aTres desaparecidos en un nuevo ataque desde Colombia
La Asamblea Constituyente ecuatoriana cumple hoy seis meses, con cerca de 60 artículos aprobados y más de 200 aun pendientes. Es decir, que apenas ha cumplido un tercio del recorrido que deberá concluir el 26 de Julio, lo que no parece muy probable. Hay que recordar, no obstante, que desde que la constituyente decidió eliminar la cámara de diputados, realiza también esa tarea legislativa. Y así, en este período fueron votados además 10 mandatos constituyentes y dos leyes.
La Constituyente tiene dos meses para finalizar su trabajo y entregar la futura Carta Magna, que entre otras novedades, establecerá un nuevo concepto de economía “social y solidaria” y otorgará al Estado el control exclusivo de los recursos naturales, incluido el agua. Además, prohíbe la existencia de instalaciones militares extranjeras en suelo ecuatoriano, con lo que añade una razón más a la no renovación del contrato de la base militar que Estados Unidos mantiene en Manta y que cumple en 2009.
Acelerar los trabajos
Al resumir en días pasados la labor de la Constituyente, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó la atención sobre la necesidad de acelerar el trabajo, dejar a un lado temas fuera de agenda y concentrar la labor en la redacción de la Legislación.
Porque, según Correa, la Constituyente ha estado enfrascada en asuntos como el aborto, el placer sexual y la sugerencia de cambiar los símbolos patrios, que no son percibidos como prioritarios y que han afectado a la confianza de la ciudadanía en la Constituyente. El Presidente señaló que las dilatadas sesiones e intervenciones de los representantes de los partidos de oposición contribuyeron igualmente al desgaste de la Asamblea.
El mandatario se pronunció por recuperar la eficiencia y la confianza de ese órgano.
En este contexto, el vicepresidente de la Constituyente afirmó que esa institución entregará la nueva normativa nacional el 26 de julio próximo.
Una vez concluida su redacción, la Constitución deberá ser ratificada por los ecuatorianos en un referéndum, que se celebraría a principio de septiembre .
En este contexto, el vicepresidente de la Constituyente afirmó que esa institución entregará la nueva normativa nacional el 26 de julio próximo.
Una vez concluida su redacción, la Constitución deberá ser ratificada por los ecuatorianos en un referéndum, que se celebraría a principio de septiembre .
Durante el tiempo transcurrido, los asambleístas han discutido temas polémicos y picantes, que han generado intensas discusiones internas y externas.
Para este jueves se prevé la continuación del análisis en primer debate del articulado de Propiedad, elaborado por la mesa seis de Trabajo, Producción, Igualdad e Inclusión Social, que preside Pedro de la Cruz.
Según el texto propuesto, se garantizan diversas formas de propiedad, como la privada, comunitaria, estatal, social, cooperativista, pública y mixta, pero todas en su conjunto deben tener un función social y ambiental.
La inclusión de un párrafo que otorga al Estado la facultad de expropiar tierras o bienes motivó ayer el rechazo de representantes de partidos de derecha, lo cual dio lugar a amplias deliberaciones, la suspensión y aplazamiento de las discusiones para este día.
Para este jueves se prevé la continuación del análisis en primer debate del articulado de Propiedad, elaborado por la mesa seis de Trabajo, Producción, Igualdad e Inclusión Social, que preside Pedro de la Cruz.
Según el texto propuesto, se garantizan diversas formas de propiedad, como la privada, comunitaria, estatal, social, cooperativista, pública y mixta, pero todas en su conjunto deben tener un función social y ambiental.
La inclusión de un párrafo que otorga al Estado la facultad de expropiar tierras o bienes motivó ayer el rechazo de representantes de partidos de derecha, lo cual dio lugar a amplias deliberaciones, la suspensión y aplazamiento de las discusiones para este día.
Ecuador avanza hacia una 'economía social y solidaria'
Un nuevo concepto de economía social y solidaria, que desplazará al de mercado, esta hoy listo para pasar a primer debate en el pleno de la Asamblea Constituyente. El asambleísta Norman Wray, de la mayoría gubernamental Alianza País, destacó ayer que la definición de economía social y solidaria modificará al concepto de régimen mercado vigente en la actual Constitución, elaborada en 1998. Dijo que se trata de avanzar hacia un sistema nuevo, en el cual el ser humano aparezca como sujeto y fin, y no como mercancía. Con esto, aclaró, se busca “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que posibilitan el buen vivir”.
Según el texto acordado, “el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza”.
Según el texto acordado, “el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza”.
