El número de homicidios en México llegó a 8.786 en los primeros ocho meses del año, cifra superior a las muertes contabilizadas durante todo 2009, según el diario mexicano Milenio.
En su habitual registro de la criminalidad en el país, el rotativo recuerda que durante el año anterior la cifra de ejecuciones fue de 8.281, por el incremento de la delincuencia organizada.
De acuerdo con el recuento de Milenio, agosto resultó el mes más violento durante la actual Administración, tras registrarse 1.322 asesinatos relacionados con el narcotráfico y superar al mes anterior (julio), cuando sumaron 1.234 casos.
Chihuahua, con 518 ejecuciones en el mes recién concluido, llegó a otro lamentable récord para ese territorio, para acumular en lo que va de año 3.145 muertes, equivalentes al 35 por ciento del total nacional.
Sinaloa también rebasó su propio saldo histórico de asesinatos mensuales; esos dos estados concentraron casi 60 por ciento de las narcoejecuciones ocurridas en agosto. Según la publicación, la violencia en el norte del país, se concentra en cinco territorios, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León y Baja California.
El crimen organizado ejecutó en agosto a 91 mujeres, 11 menores de edad y seis funcionarios, entre los que destacan el edil del municipio de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos Leal, y Marco Antonio Leal, presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas.
Durante los 31 días de agosto hubo 49 bajas policíacas: 27 de agentes municipales, 11 estatales y nueve federales, además fallecieron dos militares en el enfrentamiento al hampa, según el matutino.
20.000 secuestros de inmigrantes cada año
En su habitual registro de la criminalidad en el país, el rotativo recuerda que durante el año anterior la cifra de ejecuciones fue de 8.281, por el incremento de la delincuencia organizada.
De acuerdo con el recuento de Milenio, agosto resultó el mes más violento durante la actual Administración, tras registrarse 1.322 asesinatos relacionados con el narcotráfico y superar al mes anterior (julio), cuando sumaron 1.234 casos.
Chihuahua, con 518 ejecuciones en el mes recién concluido, llegó a otro lamentable récord para ese territorio, para acumular en lo que va de año 3.145 muertes, equivalentes al 35 por ciento del total nacional.
Sinaloa también rebasó su propio saldo histórico de asesinatos mensuales; esos dos estados concentraron casi 60 por ciento de las narcoejecuciones ocurridas en agosto. Según la publicación, la violencia en el norte del país, se concentra en cinco territorios, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León y Baja California.
El crimen organizado ejecutó en agosto a 91 mujeres, 11 menores de edad y seis funcionarios, entre los que destacan el edil del municipio de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos Leal, y Marco Antonio Leal, presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas.
Durante los 31 días de agosto hubo 49 bajas policíacas: 27 de agentes municipales, 11 estatales y nueve federales, además fallecieron dos militares en el enfrentamiento al hampa, según el matutino.
20.000 secuestros de inmigrantes cada año
Varias organizaciones civiles mexicanas denunciaron que cada año unos 20.000 inmigrantes son secuestrados en México por "grupos criminales que actúan con total impunidad", como ocurrió con la masacre que se cobró la vida de 72 'sin papeles' en el estado de Tamaulipas.
Esa cifra "no es una especulación" y se deriva de informes elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó en conferencia de prensa el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp ), José Antonio Ortega.
Un comunicado leído por Ortega y representantes del Movimiento Blanco y de la Red Social por un México Libre de Adicciones asegura que "podría haber más casos como el de Tamaulipas, podría haber decenas de fosas comunes clandestinas y cientos de cadáveres, tanto de migrantes extranjeros como nacionales".
El documento advierte de "una verdadera crisis humanitaria" en el país, que afecta a los mexicanos y centroamericanos que "sufren los más diversos abusos" en su tránsito hacia la frontera estadounidense.
Según Ortega, es el llamado "tren de la muerte" -un inmenso ferrocarril de carga que atraviesa México de sur a norte- el que traza esta estela de vejaciones por las que exigen que sean investigados los gobernadores de todos los estados que abarca tal ruta, así como las autoridades del Instituto Nacional de Migración.
