Saharauis, los ojos del desierto

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18.6.09

Colombia:Paramilitares

EL CONGRESO CONCEDE LA IMPUNIDAD A LOS AUTORES DE LOS CRÍMENES MÁS ATROCES, UNOS 19.000 "DESMOVILIZADOS"; PARTE DE ELLOS SIGUEN MATANDO E IMPONIENDO EL TERROR EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS


El Congreso colombiano aprobó la Ley de principio de oportunidad que permitirá suspender todas las acciones que mantiene el gobierno de Álvaro Uribe contra unos 19 mil paramilitares desmovilizados, informó el legislador Nicolás Uribe, quien aseguró que con esta iniciativa se promoverá el proceso de paz.

Con la aprobación de ese proyecto de ley, “el fiscal tendrá la oportunidad de solicitar ante los jueces de garantías la suspensión de procedimientos para que estas personas puedan resolver su situación jurídica siempre y cuando no hayan cometido ningún delito de lesa humanidad”, dijo Uribe a medios locales.

El legislador reiteró que la condición para que aplique esta ley a un desmovilizado es que no “hayan sido jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que tampoco hayan cometido delitos ni antes ni después de la desmovilización”. Asimismo, recordó que la aprobación del “principio de oportunidad” permitirá avanzar en esta negociación de paz con los paramilitares y en futuros diálogos con otros grupos armados ilegales.
“Lo que busca esta figura es materializar un acuerdo, que hizo la Fiscalía con la Corte Suprema de Justicia, para resolver ese limbo jurídico en el que estaban más de 19 mil desmovilizados”, agregó.
La reforma también permitirá al fiscal solicitar la terminación, suspensión o terminación de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales, siempre y cuando la persona que se beneficie testifique en contra de otras o sirva para desarticular las bandas, según Uribe.

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, explicó que el principio de oportunidad permitirá también “
desarticular organizaciones mafiosas y bloques terroristas”.

Por su parte, el congresista Germán Navas, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que ese proyecto posibilita “19 mil impunidades”, en tanto las víctimas no tendrán “la menor oportunidad de averiguar quién les causó daño”.

Esta iniciativa de ley deberá ser sancionada por el presidente Álvaro Uribe y pasar por una revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor.

Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizaron entre 2003 y 2006 a unos 31mil combatientes, de los cuales unos 19 mil se podrán acoger a los beneficios del principio de oportunidad por ser rasos y no tener delitos pendientes ante la justicia.

Hallados más de dos mil cuerpos en fosas comunes

Forenses colombianos han hallado los cuerpos de dos mil 329 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado que afecta a Colombia, la mayoría en acciones atribuidas a paramilitares, informó hoy la Fiscalía.

En un nuevo informe, la Fiscalía reveló que los restos humanos fueron encontrados en 1.906 fosas comunes ubicadas en distintas zonas de Colombia, gracias a los datos aportados por desmovilizados.
Del total de cuerpos hallados, 636 son sometidos a pruebas de ADN para su identificación y otros 527 han sido entregados a sus familiares, según el informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz.

Los restos, en su mayoría, han sido exhumados en los departamentos norteños de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde hubo la mayor concentración paramilitar en la década de los años 90.

Los paramilitares, agrupados en las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptaron en 2004 desmovilizarse a cambio de beneficios como penas bajas de prisión y condiciones especiales de reclusión. Las AUC son acusadas por grupos humanitarios de desaparecer y dar muerte a miles de civiles durante la guerra que por más de 20 años libraron contra las guerrillas en Colombia.


Encuentro de víctimas del Sur de Bolívar y Sur del Cesar


Más de 300 víctimas de crímenes de estado, de desapariciones y desplazamiento forzado, de torturas y ejecuciones extrajudiciales de los municipios del sur de Bolívar y sur del Cesar se reunirán del 20 al 22 de junio de este año en el municipio de Aguachica (Cesar).

Según Zoraida Hernández, portavoz de la Corporación Sembrar, organización defensora de derechos humanos en la zona que hace parte de los impulsores del encuentro, lo que se busca es “habilitar un escenario para que las víctimas de estas dos subregiones se encuentren para que construyan esperanza y desarrollen propuestas de verdad, justicia y reparación en el marco de toda esta impunidad que reina en el país”.

