Saharauis, los ojos del desierto

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2.7.11

Colombia-Paramilitares

ESTABLECIDA POR LEY LA IMPUNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE 'DESMOVILIZADOS', MIENTRAS SIGUEN LAS MASACRES


La entrada en vigor el pasado miércoles de la nueva ley da amparo unos 25.000 paramilitares colombianos y suspende la ejecución de penas dictadas por crímenes distintos a los de lesa humanidad. La norma ha sido ya recurrida ante la Corte Suprema por varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

La ley protege a los miembros de los grupos paramilitares en Colombia entre 2003 y 2006 a los que da la oportunidad de poder “aclarar su situación jurídica, siempre y cuando, como lo estipula la norma, no hayan cometido delitos de lesa humanidad”.

La norma establece que bajo el nuevo marco legal las órdenes de captura y ejecuciones de condena se podrían suspender si los paramilitares “han dejado las armas, cumplen con los programas de reinserción y colaboran con la Justicia”.Los desmovilizados tendrán hasta el 28 de diciembre de 2011 para acceder a los beneficios que impone esta nueva Ley, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, y que busca de garantizar que “se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas”, según el gobierno colombiano.

El gobierno de Bogotá ha explicado que la norma 1424, también conocida como Ley de Desmovilizados, resolverá de una vez por todas el estatus jurídico de los paramilitares que supuestamente dejaron las armas durante la administración de Uribe, que pese a haber delinquido, no habían cometido los denominados "delitos atroces".

Durante la presidencia de Álvaro Uribe, alrededor de 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron las armas y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, que les brinda a cambio de su cooperación con las autoridades, beneficios legales y penas máximas de 8 años.

Además, los paramilitares debían reparar a las víctimas de sus crimenes. También dentro de la Ley de Justicia y Paz hay un programa de reinserción social para ellos, una vez que purguen sus penas.

En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (las Bacrim), como las Águilas Negras. Las autoridades policiales aseguran que las Águilas Negras son una de las organizaciones criminales integradas por antiguos paramilitares al servicio del narcotráfico. Y también según un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las Bacrim, están formadas por ex paramilitares y narcotraficantes. Este informe establece que a finales de 2010, estas bandas actuaban en 15 de los 32 departamentos del país, y contaban con al menos siete mil hombres armados.

Estas bandas emergentes, según Indepaz, serían herederas de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, entre 2003 y 2006 realizaron una negociación de paz con el gobierno de Uribe (2002-2010).

Las Águilas Negras son la tercera generación de los grupos paramilitares. Están asociadas con los carteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo. Estos grupos también atacan a miembros de la guerrilla y a luchadores sindicales, sociales y políticos de izquierdas y a defensores de los derechos humanos.

ASESINADO DIRIGENTE DE LOS DESPLAZADOS EN SAN ONOFRE, SUCRE

Comunicado del MOVICE Julio 1 de 2011.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, rechaza y denuncia ante la opinión pública, nacional e internacional los recientes hechos acaecidos en el departamento de Sucre, y exige al gobierno nacional que brinde garantías serias y reales e inmediatas a la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que valientemente promueven, defienden la tierra y exigen derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.

Hechos

El día 30 de junio fue asesinado por desconocidos, el compañero ANTONIO MENDOZA MORALES, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento.

ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.

Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.


Resaltamos la situación que padece en todo el país los y las líderes y comunidades que exigen restitución legítima de sus tierras, el gobierno y los organismos de control no han tenido una verdadera voluntad política para frenar los ases

inatos, desplazamientos y amenazas que siguen padeciendo estas comunidades.


Exigimos que:

  1. Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.

  2. Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.

  3. Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas

  4. Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.

LAS MASACRES NO SON CASOS AISLADOS

Por Carlos Jaime Fajardo (*)

La rapiña por los recursos naturales de diferentes regiones del país, ha llevado a que se presenten procesos de desplazamiento, masacres y estigmatización de los pobladores de diversos lugares, con el fin de asegurar la explotación mineral.

Esto también sucedió con la invasión española hace mas de quinientos años, donde los genocidios y explotación de indígenas fue la constante. Según Eduardo Galeano “Antes de que Francisco Pizarro degollara al Inca Atahualpa, le arrancó un rescate en “andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata, fina, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo...”. Después se lanzó sobre el Cuzco para saquear el Templo del Sol. Casos como este se repitieron durante toda la conquista.

Lo sucedido el pasado 27 de junio en Villanueva, un corregimiento al norte de Nariño, en límites con el sur del Cauca, donde masacraron 8 campesinos con el fin de atemorizar a sus pobladores no es un hecho aislado. Como antecedentes vale recordar que desde agosto de 2002, se asentaron en el corregimiento grupos paramilitares del “Bloque Libertadores del Sur”, en cabeza de alias Brayan, desde donde asesinaron y desplazaron a lideres populares de diferentes municipios de la zona.

En la actualidad, se han lanzado una serie de multinacionales en busca de oro y cobre en las veredas del corregimiento; vale mencionar que hace algunas semanas se realizó una encuesta casa por casa, por parte de la Anglogold Ashanti, la misma que va ha explotar oro en Cajamarca Tolima, indagando sobre la percepción que las familias de la región tenían sobre la explotación minera, calificando de familias conflictivas a quienes rechazaran tal proyecto. De igual manera el pasado 17 de junio se realizó en Génova su cabecera municipal un foro minero para debatir la presencia de las multinacionales mineras en la región, lo cual sin duda preocupa a los potenciales inversionistas.

Casos similares han sucedido en el sur de Bolívar, Tolima y Caldas, situación que no debe ser indiferente para el resto de los colombianos, pues hoy están detrás de los minerales y del agua, mañana del oxigeno y de nuestra vida para esclavizarla, como ya sucedió con la invasión española.

(*)Sociólogo, ensayista, investigador independiente e integrante de la revista Viento del Sur.


(Fuentes: LibreRed, AFP, TeleSur, Prensa Libre Cauca y Viento del Sur)

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