28.5.08

Colombia: Corrupción, Parapolítica, DD.HH.

EL PARLAMENTO INVESTIGA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE DE LA ACUSACIÓN DE COHECHO, POR LA COMPRA DE VOTOS PARA SU REELECCIÓN

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia inició este martes una investigación preliminar contra el presidente Álvaro Uribe, por el presunto delito de cohecho después que una ex congresista lo denunciara por ofrecerle en 2004 dádivas a cambio de votar la ley de reelección presidencial. Para adelantar la investigación al Presidente, la Comisión designó a tres representantes: Edgar Ulises Torres, representante de Cambio Radical ; José Gerardo Piamba Castro, representante conservador y Jaime Enrique Durán Barrera, representante liberal . Dos de ellos son uribistas y Durán Barrera de la oposición. Los tres representantes designados determinaron convocar a los denunciantes para que la próxima semana ratifiquen y amplíen la denuncia. La querella fue formulada por una decena de congresistas del Polo Democrático.
El senador opositor Luis Carlos Avellaneda denunció ante la Comisión de Acusación al jefe de Estado por ese delito.
La prensa local llamó "Yidis-Política" a la investigación que la Corte Suprema de Justicia inició contra la ex congresista oficialista Yidis Medina, quien denunció por propia iniciativa, que había cambiado su voto cuando se discutió la reforma constitucional el dos de junio de 2004 en la Cámara, porque el gobierno le ofreció varios puestos públicos a cambio de que cambiara su voto en la enmienda constitucional que permitió la reelección de Uribe. Además Yidis Medina entregó documentos según los cuales el Gobierno consignó dineros al congresista Teodolindo Avendaño, también detenido, para que se ausentara el día de las votaciones dada su oposición a la enmienda constitucional. Por la causa está detenido también el exparlamentario Iván Díaz Mateus.

Según la comisión investigadora, los denunciantes tendrán que ratificar la denuncia contra el jefe de Estado y serán citados en próximos días. Asimismo, no se descarta que sean escuchados en versión libre Yidis Medina y el ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado en el mismo caso.
La enmienda constitucional de 2004, que permitió la reelección de Uribe, fue aprobada por un voto de diferencia y, según la oposición, gracias a que Medina cambió de opinión en el último momento, pues se oponía a la aprobación de la norma.
La Corte Suprema de Justicia envió el pasado 8 de mayo a la Comisión de Acusación una copia de las declaraciones de Medina. La excongresista se declaró culpable de cohecho y acusó al también ex congresista Avendaño de haberse ausentado en el día de la votación de la enmienda tras haber recibido dineros del gobierno. Ambos ex legisladores están presos.
El caso salió a la luz hace varios meses, cuando Medina aseguró que vendió su voto para que el proyecto de reelección presidencial no tuviera problemas en su paso por una comisión de la Cámara de Representantes.

La investigación será pública
El representante Torres, coordinador de la terna investigadora, dijo que se adoptó que todas las determinaciones sean por consenso y que tratándose del Presidente de la República, nada será reservado, es decir que el público podrá asistir a las audiencias. También acordaron solicitarle al Procurador General de la Nación que asuma personalmente, y no a través de un delegado, el acompañamiento de ley al mencionado proceso. Torres dijo que no se descarta que en los próximos días el presidente Uribe sea llamado a rendir una versión libre, lo mismo que los ex congresistas detenidos Yidis Medina y Tedolindo Avendaño.
La querella contra Uribe fue interpuesta por el senador Luis Carlos Avellaneda, del opositor Polo Democrático Alternativo, quien considera que si la propia Medina y dos ministros son investigados por cohecho en el caso, el jefe de estado también tiene responsabilidad por haber sido beneficiado. Avellaneda , según Radio Caracol, sustenta que el presidente es el autor intelectual del delito, por el cual se procesa a la ex parlamentaria conservadora.

En su denuncia los congresistas de oposición consideraron que además de los congresistas, también los ministros Diego Palacio, y Sabas Pretelt de la Vega, habrían sido quienes ofrecieron las prebendas, y que el presidente Uribe, habría sido en últimas, el más beneficiado de este supuesto delito y, por lo tanto, también debería ser investigado por cohecho.

