Organizaciones campesinas y sindicatos mexicanos iniciaron este miércoles una serie de jornadas de protesta en varios estados. El objetivo es pedir un mayor apoyo oficial para el sector rural y la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además, reclaman por el alza en los precios de los alimentos y de los insumos para la producción. Las protestas se desarrollan ante las delegaciones de la Secretaría de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y son el comienzo de una serie de movilizaciones que. de no obtener respuesta, confluirían en una huelga nacional en septiembre.
Los dirigentes de las organizaciones campesinas y sindicales consideran que "el Gobierno desestima la crisis alimentaria". Entre sus propuestas piden la creación de "reservas estratégicas de comida por regiones, y un programa de compra de fertilizantes para que puedan acceder a ellos los pequeños y medianos productores".
Los dirigentes de las organizaciones campesinas y sindicales consideran que "el Gobierno desestima la crisis alimentaria". Entre sus propuestas piden la creación de "reservas estratégicas de comida por regiones, y un programa de compra de fertilizantes para que puedan acceder a ellos los pequeños y medianos productores".
Los campesinos exigen frenar las importaciones
Los dirigentes campesinos mexicanos consideran que la situación mundial con alza de precios y desabastecimiento de alimentos impone cambios urgentes en la política de importación de productos básicos seguida por México. Los dirigentes agrarios se pronunciaron por que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fortalezca la producción mediante subsidios, créditos e inversión en infraestructura productiva.
Advirtierten que, de no optarse por esto último, a corto plazo “no habrá dinero que alcance para comprar alimentos en el exterior y vendrá el desabasto”. Subrayaron que los hechos están demostrando que urge renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha “vulnerado” la soberanía alimentaria.
Isidro Pedraza Chávez, líder de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), y Rafael Galindo Jaime, secretario general de la Central Campesina Independiente (CCI), precisan por separado que se está a tiempo de cambiar la política agropecuaria para privilegiar el abasto nacional.
Pedraza Chávez remarca que lo que ocurre en el entorno mundial ha evidenciado aún más que el “gobierno está equivocado en su afán de privilegiar las importaciones de alimentos.
“Paulatinamente los hechos nos dan la razón; este contraste de la realidad con la política agraria mexicana nos dice que lo que tenemos que hacer es dar un giro a esta política. La producción interna se haría mediante aplicación de subsidios; esto se ha dejado de hacer en el campo desde hace 25 años, y ahora tiene que retomarse, pero también el gobierno debe invertir en infraestructura productiva que nos permita a los productores recuperar superficie de cultivo, ganar precio a los productos y hacer atractiva la actividad comercial.”
El dirigente comenta que “aunque el gobierno no ha querido revisar el TLCAN e insiste en asegurar que ha sido un éxito, los acontecimientos desmienten esos dichos. Con las importaciones los únicos beneficados han sido los intermediarios y no los productores rurales ni los consumidores, al tiempo que ha mermado la soberanía alimentaria, pues la mayor parte del arroz, soya, frijol y maíz que consumimos es importado, lo que nos hace vulnerables como nación”.
Pedraza Chávez remarca que lo que ocurre en el entorno mundial ha evidenciado aún más que el “gobierno está equivocado en su afán de privilegiar las importaciones de alimentos.
“Paulatinamente los hechos nos dan la razón; este contraste de la realidad con la política agraria mexicana nos dice que lo que tenemos que hacer es dar un giro a esta política. La producción interna se haría mediante aplicación de subsidios; esto se ha dejado de hacer en el campo desde hace 25 años, y ahora tiene que retomarse, pero también el gobierno debe invertir en infraestructura productiva que nos permita a los productores recuperar superficie de cultivo, ganar precio a los productos y hacer atractiva la actividad comercial.”
El dirigente comenta que “aunque el gobierno no ha querido revisar el TLCAN e insiste en asegurar que ha sido un éxito, los acontecimientos desmienten esos dichos. Con las importaciones los únicos beneficados han sido los intermediarios y no los productores rurales ni los consumidores, al tiempo que ha mermado la soberanía alimentaria, pues la mayor parte del arroz, soya, frijol y maíz que consumimos es importado, lo que nos hace vulnerables como nación”.
Galindo Jaime informa que durante el 45 congreso agrario nacional ordinario de la CCI recién celebrado, uno de los acuerdos fue “repudiar la política pública que está empobreciendo al campo y que intenta resolver el problema de alimentación con las importaciones”.
1,6 millones sin trabajo, 73,6% en subempleo
El desempleo abierto afectó a 1.606.060 mexicanos en abril pasado, el 3,61% de la Población Económicamente Activa (PEA) que es de 44,6 millones, según los datos anunciados ayer por el gobierno. Pero, en México el desempleo total afecta a 32,5 millones de mexicanos (el 73,6% del PEA), si se considera que, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo 11,6 millones de mexicanos (26% del PEA) tienen un empleo permanente. De esta forma, 14 millones de mexicanos (31,4%) sobreviven en el subempleo (empleo informal o callejero).
