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunciará el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las intenciones de la justicia nicaragüense de restringir la libertad del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, a causa de una cuestionada condena por injurias.

El caso será elevado "porque al padre cardenal -de forma ilegal y arbitraria- se le quiere restringir su derecho a movilizarse", anuncióla presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
El poeta Cardenal, de 83 años, fue condenado el martes por un juez de Managua a pagar una multa de más de 1.000 dólares por el delito de injurias y calumnias. El poeta, sacerdote y exministro sandinista anunció que no acatará la sanción, declarándose en rebeldía, por considerar que el juez se excedió en sus funciones al sentenciarlo por un delito del cual ya había sido absuelto hace tres años. El juez reabrió el porceso por injurias y calumnias iniciado a instancias de un empresario alemán en 2005.
En respuesta, el juez resolvió declarar al octogenario poeta "reo valetudinario" (decrépito y enfermizo), lo que le permite dictar medidas cautelares en su contra. Como las leyes nicaragüenses prohíben encarcelar a personas mayores de 75 años, el juez podría imponerle un arresto domiciliario o limitaciones de movilización.

Ernesto Cardenal, nominado en 2007 al Nobel de Literatura, atribuyó la reactivación del juicio a supuestas represalias políticas del gobierno de Daniel Ortega por haberlo acusado de "ladrón" durante su visita a Paraguay, la segunda semana de agosto, para asistir a la toma de posesión presidencial del exobispo Fernando Lugo.
El autor de reconocidas obras literarias como 'Cántico Cósmico' y 'Epigramas' dedicó gran parte de su vida a trabajar y defender los ideales sandinistas durante la revolución y tras la llegada al poder del FSLN en 1979 y fue Ministro de Cultura en el primer gobierno de Ortega (1979-1989). El padre Cardenal adquirió relevancia mundial cuando en la visita de Juan Pablo II a Nicaragua, en febrero de 1983, se arrodilló ante el Papa en el aeropuerto de Managua, cuando éste le recriminó públicamente por ser miembro de un gobierno revolucionario, al que también pertenecían otros sacerdores, como su hermano Fernando Cardenal y Miguel D'Escotto.

Sus posiciones críticas hacia el liderazgo de Daniel Ortega dentro del Frente Sandinista lo llevaron a renunciar en 1990 al partido para formar parte de las filas de la disidencia sandinista, que actualmente está agrupada en el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS).

Tras las acusaciones a Ortega, se reabrió el caso

La querella había sido presentada hace tres años por el ciudadano alemán Inmanuel Zerger, con quien Cardenal mantuvo un litigio de propiedad en la isla de Solentiname (sur) donde el religioso fundó una comunidad de poetas campesinos hace muchos años.
Pero el caso se reabrió tras las duras declaraciones de Ernesto Cardenal en Asunción contra Daniel Ortega y el gobernante FSLN, lo que hace un día fue descalificado por la esposa del presidente nicaragüense Rosario Murillo.

Pero la respuesta más dura a Cardenal llegó en una carta divulgada por Nubia Arcia -campesina y pintora originaria de Solentiname-, madre de muchachos que murieron en las guerrillas inspirados por el sacerdote y poeta. "Mientras muchos que dicen ser verdaderos revolucionarios como Ernesto Cardenal, han vivido su vida disfrazados de corderos cuando han sido lobos peligrosos que se comen a los hijos de la revolución", dice la carta de Arcia. Arcia y otros vecinos de Solentiname, además de un empresario alemán ex amigo de Cardenal, acusaron en los tribunales de justicia al sacerdote por presuntamente haberle "robado" propiedades y utilizar influencias para reprimir a campesinos pobres.

Movimiento de solidaridad con Cardenal

El movimiento de apoyo a Cardenal se inició en Nicaragua, nada más conocerse la sentencia. En una carta pública distribuida el martes, el poeta calificó de “injusta e ilegal” la sentencia y anunció que no la acatará:“Si me quieren echar preso estoy listo para ir a la cárcel.

Las muestras de afecto llegan a Nicaragua de todas las partes del mundo y se ha puesto en marcha un movimiento internacional de escritores e intelectuales en el que participan autores de prestigio como el Nobel portugués José Saramago, Eduardo Galeano, Gioconda Belli, Antonio Skármeta, o los nicaragüenses Mejía Godoy y Sergio Ramírez.