Otro escándalo, en pleno lío de la 'parapolítica'
Esta nueva investigación sobre Uribe sigue al de la denominada 'parapolítica' sobre las relaciones del paramilitarismo con el Presidente colombiano, sus ministros y los partidos políticos que le apoyan. La 'parapolítica'tiene a 35 parlamentarios en la cárcel y encartados a más de 65, además de gobernadores, alcaldes, concejales y exparlamentarios. Una situación que ha abierto una crisis parlamentaria de hondo calado y que, a juicio de muchos, debería provocar la convocatoria de elecciones legislativas para sustituir a un Congreso enfangado en el narco-paramilitarismo.

Ayer mismo, el presidente Uribe se personó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para ampliar su denuncia contra ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, a quien acusa de difamación.
Valencia declaró que el mandatario lo había llamado por teléfono para reclamarle por vincular al proceso por el escándalo de la denominada "parapolítica" a su primo, el ex senador Mario Uribe.
Este hecho ocurrió a finales del año pasado cuando Mario Uribe renunció a su escaño, después de tener conocimiento de que sería investigado por la Corte Suprema.
El máximo órgano de justicia reinició recientemente las pesquisas y detuvo al ex senador después que este hizo un intento infructuoso de asilarse en la embajada de Costa Rica.
El abogado defensor de Valencia descartó que se vaya a dar una conciliación con el mandatario en el curso del proceso.
Pero teniendo en cuenta que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está integrada en su mayoría por representantes de los partidos uribistas –los mismos inmersos en los escándalos-, nada se puede esperar de ellos, a menos que la facción que trata de lograr que el próximo candidato a la Presidencia no vuelva a ser Uribe sino el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, aproveche esta ocasión para encausar al que se le presenta como el rival a vencer.
Pero, por el contrario, lo que se prevé es que Uribe Vélez recurra al expediente fácil de que todo sucedió ‘a sus espaldas’ y le cargue el muerto a otros. Ahí están el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, y el actual ministro de Protección Social Diego Palacio, y otros de menor rango.
Ya se dice que Sabas Pretelt de la Vega será el ‘chivo expiatorio’ de Álvaro Uribe , quien tiene además denuncias de haber prometido la no extradición a capos del narco-paramilitarismo y de haber solicitado la ‘ayuda’ de estos capos para sus aspiraciones presidenciales para el 2010.
Piden investigar a Uribe por el ataque al campamento de las Farc

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos solicitaron a la Fiscalía de Ecuador, investigar al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a altos funcionarios de su Gobierno por su responsabilidad en la incursión militar en territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo.
Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), la solicitud de investigar a funcionarios colombianos se basa en las fotografías tomadas por el Ejército ecuatoriano en la zona de la masacre, en el peritazgo forense a los cadáveres y en los testimonios de las tres civiles sobrevivientes del bombardeo al campamento de las FARC. El secretario general de la ALDHU, Juan de Dios Parra, aseveró: "Hemos sostenido que quienes perpetraron la masacre del 1 de marzo procedieron a asesinar personas heridas o rendidas en el lugar del ataque, con disparos a corta distancia con arma de mano por la espalda".
De acuerdo con uno de los testimonios aportados en marzo por la estudiante mexicana Lucía Morett, una de las sobrevivientes del ataque, los soldados colombianos asesinaron a sangre fría a los heridos y a los guerrilleros que se habían rendido. En esa oportunidad, Moret relató: "Detrás del bombardeo llegaron personas disparando. Yo alcancé a ver mucho fuego y oí gente que contaba muertos, gente que gritaba: 'estoy herido, estoy herido, ayuda'; y otra que decía: 'denle bala, denle bala'; y detrás de ahí, disparos", relató.
En el ataque colombiano, fueron masacrados cuatro jóvenes mexicanos, cuyos familiares reclaman justicia; el ciudadano ecuatoriano, Franklin Aisalia y 19 guerrilleros. El pasado 6 de mayo, las autoridades ecuatorianas presentaron los resultados preliminares de las autopsias realizadas a cuatro de los muertos en el campamento de Angostura, bombardeado por el Ejército colombiano. Los resultados revelaron que Franklín Aisalia, no pereció durante el ataque, sino posteriormente por varios golpes en el cráneo. Mientras que las otras tres víctimas recibieron disparos por la espalda cuando aún estaban vivas.

Por estos delitos, las organizaciones no descartan impulsar una campaña para llevar al mandatario colombiano y a sus colaboradores ante tribunales internacionales.

