Después de haber dejado atrás hace 25 años una de las dictaduras más sangrientas de la historia latinoamericana, Argentina acumula 2 mil 557 muertes por abusos en comisarías y cárceles, ejecuciones extrajudiciales o por el llamado gatillo fácil, según la organización no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Ser "morocho (moreno), joven y habitante de barrios conflictivos (pobres y con alto índice de violencia)" parecen ser una de las características de las principales víctimas de la policía, más de la mitad de las cuales tenían menos de 25 años, y dos tercios, menos de 35, según el informe anual divulgado por Correpi .
En el se destaca que 1.341 casos corresponden a fusilamientos, "ejecuciones extrajudiciales sumarísimas", con la participación incluso de "escuadrones de la muerte", especialmente en "el conurbano bonaerense y zonas de la ciudad de Buenos Aires".
822 muertes se produjeron desde 1983 en cárceles, comisarías y "bajo custodia". Los peores casos corresponden a las provincias de Mendoza (centroeste), Santiago del Estero (norte), Santa Fe (este) y Buenos Aires (oeste), donde son revestidos como "suicidios por ahorcamiento e incendios". Mendoza recibió en 2004 un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su situación carcelaria.
Además, en todos los casos de motines e incendios en los que mueren decenas de presos, los familiares denuncian violencia del servicio penitenciario, arbitrariedades y el "dejar hacer" por parte de los guardias.
Con el título de "Otras circunstancias" se describen "105 muertes de transeúntes o terceros provocadas por el desprecio de la vida humana de los funcionarios policiales". Además, 52 homicidios se perpetraron en protestas sociales.
Más muertes que las declaradas
Gustavo Filograsso, representante de Correpi, adviertie que la cifra de 2 mil 557 muertes debido a la represión policial e institucional es apenas "una parte del total; los casos en realidad son muchísimos más".
"No hablamos de represión ilegal sino de represión estatal que avanza en el plano legal, que se legitima con las reformas legislativas que se sancionan una atrás de la otra. De hecho en la justicia muchos casos se ganan y muchos se pierden", agrega.
"No hablamos de represión ilegal sino de represión estatal que avanza en el plano legal, que se legitima con las reformas legislativas que se sancionan una atrás de la otra. De hecho en la justicia muchos casos se ganan y muchos se pierden", agrega.
La ONG actúa al recibir denuncias o de oficio, y realiza un seguimiento de las publicaciones de prensa. "Corroboramos los 'enfrentamientos' que aparecen en los medios entre la policía y los delincuentes, y "vemos que 90 por ciento de los casos resultan ser fraguados", asegura Filograsso.
La entidad, conformada principalmente por abogados y que militan en contra de la represión ilegal y asume la defensa de las víctimas, nació en 1991, a raíz de la muerte violenta del joven Walter Bulacio en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires tras asistir a un recital del grupo de rock Redonditos de Ricota.
Para Vilma Ripol, dirigente trotskista y ex candidata presidencial por la alianza Nueva Izquierda, "no ha habido un desmantelamiento del aparato represivo y la policía sigue empleando los mismos métodos que en la dictadura. En los barrios del gran Buenos Aires (zona metropolitana de la capital argentina), la policía es dueña y señora de los prostíbulos y de la droga, y toma como enemigo a los jóvenes".
Ripol propuso que la población participe en el control de las comisarías, con intervención de las organizaciones de derechos humanos, y que jueces y comisarios sean electos por voto popular con posibilidad de revocatoria.
En las últimas dos décadas, la inseguridad fue ganando espacio entre las preocupaciones de la opinión pública argentina, de la mano de un empeoramiento de los indicadores sociales como el país no había conocido en los últimos 60 años. Ante esta preocupación, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), peronista de la derecha populista, propuso en 2003, en su fallido intento de reelección, "sacar los tanques a la calle", en alusión a utilizar al ejército para reprimir el delito común. En esa línea, el vicepresidente de Menem en su segundo mandato, Carlos Ruckauf (1995-1999), arengó a la policía de la provincia de Buenos Aires a "meterle bala a los ladrones", durante una campaña electoral de 1999.