Ortega rechazó que la matanza de Tamaulipas se produjera después de que las víctimas se negaran a ser reclutadas por Los Zetas, como sostiene, según las autoridades, el testimonio del único superviviente.
Luis Freddy Lala, un ecuatoriano que regresó hoy a su país, logró avisar a la Marina tras escapar del rancho de San Fernando donde fueron masacrados 72 ciudadanos ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños, de los que cuarenta ya han sido identificados.
El suceso se inscribe, aseguraron hoy estas organizaciones en el comunicado conjunto, en la espiral de secuestros que amenaza a quienes atraviesan México hacia el norte, y es una especie de advertencia de las bandas criminales a los que pretendan emprender ese viaje.
"Que si se internan en México más les vale que tengan a alguien que pueda pagar sus rescates", sentenciaron, a lo que añadieron que "si los gobiernos no son capaces de proteger a los migrantes, tampoco son capaces de hacerlo con los nacionales".
Dichas asociaciones describieron un panorama en el que "México se desliza velozmente a la condición de estado fallido", donde la cifra de secuestrados asesinados de este año podría duplicar la del anterior.
Según los datos que manejan, extraídos de fuentes oficiales como la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, 163 víctimas de secuestros han sido asesinadas en lo que va de año, mientras que 2009 finalizó con 99 personas fallecidas en esas circunstancias.
Atribuyeron este aumento a que cada vez hay más grupos criminales que secuestran y afirmaron que, de las 1.203 víctimas de secuestro asesinadas desde 1971, el 37,41 por ciento murieron durante el actual mandato del presidente Felipe Calderón.
Algo similar ocurre con los secuestros denunciados, que, al concluir 2010 -predijeron- rondarán los 1.800, una cantidad un 193 por ciento mayor a la registrada hace cuatro años.
Todo ello sin contar con los datos de los secuestros no denunciados, que, como explicaron, superan a los sí notificados en estados como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
El Desastre humanitario de los "sin papeles"
Esa cifra "no es una especulación" y se deriva de informes elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó en conferencia de prensa el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp ), José Antonio Ortega.
Un comunicado leído por Ortega y representantes del Movimiento Blanco y de la Red Social por un México Libre de Adicciones asegura que "podría haber más casos como el de Tamaulipas, podría haber decenas de fosas comunes clandestinas y cientos de cadáveres, tanto de migrantes extranjeros como nacionales".
El documento advierte de "una verdadera crisis humanitaria" en el país, que afecta a los mexicanos y centroamericanos que "sufren los más diversos abusos" en su tránsito hacia la frontera estadounidense.
Según Ortega, es el llamado "tren de la muerte" -un inmenso ferrocarril de carga que atraviesa México de sur a norte- el que traza esta estela de vejaciones por las que exigen que sean investigados los gobernadores de todos los estados que abarca tal ruta, así como las autoridades del Instituto Nacional de Migración.
Ortega rechazó que la matanza de Tamaulipas se produjera después de que las víctimas se negaran a ser reclutadas por Los Zetas, como sostiene, según las autoridades, el testimonio del único superviviente.
Luis Freddy Lala, un ecuatoriano que regresó hoy a su país, logró avisar a la Marina tras escapar del rancho de San Fernando donde fueron masacrados 72 ciudadanos ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños, de los que cuarenta ya han sido identificados.
El suceso se inscribe, aseguraron hoy estas organizaciones en el comunicado conjunto, en la espiral de secuestros que amenaza a quienes atraviesan México hacia el norte, y es una especie de advertencia de las bandas criminales a los que pretendan emprender ese viaje.
"Que si se internan en México más les vale que tengan a alguien que pueda pagar sus rescates", sentenciaron, a lo que añadieron que "si los gobiernos no son capaces de proteger a los migrantes, tampoco son capaces de hacerlo con los nacionales".
