Saharauis, los ojos del desierto

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9.1.09

Colombia:Conflicto interno

GOBIERNO Y CAFETEROS SE ESCANDALIZAN POR UNA TIRA CÓMICA NORTEAMERICANA QUE ALUDE A LAS MATANZAS, MIENTRAS MILITARES Y PARAMILITARES SIGUEN PRACTICÁNDOLAS

La poderosa Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que agrupa a buena parte de los cultivadores, anuncia una demanda contra el prestigioso dibujante norteamericano, el Premio Pulitzer Mike Peters. No les ha gustado que en un capítulo de la historieta Mother Goose & Grimm, que publican muchos diarios de Estados Unidos, se hable de Juan Valdez y se recuerde que en Colombia se producen habitualmente matanzas de sindicalistas, defensores de los derechos humanos....
La historieta fue reproducida el pasado lunes en la edición electrónica de El Tiempo, el principal diario colombiano.
El capítulo comienza con Mother Goose sosteniendo una taza y diciendo: "Mm, café colombiano por la mañana". Enseguida, Ralph, uno de los personajes de la serie, le comenta: "¿Sabes?, en Colombia hay un considerable crimen organizado".
En el cuadro siguiente, Ralph agrega: "O sea, cuando dicen que hay un pedacito de Juan Valdez en cada tarro (de café), a lo mejor no están bromeando".
Finalmente, Grim le pregunta a Mother Goose: "¿Por qué estás tomando té?" y ella le contesta: "No preguntes".

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia considera que ataca la dignidad nacional y anuncia que demandará al autor de la historieta por daños económicos y morales.
"En dicha pieza se asocia el crimen organizado y las atrocidades de los grupos violentos con el trabajo duro, dedicado y honesto de las más de 500.000 familias de cafeteros del país", dice Gabriel Silva, actual presidente de los caficultores y asesor presidencial durane el gobierno de César Gaviria (1990-1994).
Por el contrario, el conocidos caricaturista colombiano Vladimir Florez, Valddo, de la revista Semana, defiende al autor de Mother Goose & Grimm. "Mike Peters no tiene la culpa de que en Colombia haya violencia, descuartizamientos y otros horrores causados a punta de motosierra por organizaciones criminales. Según Vladdo, una acción legal contra Peters "va a ser como un tiro en un pie y se nos va a devolver, como le pasaba al Coyote con el Correcaminos".

Al veterano caricaturista del diario El Espectador, el asunto no le merece "mayor comentario". "Los colegas del dibujo sabemos que a veces se hacen alusiones forzadas, poco felices. No vamos a dibujar en Colombia hot dogs, como si fueran producto de las torturas de Abu Ghraib.
Julio César González, Matador, dibujante del diario El Tiempo, defiende el trabajo de Peters. Cree que nadie dejará de "consumir una deliciosa taza de café colombiano por una tira cómica. Si así fuerala Chiquita Brands o la Coca Cola me hubiesen demandado por mis caricaturas que los vinculaban con los paramilitares".
El dibujante considera la reacción y la amenaza de demanda "una verdadera pérdida de tiempo" de la Federación de Cafeteros.
La Federación de Cafeteros informó que una firma de Nueva York será la encargada de entablar la acción legal contra el autor de Mother Goose & Grimm.

Peters se disculpa, pero la tira sigue en su sitio



Mike Peters presentó disculpas, pero mantiene la tira cómica en su página de Internet http://www.grimmy.com/. El dibujante presentó disculpas a quien se haya sentido ofendido por la caricatura y manifestó que simplemente pretendía hacer reir con esta referencia. Peters manifiesta que de igual forma lo ha hecho con el inventor de las papas Pringles y otras empresas que han sido motivo de sus caricaturas.