La discusión levantó una de las mayores polvaredas desde el inicio de las sesiones. La oposición cree que el artículo pone en peligro la propiedad privada. Así, Carlos Fadul (PSC), dijo que “Se dice que la propiedad privada debe cumplir su función social de acuerdo con la ley. Eso quiere decir que se deberá hacer una ley que regule la función social (...) a través de ese esquema se puede expropiar lo que les parezca”. Y sostiene que la nueva Constitución debe señalar en qué consiste la función social de los distintos tipos de propiedad, sin dejar rendijas para interpretaciones legales posteriores.
El oficialismo defendió el articulado, al señalar que las críticas de la minoría obedecen a una visión neoliberal del mundo, que combatirá la nueva Constitución. Así dijo Pedro de la Cruz, miembro de la Mesa 6, que las tierras cumplen su función social cuando están cultivadas y respetan el medioambiente. “Si una tierra está abandonada, el Estado tiene capacidad de expropiar para que los campesinos trabajen”.César Rodríguez (A. País) añadió que el objetivo es evitar que haya sectores de propietarios “que no cumplen la función social, mientras hay gente que no tiene un centímetro de tierra para trabajar y producir”.
Los asambleístas definieron igualmente la política fiscal, la cual “tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de adecuadas transferencias, tributos y subsidios".Establecieron asimismo 11 sectores como estratégicos, que serán controlados de manera exclusiva por el Estado y que son: energía, telecomunicaciones, vías de comunicación, recursos naturales no renovables, lminerales, hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, espectro electromagnético, espacio radioeléctrico y el agua.
La aprobación en el pleno de estos articulados constituirá un paso importante para Ecuador, que busca avanzar hacia un modelo denominado Socialismo del siglo XXI.
La aprobación en el pleno de estos articulados constituirá un paso importante para Ecuador, que busca avanzar hacia un modelo denominado Socialismo del siglo XXI.
Bajo apoyo e indecisos
El Sí a la nueva Carta Magna alcanza el 41% de apoyo, según una encuesta difundida por la empresa Cedatos, sobre la intención del voto para el referendun constitucional que deberá celebrarse en septiembre. Cedatos cifra el No en un 31% y los indecisos en un 78%. Según este estudio, el mayor apoyo a la Constitución se registra en Quito, con el 44% y el más bajo en el feudo opositor Guayaquil, con el 39%.
Otras consultoras dan datos parecidos. Así, Informe Confidencial reduce la cifra de indecisos al 67 por ciento, y la firma Santiago Pérez, 68 por ciento.
Sobre el SÍ, para Informe Confidencial logra el 41 por ciento y para Santiago Pérez será del 42 por ciento.
Santiago Nieto, de Informe Confidencial, atribuye el alto porcentaje de indecisos a la falta de interés de los electores en la constituyente. "La gente pensó que la asamblea iba a hacer otra cosa (dar empleo o bajar el costo de la vida) y las campañas de los asambleístas fueron ofreciendo agua, escuelas. Nadie dijo voy a hacer la constitución. Los expertos creen que la mayoría de ecuatorianos empezará a tomar una decisión a fines de julio o agosto, cuando el trabajo de la asamblea esté avanzado.
La consultora Santiago Pérez afirma que la confianza de los electores en la constituyente ha caído en los últimos meses de 22 por ciento en enero a 5 por ciento en mayo. La constituyente ocupa el tercer lugar de confianza después del gobierno y las fuerzas armadas, seguida de los consejos provinciales, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de justicia, según esta firma.
Para Informe Confidencial existe un empate de 46 por ciento entre los que aprueban y desaprueban la gestión de la asamblea.
Estado ecuatoriano tendrá control exclusivo del agua
En otro paso más destinado a desterrar el neoliberalismo, la mesa siete de la Asamblea Constituyente propuso el martes incluir en la futura Carta Magna el acceso libre de todos los ciudadanos al agua.
Tal proposición "inválida toda posibilidad de privatizar" el preciado líquido, que será controlado por el Estado, resaltó la víspera el asambleísta del movimiento Alianza País, Norman Wray. "Reconocemos al agua como un derecho humano y un bien estratégico, no por sus razones económicas, sino para la supervivencia", subrayó.
Este proyecto de artículo se incluye entre los 35 sancionados por esta mesa de Régimen de Desarrollo y que deberán ser discutidos en breve por el pleno de la Constituyente.
Con su futura aprobación por todos los asambleístas será responsabilidad del Estado la provisión del servicio de agua potable, la cual no será susceptible de privatización. De este modo, serían suspendidas las concesiones entregadas a empresas privadas para administrar este líquido en Guayaquil y Machala, capitales de las provincias de Guayas y El Oro, respectivamente.