Dichas asociaciones describieron un panorama en el que "México se desliza velozmente a la condición de estado fallido", donde la cifra de secuestrados asesinados de este año podría duplicar la del anterior.
Según los datos que manejan, extraídos de fuentes oficiales como la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, 163 víctimas de secuestros han sido asesinadas en lo que va de año, mientras que 2009 finalizó con 99 personas fallecidas en esas circunstancias.
Atribuyeron este aumento a que cada vez hay más grupos criminales que secuestran y afirmaron que, de las 1.203 víctimas de secuestro asesinadas desde 1971, el 37,41 por ciento murieron durante el actual mandato del presidente Felipe Calderón.
Algo similar ocurre con los secuestros denunciados, que, al concluir 2010 -predijeron- rondarán los 1.800, una cantidad un 193 por ciento mayor a la registrada hace cuatro años.
Todo ello sin contar con los datos de los secuestros no denunciados, que, como explicaron, superan a los sí notificados en estados como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
El Desastre humanitario de los "sin papeles"
En los últimos años, miles de inmigrantes centroamericanos han desaparecido al cruzar por México con rumbo a Estados Unidos, según denuncian organizaciones civiles.
La situación se agravó en los últimos tres años, cuando aumentaron los secuestros de indocumentados por bandas criminales mexicanas, asegura Edith Zavala, secretaria del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras. "Muchos pagaron la extorsión y no supieron de su familiar. Es un desastre humanitario lo que sucede en México", dice.
La situación se agravó en los últimos tres años, cuando aumentaron los secuestros de indocumentados por bandas criminales mexicanas, asegura Edith Zavala, secretaria del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras. "Muchos pagaron la extorsión y no supieron de su familiar. Es un desastre humanitario lo que sucede en México", dice.
La cantidad de inmigrantes que perdieron contacto con sus familiares se desconoce. Por ejemplo, un informe de la Cámara de Diputados de México afirma que 60.000 personas desaparecieron entre 1998 y 2008.
Organizaciones de derechos humanos de Centroamérica han logrado documentar varios cientos de casos, pero afirman que la cifra real es mayor.
En El Salvador, por ejemplo, un promedio de 300 personas al día emprenden viaje a Estados Unidos sin documentos, la mayoría por vía terrestre y cruzando territorio mexicano.
No existe un registro de cuántos inmigrantes se pierden en el camino, dice Gilma Pérez, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. "Muchas familias no registran los casos. Tienen muchas dudas de que la denuncia les haga aparecer de nuevo", reconoce. Así, los casos que llegan a las autoridades de Centroamérica son pocos en comparación con los que pudieran existir. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Internacional tiene 50 denuncias de desaparición de inmigrantes. Y en Honduras, uno de los países con mayor salida de personas en la región, hay 600 casos documentados.
Edith Zavala, de Honduras, considera que ya "es hora que los gobiernos de Centroamérica asuman su responsabilidad… En México hay una cacería humana contra los indocumentados".
Organizaciones de derechos humanos de Centroamérica han logrado documentar varios cientos de casos, pero afirman que la cifra real es mayor.
En El Salvador, por ejemplo, un promedio de 300 personas al día emprenden viaje a Estados Unidos sin documentos, la mayoría por vía terrestre y cruzando territorio mexicano.
No existe un registro de cuántos inmigrantes se pierden en el camino, dice Gilma Pérez, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. "Muchas familias no registran los casos. Tienen muchas dudas de que la denuncia les haga aparecer de nuevo", reconoce. Así, los casos que llegan a las autoridades de Centroamérica son pocos en comparación con los que pudieran existir. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Internacional tiene 50 denuncias de desaparición de inmigrantes. Y en Honduras, uno de los países con mayor salida de personas en la región, hay 600 casos documentados.
Edith Zavala, de Honduras, considera que ya "es hora que los gobiernos de Centroamérica asuman su responsabilidad… En México hay una cacería humana contra los indocumentados".