La situación de violencia que vive el municipio de Aguachica (Cesar) también será analizada en detalle durante la jornada. Zoraida Hernández explicó que esta población ha sido afectada recientemente por casos de ejecuciones extrajudiciales: “La situación que se presenta en este momento en el sur del Cesar es muy grave . Estamos hablando de unos 6 casos recientes de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. La mayor parte de estos casos hacen referencia a personas que han sido trasladadas desde Aguachica hasta la ciudad de Ocaña (departamento de Norte de Santander) y asesinados allí por parte de la Brigada y el Batallón de Ocaña”.

Además de la Corporación Sembrar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y la Asociación Nomadesc, entre otras organizaciones sociales, también participan en la convocatoria del

‘Estamos cansados de la muerte’: Carta al relator de la ONU(*)
San José de Cúcuta, Junio 13 de 2009

Estimado
PHILIP ALSTON
RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Bucaramanga


"Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata".
(Eduardo Galeano)

Nosotros los campesinos que habitamos la región del Catatumbo queremos extenderle un fraternal saludo y aprovechamos su importante visita para visibilizar la realidad en la que vivimos y por la que hoy en día luchamos para lograr que sea más digna la vida.

En nuestra región son evidentes las persistentes, sistemáticas y masivas violaciones a la dignidad humana por agentes del estado o con la complicidad de estos, fruto del histórico abandono y del incumplimiento en la garantía de la defensa integral de los derechos humanos del campesinado Catatumbero, por ello un considerable número de veredas del Catatumbo nos hemos declarado desde el pasado 29 de abril de 2009 en Campamento Refugio Humanitario "Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio" ubicado en la vereda Caño Tomás del corregimiento de San Juancito del municipio de Teorama en el departamento de Norte de Santander al nororiente de Colombia.

El refugio ha sido un mecanismo alternativo que no solo pretende evitar el desplazamiento indiscriminado[1] de los campesinos, sino también un espacio de resistencia pacífica en donde podamos plantear alternativas concertadas para superar la grave crisis humanitaria que vivimos en la región generada por los continuos atropellos que la Fuerza Pública viene ejerciendo contra la población civil: ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales, señalamientos, entre otras acciones, y, por la falta de inversión social real que mejore la calidad de vida de nuestras comunidades.

La "crisis humanitaria" por la que atraviesa hoy la región tiene su origen en la arremetida paramilitar desde 1999 mediante el control político, social, económico y militar en cascos urbanos y zonas rurales por parte de estos grupos que aun siguen actuando (ahora conocidos como las águilas negras), dejando como resultado masacres, innumerables desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, violaciones a la libertad de prensa y expresión, desplazamientos forzados, fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia, infracciones al DIH, bloqueos alimentarios y sanitarios, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, criminalización de las organizaciones sociales, destrucción del tejido social, el despojo de nuestras legitimas tierras, y bienes de la población, el desproporcional gasto militar y la mínima inversión social.

Con la supuesta desmovilización paramilitar en diciembre de 2004 y en marzo de 2006[2] y con la implementación de la "ley de justicia y paz", (ley promovida por el gobierno central a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez), las víctimas del paramilitarismo seguimos siendo víctimas de la impunidad que se implementa desde el gobierno central. Mientras que para los perpetradores de crímenes de guerra y de violaciones graves a los derechos humanos son beneficiados por parte del gobierno nacional con programas de educación, proyectos productivos, vivienda propia, salud y demás, los campesinos que levantamos nuestra voz de protesta ante el abandono estatal, somos señalados de ser subversivos, o hacer parte de las estructuras de las organizaciones insurgentes por el solo hecho de luchar y exigir inversión social para nuestras comunidades en la búsqueda de una vida digna para toda la población.

De la implementación del proyecto paramilitar y la supuesta desmovilización en la región del Catatumbo, se paso a una fuerte militarización, de 1500 hombres que componía el pie de fuerza del ejército nacional en el 2005 paso a 10.000. A finales de 2005 e inicios del 2006 entraron a operar a la región del Catatumbo dos nuevas brigadas del Ejército Nacional: la Brigada No. 30 con sede en Cúcuta con jurisdicción en Norte de Santander y Sur del Cesar la cual es financiada con recursos del Plan Colombia, y la Brigada Móvil No. 15 con sede en Ocaña y con jurisdicción en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.

