Perú: Agitación social

REPRIMIDAS A BALAZOS LAS PROTESTAS CAMPESINAS CONTRA LA 'LEY DE LA SELVA', QUE PRETENDE PRIVATIZAR LAS TIERRAS COMUNALES DEL AMAZONAS

Los agricultores peruanos de la región amazónica cumplieron el lunes y el martes un paro en rechazo a la denominada "Ley de la Selva". El desalojo policial a un bloqueo en la localidad de Pichanaki (Junín) terminó con cinco agricultores heridos de bala. La medida de fuerza manifiesta el rechazo a la ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería" y la decisión de defender el patrimonio amazónico, el medio ambiente y las comunidades nativas.
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone autorizar la venta a perpetuidad de tierras amazónicas sin cubierta boscosa con capacidad de uso forestal.
La propuesta contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
La huelga fue ampliamente acatada por campesinos de distintas localidades de la amazonía peruana con manifestaciones y bloqueos de carreteras. El paro macroregional fue convocado por la denominada Primera Cumbre Amazónica, que reunió a representantes campesinos de las regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y Pasco.

Seis heridos en total

El director del hospital de apoyo de la ciudad de Pichanaki, Gabriel La Torre, informó a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que cinco de los heridos sufrieron lesiones de bala, pero que su situación es estable. Estos cinco heridos fueron identificados por RPP como agricultores, mientras que el sexto es un suboficial de la policía peruana que sufrió golpes en la cabeza.

Los campesinos se enfrentaron con la policía en un puente de Pichanaki, que había sido bloqueado por los manifestantes para hacer efectiva una huelga de 48 horas convocada por organizaciones de agricultores en rechazo a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería.

Durante los violentos enfrentamientos, un camión de la policía fue quemado por los manifestantes.

Los agricultores de Pichanaki se oponen a la denominada 'ley de la selva' que, en su opinión, busca poner en venta la selva amazónica. Luis Camacho Cristina, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo, una de las organizaciones que convocó al paro, advirtió, que si el Gobierno insiste en aprobar la norma, 15.000 ronderos (guardianes civiles) de la selva central defenderán con sus armas las tierras y los bosques forestales.'De ser necesario, los ronderos asháninkas que luchamos contra el terrorismo y derrotamos a Sendero Luminoso, nos levantaremos e iremos hasta Lima para exigir a (el presidente Alan) García la derogación de todas estas normas', remarcó.

El ministro del Interior, Luis Alva, declaró a los periodistas que ya se había restablecido el orden en la región y que todo 'está bajo control'.'Tengo entendido que hay algunos heridos, no de gravedad, que están siendo tratados', agregó Alva. El ministro dijo que Perú necesita que sus regiones 'presenten escenarios de paz y tranquilidad, que garanticen las inversiones y el libre tránsito de las personas para desarrollar sus actividades'.

Loreto también rechaza "Ley de la Selva"

La población del departamento de Loreto rechazó en forma abrumadora durante la consulta popular de febrero último el proyecto de la llamada "Ley de la Selva" que propone la venta de tierras forestales sin cobertura boscosa. El presidente del Frente de Defensa y Desarrollo del Alto Amazonas, Fernando Fernández, aseguró que el 99 por ciento de la población de Loreto rechazó el proyecto de ley de "Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", denominada "Ley de la Selva", en la consulta del 24 de febrero.
El proyecto de ley debe ser analizado por el Parlamento y contempla la venta a compradores nacionales o extranjeros mediante subasta pública de un máximo de 40 mil hectáreas por comprador, con el compromiso de inversión.
El presidente del Movimiento Ecológico "Alternativa Verde", Alex Gonzáles, expresó que el presidente de Perú, Alan García "ha cedido al tema del medio ambiente por el compromiso asumido con Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio (TLC)"

El Gobierno peruano, preocupado

El primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, garantizó al 'cien por cien' la seguridad durante las cumbres de América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que acogerá Lima este año, pese a las incesantes amenazas de protestas.