Tamaulipas, el agujero negro de México
Por Daniela Pastrana-IPS
Tamaulipas se ha convertido en el hoyo negro del crimen organizado en México. Hay poco registro de la acelerada desintegración social que vive ese estado fronterizo desde hace seis meses, pues la prensa local está totalmente silenciada.
"No tenemos opción, simplemente no tenemos opción", dijo a IPS, vía telefónica, el corresponsal de un periódico nacional que pidió reservar su identidad. Como otros, este periodista se negó a enviar a su diario información sobre el asesinato del alcalde de Hidalgo, un pequeño municipio vecino de Ciudad Victoria, capital del estado situado en el extremo nororiental de México.
El alcalde, Marco Antonio Leal García, fue emboscado y asesinado el domingo 29 en la tarde, cuando viajaba en automóvil con su hija de 10 años, que resultó herida en las piernas. Apenas el 13 de agosto había sido muerto su antecesor en la alcaldía, Cesáreo Rocha Villanueva.
El lunes 30, los diarios de Ciudad Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero no la noticia de su muerte, debido a que todas las redacciones fueron amenazadas, supuestamente por grupos del crimen organizado.
Tamaulipas es un estado fronterizo de algo más de tres millones de habitantes, con una superficie equivalente a los territorios sumados de El Salvador y Costa Rica. Comparte una extensa frontera con Texas y tiene uno de los principales puertos sobre el Golfo de México, Tampico.
En esa zona del noreste operan el narcotraficante Cartel del Golfo --que controla las ciudades fronterizas-- y una violenta organización conocida como Los Zetas, formada por militares desertores que habían sido entrenados en técnicas de combate y contrainsurgencia por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
"Los Zetas originales comenzaron ejecutando blancos selectos con eficiencia militar y economía de balas", dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista especializado en seguridad y militarización.
"Pero después comenzaron los excesos, y ahora Los Zetas ya no son los viejos soldados desertores, sino unidades que mezclan civiles, policías, ex militares y sicarios de otras bandas, que practican tres estrategias juntas: actúan como narcos, como terroristas y como guerrilleros al mismo tiempo", agregó.
Al asesinato del alcalde Leal García lo precedió un fin de semana muy violento, con explosiones en las ciudades de Reynosa y Tampico y el estallido de un coche bomba frente a las instalaciones del canal Televisa Victoria, que el viernes 27 amaneció con su señal apagada.
El domingo se produjo un enfrentamiento de más de nueve horas entre militares y delincuentes en la región del río Pánuco, límite sur de Tamaulipas, que fue registrado por usuarios de la red social Twitter.
Pero no son los únicos casos, ni los peores. Seis días antes de las elecciones de julio, fue asesinado del candidato favorito a gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. Y apenas la semana pasada, efectivos de la marina de guerra encontraron en un rancho del municipio de San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes masacrados, presumiblemente, por haberse negado a trabajar para Los Zetas.
Del asesinato de los inmigrantes "hay varias lecturas: una es que Los Zetas son el grupo más brutal y violento que hemos conocido; dos, que es posible que hayan sido detectados, y mataron a todos antes de irse del lugar, y tres, que otro grupo haya cometido la acción y se la haya atribuido a Los Zetas para exterminarlos de la zona", conjeturó Sierra.
Los Zetas, explicó, nunca reivindican sus acciones. Su "política comunicacional" es el acto mismo. En cambio, sus enemigos están empleando tácticas de guerra psicológica, como los coches bomba. En este sentido, "matar a 72 inmigrantes y atribuirlo a Los Zetas puede ser un acto de propaganda y formar parte de una estrategia de guerra psicológica", dijo.
Como sea, Los Zetas encontraron años atrás una mina de oro en el secuestro de indocumentados.
Según cifras oficiales, unas 22.000 personas de América Central y del Sur cruzan por año este país sin permiso y, al menos la mitad, son extorsionadas y puestas en el dilema de incorporarse a las filas de Los Zetas o pagar por su liberación y continuar su camino a Estados Unidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que cada mes son secuestrados unos 1.600 inmigrantes.