Esta es la carta de disculpas enviada por los representantes de Peters al diario bogotano El Tiempo.
"Primero que todo permítame empezar diciendo que yo adoro a Colombia. Adoro a los colombianos. Uno de los viajes más memorables de mi vida fue a Colombia. Yo no tuve ningún pensamiento de insultar a Colombia, como tampoco lo tuve con Pringles, Betty Crocker, Col. Sanders, Dr. Pepper y Bartles & Jaymes. La tira cómica fue hecha para ser leída junto con una serie semanal, cuyo tema está basado en el hecho que las cenizas del inventor de la lata de Pringles fueron enterradas en una de ellas. Pensé que esto era un tema humorístico y todas mis caricaturas de Mother Goose & Grimm son hechas para hacer reír a la gente. Yo sinceramente no pensé en insultar.

A cualquier persona que haya ofendido, le pido que por favor acepte mi disculpa más sincera.

Sinceramente,

Mike Peters"


Y estos algunos de los comentarios de los lectores colombianos:

"Que vergüenza la actuación de la federación de cafeteros, amenazando con demandas millonarias a un caricaturista solo porque no les gustó lo que escribió. la caricatura es una caricatura. a algunos les parece graciosa, a otros no. algunos la encuentran ofensiva. ni modos. que la federación de cafeteros demande, así un tribunal podrá decir que la libertad de expresión se respeta y que los intereses económicos de un gremio no están por encima del derecho mas sagrado después de la vida: la libertad...."

" Al fin y al cabo esa es la fama que hay, y los politicos corruptos contribuyen a esa imagen de país tercermundista y con su comportamiento lo reafirman cada vez, así que no hagan la de sentirse insultados, cuando los mismos politicos insultan diariamente a los pobres que los eligen..."
Y mientras tanto, sigue la matanzón



Juan Carlos Castro director de la Red de Paz en el Occidente de Colombia, ONG de defensa de los derechos humanos, asegura que son al menos 50 los casos de ejecuciones de civiles por parte del Ejército en falsos enfrentamientos. En una entrevista con el canal Telesur, Castro aseguró como "insuficiente" el trabajo de la justicia colombiana sobre tema.

El hecho de que ya se eleven a más de 50 los casos de 'falsos positivos', como se denomina en el argot militar a las ejecuciones de jóvenes a los que se hace pasar después por guerrilleros muertos en combate, está conduciendo a un clima de gran incertidumbre entre la población. Castro considera que deben seguir las detenciones de militares implicados en esta matanza. "El hecho importante en sí es que la Fiscalía haya hecho estas capturas, puede ser el inicio para que se mejore la situación al interior del Ejército pero que no es suficiente hasta tanto no se revise la política de seguridad definida por el Gobierno nacional y ponerla al servicio de la población como lo establece el Artículo Segundo de la Constitución colombiana".

Sobre la participación internacional, Castro califica de "muy importante" la presencia de la ONU, así como de otros organismo internacionales por el apoyo humanitario y económico del que se sirve Colombia."Si Colombia hace parte de la ONU no podemos ser excluyentes en las situaciones nacionales, por lo que consideramos importante, valioso y fundamental la presencia de los organismos internacionales, no solamente con aquellos que tienen que ver con los Derechos Humanos, sino con todo el apoyo económico que se le presta al país".
La CIA conoce las prácticas del ejército colombiano desde 1990

La CIA y el servicio diplomático estadounidense conocían desde por los menos 1990 la práctica de ''falsos positivos'' del ejército de Colombia y otras incursiones al estilo de escuadrones de la muerte, según documentos desclasificados obtenidos por los Archivos Nacionales de Seguridad (National Security Archive), un organización no gubernamental de Washington.

