a El documento califica el Tratado de Lisboa de 'peligro para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico'.
En Lima, comienza hoy la Cumbre de presidentes de Latinoamérica y el Caribe-Unión Europea y concluye la Cumbre de los Pueblos, reunida bajo el lema "Enlazando Alternativas" Los mandatarios llegan a poco más que firmar los documentos que ya les han elaborado expertos y ministros. Pero, sobre su mesa, tienen ya la declaración final que ayer les dejó la coordinadora general de la cumbre social paralela, Rosa Guillén, quien la entregó al ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, y al de Eslovenia, Dimitrij Rupel.
El documento cuestiona los acuerdos de asociación que impulsa la UE porque 'perpetúan el actual sistema de dominación'. Igualmente alerta contra la estrategia de la UE "Europa Global: Competir en el mundo" porque profundiza "las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales".
Señala que los acuerdos comerciales impulsados desde el otro lado del Atlántico repiten el esquema de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por la mayoría de los países latinoamericanos con Estados Unidos.
Señala que los acuerdos comerciales impulsados desde el otro lado del Atlántico repiten el esquema de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por la mayoría de los países latinoamericanos con Estados Unidos.
Al referirse al Tratado de Lisboa indica que constituye una de las grandes amenazas en Europa para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico. Los gobiernos de esa región pretenden ratificarlo sin consultarlo a la población."La principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos", sostiene la Declaración de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3.
Sin embargo, sostiene el documento, "es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo".
Ello requiere de la cooperación de los pueblos en todos los campos, su solidaridad, el fin de todo tipo de discriminación y la eliminación de todo tipo de políticas que atenten contra la soberanía de los países. En tal sentido, la declaración enfatiza el rechazo al intervencionismo de los Estados Unidos y la UE."La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales", indica el documento que culmina con un llamamiento a preparar la próxima Cumbre de los Pueblos que se realizará en España en 2010.
Las transnacionales, deciden en la UE
En la jornada final de la Cumbre Social Euro-latinoamericana, el Tribunal Permanente de los Pueblos sentenció ayer a una veintena de transnacionales europeas por las ilegalidades que cometen en América Latina. Se trata de una serie de dictámenes, de carácter moral, sobre las denuncias de corrupción, sobreexplotación, atentados contra el medio ambiente y otras ilegalidades denunciadas en el marco de la cita, paralela a la V Cumbre de América Latina y El Caribe – Unión Europea (ALC-UE).Al finalizar la sesión de denuncias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Alejandro Teitelbaum -uno de los peritos- manifestó que son las asociaciones empresariales de las transnacionales europeas las que -incluso- llegan a escribir las propias resoluciones que luego adopta la Unión Europea.
Teitelbaum es un abogado argentino, experto en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra desde 1986 hasta 2006.
Otro experto, Juan Hernández, aseguró ante el TPP que las legislaciones nacionales no se hacen cumplir a las empresas transnacionales, los procesos judiciales son lentos y en lugar de promover la justicia se convierten en sus barreras. Hernández fue decano de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco, Vice-Rector de Investigaciones de la Universidad de Hegoa y es Miembro del Consejo Económico y Social Vasco. Hernández, aseguró que las transnacionales utilizan sus regímenes de obligaciones y derechos de acuerdo a su conveniencia, amparándose en la legislación nacional o en los acuerdos internacionales según les plazca.
Teitelbaum es un abogado argentino, experto en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra desde 1986 hasta 2006.
Otro experto, Juan Hernández, aseguró ante el TPP que las legislaciones nacionales no se hacen cumplir a las empresas transnacionales, los procesos judiciales son lentos y en lugar de promover la justicia se convierten en sus barreras. Hernández fue decano de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco, Vice-Rector de Investigaciones de la Universidad de Hegoa y es Miembro del Consejo Económico y Social Vasco. Hernández, aseguró que las transnacionales utilizan sus regímenes de obligaciones y derechos de acuerdo a su conveniencia, amparándose en la legislación nacional o en los acuerdos internacionales según les plazca.
La minera Majaz y las comunidades del Perú
La Minera Majaz S.A. tiene un largo historial de irregularidades y violaciones a los derechos de las comunidades en Perú. En el Tribunal Permanente de los Pueblos se cuestionaron sus actividades de exploración y en especial la proyectada explotación minera a cielo abierto que pretende realizar en lo que se denomina el proyecto Río Blanco.
Según la denuncia presentada ante el Tribunal, el proyecto afecta a la comunidad campesina en la región norteña de Piura, contaminando el agua, afectando la actividad agropecuaria y a la salud de miles de pobladores, y que de llevarse a cabo provocará la desertificación , por las grandes cantidades de agua utilizaría. Además existe un alto riesgo de destrucción e impacto irreversible a la biodiversidad de la región Páramo y el bosque de neblina. Este proyecto minero se extiende hasta la vecina región de Cajamarca, y afectaría la cuenca del Amazonas.