Con su futura aprobación por todos los asambleístas será responsabilidad del Estado la provisión del servicio de agua potable, la cual no será susceptible de privatización. De este modo, serían suspendidas las concesiones entregadas a empresas privadas para administrar este líquido en Guayaquil y Machala, capitales de las provincias de Guayas y El Oro, respectivamente.
Nueva incursión armada desde Colombia
Ecuador investiga una incursión armada a su territorio en la frontera con Colombia, después de que pobladores ecuatorianos denunciaran el ingreso violento de personas "uniformadas" a sus pequeñas propiedades.
Los habitantes de San Martín, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, denunciaron que el lunes un grupo de personas, con uniformes militares y armados con fusiles, ingresaron a la empobrecida población y se llevaron a tres personas de origen colombiano. Los testigos recordaron que la arremetida ocurrió a las 18:30 del pasado lunes. Fueron unos 30 sujetos armados los que ingresaron a la zona. Ellos cruzaron desde Colombia, por el río San Miguel, en tres botes tipo militar.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, informó que Quito envió una misión militar al pueblo fronterizo -ubicado en la ribera del río San Miguel, límite con Colombia- para verificar la denuncia de los pobladores.
La denuncia se produce en momentos en que Ecuador y Colombia mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde la agresión de marzo, ocurrida también en Sucumbíos. Militares y policías colombianos atacaron un campamento de la guerrilla de las FARC en el caserío de Angostura, cerca de la frontera.
Los habitantes de San Martín, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, denunciaron que el lunes un grupo de personas, con uniformes militares y armados con fusiles, ingresaron a la empobrecida población y se llevaron a tres personas de origen colombiano. Los testigos recordaron que la arremetida ocurrió a las 18:30 del pasado lunes. Fueron unos 30 sujetos armados los que ingresaron a la zona. Ellos cruzaron desde Colombia, por el río San Miguel, en tres botes tipo militar.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, informó que Quito envió una misión militar al pueblo fronterizo -ubicado en la ribera del río San Miguel, límite con Colombia- para verificar la denuncia de los pobladores.
La denuncia se produce en momentos en que Ecuador y Colombia mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde la agresión de marzo, ocurrida también en Sucumbíos. Militares y policías colombianos atacaron un campamento de la guerrilla de las FARC en el caserío de Angostura, cerca de la frontera.
La semana pasada los militares de los dos países acordaron activar temporalmente una cartilla de seguridad, para mejorar el control en la frontera.
Un ataque de militares o paramilitares colombianos
Por la forma de actuar parece un ataque de militares o paramilitares. En San Martín entraron a la casa Almer Ordóñez, un colombiano que es refugiado, y supuestamente interrogaron a sus parientes sobre la guerrilla colombiana. “Encañonaron a los varones, niños, mujeres y luego los golpearon hasta cansarse”, contó Giovanni Castillo, un testigo y hermano de uno de los desaparecidos. Los armados se llevaron retenidos a Adelmar Castillo, Jairo Santander y a un tercer hombre de quien no se conoce su nombre. Solo el primero era refugiado. Diana Rodríguez, familiar de Castillo, contó que los hombres fueron llevados a Barranca Bermeja, una comunidad cercana a San Martín. Además, dijo que los armados los golpearon hasta dejarlos inconscientes. “A Aldemar le culparon de ayudar a la guerrilla, lo golpearon y torturaron”.Ahora, sus familiares temen que hayan sido asesinados y que sus cuerpos sean arrojados al río para no dejar evidencias. Por eso, rompieron su recelo a los militares y denunciaron lo ocurrido el lunes.
San Martín es un caserío ecuatoriano se encuentra en medio de las veredas colombianas El Ají y Puerto Bello, separado por el río San Miguel. Miguel Lapo, dirigente de Barranca Bermeja, sostiene que no se trata de la primera incursión que se registra en esa zona. “Hace dos años ya atacaron a los pobladores de este sector y el pasado 8 de febrero último se registró un intenso combate entre soldados y la guerrilla colombiana que sacó corriendo a los civiles”, comentó.
Mientras tanto, el recinto de Santa Rosa (Cascales), un poblado adyacente a Barranca Bermeja, se convirtió en el punto de llegada para los desplazados que prefirieron protegerse. Allí se produjo la llegada de unos ocho habitante de Barranca, Providencia y San Martín, pero no se descarta que el número llegue a los 20. Ramiro Casanova, un finquero de Barranca, contó que ayer conoció el hecho y por ello decidió abandonar sus tierras hasta que la situación se normalice.“Existen amenazas en contra de todos los pueblos fronterizos de este sector, por cuanto nos tachan de cómplices de la guerrilla”. Antes de huir para salvar la vida, logró llevarse a su nieta y recoger dos mudas de ropa.
(Fuentes: Prensa Latina, Reuters, El Comercio-Quito y Agencia Xinhua)
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