Los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, reveló un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, que será presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y al ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.
Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.
También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
Una situación que persiste
El ombudsman mexicano considera que “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.
Ante los periodistas, Soberanes Fernández afirma que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones"
No obstante recuerda cómo cuando comenzó su trabajo al frente de la CNDH " ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno."
Sobre su relación con el Procurador General de la República (Fiscal General) Medina Mora, dice: " Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”. El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”. Preguntado si
con la llegada del Presidente Calderón notó algún cambio, responde:"Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal."
con la llegada del Presidente Calderón notó algún cambio, responde:"Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal."
HRW denuncia impunidad militar
En su informe sobre 2008, Human Rights Watch también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos. En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.
El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos.
En México, "el sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos" Este problema, según la organización , responde a diversas causas, como corrupción, capacitación, recursos insuficientes y prácticas abusivas de la policía, que no tiene mecanismos de rendición de cuentas. Por ello también "la tortura continúa siendo un problema generalizado", se asegura en el informe presentado a mediados de mes en Washington.
HRW asevera que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.
Esta organización no gubernametal internacional anota que con frecuencia los niños son detenidos en condiciones deficientes en estaciones policiacas y otras instituciones. En muchas no tienen acceso a programas educativos.
También hace notar que el presidente Felipe Calderón desapareció la Fiscalía Especializada para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que iba a investigar los abusos cometidos en la guerra sucia. Hasta hoy no se han obtenido avances significativos en las investigaciones.
También hace notar que el presidente Felipe Calderón desapareció la Fiscalía Especializada para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que iba a investigar los abusos cometidos en la guerra sucia. Hasta hoy no se han obtenido avances significativos en las investigaciones.
En relación con los derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual, HRW asevera que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual, y subraya incluso que algunas leyes sobre violencia contra las mujeres son abiertamente contrarias a las normas internacionales.
El Plan México, para fortalecer a los militares
El Senado de EEUU aprobó en 2008 la Iniciativa Mérida (mejor conocida como Plan México) pero condicionándola. El senador Patrick Leahy afirmó que “es fundamental” que tales medidas sean condicionadas, dada la larga historia de corrupción y violaciones de derechos humanos en las fuerzas armadas y policíacas de México. Otorgó 350 millones de dólares a México, como la primera de tres entregas de fondos. “Durante años hemos capacitado fuerzas policíacas mexicanas y centroamericanas, y es bien conocido que algunos de ellos han acabado trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento común que la corrupción es extensa entre sus instituciones de procuración de justicia, las mismas entidades que estamos a punto de apoyar”, dijo Leahy. El ejército y las policías mexicanas tienen un largo historial de violaciones de derechos humanos. Pero, pese a ello Bush firmó el Plan México de “ayuda militar”bajo el supuesto de que se trata de combatir al narcotráfico y la delincuencia.
Con el Plan México los EEUU , atan más al gobierno y al ejército para ser incondicionales a sus políticas. Los asesores militares norteamericanos conocen la enorme importancia que tiene que el ejército, apoyado por el gobierno, esté ocupando decenas de estados de la República y miles de poblados. Un ejemplo: En Mérida,Yucatán el martes 13 de marzo de 2007, el ejército disfrazado de policía custodiaba la ciudad porque Bush y Calderón estaban reunidos en la hacienda Temozón Sur firmando ese Plan México. Los soldados reprimieron y encarcelaron, con gran brutalidad, a 48 jóvenes y adultos que protestaban contra la presencia del presidente 'gringo'.
Mérida es la ciudad capital del estado de Yucatán. Cuenta con 900 mil habitantes de los cuales el 70 por ciento vive en la pobreza y la miseria; es una de las ciudades más conservadoras de la República en las que las protestas políticas son escasas y de muy poca participación. Por eso Calderón escogió a esta ciudad, a mil 500 kilómetros de la Ciudad de México, para recibir a Bush.
El Plan México puede modificar la relación civil-militar, ya que las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto, y también en prerrogativas, lo que podría debilitar a la sociedad civil frente al sector militar. El plan de “cooperación” se basa en entregar el primer año 400 millones de dólares, 350 millones a México y 50 millones a Centroamérica.
El Plan se propone prevenir el ingreso y tránsito de drogas, armas, personas vinculadas y tránsito de recursos financieros, a través de la región y hacia EEUU. Incluye la dotación de equipo de inspección, unidades caninas de intercepción, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para que haya una reacción rápida en la intercepción.
El Plan Colombia ha demostrado que estos planes disfrazados de ayuda son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico. El plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Sin embargo ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza.
Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos directos del ejército en México durante más de 18 meses, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.
Hay que reconocer que sí hay combate contra el narcotráfico pero buscando la espectacularidad y la publicidad; sin embargo la realidad dice otra cosa: encarcelamiento de cientos de humildes indígenas que por desempleo, hambre y miseria se ven obligados a colaborar como asalariados; pero, por otro lado, protección militar y policíaca abierta a los más altos jefes del narcotráfico. Mientras tanto se construye, como en Colombia, la teoría de la unión del narcotráfico con la guerrilla o con las luchas campesinas y ciudadanas de masas como las de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.
(Fuentes: ANSA-Latina, Infodemex, La Jornada-México y Alainet)
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