EXTRANJEROS DENUNCIAN PRESIONES XENÓFOBAS DE LAS AUTORIDADES, CONTROLES DE IDENTIDAD "MASIVOS, PROGRAMADOS Y SELECTIVOS, VEJACIONES, ABUSOS Y DETENCIONES DE 72 HORAS"
“Me llamo María Luisa, soy de Ecuador. Era verano, las ocho de la mañana, iba por la calle y al llegar a la estación de Méndez Álvaro, me encuentro con un control policial. Me detienen y me llevan a la comisaría de Aluche por no tener papeles. El trato fue vejatorio. Me hicieron quitar la ropa y así, desnuda, me insultaron. Después de 24 horas, salí en libertad con una orden de expulsión”.
Éste es uno de los quince testimonios de ’sin papeles’ que denuncian constantes controles de identidad. En la madrileña Plaza de Lavapiés., tiene lugar la lectura de testimonios como éste, en un acto convocado por la Asociación de Sin Papeles de Madrid y la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino bajo el lema ‘Porque la vida no es una cárcel. ¡Paremos los controles!'.
Las organizaciones denunciaron que en las calles de Madrid los inmigrantes están sometidos a controles policiales de identidad “masivos, programados y selectivos” para perseguir la posible comisión de una infracción administrativa. Por ello, han decidido solicitar a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior una reunión para demandar “un compromiso público por parte de las autoridades competentes para acabar inmediatamente con esta situación”.
En un estudio elaborado por estas dos organizaciones sobre los controles de identidad realizados a inmigrantes, constatan 67 casos de asedio con trato vejatorio y testimonios de malos tratos, abusos y agresiones por parte de la Policía.
Marisa Pérez, de la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino, hace hincapié en que, mientras que carecer de documentación es una infracción administrativa, “las medidas que se están utilizando para afrontarla son de tipo penal”, como “grandes despliegues policiales, cacheos, registros y detenciones de hasta 72 horas”.
Una situación que supone la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. “Salir a la calle es un desafío. La Policía nos busca en los lugares a los que vamos para pagarnos la vida, regularizar nuestra situación o llamar a nuestras familias… A veces nos tratan con respeto. Otra veces, no. Nos aprietan las esposas, nos insultan y se burlan de nosotros, a algunos nos han golpeado”, manifestó en el acto de la Plaza de Lavapiés uno de los inmigrantes de la Asociación de Sin Papeles de Madrid.
Éste es uno de los quince testimonios de ’sin papeles’ que denuncian constantes controles de identidad. En la madrileña Plaza de Lavapiés., tiene lugar la lectura de testimonios como éste, en un acto convocado por la Asociación de Sin Papeles de Madrid y la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino bajo el lema ‘Porque la vida no es una cárcel. ¡Paremos los controles!'.
Las organizaciones denunciaron que en las calles de Madrid los inmigrantes están sometidos a controles policiales de identidad “masivos, programados y selectivos” para perseguir la posible comisión de una infracción administrativa. Por ello, han decidido solicitar a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior una reunión para demandar “un compromiso público por parte de las autoridades competentes para acabar inmediatamente con esta situación”.
En un estudio elaborado por estas dos organizaciones sobre los controles de identidad realizados a inmigrantes, constatan 67 casos de asedio con trato vejatorio y testimonios de malos tratos, abusos y agresiones por parte de la Policía.
Marisa Pérez, de la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino, hace hincapié en que, mientras que carecer de documentación es una infracción administrativa, “las medidas que se están utilizando para afrontarla son de tipo penal”, como “grandes despliegues policiales, cacheos, registros y detenciones de hasta 72 horas”.
Una situación que supone la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. “Salir a la calle es un desafío. La Policía nos busca en los lugares a los que vamos para pagarnos la vida, regularizar nuestra situación o llamar a nuestras familias… A veces nos tratan con respeto. Otra veces, no. Nos aprietan las esposas, nos insultan y se burlan de nosotros, a algunos nos han golpeado”, manifestó en el acto de la Plaza de Lavapiés uno de los inmigrantes de la Asociación de Sin Papeles de Madrid.
Agresión racista a una familia ecuatoriana en Madrid
El Gobierno de Ecuador condena la agresión xenófoba que sufrió el pasado 24 de mayo una familia ecuatoriana en Madrid y pide que se sancione a los jóvenes atacantes. La Secretaría Nacional del Migrante (Senami) rechazó, "de manera terminante, los actos de xenofobia y violencia contra una familia ecuatoriana", en un barrio madrileño.
La Senami indica que se ha unido a la querella criminal que, por este caso, prevé presentar ante los tribunales la organización Movimiento contra la Intolerancia, y anunció que "seguirá de cerca el proceso, a fin de que la justicia española castigue con el rigor de la ley a los agresores".