La ola de "mano dura" permitió que incluso ex represores de la dictadura ganaran espacio electoral, como el ex general Antonio Domingo Bussi en la provincia de Tucumán (noroeste) y Luis Abelardo Patti , en el norte de la provincia de Buenos Aires. Bussi fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y cumple prisión domiciliaria, en razón de su avanzada edad, y Patti, quien defendió públicamente la tortura, está alojado en el penal de Marcos Paz, procesado por iguales delitos.
El estudio titulado "Mapa de la Violencia: Los jóvenes de América Latina 2008", realizado por la brasileña Red de Información Tecnológica Latinoamericana con datos de la Organización Mundial de la Salud de 2003 a 2006, indica que en Argentina se produjeron un promedio anual de 5.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes, apenas por encima de los 4.5 de Uruguay, 5.4 de Chile y 5.6 de República Dominicana (con salvedades metodológicas referidas a este último país).
Este grupo de países se encuentra lejos de los abultados indicadores que muestran El Salvador, que es de 48.8 por cada 100 mil habitantes, Colombia con 43.8, Venezuela con 30.1, Brasil con 25.2 y México con 9.3. También son superados por Estados Unidos, que llega a seis muertes por cada 100 mil habitantes.
Cada día es asesinado un joven en Argentina.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, más de mil jóvenes murieron por medio del gatillo fácil y de la tortura según el informe presentando por la Correpi. Gustavo Filograsso indica que los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y el actual que preside Cristina Fernández, muestran los números más altos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, pese a que son reconocidos por su política de memoria histórica sobre derechos humanos y por haber impulsado los juicios contra los represores de la última dictadura (1976-1983). "Son los gobiernos que más reprimieron", afirmó el representante de la Correpi. Kirchner y Fernández lideran la rama centroizquierdista prevaleciente hoy en el Partido Justicialista, fundado por Juan Domingo Perón a comienzos de la década del 40 y que reúne al más variado espectro ideológico, desde la izquierda hasta la ultraderecha.
En el archivo de casos de la represión estatal elaborado por la Correpi, el índice de muertes ocasionadas por el aparato represivo del Estado viene creciendo desde 1996, cuando el primer archivo fue divulgado. Según la Correpi, es evidente que las políticas de mano fuerte y tolerancia cero son aplicadas cotidianamente, amparadas por el consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar esos homicidios.
La entidad denuncia que, en algunas zonas, como en la Región Metropolitana de Buenos Aires y algunas áreas del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, es recurrente la acción de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de limpieza social, "eliminando" adolescentes en conflicto, real o supuesto, con el sistema penal.
Otra modalidad de ejecución por las manos del Estado ocurre en las penitenciarias o incluso en delegaciones policiales (comisarías). Esas muertes acostumbran ser presentadas oficialmente como suicidios por ahorcamiento o en incendios. También se registran muertes de transeúntes o de terceros que, según la Correpi, son provocadas por el desprecio de la vida humana por parte de los policías, que priorizan la captura de un delincuente, real o supuesto, aunque ello implique poner vidas inocentes en peligro.
El informe destaca además la represión selectiva, dirigida contra la clase trabajadora. Protestas sociales, marchas, movilizaciones y cierres de caminos también provocaron víctimas Además de estas modalidades, la Correpi registra la participación de policías en crímenes comunes, vendiendo información, proporcionando armas o interfiriendo directamente en la organización de robos, tráfico de drogas, secuestros extorsivos, etc. La entidad denuncia que los policías llegan hasta a avisar a la prensa sobre operaciones de desbaratamiento de crímenes en los que ellos mismos están involucrados.
Lo que preocupa a la Coordinadora es que el fortalecimiento de esas políticas represivas viene contando con apoyo público de parte de las más altas autoridades gubernamentales de los últimos tiempos. Una de las conclusiones del análisis de los datos es que los nuevos cuadros policiales, incluso con curso de formación en derechos humanos, continúan actuando con represión y violencia.
Nobel de la Paz propicia huelga de hambre en Argentina contra la pobreza
El Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, anunció este domingo que unos 400 pobladores de la provincia argentina de Jujuy (norte) iniciarán el lunes una huelga de hambre en reclamo de medidas para combatir la pobreza en esa provincia.