En una reunión con la prensa extranjera en Lima, Del Castillo minimizó el impacto del anuncio de los gremios agrarios, sindicatos y asociaciones civiles de proseguir con las movilizaciones y se limitó a tildar a estos grupos de 'ollantistas y comunistas despistados'.Con 'ollantistas despistados' se refirió a los seguidores del líder opositor Ollanta Humala, quién si bien perdió las elecciones presidenciales de 2006 sus partidarios se hicieron con varios gobiernos regionales en el sur andino, la zona más pobre de Perú.

Los últimos paros de febrero se saldaron con la muerte de cuatro campesinos y con la decisión del Gobierno de retirar a la turística ciudad de Cuzco como sede de una cita de ministros de APEC, prevista para abril, como consecuencia de los disturbios.

Del Castillo volvió a decir ayer que las muertes no fueron causadas por la policía, de acuerdo a un informe médico al que hizo referencia, y aclaró que la decisión de excluir a Cuzco de APEC fue una 'medida preventiva'.'Hubiera sido una irresponsabilidad que un ministro de Turismo hubiera sido herido, que hubieran tomado el aeropuerto; eso mata al Cuzco como destino turístico', comentó, al insistir en que la situación está bajo control porque esa 'minoría recalcitrante ha sido aislada', en referencia a los convocantes de aquella protesta.

Del Castillo tuvo duras palabras para los convocantes de los paros: 'La CGTP (Confederación General de los Trabajadores del Perú) es un organismo del Partido Comunista Peruano. Tienen una orientación política clarísima, están buscando a ver con quién se asocian para encontrarse en el camino del conflicto'.Pero insistió en que 'el Gobierno es absolutamente tolerante con las movilizaciones. Cualquier organización, de cualquier color, que quiera hacer una movilización alterna a las cumbres, tiene el derecho a hacerlo, tiene que comunicarlo, conforme a la ley'.

Criticó también la huelga convocada por el Frente Patriótico de Loreto, en la Amazonía, había contra la 'Ley de la Selva' y minimizó también la huelga que la CGTP podría convocar para una fecha aún desconocida. Esta última protesta se uniría a otras que se han venido desarrollando en Perú contra otra ley que permite la inversión privada en zonas adyacentes a yacimientos arqueológicos e históricos, así como a las protagonizadas por los agricultores, maestros e indígenas.

La Ley de la selva para vender la Amazonía
Por Luis Vittor, Rebelión

La expresión “ley de la selva” hace referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el país. El Ejecutivo ha propuesto al parlamento un proyecto de ley para promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las tierras de la amazonía. Diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa al que han denominado la “ley de la selva”, suponemos por la intención del gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva. Hace un trimestre atrás, el presidente Alan García lanzó su propuesta de poner en valor todos los recursos naturales que no utilizamos para superar, lo que él llama, la filosofía del “perro del hortelano”. García planteó que debía ponerse en valor la amazonía que tiene 63 millones de hectáreas en las que podría hacerse forestación maderera sobre 8 millones de hectáreas, para lo cual proponía la necesidad de su privatización que asegure la inversión y genere empleo. Aunque existe una ley de promoción de la inversión privada en la reforestación y agroforestería por el cual se puede entregar en concesión las tierras de la amazonía, García insiste en la propuesta de otorgar en propiedad las tierras. Cuando García difundió sus ideas, un proyecto de ley que proponía sustituir el “régimen de concesión” vigente por el de “venta”, presentado a finales del 2006, se encontraba en agenda del Congreso de la República. La legislación vigente (Ley 28852) establece que “el Estado podrá adjudicar en concesión mediante subasta pública, tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas de su dominio” por un plazo de 60 años, con compromiso de inversión y que no excedan las diez mil hectáreas.