“La agresión tenía evidentes rasgos xenófobos y racistas”, precisó en su momento la embajada de Ecuador en España en un comunicado. El pasado 24 de mayo, Llumiquinga (de 46 años), su compañero Freddy Guijarro (41), cinco familiares fueron golpeados por un grupo de jóvenes en Ciudad de los Ángeles, un barrio de la periferia sur de Madrid. Los atacantes fueron detenidos por la policía.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador pidió al Defensor del Pueblo de España, Enrique Mújica, que atienda este caso. A propósito, el viernes las dos defensorías firmaron un convenio de cooperación, mediante el cual se atenderá a ecuatorianos radicados España o españoles que viven en Ecuador.
Amnistía advierte sobre torturas y otras vulneraciones de los derechos humanos
Los esfuerzos de España en 2008 para controlar la inmigración, en colaboración con la Unión Europea y algunos países africanos, "pusieron en peligro los derechos" de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Así lo subraya el de informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo.
En el documento, con datos relativos a 2008, la organización destaca que la tortura y malos tratos a manos de quienes deben "hacer cumplir la ley" continuaron "siendo frecuentes" en España, donde se mantiene, según denuncia AI, "la detención en régimen de incomunicación".
En el documento, con datos relativos a 2008, la organización destaca que la tortura y malos tratos a manos de quienes deben "hacer cumplir la ley" continuaron "siendo frecuentes" en España, donde se mantiene, según denuncia AI, "la detención en régimen de incomunicación".
Amnistía Internacional equipara a España con Turquía, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán en cuanto a la respuesta judicial que se da a las denuncias de tortura y malos tratos de detenidos para obtener confesiones.
AI critica que las denuncias de tortura no den lugar sistemáticamente a investigaciones independientes, que se sigan considerando estas denuncias como parte de una estrategia para desacreditar al Estado, que los casos judiciales avancen con lentitud y escasa diligencia, y que se impongan penas leves a los agentes a los que se declara culpables. "En países como Bosnia-Herzegovina, España, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Ucrania y Uzbequistán, tales obstáculos no hacían sino perpetuar una cultura de impunidad", señala el informe.
La organización hace también referencia también a los obstáculos y dificultades con que se encuentran las víctimas de violencia machista para denunciar y conseguir protección, una situación que se agrava en el caso de las mujeres inmigrantes en situación irregular. De las 70 mujeres que murieron en 2008 en España a manos de su pareja o ex pareja, 34 eran extranjeras, según destaca AI.
España también figura en el informe de AI por la presión que se ejerce sobre países africanos para frenar la inmigración irregular. Asimismo, AI afirma que los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluían garantías adecuadas en materia de derechos humanos, a la hora de rechazar a solicitantes de asilo y devolverlos a países donde "corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos".
La organización hace también referencia también a los obstáculos y dificultades con que se encuentran las víctimas de violencia machista para denunciar y conseguir protección, una situación que se agrava en el caso de las mujeres inmigrantes en situación irregular. De las 70 mujeres que murieron en 2008 en España a manos de su pareja o ex pareja, 34 eran extranjeras, según destaca AI.
España también figura en el informe de AI por la presión que se ejerce sobre países africanos para frenar la inmigración irregular. Asimismo, AI afirma que los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluían garantías adecuadas en materia de derechos humanos, a la hora de rechazar a solicitantes de asilo y devolverlos a países donde "corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos".
La crisis expulsa a 35.000 inmigrantes con papeles hacia la economía sumergida
Según datos del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, en 2008, un total de 35.000 trabajadores extranjeros perdieron en la Comunidad Valenciana su puesto de trabajo y, paralelamente, se vieron abocados a la economía sumergida para mantener sus ingresos. Castellón es la provincia donde el impacto es mayor al destruirse una cuarta parte del empleo desempeñado por los trabajadores extracomunitarios, en su mayoría en el sector de la construcción.
Esta situación de "irregularidad sobrevenida", como la define el experto Carlos Gómez Gil, ha derivado en un auténtico drama para un colectivo que ha perdido de un plumazo unos derechos que tardaron años en conquistar. Muchos de los que consiguieron normalizar su vida aquí temen salir de sus casas por temor a ser expulsados.
La crisis económica ha acelerado la destrucción de empleo sobre el conjunto de trabajadores, pero de forma muy particular sobre los inmigrantes. Ya en 2007, el desempleo entre la colonia extranjera comenzaba a ser preocupante, pero este fenómeno, subraya Gómez Gil, explotó en 2008 "de forma rápida y acelerada, al compás de la propia crisis". Gómez Gil, director del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, alerta del impacto "devastador" que la crisis económica está teniendo sobre este colectivo. Para el experto, asistimos a la gestación de "una pobreza estructural".