Majaz se encuentra operando ilegalmente, ya que obtuvo su licencia bajo documentación incompleta y sin respetar el derecho a la consulta que por ley se garantiza a las comunidades afectadas. Las protestas contra este proyecto han sido reprimidas violentamente , provocando heridas a decenas de personas, e incluso la muerte de dos comuneros hasta la fecha.
Majaz ha promovido la acusación falsa de terrorismo contra decenas de pobladores –contando con el apoyo del gobierno peruano-, por el único hecho de oponerse a las actividades abusivas y contaminantes de la empresa. Según el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca y dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Magdiel Carrión, “A pesar de la difamación que se nos hace, los pueblos que vivimos en la zona somos concientes y seguimos en la resistencia, y no permitiremos por nada que el gobierno atropelle nuestros derechos comunales, nuestros derechos como personas y como peruanos”.
Carrión denuncia la criminalización de las protestas, señalando que “no hay respeto”, porque “si quieres hablar ya eres terrorista, ya eres narcotraficante, o estás en contra del desarrollo, eres el ‘perro del hortelano’ como se nos llama a nosotros, y nos da lástima que un gobierno peruano, que está para gobernar y proteger al Perú, tenga que acusar o difamar de esa manera a los pueblos que resisten al neoliberalismo, a una imposición de las empresas trasnacionales”.
Pese a ello, el dirigente remarca que no se rendirán y que las compañías mineras no lograráan doblegar a las comunidades.“La lucha ya lleva cuatro años pero nosotros seguimos resistiendo, y en nuestras comunidades, creo que es difícil que pasen, pasarán los militares si les es posible, pero no pasarán las empresas mineras por voluntad del pueblo".
Según la denuncia presentada ante el Tribunal, el proyecto afecta a la comunidad campesina en la región norteña de Piura, contaminando el agua, afectando la actividad agropecuaria y a la salud de miles de pobladores, y que de llevarse a cabo provocará la desertificación , por las grandes cantidades de agua utilizaría. Además existe un alto riesgo de destrucción e impacto irreversible a la biodiversidad de la región Páramo y el bosque de neblina. Este proyecto minero se extiende hasta la vecina región de Cajamarca, y afectaría la cuenca del Amazonas.
Majaz se encuentra operando ilegalmente, ya que obtuvo su licencia bajo documentación incompleta y sin respetar el derecho a la consulta que por ley se garantiza a las comunidades afectadas. Las protestas contra este proyecto han sido reprimidas violentamente , provocando heridas a decenas de personas, e incluso la muerte de dos comuneros hasta la fecha.
Majaz ha promovido la acusación falsa de terrorismo contra decenas de pobladores –contando con el apoyo del gobierno peruano-, por el único hecho de oponerse a las actividades abusivas y contaminantes de la empresa. Según el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca y dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Magdiel Carrión, “A pesar de la difamación que se nos hace, los pueblos que vivimos en la zona somos concientes y seguimos en la resistencia, y no permitiremos por nada que el gobierno atropelle nuestros derechos comunales, nuestros derechos como personas y como peruanos”.
Carrión denuncia la criminalización de las protestas, señalando que “no hay respeto”, porque “si quieres hablar ya eres terrorista, ya eres narcotraficante, o estás en contra del desarrollo, eres el ‘perro del hortelano’ como se nos llama a nosotros, y nos da lástima que un gobierno peruano, que está para gobernar y proteger al Perú, tenga que acusar o difamar de esa manera a los pueblos que resisten al neoliberalismo, a una imposición de las empresas trasnacionales”.
Pese a ello, el dirigente remarca que no se rendirán y que las compañías mineras no lograráan doblegar a las comunidades.“La lucha ya lleva cuatro años pero nosotros seguimos resistiendo, y en nuestras comunidades, creo que es difícil que pasen, pasarán los militares si les es posible, pero no pasarán las empresas mineras por voluntad del pueblo".
Los atropellos del BBVA
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, , es una de las instituciones financieras acusadas este miércoles en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Uno de los ponentes, Martín Mantxo, de la organización ecologista vasca Ekologistak Martxan –una de las partes acusadoras del banco-, explicó que el caso contra el BBVA es muy amplio, “porque recoge toda clase de atropellos”.El BBVA, el segundo banco privado de Latinoamérica, acumula acusaciones que van desde la compra de voluntades políticas de distintos gobiernos como el de Fujimori-Montesinos, el blanqueo de dinero del narcotráfico en Colombia y México, hasta las políticas antisindicales, o la congelación de cuentas bancarias a grupos considerados 'antisistema' como Enlace Civil (de Chiapas, México), pasando por la financiación de proyectos de fabricación de bombas racimo, el saqueo del erario público mediante la conversión de deuda pública en deuda privada y el cobro de altos intereses a cuenta de los Estados, o la financiación de proyectos destructivos del medio ambiente.