José Saramago instó a Daniel Ortega a “que tenga la valentía de pedir perdón” al poeta. “Ernesto Cardenal, uno de los más extraordinarios hombres que el sol calienta, ha sido víctima de la mala conciencia de un Ortega indigno de su propio pasado, incapaz ahora de reconocer la grandeza de alguien a quien hasta un papa, en vano, intentó humillar. Si Ortega no tiene la valentía de pedir perdón a Cardenal, sabremos que sus méritos humanos y políticos han caído a cero”. Saramago afirma que en Nicaragua la justicia “se dejó corromper por los rencores y las envidias del poder”, y advirtió: “Una vez más una revolución ha sido traicionada desde dentro”, sentenció.

En su mensaje a Cardenal, Eduardo Galeano, uno de los autores más comprometidos de la izquierda latinoamericana, escribe: “Mi solidaridad para Ernesto Cardenal, gran poeta, espléndida persona, hermano mío del alma, contra esta infame condena de un juez infame al servicio de un infame gobierno. Estas infamias te elogian, Ernesto”.

La escritora cubana Celia Hart Santamaría, hija del ex ministro castrista de Cultura Armando Hart, unió su voz en apoyo al sacerdote nicaragüense. “¿Cómo puede un gobierno sandinista acusar a un sacerdote que fue la voz de los pobres en Nicaragua y emblema cultural de América Latina?”, se preguntó Celia Hart. “Siento vergüenza ajena de que algún dirigente sandinista quiera acusarlo de cualquier cosa”, añadió la escritora cubana.

El escritor chileno Antonio Skármeta advirtió a Ortega: “No se atreva a tocar a Cardenal”.

Poeta Ernesto Cardenal, con cariño, amistad y solidaridad

Por Luis Enrique Mejía Godoy

¡Somos un millón de hombrescon la cabeza a pájaros!

Pablo Antonio Cuadra (PAC)

Ayer, como todas las noches

las Cocorocas y los Pocoyos

con las Quiebraplatas,los Búhos, los Grillos

y demás animales nocturnos

bajo la luna menguante

en el caluroso mes de la patria

allá en la isla de Macarrón

en el bello Archipiélago de Solentiname

cielo encapotado y nada que llueve…

¿Supiste? -le dijo el Búho al Grillo

que afinaba su violín para el concierto de esa noche

Dicen que se llevarán preso al poeta Cardenal

¡Shhhht, callate! –le dijo la Cocoroca–

¡no ves que te pueden escuchar los sapos

que están en aquella rotonda de agua estancada!

Y la cocoroca nerviosa,¿Co co co co co co co cómo decís? repetímelo

¿que un cierto güis amenazó a Ernesto Cardenalcon mandarlo a la cárcel?

Les voy a dar una luz–interrrumpió la quiebraplata,

metiéndose en medio de la conversación.

Yo sé, por mis amigos los chocoyos

que vienen con frecuencia del lado de Rivas

que hay un grupo de Cuervos

¡que le quieren sacar los ojos al Poeta!

Al día siguiente, las Pijules, los Zenzontles

y toda la pajarería de Macarrón

se organizó para enviar mensajes a todo el mundo

pidiendo solidaridad para el Poeta

Imagínense, decía una bella Garza blanca, qué sería de nosotras

si el poeta no nos hubiera dado a conocer

en todo el mundo con sus esculturas

y sus poemas.

Lo mismo digo yo –agregó el Tucán–

que posaba para que un artesano copiara los colores de su plumaje

en un paisaje primitivista lleno de Ceibas, Madroños

y peces de colores.

Gracias al Poeta Cardenal, nosotros,

que somos proletarios,–dijeron los zanates al unísono–

fuimos incluidos en la Misa Campesina

junto al Chichiltote y al Saltapiñuelas.

El Alcaraván dio la hora y comentó:

Dicen que han empezado a llegar

manifestaciones de solidaridad

para el Poeta y Sacerdote

de pájaros de todo el mundo.

De Uruguay, México, España, Argentina, Chile,Colombia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos.

El Salvador, Perú…

¡Hasta una Palomita mensajera

dicen que trajo una carta bien linda de Cuba!

La verdad, concluyó el Zenzontle,

que conversaba con un Guardabarranco,

mientras el Pájaro Carpintero silbaba en su taller,

es que tenemos que unirnos todos los pájaros de Nicaragua y del mundo

para hacer un coro solidario de pájaros y poetas

porque si encarcelan al Padre Cardenal, encarcelan la Poesía

¡y ningún país del mundo puede ser libre

si encarcelan la palabra…!