Según la encuesta nacional de empleo, publicada por el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desempleo abierto registrada en abril fue inferior a la de marzo, cuando afectó al 3,78%. "En abril de 2008 la tasa de desocupación (abierta) a nivel nacional fue de 3,61% respecto a la Población Económicamente Activa (PEA)", dice el informe.
La tasa de desocupación abierta en abril fue ligeramente superior a la del mismo mes de 2007, cuando se situó en 3,60%.
Desastrosos efectos del TLCAN en el agro
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados elaboró un análisis en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su impacto en el campo mexicano, en el que concluye que después de 14 años de entrar en vigor, “los efectos para la población rural son desastrosos. A partir de su firma –señala–, las condiciones de miseria y marginación se acentuaron en el campo, y los supuestos que se esperaban para reactivarlo económica y productivamente no sucedieron”.
Héctor Padilla, presidente de la Comisión añade que “sólo quienes se tapan ojos y oídos no se dan cuenta de la realidad”.
En un recuento de los daños durante los últimos 14 años, el informe resalta que el financiamiento al agro cayó más de 90 por ciento; se aniquiló la producción nacional de semillas mejoradas, quedando a merced de las trasnacionales, y se redujeron al mínimo las actividades de investigación y generación de tecnologías agroalimentarias.
Asimismo, destaca que también se acabó la industria nacional de fertilizantes, y hoy los productores dependen de su importación y de precios cada vez más caros, y se cancelaron los programas de asistencia técnica y capacitación dirigidos a los productores rurales.
“En otras palabras, la única reacción de nuestros gobernantes frente a los grandes retos que nos impone el TLCAN, lejos de impulsar un programa de restructuración y reconversión productiva, no atina más que a su desmantelamiento, lo que nos ha llevado a una posición más vulnerable que al principio. Soportados con enormes subsidios en Estados Unidos, los precios de los granos se fueron a la baja y el de la tortilla a la alza; los insumos para la producción agrícola, como los fertilizantes, ahora son importados; las semillas son producidas por trasnacionales y los costos de la maquinaria y los pesticidas se incrementaron en forma desorbitada”.
Héctor Padilla, presidente de la Comisión añade que “sólo quienes se tapan ojos y oídos no se dan cuenta de la realidad”.
En un recuento de los daños durante los últimos 14 años, el informe resalta que el financiamiento al agro cayó más de 90 por ciento; se aniquiló la producción nacional de semillas mejoradas, quedando a merced de las trasnacionales, y se redujeron al mínimo las actividades de investigación y generación de tecnologías agroalimentarias.
Asimismo, destaca que también se acabó la industria nacional de fertilizantes, y hoy los productores dependen de su importación y de precios cada vez más caros, y se cancelaron los programas de asistencia técnica y capacitación dirigidos a los productores rurales.
“En otras palabras, la única reacción de nuestros gobernantes frente a los grandes retos que nos impone el TLCAN, lejos de impulsar un programa de restructuración y reconversión productiva, no atina más que a su desmantelamiento, lo que nos ha llevado a una posición más vulnerable que al principio. Soportados con enormes subsidios en Estados Unidos, los precios de los granos se fueron a la baja y el de la tortilla a la alza; los insumos para la producción agrícola, como los fertilizantes, ahora son importados; las semillas son producidas por trasnacionales y los costos de la maquinaria y los pesticidas se incrementaron en forma desorbitada”.
Para los legisladores federales, por efecto del acuerdo comercial el campo mexicano entró en la crisis más aguda de su historia, empujando a su población a la pobreza o a la expulsión masiva hacia Estados Unidos, adonde han emigrado más de 3 millones de mexicanos en los últimos seis años, en su mayoría del sector rural.
Por tal razón, frente a la destrucción de la infraestructura del campo se incrementaron las importaciones, acabando con la situación que daba al país un buen margen de soberanía alimentaria mediante la producción de trigo, sorgo, soya y arroz, mientras que en 2007 las compras de maíz en el exterior alcanzaron una cifra superior a 10 millones de toneladas.
“Se puede afirmar que el TLCAN ha agudizado nuestra dependencia alimentaria con Estados Unidos: de 1980 a 1994 las exportaciones de productos agrícolas crecieron más de 200 por ciento, mientras que las importaciones apenas aumentaron 28 por ciento; 14 años después, ese comportamiento se invirtió, ya que las exportaciones sólo crecieron 50 por ciento y las importaciones avanzaron a un ritmo extraordinario, llegando a un incremento de 176 por ciento en el mismo periodo”.
“Se puede afirmar que el TLCAN ha agudizado nuestra dependencia alimentaria con Estados Unidos: de 1980 a 1994 las exportaciones de productos agrícolas crecieron más de 200 por ciento, mientras que las importaciones apenas aumentaron 28 por ciento; 14 años después, ese comportamiento se invirtió, ya que las exportaciones sólo crecieron 50 por ciento y las importaciones avanzaron a un ritmo extraordinario, llegando a un incremento de 176 por ciento en el mismo periodo”.
Según el Banco Mundial, el resultado de todo esto es decepcionante, pues se tiene un campo en regresión, económicamente estancado, sin competitividad, en constante despoblamiento y abandono de tierras, con espacios ocupados por cultivos ilícitos, para convertirse en un problema de seguridad nacional, dada la acción de la delincuencia y los riesgos de estallidos sociales.