Por la presunta participación en esta práctica, el gobierno del presidente Álvaro Uribe separó de sus cargos a una treintena de militares a finales del año pasado.
Los resultados de la investigación son desconocidos, pero ahora los nuevos documentos reflejan que se trata de una práctica bastante antigua en las fuerzas militares colombianas.
Un cable de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, fechado en 1990, reportó que un informe de la Procuraduría colombiana sobre nueve personas muertas que el ejército identificó como guerrilleros, "sugiere claramente que fueron ejecutados por el Ejército y vestidos con uniformes de camuflaje''.
Según el informe, un juez militar que llegó al lugar de los hechos "aparentemente descubrió que no había agujeros de balas en los uniformes militares que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas''.
A raíz de la revelación de los documentos el ministro de defensa de Colombia Juan Manuel Santos, advirtió que no se debería ''inflar'' el problema de las ejecuciones extrajudiciales.
''No se puede generalizar en forma alguna casos que se hayan podido dar y que hay que, también, tener cuidado con gente que quiere inflar el problema mucho más allá de lo que es'', sostuvo Santos.
Otro de los documentos contiene un informe de 1994 del entonces embajador estadounidense Myles Frechett en el que señala que entre los oficiales del ejército prevalece una ''mentalidad de contabilidad de muertos'' para lograr su ascenso.
''Comandantes de campo que no puedan mostrar antecedentes de actividades antiguerrilleras agresivas, donde ocurren la mayoría de abusos de derechos humanos de los militares, se ponen en una posición de desventaja en épocas de ascensos'', escribió Frechett.
Otro informe desclasificado indica que la CIA informó en 1994 que el éjercito continuaba "empleando tácticas de escuadrones de la muerte en sus campañas de contrainsurgencia''.
Los militares, dice el informe de la CIA, tienen un historial de ''asesinar civiles izquierdistas'' en áreas de guerrilla, así como de ''cooperar con paramilitares vinculados con el narcotráfico'' y de "matar guerrilleros capturados en combate''.
Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el Ejército

Por Michael Evans (*)

Al cierre de 2008, Colombia y los medios estadounidenses estaban obsesionados con el escándalo de los “falsos positivos” – la muerte ilegal de civiles por el Ejército colombiano que luego fueron presentados como muertos en combate de la guerrilla para inflar los números de bajas causadas al enemigo (body count). Un informe militar sobre el asunto que aún no ha sido conocido en su totalidad llevó a la salida de 30 oficiales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya, el comandante en jefe del Ejército, quien durante muchos años había promovido la idea de usar el “body count” para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas.
Pero la forma como fue conducida la investigación –en absoluto secreto y con consecuencias legales para los responsables aún inciertas—despierta varios interrogantes. ¿Es esta nueva purga de personal militar, sin que haya habido una investigación imparcial dirigida por civiles, realmente suficiente para cambiar la cultura en el Ejército colombiano? ¿Divulgará el Ejército colombiano alguna vez los resultados del informe? Con estas preguntas en el aire, una nueva colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron publicados por la organización National Security Archive de Washington D.C., describen cómo el “síndrome del body count” ha sido uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones a los derechos humanos –como los falsos positivos—y ha incentivado la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir abiertamente frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinato.
El registro más antiguo sobre este fenómeno específico que aparece en la colección de los Archives es de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. En un caso, McNamara cuestiona la versión de los militares de que habían muerto a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año. “La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza … que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas…” Al mismo tiempo, la Embajada empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas” según el cable desclasificado (19900727.pdf).

Un cable de cuatro años después, del entonces embajador Myles Frechette subrayaba la misma tendencia. Encontró que la mentalidad del “body count” o conteo de bajas del enemigo persistía entre los oficiales del Ejército colombiano que buscaban ascender. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada (cuya sigla en inglés es DAO) reportó que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectorias de agresiva actividad anti-guerrillera (que es cuando ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares) quedan en desventaja a la hora de los ascensos”. Más aún, la declaración del ministro de Defensa Fernando Botero de que había “una creciente conciencia de que cometer violaciones a los derechos humanos podía bloquear el camino del asenso de un oficial”, era según el DAO, “pensar con las ganas”. (19941021.pdf).


Un reporte de inteligencia de la CIA, también de 1994, fue más allá. Encontró que las fuerzas de seguridad colombianas continuaban “empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente”. El documento, una revisión de la política de César Gaviria contra la guerrilla, destacó que los militares colombianos tenían una “historia de asesinar a civiles de izquierda en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando combatientes capturados”. Tradicionalmente, el Ejército no había “tomado prisioneros de la guerrilla”, según el informe, y los militares han “tratado la nueva política de derechos humanos de Gaviria como un requisito formal”. (19940126.pfd).