Managua, Nicaragua, 28 de Agosto, 2008

(Fuentes: AFP, DPA-La Jornada, ANSA-Latina, La Vanguardia-Barcelona y Radio La Primerísima-Managua)

Colombia: Derechos Humanos

COMIENZAN LOS ASESINATOS DE LOS LÍDERES QUE PARTICIPARON EN LAS MARCHAS DEL 6 DE MARZO CONTRA LOS CRÍMENES DE ESTADO Y QUE FUERON SEÑALADAS POR EL GOBIERNO DE URIBE COMO 'CONVOCADAS POR LAS FARC'

Las organizaciones colombianas de derechos humanos denuncian y la ONU muestra su preocupación por los asesinatos de al menos cuatro dirigentes sindicales y otros 28 dirigentes campesinos, indígenas y desplazados de diferentes regiones del país, en su mayoría destacados promotores de la gran movilización del pasado 6 de marzo. Además son continuas las amenazas directas contra otros líderes sociales que participaron en las marchas masivas que se celebraron ese día en las principales ciudades de Colombia, contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Las organizaciones atribuyen estos hechos a los grupos paramilitares que fueron denunciados durante las marchas. Las denuncias fueron presentadas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las protestas, denuncia los asesinatos y señala que el pasado 12 de marzo le llegaron amenazas contra 28 defensores de los derechos humanos. Las amenazas están firmadas por un grupo denominado "Águilas Negras", que sustituye en varias regiones a las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Movice pide la destitución del asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, por afirmar públicamente que las marchas del 6 de marzo fueron convocadas por la guerrilla.

El gobierno Uribe señala y los 'paras' ultiman

Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas asegura que "el Gobierno sigue utilizando este estilo de señalar de guerrilleros a todas aquellas personas que de alguna manera discienten de las posturas oficiales y eso coloca, como hemos visto en esta semana, en grave riesgo a muchas personas y en este caso eso ha costado vidas ya".
"Hay líderes sindicales asesinados, víctimas de atentados, en una ola de violencia generada a partir de esas declaraciones", sostiene Cepeda.

Los líderes sindicales asesinados pertenecían a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y apoyaron en sus regiones de origen, las actividades para recordar a las víctimas de la violencia en el país suramericano.
July González, miembro de la directiva de la CUT, dice que "nosotros hemos tenido 10 víctimas este año. Como pueden observar, son dos meses y medio lo que va corrido de este año y el número es bastante alto, pero igual, permanentemente los líderes activistas, afiliados e incluso que no están dentro de las organizaciones sindicales, reciben amenazas, hostigamientos y algunos han sido asesinados".

También mujeres destacadas en la lucha social y comunitaria han sido amenazadas a través de panfletos intimidatorios que están firmados por los paramilitares de las "Águilas Negras".
Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de Mujeres indica que "el Gobierno niega que existan grupos paramilitares pero la realidad es tozuda. Si en la costa, en Antioquia, en Bogotá, tienen bloques; si en Santander, en Nariño, en el Putumayo, en el Meta y en el Tolima hay grupos de este tipo, no puede ser que sean grupos delincuenciales que están por ahí sin ninguna articulación".

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su "profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo".
Según un comunicado de prensa de este organismo de la ONU, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la "dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos ", y ha abogado "por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección".
El documento lamenta que "en las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales".
Finalmente, el comunicado solicita a las autoridades "garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base". Como también urge a la Fiscalía abrir una decidida investigación de los hechos.

ONGs piden la destitución de un consejero presidencial

Las organizaciones sociales y políticas colombianas ligadas a la marcha contra la violencia paramilitar y los crímenes de Estado del pasado 6 de marzo reclamaron la destitución de un consejero presidencial.
'Hemos acordado que las organizaciones que preparamos el 6 de marzo vamos a presentarle al presidente de la República un derecho de petición en el cual le solicitamos, respetuosamente, que renuncie el consejero presidencial José Obdulio Gaviria', informaba Iván Cepeda, portavoz de esos movimientos. Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organizador de las marchas, denunció las muertes de los sindicalistas Leónidas Gómez Rozo, Carlos Burbano, Antonio Pedrozo y Gildardo Gómez Alfate.

Según el líder del Movice, 'la responsabilidad de estos hechos tan graves recae, en primer lugar en la persona del consejero presidencial (Gaviria) al afirmar que la convocatoria (de la marcha del 6 de marzo) era de las FARC'. El gobierno 'no rectificó estas afirmaciones pese a la insistencia nuestra', y ante ello, presentamos a Uribe esa acción 'tendente a buscar la destitución del consejero presidencial', añadió Cepeda.

