La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) de Guatemala denuncia las muertes de campesinos a manos de las fuerzas de la policía y del ejército. La última, el pasado 26 de enero, durante un desalojo masivo de familias indígenas y campesinas en las comunidades de Santa Amelia, San Andrés en el departamento de Petén fueron asesinados al menos un hombre, llamado Fermín García de la comunidad Los Tubos, y un niño del que se desconoce el nombre.
"La policía y el ejército disparó indiscriminadamente en contra de la población civil" denuncia el texto de la CONIC y expresa que no hay certeza sobre la cantidad de víctimas "porque la misma policía recogió a los muertos y heridos los trasladó en las radiopatrullas a lugares desconocidos".
Unos días antes, el 20 de enero la mism organización había denunciado la violencia desatada por el Ejército y la Policía Nacional Civil durante el desalojo de las localidades de El Vergelito, Laguna del Tigre y Peten.
Los dirigentes indígenas y campesinos responsabilizan al gobernador departamental, Rudel Álvarez, y la directora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Mariela López, "porque no han dado lugar al diálogo con estas comunidades que cuentan con el respaldo de un Acuerdo de Permanencia firmado desde 1996".
También exigen al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, que finalice la persecución a las familias, que entregue los cadáveres y libere a los detenidos, que procese a los responsables y que conforme una comisión de Alto nivel para abordar el conflicto.
También exigen al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, que finalice la persecución a las familias, que entregue los cadáveres y libere a los detenidos, que procese a los responsables y que conforme una comisión de Alto nivel para abordar el conflicto.
Así fue el desalojo de la comunidad Santa Amelia
El ejército y la policía nacional civil, CONAP procedió al desalojo por segunda ocasión de las 45 familias concentradas en la comunidad , desde las 6:00 de la mañana del día 26 de enero.
Dispararon indiscriminadamente en contra de la población civil, según líderes de dichas comunidades murieron el señor Fermín García de la comunidad Los Tubos un niño. Hay más muertos y heridos, pero no se saben los nombres, porque la misma policía recogió los muertos y heridos y los trasladó en las radiopatrullas a lugares desconocidos.
Los líderes de las comunidades expresan el temor de ser desaparecidos los cadáveres de sus seres queridos y que sus heridos puedan ser ejecutados extrajudicialmente.
Además hay varios miembros de las comunidades detenidas, que los han conducido a lugares desconocidos, donde se teme por su seguridad y su vida.
Además hay varios miembros de las comunidades detenidas, que los han conducido a lugares desconocidos, donde se teme por su seguridad y su vida.
Además, soldados y agentes saquearon las pequeñas tiendas y robaron el ahorro de las familias de la comunidad, rompiendo puertas de las casas y armarios.
Los líderes de las comunidades afectadas afirman, “rechazamos categóricamente que seamos narcotraficantes y delincuentes, como afirma el señor presidente de la República, somos 37 comunidades, de más de 20,000 personas que vivimos más de 15 años en el área de Laguna del Tigre, donde desarrollamos la actividad agrícola, sin embargo no nos dejan en paz para desarrollar nuestra vida, nos quitan los machetes, animales domésticos y a los ganaderos del mismo área no le dicen nada, tampoco a la empresa PERENCO que perfora pozos y extrae petróleo en el área".
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y el Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS) denunciaron el asesinato, en la madrugada del día 23 de Enero, de Santiago Pérez Domingo y de María de las Mercedes Ordoñez Méndez, ambos del cantón Chucup del municipio de San Idelfonso Ixtaguacán, Huehuetenango, miembros activos de estas organizaciones.
Los asesinados se encontraban coordinando la presentación del informe "Violación del derecho al territorio de los pueblos indígenas: Situación de la explotación minera en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango".
"El asesinato de nuestro hermano Santiago y nuestra hermana Mercedes se enmarcan en todo una serie de acciones sistemáticas de intimidación y ataques contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos en general, lo que evidencia que los grupos paralelos siguen impunes", señalan. Entre las demandas de las organizaciones, se pide al gobierno Álvaro Colom que asegure el respeto a la vida y la integridad física de los que luchan por defender a la madre tierra.
"El asesinato de nuestro hermano Santiago y nuestra hermana Mercedes se enmarcan en todo una serie de acciones sistemáticas de intimidación y ataques contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos en general, lo que evidencia que los grupos paralelos siguen impunes", señalan. Entre las demandas de las organizaciones, se pide al gobierno Álvaro Colom que asegure el respeto a la vida y la integridad física de los que luchan por defender a la madre tierra.