En la inauguración de un foro sobre trata de personas en Ciudad de México, la diputada federal Rosi Orozco aseguró que el mercado de este delito representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y "ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional".
Aunque esto ocurre en todo el país, se recrudece en la "frontera chica" de Tamaulipas, una faja de municipios en el noroeste del estado que es clave para el tráfico de drogas y donde disputan el Cartel del Golfo y Los Zetas, a los que se sumó recientemente --según testimonios de habitantes-- el Cartel de Sinaloa, que lidera "El Chapo" Joaquín Guzmán Loera.
"Hay una deficiencia asombrosa de inteligencia" en todo el aparato de seguridad, "sobre todo si consideramos que éste no fue el primer caso de secuestro masivo de indocumentados", cuestionó Sierra. "¿Cómo es posible que el crimen organizado haya secuestrado y asesinado a 72 inmigrantes sin que lo haya detectado inteligencia militar?".
El peor de los escenarios es que esos territorios de ingobernabilidad se amplíen más y alcancen "puntos estratégicos: instalaciones petroleras, áreas financieras, oficinas de gobierno, grandes concentraciones de personas", dijo. Nada de eso está descartado.
Qué cinismo ante la tragedia
Por Ana María Aragonés (*)
El asesinato de 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica supuestamente ultimados por integrantes de Los Zetas, y que fueron encontrados gracias a otro migrante que pudo escapar de la masacre porque creyeron que estaba muerto, y no porque las autoridades hubieran estado atentas a su responsabilidad, nos llena de enorme rabia cuando Felipe Calderón afirma que esto se debe a que "el cártel de Los Zetas están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y reclutamiento". Y peor todavía cuando el nuevo vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declara que esto ocurre en el marco de "una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, lo que ha traído un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país". Es decir, que el gobierno lo está haciendo tan bien que estas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios.
Qué tipo de explicaciones son esas que, a pesar de todas las evidencias, sigue neciamente sosteniendo que su guerra contra el narcotráfico está menguando a los cárteles. Y si así fuera, ¿entonces por qué no los pone entre rejas pues ya no tienen recursos, más que el secuestro y la violación de mujeres? Quién se puede creer que estos cárteles están mermados económicamente, cuando la realidad es que la falta de autoridad y la absoluta ingobernabilidad en la que el país se encuentra permiten a la delincuencia organizada ya no sólo el trasiego de la droga, sino ampliar su cadena delictiva ante la absoluta impunidad y corrupción.
Esta situación que lacera a toda la población mexicana es todavía peor para los migrantes, pues se trata del grupo más vulnerable, como hemos denunciado en este medio incansablemente, por ser trabajadores indocumentados. ¿Por qué México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos convirtiendo a la frontera sur en la frontera maldita como muchos la han nombrado? ¿Por qué para México los connacionales en Estados Unidos son trabajadores y no delincuentes y que además deben ser amnistiados, regularizados? ¿Cuál es la diferencia con los migrantes indocumentados latinoamericanos, si también ellos buscan lo mismo que los mexicanos? ¿Por qué no se les trata como uno quisiera que fueran tratados los mexicanos? ¿Cómo puede afirmar el gobierno que mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional cuando se violan permanentemente los tratados internacionales? ¿Cómo se va a justificar lo sucedido a estos migrantes ante los gobiernos de sus países? No es suficiente las palabras vacías como las de Poiré cuando pide la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido. Puro cinismo.
Lamentablemente lo sucedido a los migrantes en nuestro país no es nuevo, como lo señaló en un importante estudio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006, y como lo han denunciado personas ejemplares que están al frente de diversas casas para el migrante, y que sólo han encontrado, en el mejor de los casos, indiferencia de las autoridades, cuando no ataques frontales.
No sólo los migrantes indocumentados sino la población mexicana está expuesta a todos los horrores conocidos como resultado de una guerra que bajo un argumento totalmente perverso sostiene el gobierno al señalar que algunos quisieran que no hiciéramos nada. No, señor Calderón, este es un argumento falso para no aceptar que lo que se pretende es que cambie una estrategia que está llevando al país a las páginas rojas de todo el mundo.