Hace apenas unos diez años, otro informe de inteligencia, ya publicado por el National Security Archive, y basado en una conversación con un coronel del Ejército colombiano sugirió que el rápido crecimiento del paramilitarismo durante esa era estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano. “Esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores. También podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército colombiano y así le ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”. El coronel no identificado también estaba “íntimamente relacionado” con el caso del general Rito Alejo del Río Rojas, “sobre quién tenía pocas cosas buenas qué decir”. La cooperación de militares con paramilitares “venía dándose por algunos años”, dijo el oficial, “pero se puso mucho peor bajo el mando de Del Río”. Otros dos comandantes, los generales Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya estaban entre los “que miraban para otro lado” con respecto a la colusión entre militares y paramilitares, dijo el coronel, refiriéndose a “la época en que Mora era brigadier general comandando la gran Cuarta Brigada en Medellín… en 1994-95”. (19971224.pdf).


La comandancia de la Cuarta Brigada, un cargo que servía para lanzar a oficiales que querían subir la cadena de mando, ha sido acusada por mucho tiempo de colusión con grupos paramilitares locales. El diario Los Angeles Times reportó en 2007 sobre un informe de la CIA desclasificado que vinculaba al general Montoya con operaciones conjuntas entre militares y paramilitares en Medellín cuando fue comandante de la brigada en 2002. Quien lo reemplazó en 2008 como comandante en jefe del Ejército, Oscar González, también comandó la Cuarta Brigada, y otras unidades en la conflictiva área de Medellín. En ningún otro caso como en una operación de falsos positivos de febrero de 2000 fueron tan evidentes los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares. En esta, paramilitares de las ACCU y el Ejército colombiano, casi en simultánea, reclamaron para sí el logro de haber matado a dos guerrilleros desmovilizados cerca a Medellín. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos sobre el asunto, firmado por el embajador Curtis Kamman informó sorprendido: “Las Accu (que los testigos dijeron que habían secuestrado a los dos) declaró que sus fuerzas los ejecutaron, mientras que la Cuarta Brigada del Ejército (que liberó los cuerpos al día siguiente) presentó a los muertos como guerrilleros del ELN muertos en combate con el Ejército. Después de estas declaraciones contradictorias, se despertaron en los locales el miedo y la confusión, y hombres armados robaron los cadáveres de la morgue…” Kamman llamó a estas muertes como “un caso claro de complicidad Ejército-paramilitares” que “aumentaría aún más el de por sí alto nivel de interés de la organizaciones no gubernamentales en el tema de los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares”. El embajador dijo además que era “difícil sacar otra conclusión fuera de que los paramilitares y el Ejército simplemente no habían podido cuadrar bien sus versiones con anticipación”.(20000208.pdf).

Entonces mientras que los oficiales del Ejército colombiano revuelan para “cuadrar bien sus versiones” en respuesta al reciente escándalo, vale la pena destacar que el “conteo de bajas” (body count) y los “falsos positivos” tienen una historia institucional en la fuerzas armadas colombianas que se remonta a varios años atrás. Y, si bien son bienvenidas las recientes medidas para limpiar de las filas militares de oficiales asociados a estas prácticas, claramente no son suficientes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por cuánto tiempo ha venido sucediendo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Dónde están enterrados los cadáveres? Los documentos desclasificados de Estados Unidos pueden dar pistas, pero es poco probable que podamos responder estos interrogantes salvo que el Ejército colombiano haga público y difunda su informe completo sobre el escándalo de los “falsos positivos”. Hasta entonces, al parecer, seguirán prevaleciendo el secreto y la impunidad sobre la transparencia y la justicia en Colombia.
(*) Michael Evans es investigador de la National Security Archive, organización con sede en Washington que se dedica a tratar de acelerar la desclasificación de documentos oficiales. Desde hace años sigue la desclasificación de documentos relacionados con Colombia. Este artículo se publica en la revista colombiana Semana

(Fuentes: BBC-Mundo, Portafolio.com, Agencia PÚLSAR, TeleSur, El Nuevo Herald-Miami, Semana-Bogotá)

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