“En relación con el empleo, los efectos han sido más que desastrosos, ya que el número de productores se redujo casi en una tercera parte, y los trabajadores disminuyeron a la mitad. En 1991 se ocuparon en el campo 9.9 millones de mexicanos; en 2006 la cifra se redujo a 50 por ciento, es decir 4.9 millones”.
“En relación con el empleo, los efectos han sido más que desastrosos, ya que el número de productores se redujo casi en una tercera parte, y los trabajadores disminuyeron a la mitad. En 1991 se ocuparon en el campo 9.9 millones de mexicanos; en 2006 la cifra se redujo a 50 por ciento, es decir 4.9 millones”.
La Comisión de Agricultura advierte: “llegamos a 2008 y no hay una propuesta del gobierno federal para afrontar la crisis. Ya no es sólo el interés de los productores rurales lo que está en juego, es la estabilidad de la nación por la inseguridad en el abasto de alimentos básicos. Y es, por tanto, un asunto de seguridad alimentaria y nacional.
“El principal problema del agro es que los gobernantes que han conducido el destino del país desde la firma del tratado no han sido capaces, y seguramente ni les ha interesado, de construir un proyecto para el campo mexicano acorde con las necesidades de México y de los retos que nos impone la globalización”.
“El principal problema del agro es que los gobernantes que han conducido el destino del país desde la firma del tratado no han sido capaces, y seguramente ni les ha interesado, de construir un proyecto para el campo mexicano acorde con las necesidades de México y de los retos que nos impone la globalización”.
Los altos precios de los alimentos elevan la indigencia en Latinoamérica
El alza de los precios de alimentos puede aumentar la pobreza y la indigencia en más de 10 millones de personas en América Latina y el Caribe, según advirtió en abril el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), José Luis Machinea. El aumento en los precios de la comida se ha acelerado en los pasados 12 meses y es especialmente preocupante en maíz, trigo, arroz y oleaginosas, casos en los que el repunte ha superado el 100 por ciento. Estos constituyen la base de la dieta de millones de latinoamericanos.
Días antes el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, aseveró que el alza de los precios de los alimentos a nivel global podría llevar a la pobreza a 100 millones de personas.
Los datos ofrecido por la Cepal, establecen que una décima parte del aumento de la pobreza por el alza en el costo de la comida ocurriría en Latinoamérica.
El alza “intensa y persistente” de los precios internacionales de los alimentos está castigando con especial dureza a los sectores más pobres de la región, como señaló Machinea: “La pobreza y la indigencia aumentarán de no tomarse medidas urgentes para aminorar los efectos de estas alzas”, dijo.
El alza “intensa y persistente” de los precios internacionales de los alimentos está castigando con especial dureza a los sectores más pobres de la región, como señaló Machinea: “La pobreza y la indigencia aumentarán de no tomarse medidas urgentes para aminorar los efectos de estas alzas”, dijo.
Desde principios de 2006 y especialmente desde 2007 los índices de precios al consumidor de alimentos se han acelerado en la mayoría de las economías de la región, a un ritmo anual que oscila entre 6 y 20 por ciento en los distintos países, con un promedio cercano al 15 por ciento. 
A partir de proyecciones de indigencia realizadas para 2007, la Cepal calculó que un incremento de 15 por ciento en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12.7 a 15.9 por ciento de la población. Ello implica que esa alteración de los precios provocaría que 15.7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia. En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre, indicó el organismo.
A partir de proyecciones de indigencia realizadas para 2007, la Cepal calculó que un incremento de 15 por ciento en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12.7 a 15.9 por ciento de la población. Ello implica que esa alteración de los precios provocaría que 15.7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia. En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre, indicó el organismo.
Pero si mejoran los ingresos de los hogares 5 por ciento, alrededor de 10 millones de personas pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios. Un contingente similar pasaría a la condición de pobres. Esto sin contar con el agravamiento de la situación social de las personas que previo a estos aumentos ya vivían en la pobreza e indigencia. “Esto representa una situación dramática para un vasto contingente de personas”, señaló Machinea. “Por lo tanto, resulta de la mayor prioridad poner en marcha y/o mantener políticas dirigidas a moderar esos efectos”, abundó.
El secretario ejecutivo de la Cepal recomendó que los gobiernos adopten políticas que incluyan acciones que disminuyan las alzas de los precios de los alimentos en los mercados internos y/o mejoren los ingresos de la población, reduzca aranceles y/o impuestos al consumo. Los subsidios focalizados a ciertos sectores o las alzas de los subsidios son otros mecanismos.
El secretario ejecutivo de la Cepal recomendó que los gobiernos adopten políticas que incluyan acciones que disminuyan las alzas de los precios de los alimentos en los mercados internos y/o mejoren los ingresos de la población, reduzca aranceles y/o impuestos al consumo. Los subsidios focalizados a ciertos sectores o las alzas de los subsidios son otros mecanismos.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina y La Jornada)
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