"Con Uribe, la paz es imposible"


El ex senador nacional colombiano Carlos Gaviria, presidente del partido opositor Polo Democrático, aseguró que la paz en su país es imposible con el actual mandatario, Alvaro Uribe, cuyo prestigio fue construido "en la guerra" contra la guerrilla.
"A Uribe no le interesa el diálogo, porque su prestigio se basa en ganar la guerra" contra las FARC, afirmó Gaviria, durante una audiencia pública mantenida con legisladores, dirigentes sociales y periodistas, en la Cámara de Diputados de Argentina. El dirigente opositor enfatizó que "al prestigio de Uribe contribuyó el desprestigio de la guerrilla" y que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Plan Colombia demuestran "la sumisión a Estados Unidos y a los organismos internacionales" del actual presidente colombiano.
Gaviria hizo una escala en la capital argentina al término del Foro de Sao Paulo que aprobó en Montevideo lanzar "una campaña por la paz en Colombia", informó el diputado socialista argentino Ariel Basteiro, participante del encuentro. El ex senador Gaviria afirmó que la muerte del jefe histórico de las FARC, Manuel Marulanda, "es la oportunidad de propiciar el diálogo" entre el grupo y las fuerzas políticas colombianas. "Pero, lamentablemente, lo más probable es que el presidente Uribe interprete que es el momento de seguir golpeando a las FARC porque para él los guerrilleros deben estar desmoralizados y solo conseguirá intensificar la violencia", agregó. En consecuencia, consideró "imposible en estos momentos" que se pueda avanzar en un proceso de paz "porque la hostilidad es insalvable y se requiere de un gobierno realmente democrático".
Gaviria, miembro de la Corte Constitucional de su país entre 1993 y 2001, aseguró que "Uribe actúa por movimientos reflejos como es reprimir a los opositores, a los sindicalistas y a las ONG, con la excusa de que todos están vinculados con la lucha armada". El dirigente opositor advirtió que en su país "se está acabando el sindicalismo por el asesinato y la persecución de sus dirigentes, pero también por las leyes de Desregulación Laboral y de Seguridad Jurídica a las inversiones" que se aprobaron durante su mandato.
Los gobierno europeos, aun los socialistas, con Uribe


Gaviria se quejó de que los gobiernos europeos, incluso los de signos políticos "similares a los nuestros, lamentablemente aceptan la versión de Uribe sobre la situación colombiana, sin chistar". "Entonces, la única posibilidad de cambiar el rumbo político colombiano requiere de la solidaridad latinoamericana, cuyas sociedades deben interesarse en ayudarnos a salir de la encrucijada en que nos encontramos", reclamó el ex senador. Gaviria ejerció la autocrítica cuando afirmó que el Polo Democrático "es un partido germinal e inmaduro, hay mucha gente que simpatiza con el Polo, pero no encuentra cómo vincularse". "Además la izquierda colombiana no supo asumir a tiempo causas que deberían serle propias, como la situación de las mujeres y los indígenas, que viven en un estado lamentable", agregó.


La descomposición moral de los políticos colombianos
¿Qué pasaría si se declarara a Uribe culpable de comprar votos?
Por Álvaro Rafael de la Hoz Rosales (*)

Colombia es un país rico en diversidades naturales, en fauna, flora, materiales preciosos, agricultura, ganadería, lugares divinos para el ecoturismo, etc. Es un Estado que se puede denominar formalmente democrático. Con mucha gente pensante, capaces, estructurados mentalmente, científicos, técnicos inclusive fugados del país, genios en las artes, la literatura, trabajadoras, dispuestos a sacrificarse por nuestra nación… Gracias a esto, a pesar de tantos gobiernos malos, no la han podido "desistitucionalizar".