Coincidentemente, la militarización trajo consigo el aumento de los atropellos por parte de la fuerza pública contra la población campesina, ejemplo de ello son las 68[3] ejecuciones extrajudiciales que miembros de la Brigada Móvil No. 15 realizaron en la región del Catatumbo. Sumado a lo anterior, la desaparición de jóvenes procedentes de Soacha Cundinamarca quienes fueron hallados sin vida en fosas comunes en el municipio de Ocaña y presentados por los militares como guerrilleros dados de baja en combate, situación que genero la destitución de los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco comandante de la II División del Ejército, Paulino Coronado Gámez comandante de la Brigada No. 30, y los coroneles Rubén Darío Castro comandante de la Brigada Móvil No. 15, Gabriel Rincón Amado jefe de operaciones de la Brigada Móvil No. 15, y un número considerable de oficiales y subofiales del ejércitos nacional, entre otros..

Estos hechos generaron que la brigada Móvil No. 15 fuera retirada de la zona y remplazada el 29 de enero de 2009 por la Brigada Móvil No. 23, además, fueron detenidos el Coronel Gabriel Rincón Amado [4] y el soldado Medardo Ríos a quienes se le imputa concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada por las muertes de Jonathan Orlando Soto y Julio César Mesa, dos de los jóvenes desaparecidos en Soacha.

Todo este panorama nos ha llevado a convertir el espacio del refugio en una esperanza, en un escenario que nos permita exigir lo que por tantos años se nos ha negado desde el Estado, el respeto a la vida, el respeto a nuestro derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, a la educación, a nuestro proyecto de vida y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores entre campesinos y gobiernos anteriores.

Estamos cansados de la muerte, hemos sido amedrentados, amenazados, perseguidos, detenidos, judicializados, robados, estigmatizados y señalados como enemigos del estado, nuestras organizaciones campesinas han sido duramente perseguidas para provocar su desaparición.

Nuestros cultivos de pan coger han sido fumigados con el perjudicial glifosato: pretendiendo erradicar la coca y el narcotráfico, nos están erradicando la yuca, el plátano, el maíz, las gallinas, los pastos... Están erradicando la cultura campesina, nos están desplazando y desarraigando, están desocupando los campos para garantizar la entrega de nuestra ancestral y legítima tierra con todos sus recursos a los capitales extranjeros de las empresas transnacionales, a las empresas del narcotráfico que invierten en los proyectos estatales, a los latifundistas y a los grandes ganaderos, comprometidos todos en la barbarie paramilitar.

Es clara la estrategia de aniquilamiento contra nosotros los campesinos, nos quieren desplazar de nuestros territorios para dar vía libre al saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales y favorecer a unos pocos. Por esto, para nosotros es muy importante poderle contar a usted la situación en la que nos encontramos 250 delegados de los campesinos del Catatumbo, porque si bien desde el mes de octubre de 2008 hasta la fecha no se han presentado más casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, esto no significa que hayan parado los atropellos, nos siguen señalando, deteniendo, empadronando y ahora más que nunca, por levantar una vez más nuestra voz, exigiendo el derecho legitimo a existir y permanecer en el territorio.

Nosotros los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo, que hoy estamos persistiendo desde el espacio del refugio humanitario queremos solicitarle amablemente que esté atento al rumbo que va tomando nuestra lucha, para ello nos gustaría generar canales de comunicación directa, para que la organización que Ud. representa siga conociendo las realidades que vivimos.

Nosotros no queremos ser desplazados, ni lo seremos nunca, es nuestra voluntad retornar a cada una de nuestras parcelas a seguir trabajo la tierra, pero solo eso será posible cuando nos escuchen y cumplan con lo pactado, cuando se garanticen, pero de verdad y dignamente, nuestros derechos a la vida e integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra y al trabajo, a vivir con dignidad.

Nuestra lucha es por la tenencia de la tierra y defensa de nuestro territorio, es una iniciativa agraria de paz, es una propuesta de producción de alimentos limpios, de explotación de nuestros recursos de manera racional, de protección de la naturaleza, de la defensa de la vida, la cultura y el territorio.

Fraternalmente,
(*)Asociación Campesina del Catatumbo.

Notas:

[1] Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de personas desplazadas internas después de Sudán.
[2] El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 1424 paramilitares del Bloque Catatumbo y el 8 y 10 de marzo de 2006 se desmovilizaron 4759 paramilitares del Bloque Norte.
[3] Estos 68 casos fueron recogidos por la Asociación Campesina del Catatumbo en dos comisiones de verificación, sin embargo el total de casos presentados en la región del Catatumbo son 111.
[4] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/coronel-y-soldado-no-aceptaron-cargos-por-dos-falsos-positivos-de-soacha_5416189-1

(Fuentes:TeleSur,EFE-ElFinanciero, Codhes y Adital)

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