Los foros realizados en los últimos días para discutir las cuestiones sobre seguridad nacional no sirvieron de nada, porque usted no escucha a los especialistas que se han cansado de ofrecer propuestas que han tenido éxito en el mundo entero y que usted se niega a poner en marcha. Usted, señor Calderón, sigue en su insensata guerra, poniendo a los militares en la calle, cuyas funciones son otras y por ello las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas, sosteniendo la posibilidad de una policía única sin antes haber creado cuerpos blindados ante la corrupción que de momento campea entre ellos.
No podemos caer nosotros también en el cinismo y la indiferencia. Es necesario presionar para que el gobierno acepte su responsabilidad y actúe en consecuencia, y así evitar que se sigan cometiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos que colocan a México como una vergüenza ante la opinión internacional y promueven sufrimientos sin fin.
"No tenemos opción, simplemente no tenemos opción", dijo a IPS, vía telefónica, el corresponsal de un periódico nacional que pidió reservar su identidad. Como otros, este periodista se negó a enviar a su diario información sobre el asesinato del alcalde de Hidalgo, un pequeño municipio vecino de Ciudad Victoria, capital del estado situado en el extremo nororiental de México.
El alcalde, Marco Antonio Leal García, fue emboscado y asesinado el domingo 29 en la tarde, cuando viajaba en automóvil con su hija de 10 años, que resultó herida en las piernas. Apenas el 13 de agosto había sido muerto su antecesor en la alcaldía, Cesáreo Rocha Villanueva.
El lunes 30, los diarios de Ciudad Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero no la noticia de su muerte, debido a que todas las redacciones fueron amenazadas, supuestamente por grupos del crimen organizado.
Tamaulipas es un estado fronterizo de algo más de tres millones de habitantes, con una superficie equivalente a los territorios sumados de El Salvador y Costa Rica. Comparte una extensa frontera con Texas y tiene uno de los principales puertos sobre el Golfo de México, Tampico.
En esa zona del noreste operan el narcotraficante Cartel del Golfo --que controla las ciudades fronterizas-- y una violenta organización conocida como Los Zetas, formada por militares desertores que habían sido entrenados en técnicas de combate y contrainsurgencia por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
"Los Zetas originales comenzaron ejecutando blancos selectos con eficiencia militar y economía de balas", dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista especializado en seguridad y militarización.
"Pero después comenzaron los excesos, y ahora Los Zetas ya no son los viejos soldados desertores, sino unidades que mezclan civiles, policías, ex militares y sicarios de otras bandas, que practican tres estrategias juntas: actúan como narcos, como terroristas y como guerrilleros al mismo tiempo", agregó.
Al asesinato del alcalde Leal García lo precedió un fin de semana muy violento, con explosiones en las ciudades de Reynosa y Tampico y el estallido de un coche bomba frente a las instalaciones del canal Televisa Victoria, que el viernes 27 amaneció con su señal apagada.
El domingo se produjo un enfrentamiento de más de nueve horas entre militares y delincuentes en la región del río Pánuco, límite sur de Tamaulipas, que fue registrado por usuarios de la red social Twitter.
Pero no son los únicos casos, ni los peores. Seis días antes de las elecciones de julio, fue asesinado del candidato favorito a gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. Y apenas la semana pasada, efectivos de la marina de guerra encontraron en un rancho del municipio de San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes masacrados, presumiblemente, por haberse negado a trabajar para Los Zetas.
Del asesinato de los inmigrantes "hay varias lecturas: una es que Los Zetas son el grupo más brutal y violento que hemos conocido; dos, que es posible que hayan sido detectados, y mataron a todos antes de irse del lugar, y tres, que otro grupo haya cometido la acción y se la haya atribuido a Los Zetas para exterminarlos de la zona", conjeturó Sierra.