Demandan al Ministerio Publico una investigación profunda y ágil para esclarecer y capturar a los responsables y que se les aplique la ley.
"Solicitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos desarrolle una investigación que coadyuve al esclarecimiento de los hechos denunciados. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que la escalada de violencia en contra de las comunidades, organizaciones, líderes y lideresas indígenas continua", resaltan.
"Solicitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos desarrolle una investigación que coadyuve al esclarecimiento de los hechos denunciados. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que la escalada de violencia en contra de las comunidades, organizaciones, líderes y lideresas indígenas continua", resaltan.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, afirmó ayer que la violencia en su país tiene origen “en los atrasos sociales y la falta de políticas” de los gobiernos para darle oportunidades a toda la población.
"La violencia de la injusticia social ha sido tan dramática como la de los años 60 o 70, o como la provocada por el crimen organizado", dijo el mandatario en un acto de homenaje al político Alberto Fuentes Mohr, asesinado en 1979.
"La violencia de la injusticia social ha sido tan dramática como la de los años 60 o 70, o como la provocada por el crimen organizado", dijo el mandatario en un acto de homenaje al político Alberto Fuentes Mohr, asesinado en 1979.
Fuentes Mohr, fundador del desaparecido Partido Socialista Democrático (PSD), fue asesinado por un "escuadrón de la muerte" vinculado a las fuerzas de seguridad del presidente golpista Romeo Lucas García, el 25 de enero de 1979, en una zona residencial del sur de la capital.
Ayer, Colom pidió perdón como presidente, como comandante del ejército y como jefe de Estado a los familiares de Fuentes Mohr y abogó porque hechos como éste no se repitan.
"Si condenamos los crímenes, abusos y excesos de la guerra, repudiemos también los crímenes sociales que causaron los gobiernos anteriores", dijo el mandatario.
Recordó que millones de niños y mujeres han muerto durante el parto y otros perecieron en las montañas y aldeas por el abandono del Estado.
El mandatario se mostró convencido de que aunque llenen el país de policías y soldados, la seguridad no se logrará “si no se cambian las condiciones de vida de la población”.
"Si condenamos los crímenes, abusos y excesos de la guerra, repudiemos también los crímenes sociales que causaron los gobiernos anteriores", dijo el mandatario.
Recordó que millones de niños y mujeres han muerto durante el parto y otros perecieron en las montañas y aldeas por el abandono del Estado.
El mandatario se mostró convencido de que aunque llenen el país de policías y soldados, la seguridad no se logrará “si no se cambian las condiciones de vida de la población”.
Periodistas en riesgo
Mientras tanto, periodistas guatemaltecos denuncian que sufren agresiones, amenazas e intimidaciones por parte del narcotráfico y el crimen organizado, lo que obstaculiza el ejercicio de su labor.
Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), dijo que la situación es más grave en apartados departamentos del país, donde las organizaciones criminales tienen mayor presencia.
Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), dijo que la situación es más grave en apartados departamentos del país, donde las organizaciones criminales tienen mayor presencia.
En particular, las zonas más peligrosas para la prensa son Zacapa, en el oriente, Izábal y Alta Verapaz, en el norte, y Huehuetenango y San Marcos, en el occidente.
Recordó que durante 2008 tres periodistas fueron asesinados en circunstancias aún no aclaradas, 10 más sufrieron amenazas de muerte y 13 fueron agredidos durante sus funciones.
Como consecuencia de esta situación, muchos i9nformadores optan por la autocensura y el silencio como una forma de garantizar su seguridad y la tranquilidad de sus familiares, señala un informe de Cerigua.
En la conferencia de prensa, Alamilla reconoció como otra grave amenaza para la libertad de expresión la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unas pocas empresas transnacionales.
Recordó que durante 2008 tres periodistas fueron asesinados en circunstancias aún no aclaradas, 10 más sufrieron amenazas de muerte y 13 fueron agredidos durante sus funciones.
Como consecuencia de esta situación, muchos i9nformadores optan por la autocensura y el silencio como una forma de garantizar su seguridad y la tranquilidad de sus familiares, señala un informe de Cerigua.
En la conferencia de prensa, Alamilla reconoció como otra grave amenaza para la libertad de expresión la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unas pocas empresas transnacionales.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, cnoc.org.gt, Adital, Prensa Latina, ACAN-EFE y Madrid Digital)
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