El pasado año, según se desprende del informe Evolución y comportamiento del empleo de los inmigrantes en el año 2008, se disparó la pérdida de permisos de trabajo, con un indicador (un 29% menos) que duplica al registrado en España, con especial impacto en Castellón. Esta provincia, según el citado estudio, ha vivido una "auténtica" catástrofe laboral. Solo la agricultura ha permitido amortiguar "ligeramente" las elevadas pérdidas de afiliación de inmigrantes. No en vano, es el único régimen que experimenta incrementos significativos de afiliación en todas las provincias, tanto comunitarios como para los extracomunitarios. "Solo el campo consigue generar nuevos empleos entre los inmigrantes en 2008, pero en un número muy insuficiente para el volumen total de contratos que se pierden en el resto de los sectores económicos", arguye Gómez Gil. Y es que de cada cuatro empleos asegurados perdidos, se crea uno en el sector de la agricultura.
En términos absolutos, la mayor pérdida de permisos de trabajo de inmigrantes se concentra en Valencia con 17.095 menos, aunque proporcionalmente ha sido Castellón la más afectada. La pérdida de permisos de trabajo está, por tanto, vinculada al dato de afiliación. Así, el acusado descenso de asegurados extranjeros en la Comunidad Valenciana cobra dimensión cuando se atiende al dato nacional. La Comunidad Valenciana multiplica por cinco el indicador nacional de disminución de inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social. La principal causa ha sido la disparatada destrucción de mano de obra en el sector de la construcción. El desempleo entre los trabajadores extranjeros en el sector de la construcción fue, en 2008, 17 puntos por encima de la media estatal.
La actual coyuntura de recesión tiene además otras múltiples derivadas, entre ellas un claro retroceso en las condiciones de trabajo. Se ha disparado la precariedad y eso propicia las situaciones de abusos, especialmente con la población más vulnerable, como es el colectivo extranjero. El experto señala que si las cifras son malas en el conjunto nacional, mucho peores son "las de esta comunidad con una histórica trayectoria de la economía sumergida. Cuando ya habíamos conseguido una sustancial reducción de inmigrantes sin papeles, se ha vuelto a invertir la situación".
(Fuentes: Europa Press,EFE, El Comercio-Quito, 20 Minutos-España y El País-Madrid)
Esta situación de "irregularidad sobrevenida", como la define el experto Carlos Gómez Gil, ha derivado en un auténtico drama para un colectivo que ha perdido de un plumazo unos derechos que tardaron años en conquistar. Muchos de los que consiguieron normalizar su vida aquí temen salir de sus casas por temor a ser expulsados.
La crisis económica ha acelerado la destrucción de empleo sobre el conjunto de trabajadores, pero de forma muy particular sobre los inmigrantes. Ya en 2007, el desempleo entre la colonia extranjera comenzaba a ser preocupante, pero este fenómeno, subraya Gómez Gil, explotó en 2008 "de forma rápida y acelerada, al compás de la propia crisis". Gómez Gil, director del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, alerta del impacto "devastador" que la crisis económica está teniendo sobre este colectivo. Para el experto, asistimos a la gestación de "una pobreza estructural".
El pasado año, según se desprende del informe Evolución y comportamiento del empleo de los inmigrantes en el año 2008, se disparó la pérdida de permisos de trabajo, con un indicador (un 29% menos) que duplica al registrado en España, con especial impacto en Castellón. Esta provincia, según el citado estudio, ha vivido una "auténtica" catástrofe laboral. Solo la agricultura ha permitido amortiguar "ligeramente" las elevadas pérdidas de afiliación de inmigrantes. No en vano, es el único régimen que experimenta incrementos significativos de afiliación en todas las provincias, tanto comunitarios como para los extracomunitarios. "Solo el campo consigue generar nuevos empleos entre los inmigrantes en 2008, pero en un número muy insuficiente para el volumen total de contratos que se pierden en el resto de los sectores económicos", arguye Gómez Gil. Y es que de cada cuatro empleos asegurados perdidos, se crea uno en el sector de la agricultura.
En términos absolutos, la mayor pérdida de permisos de trabajo de inmigrantes se concentra en Valencia con 17.095 menos, aunque proporcionalmente ha sido Castellón la más afectada. La pérdida de permisos de trabajo está, por tanto, vinculada al dato de afiliación. Así, el acusado descenso de asegurados extranjeros en la Comunidad Valenciana cobra dimensión cuando se atiende al dato nacional. La Comunidad Valenciana multiplica por cinco el indicador nacional de disminución de inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social. La principal causa ha sido la disparatada destrucción de mano de obra en el sector de la construcción. El desempleo entre los trabajadores extranjeros en el sector de la construcción fue, en 2008, 17 puntos por encima de la media estatal.
La actual coyuntura de recesión tiene además otras múltiples derivadas, entre ellas un claro retroceso en las condiciones de trabajo. Se ha disparado la precariedad y eso propicia las situaciones de abusos, especialmente con la población más vulnerable, como es el colectivo extranjero. El experto señala que si las cifras son malas en el conjunto nacional, mucho peores son "las de esta comunidad con una histórica trayectoria de la economía sumergida. Cuando ya habíamos conseguido una sustancial reducción de inmigrantes sin papeles, se ha vuelto a invertir la situación".
(Fuentes: Europa Press,EFE, El Comercio-Quito, 20 Minutos-España y El País-Madrid)
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