Ahora, siendo breve, quiero referirme a los problemas actuales. Debido a la falta de gobierno en todos los sentidos de la palabra, se crearon grupos ilegales armados de izquierda -la guerrilla- so pretexto de pelear por la reivindicación de las clases pobres. Se crearon hace aproximadamente cuarenta años y todavía persisten; uno de estos fue comandado por el ya fallecido sacerdote español Manuel Pérez. Al principio contaron con la simpatía de las clases bajas, pero abusaron de esta popularidad y eso los llevó cometer actos delictivos muy graves como secuestros, extorsiones y asesinatos de personas con poder económico. A raíz de lo anterior, algunos grupos económicos, políticos inescrupulosos, con la ayuda de resentidos, victimas de la guerrilla, crearon, grupos armados de derecha –paramilitares- para combatir a la guerrilla. Al principio cumplían aparentemente su objetivo. Posteriormente, se desbordaron hasta el extremo que solo bastaba que se dijera que alguien era posible colaborador de la guerrilla para que lo asesinaran a él y a la familia, y le hurtaran sus bienes sin que la acusación fuera cierta. La Policía nacional no intervenía. Eran colaboradores de los paramilitares. Estos disponían sobre la vida, honra y bienes de los ciudadanos; sobre todo en las provincias. Establecían quienes podían ejercer la labor de mercadeo; imponían los turnos, quienes podían pescar y cuando; tenían vigilantes en todos los caminos con radios para informa quienes se movían; intervenían en la vida privada de las familias; asesinaban para castigar a posibles colaboradores de la guerrilla, a quienes no les pagaban las cuotas que les imponían, para dar escarmiento, etc. Y en elecciones sólo podía elegirse a los candidatos de ellos, hacían que incluso los muertos les votaran. Así fueron elegidos casi la totalidad de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes y senadores en los años 2002 y 2006.
Consecuencias de la descomposición moral de los políticos

Por medio del terror, los paramilitares impusieron su poder en Colombia. Eligieron a los parlamentarios y, con esos mismos votos, fue elegido el presidente Uribe. La constitución de 1991 prohibía la reelección inmediata del presidente de la República, pero Uribe tenía mayoría en el parlamento y presentó una reforma a la constitución para que se permitiera la reelección. El trámite exigía que la reforma fuera aprobada previamente por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En un inicio, la reforma pareció imposible: 16 de los 32 parlamentarios iban a votar en contra. Pero el gobierno se movilizó y logró comprar el voto de la representante Yidis Medina (según declaración de esta misma señora ante La Corte Suprema, en donde confesó el delito, motivo por el cual está detenida). Eso dio como resultado la aprobación de la Reforma Constitucional que aprobó la famosa reelección de Uribe. Ya en ese momento se habló mucho de la compra del voto de la representante Medina por parte del Gobierno, pero no se pudo probar nada. El Gobierno, para pagarle el voto a la señora Medina le ofreció varios cargos públicos, incluyendo un consulado. Luego ella, al ver que no cumplían con todas las promesas, resolvió denunciar el hecho ante la Corte Suprema de Justicia.
Y el futuro pinta negro
La situación político-jurídica de Colombia es precaria. El presidente, cabeza del ejecutivo, está enfrentado al Órgano Judicial. El Órgano Legislativo está a las últimas: 68 miembros investigados. Pero lo que veo venir es peor. El juez natural del presidente es la Cámara de Representantes, en donde Uribe tiene mayoría. Para que se dé el delito de cohecho en Colombia, se requieren dos partes: el que ofrece y da a un Funcionario Público y el funcionario que recibe. Si la Corte condena a Ydis Medina por cohecho, será porque existen pruebas para ello. Las mismas que se necesitan para condenar a los otros ministros investigados y al propio presidente Uribe.
Pero, ¿qué pasará si, existiendo las pruebas para condenar al presidente, éste acaba siendo absuelto debido a que tiene mayoría en la Cámara de Representantes? Pues que la oposición o cualquier ciudadano podría demandar a los representantes de la Cámara por prevaricato. Y si se salen culpables, Colombia quedará sin parlamento.
Libertad de prensa relativa

Conocemos los hechos que producen las noticias, a veces incluso ni necesitamos leer la información para saber de qué habla; no obstante, cuando nos los narran diferente a como han ocurrido o simplemente nos lo dejan de narrar - porque hay intereses o porque no es rentable- nos produce la sensación de que no existe la libertad de prensa.
En Colombia, existe la libertad de expresión en forma relativa. Legalmente existe el derecho, pero para ejercerlo se necesita tener algún poder, ya sea económico o político. El 90% de los medios informan de todo lo que le conviene al Gobierno. Claro que dentro de esos medios existen periodistas independientes, capaces, rectos, honestos e insobornables; periodistas que por su autoridad bien ganada, les permiten opinar diferente a como lo desea el director o dueño del medio.
(*) Este artículo fue publicado el pasado 20 de mayo en el diario español La Vanguardia, y su autor es, según este periódico, 'lector corresponsal' en Colombia.
(Fuentes:DPA,Semana, Caracol Radio, EFE, La FM, ANNCOL, TeleSur, ANSA-Latina, ColPrensa y La Vanguardia-Barcelona)

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