El paramilitarismo, en alza

Iván Cepeda denunció, asimismo, que el 12 de marzo recibieron por correo electrónico amenazas (a varias organizaciones) de un grupo que 'se hace llamar 'Águilas Negras, bloque metropolitano de Bogotá''.Las intimidaciones, precisó, 'traían una lista de 28 personas, en su mayoría mujeres, 17 en total, todas defensoras de derechos humanos, y en las amenazas se dice que ese grupo será 'implacable' con las personas que organizaron la marcha del 6 de marzo'.
Las amenazas no solamente fueron dirigidas a las organizaciones sociales y de derechos humanos, sino también a medios de comunicación como la revista Semana, señaló el líder de Movice.

Cepeda reveló que van a solicitar 'para esas personas amenazadas medidas de protección cautelar' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). l organismo interamericano. También, agregó, se solicitará ante la CIDH, la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora de las Naciones Unidas que exijan al Estado colombiano que adopte mecanismos para desmantelar grupos paramilitares.'Es muy difícil asegurar que no existen grupos paramilitares después de la lluvia de atentados, crímenes, amenazas y hostigamientos', subrayó Cepeda.

60.000 colombianos huidos a Ecuador en busca de protección internacional

Actualmente existen unos 60 mil colombianos con necesidad de protección internacional desplazados a las provincias del norte de Ecuador, de acuerdo con los primeros resultados de un estudio que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentó en febrero pasado al gobierno de Quito.

La información fue publicada en el portal web de Acnur y es atribuida al portavoz de la organización, Ron Redmond, durante la rueda de prensa del día 14 de marzo de 2008 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.

El comunicado destaca que la gran mayoría de estas familias emigró al vecino país, provenientes de la costa pacífica de Colombia, a consecuencia del conflicto armado interno, situación que ha ocasionado que teman por su integridad física y por sus vidas.

Igualmente, estiman que unos 10 mil de ellos han buscado asilo en la provincia de Esmeraldas, una de las regiones más pobres de Ecuador, y que limita con el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. A su vez, Acnur resalta que Nariño es la localidad con la peor tasa de desplazamiento forzado dentro del país durante 2007, ya que el Gobierno colombiano reportó que más de 22 mil personas huyeron de sus casas. Al estudiar las causas de este desplazamiento, Acnur atribuye el movimiento al alto índice de violencia, lucha armada, asesinatos selectivos y persecución de civiles; “de los peores en Colombia”.

No obstante, agrega que, a pesar de este desplazamiento forzado de personas, hay casos de familias que ni siquiera tienen la opción de huir, debido a que grupos armados irregulares siembran un elevado número de “minas anti personales” para mantenerlas incomunicadas del resto del mundo.

Conflictos interétnicos

La situación humanitaria y violatoria de los derechos humanos existente en Colombia se ve aún más agravada debido a los conflictos interétnicos e interraciales que afrontan las comunidades indígenas, que se ven obligadas a huir de su país por miedo a ser perseguidos. Tal como lo destaca Prensa Latina, esta discriminación data del año 2006, cuando comenzaron las represalias contra los campesinos e indígenas colombianos que protestaron por el incumplimiento de la entrega de tierras y la firma del Tratado Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ante estas manifestaciones, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud ocasionando lesiones y muertes innecesarias de ciudadanos que exigen se respeten sus derechos económicos y humanos.

Es importante reseñar que Acnur también condenó estas acciones violentas de la fuerza pública colombiana, y los exhortó a respetar los principios básicos de los derechos humanos y a restringir el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas.

Homicidios políticos

Otro momento grave tensión se vivió durante la campaña de elecciones regionales del año 2007, cuando alrededor de 30 candidatos perdieron la vida; asesinatos que se atribuyen fuerzas paramilitares en supuesto apoyo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El portal web Tribuna Popular publicó que el presidente Uribe quizo contrarrestar peso a estos hechos violentos ofreciendo recompensas millonarias a quien diera información sobre fraudes o actos violentos contra aspirantes, insistiendo en responsabilizar a la guerrilla de las acciones violentas ya que, según él, no hay paramilitarismo. Contrariamente, la Dirección de la Policía Judicial (DIJIN) aseguró que grupos paramilitares actuaban en por lo menos seis departamentos del país, intimidando a los candidatos para que al ser elegidos les adjudiquen contratos en sus respectivos territorios.

(Fuentes:Agencia PÚLSAR, TeleSur,Europa Press, Adital, EFE, Movice-Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y ABN-Agencia Bolivariana de Noticias)