En cuanto a este último punto, Mantxo indicó que el accionar del banco es especialmente preocupante en el aspecto ambiental y social , porque ha sido uno de los grandes financiadores de la actividad en América Latina de las petroleras REPSOL YPF y Petrobrás, también de la compañía energética Iberdrola, de la megapapelera que la empresa ENCE planea instalar en Uruguay, y ha financiado además dos minas a cielo abierto en Chile y otras dos en Perú, Yanacocha y Antamina, proyectos mineros paradigmáticos rechazados por sus terribles impactos sobre el medio ambiente.
Además, las organizaciones que acusan a BBVA indican que en los últimos años, el banco ha financiado a Bunge, la mayor empresa de producción sojera de América Latina, que produce este cultivo fundamentalmente con el fin de destinarlo a la generación de agrocombustibles.
Mantxo se refirió también a la financiación por el BBVA del oleoducto de Camisea en Perú y del de OCP en Ecuador, ya que ambos atraviesan la Amazonía y han causado estragos a nivel ambiental y social.
Además, las organizaciones que acusan a BBVA indican que en los últimos años, el banco ha financiado a Bunge, la mayor empresa de producción sojera de América Latina, que produce este cultivo fundamentalmente con el fin de destinarlo a la generación de agrocombustibles.
Mantxo se refirió también a la financiación por el BBVA del oleoducto de Camisea en Perú y del de OCP en Ecuador, ya que ambos atraviesan la Amazonía y han causado estragos a nivel ambiental y social.
Reclaman que Unión Fenosa sea expulsada de Nicaragua
"Lo que pedimos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos es que se le recomiende al Estado la expulsión de Unión Fenosa del país, y la inmediata estatización de todos los servicios energéticos del país", sintetizó Gloria Paniagua, del Movimiento Social Nicaragüense, una de las diez organizaciones que llegaron a Perú a denunciar los abusos de la corporación española.Las críticas estuvieron centradas en las operaciones de Unión Fenosa en Nicaragua, Guatemala, Colombia y México, donde se han registrado violaciones a los derechos humanos y ambientales de la población.
Paniagua apuntó que las políticas empresariales de la firma energética pone en riesgo también la "institucionalidad del país". "No aceptamos la reorientación de leyes para beneficiar los intereses de las trasnacionales y no de la mayoría de la población". Los grupos nicaragüenses presentaron pruebas de abusos de todo tipo: alza arbitraria de tarifas, desperfectos con los artefactos eléctricos, y falta de inversión en el tendido de la red y el alumbrado público.
Unión Fenosa también es criticada por vulnerar el contrato de concesión, cortes en el suministro eléctrico, facturas indebidas y prácticas anitisindicales con sus empleados.
Amenazas de Peter Mandelson contra Bolivia y Ecuador
Unión Fenosa también es criticada por vulnerar el contrato de concesión, cortes en el suministro eléctrico, facturas indebidas y prácticas anitisindicales con sus empleados.
Amenazas de Peter Mandelson contra Bolivia y Ecuador
Peter Mandelson, Comisario de Comercio Exterior de la Unión Europea, lanzó sus amenazas durante una reunión privada con los delegados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el marco de la cumbre de Lima.Señaló explícitamente que el acuerdo que se pretende alcanzar con las negociaciones comerciales entre UE y CAN era un Tratado de Libre Comercio (TLC) y que los países que sigan planteando propuestas fuera de este marco, quedarán fuera de las negociaciones en la cuarta ronda en Bruselas previstas para julio. La Unión Europea tampoco acepta la propuesta boliviana de excluir de las negociaciones compromisos en la mesa de servicios.
La revelación, así como la condena a la actitud prepotente del representante europeo, se dieron a conocer el 15 de mayo en la Cumbre de los Pueblos, por Pablo Solón, embajador plenipotenciario de Bolivia.
Según el diplomático, Mandelson señaló que Bolivia tiene que retirar sus propuestas de negociación planteadas hasta ahora si no quiere quedarse fuera de las negociaciones.
Solón reitero la respuesta de Bolivia : “Hemos dicho siempre que no vamos a firmar un TLC. Todo que hemos hecho es proponer un modelo de desgravación que va a asegurar que el acuerdo sea en beneficio de nuestro país y en acuerdo con los objetivos de la cumbre ALC-UE de reducir la pobreza. La actitud de Mandelson es inaceptable y representa una imposición dogmática en contra de las promesas de la Unión Europea. Espero que los gobiernos de la Unión Europea hagan modificar la posición de Mandelson.”
En el curso del debate que suscitó lo informado por el representante boliviano en el taller “¿Justicia para los pueblos o justicia para las transnacionales ?”, se señaló que los acuerdos comerciales de la Unión Europea, son iguales a los TLCs de los Estados Unidos y son hechos solamente para beneficiar a las transnacionales más grandes.
Asimismo, se indicó que existe una enorme brecha entre las palabras y la acción real de la UE en las negociaciones, y que el intento de imponer su modelo y de rechazar propuestas para el desarrollo de un país andino muestra el cinismo e hipocresía en su discurso de desarrollo y cuidado del medio ambiente.
(Fuentes: CNR-Coordinadora Nacional de Radio-Perú-, Prensa Latina, enlazandoalternativas.org, Agencia PÚLSAR y RadioMundoReal)
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