La propuesta del Ejecutivo plantea sustituir la concesión por el régimen de venta, adjudicación en propiedad y perpetuidad, con compromiso de inversión y mediante subasta pública, las tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas con capacidad de uso forestal de dominio del Estado. Además, propone ampliar hasta 40 mil hectáreas la extensión a adjudicarse. La iniciativa tiene dos dictámenes contradictorios, a favor del régimen de venta se ha pronunciado la Comisión Agraria, controlada por el oficialismo al momento de su debate (abril, 2007), y a favor de la vigencia del régimen de concesión lo ha hecho la Comisión de Economía (octubre, 2007). La Comisión Permanente del Congreso de la República no logró un consenso para su aprobación el pasado 23 de enero y ha propuesto reiniciar su debate el próximo miércoles 30.

El dictamen de la Comisión de Economía, a diferencia de la Agraria, recoge diversos puntos de vista en la que sustenta su posición de mantener vigente el régimen de concesión. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto, le expresó a la comisión que “al otorgarse derechos de propiedad se plantea un incentivo perverso que pondría en riesgo la situación del bosque natural y promovería su deforestación”; mientras que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) le manifestó que “el incentivo de otorgar propiedad puede ser contrario al deseado, existiendo el riesgo de que el Estado promueva la deforestación de los bosques primarios del país” y en el mismo sentido lo haría la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) al señalar que “otorgar la propiedad de los recursos forestales puede generar incentivos negativos que originen el aumento en la deforestación del bosque natural, que afecten la diversidad biológica”.

El dictamen añade que el proyecto de ley podría causar impactos ambientales negativos como la “introducción de especies exóticas de plantaciones homogéneas en el bosque amazónico”, que se caracteriza por su diversidad, y que podría generar problemas sociales por la inversión en grandes extensiones de tierras que afectarían a comunidades y desplazar personas, o que un solo grupo podría acaparar las tierras subastadas.

La Comisión de Economía considera que, también, podría generar incentivos perversos, pues se estaría otorgando un premio a quien deforeste para lograr nuevos cultivos forestales y concluye su análisis señalando que la alternativa de venta no resulta conveniente para garantizar el desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales.

El proyecto ha generado un debate en torno a los recursos naturales y sectores políticos del parlamento la consideran inconstitucional, ya que según la Constitución Política (Art. 66) los recursos naturales son patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y sólo pueden ser otorgados en concesión a particulares.

Además, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Art. 3) considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, e identifica como tal el suelo y las tierras que por su capacidad de uso mayor pueden mantener actividades forestales.

Según datos oficinales del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se estima en 9.7 millones de hectáreas las tierras por reforestar que podrían ser otorgadas en venta de aprobarse el proyecto de ley. A la fecha no se cuenta con un catastro de tierras deforestadas que señale cuales son y la ubicación exacta de las tierras a subastarse, lo que agrega la incertidumbre al debate sobre los posibles impactos de aprobarse la norma. Aún cuando se realice un catastro, llama la atención la norma pues ni en el caso del sector minería, donde se realizaron millonarias inversiones, se ha utilizado el incentivo de otorgar en propiedad las tierras superficiales para el acceso y extracción de un recurso del subsuelo.

Parece que esta vez la obsesión de García por la inversión esta llevando a exigir la aprobación de una iniciativa que supera todo el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales, vía concesión, establecido para otros sectores. De la selva, sus voces Tanto autoridades políticas y organizaciones sociales de la amazonía han manifestados su oposición al proyecto de ley.

El 24 de enero, en la ciudad de Iquitos, el Frente Patriótico de Loreto realizó una marcha de protesta en rechazo a la iniciativa del gobierno, ya que podría ser una de las regiones más afectadas de aprobarse el proyecto. El presidente regional de San Martín, César Villanueva, otra de las regiones afectadas, ha calificado la ley de inaceptable. Por su parte el congresista por Ucayali, Róger Nájar, ha manifestado que la oposición en el parlamento cerraría filas para impedir que se apruebe la norma. Se anuncia una reunión masiva de diversos sectores amazónicos para la quincena próxima de febrero en la selva central con la finalidad de analizar la iniciativa legal y definir estrategias para defender la amazonía.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, EFE y Rebelión)