El ayuno de protesta será "hasta las últimas consecuencias" y se llevará a cabo en la ciudad de La Quiaca, en el extremo norte provincial, según explicó Pérez Esquivel en una conferencia de prensa en Mar del Plata .
"La Quiaca nuevamente se pone de pie para luchar por los derechos de los pobres excluidos a través de una medida extrema" y ante "la escasa o nula respuesta de los gobiernos municipales, provincial y nacional", dijo.
El anuncio de la medida se realizó en esa ciudad balneario conocido como 'la Ciudad Feliz', "para hacerle ver al país que hay otras ciudades de Argentina que no tienen la posibilidad de ser felices", dijo Pérez Esquivel.
El Premio Nobel reclamó "la urgente intervención del gobierno nacional" para ayudar a la población jujeña que según denunció vive "en la pobreza extrema, con gran parte de la población desocupada, el hambre y la desnutrición infantil en muchos hogares".
El Premio Nobel reclamó "la urgente intervención del gobierno nacional" para ayudar a la población jujeña que según denunció vive "en la pobreza extrema, con gran parte de la población desocupada, el hambre y la desnutrición infantil en muchos hogares".
También alertó sobre "la desesperanza de los jóvenes y el enorme interrogante abierto ante la crisis financiera mundial y su repercusión entre los más pobres".
Según las cuestionadas estadísticas oficiales Jujuy está entre las cinco provincias más pobres del territorio argentino.
Según las cuestionadas estadísticas oficiales Jujuy está entre las cinco provincias más pobres del territorio argentino.
Al término del primer semestre de 2008, la pobreza en el país alcanzaba el 17,8%, mientras en Jujuy la cifra trepaba al 30% de la población, de unos 620.000 habitantes
Ocho niños menores de cinco años mueren por desnutrición al día en Argentina, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, según datos del Centro de Lucha contra el Hambre (CLH), dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Para protestar contra esta realidad, el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, una organización no gubernamental que realiza una actividad incesante por todo el país, congregó a mediados de diciembre pasado, en la plaza de Obelisco de Buenos Aires, a 50.000 personas, que marcharon por la ciudad bajo el lema "El hambre es un crimen, ni un pibe menos".
"Decenas de niños menores de cinco años se mueren por causa de miseria. Cuando hablamos de mortandad infantil no solamente deberíamos incluir a los pequeños que se lleva la muerte sino también a los niños dañados para siempre, física, intelectual y emocionalmente antes del nacimiento de las palabras", denuncia Alberto Morlachetti, director de la fundación Pelota de Trapo, que desde hace 30 años promueve la inclusión social de niños y jóvenes. El trabajo de la entidad alcanza a 4 mil niños y adolescentes con un hogar, una casa maternal en Avellaneda, una imprenta, una escuela de panadería, una biblioteca de educadores populares y una agencia de noticias.
El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que reúne a 400 organizaciones del sector social de todo el país, nació en 1987. En 2000, la primera marcha comenzó en La Quiaca, Jujuy; en 2002, en Puerto Iguazú, Misiones; y en 2005, Tucumán.
"Crecemos comiéndonos nuestro propio futuro: los chicos son el primer recurso no renovable de un país, y en Argentina el 47 por ciento es pobre, 3,6 millones viven debajo de la línea de indigencia, 15 millones nunca tuvieron ningún tipo de educación formal y tantos otros más viven en hogares hacinados. Es una clara hipoteca al futuro", considera Claudio Lozano, diputado nacional por Proyecto Sur.
Esta marcha fue convocada como parte de una campaña para lograr que se establezca una asignación universal por hijo .para que no haya ningún hogar pobre en la Argentina. Y se desarrolló, además, después de la terrible espiral de violencia perpetrada contra integrantes del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que sufrió 8 atentados contra educadores populares y niños de esta organización a lo largo de 2008.
El diputado Claudio Lozano, puso énfasis al asegurar que "en medio del salvataje a los capitales que están en el exterior, a las entidades del sistema financiero, con los 22 mil millones de dólares que se fugaron este, nosotros decimos que apenas con el 30 por ciento de eso, hubiéramos podido eliminar el hambre en la Argentina durante todo el 2008."
(Fuentes: IPS-La Jornada-México, Adital, AFP, pelota de trapo.org.ar)
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