Los Zetas, explicó, nunca reivindican sus acciones. Su "política comunicacional" es el acto mismo. En cambio, sus enemigos están empleando tácticas de guerra psicológica, como los coches bomba. En este sentido, "matar a 72 inmigrantes y atribuirlo a Los Zetas puede ser un acto de propaganda y formar parte de una estrategia de guerra psicológica", dijo.
Como sea, Los Zetas encontraron años atrás una mina de oro en el secuestro de indocumentados.
Según cifras oficiales, unas 22.000 personas de América Central y del Sur cruzan por año este país sin permiso y, al menos la mitad, son extorsionadas y puestas en el dilema de incorporarse a las filas de Los Zetas o pagar por su liberación y continuar su camino a Estados Unidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que cada mes son secuestrados unos 1.600 inmigrantes.
En la inauguración de un foro sobre trata de personas en Ciudad de México, la diputada federal Rosi Orozco aseguró que el mercado de este delito representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y "ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional".
Aunque esto ocurre en todo el país, se recrudece en la "frontera chica" de Tamaulipas, una faja de municipios en el noroeste del estado que es clave para el tráfico de drogas y donde disputan el Cartel del Golfo y Los Zetas, a los que se sumó recientemente --según testimonios de habitantes-- el Cartel de Sinaloa, que lidera "El Chapo" Joaquín Guzmán Loera.
"Hay una deficiencia asombrosa de inteligencia" en todo el aparato de seguridad, "sobre todo si consideramos que éste no fue el primer caso de secuestro masivo de indocumentados", cuestionó Sierra. "¿Cómo es posible que el crimen organizado haya secuestrado y asesinado a 72 inmigrantes sin que lo haya detectado inteligencia militar?".
El peor de los escenarios es que esos territorios de ingobernabilidad se amplíen más y alcancen "puntos estratégicos: instalaciones petroleras, áreas financieras, oficinas de gobierno, grandes concentraciones de personas", dijo. Nada de eso está descartado.
Qué cinismo ante la tragedia
Por Ana María Aragonés (*)
El asesinato de 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica supuestamente ultimados por integrantes de Los Zetas, y que fueron encontrados gracias a otro migrante que pudo escapar de la masacre porque creyeron que estaba muerto, y no porque las autoridades hubieran estado atentas a su responsabilidad, nos llena de enorme rabia cuando Felipe Calderón afirma que esto se debe a que "el cártel de Los Zetas están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y reclutamiento". Y peor todavía cuando el nuevo vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declara que esto ocurre en el marco de "una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, lo que ha traído un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país". Es decir, que el gobierno lo está haciendo tan bien que estas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios.
Qué tipo de explicaciones son esas que, a pesar de todas las evidencias, sigue neciamente sosteniendo que su guerra contra el narcotráfico está menguando a los cárteles. Y si así fuera, ¿entonces por qué no los pone entre rejas pues ya no tienen recursos, más que el secuestro y la violación de mujeres? Quién se puede creer que estos cárteles están mermados económicamente, cuando la realidad es que la falta de autoridad y la absoluta ingobernabilidad en la que el país se encuentra permiten a la delincuencia organizada ya no sólo el trasiego de la droga, sino ampliar su cadena delictiva ante la absoluta impunidad y corrupción.
Esta situación que lacera a toda la población mexicana es todavía peor para los migrantes, pues se trata del grupo más vulnerable, como hemos denunciado en este medio incansablemente, por ser trabajadores indocumentados. ¿Por qué México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos convirtiendo a la frontera sur en la frontera maldita como muchos la han nombrado? ¿Por qué para México los connacionales en Estados Unidos son trabajadores y no delincuentes y que además deben ser amnistiados, regularizados? ¿Cuál es la diferencia con los migrantes indocumentados latinoamericanos, si también ellos buscan lo mismo que los mexicanos? ¿Por qué no se les trata como uno quisiera que fueran tratados los mexicanos? ¿Cómo puede afirmar el gobierno que mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional cuando se violan permanentemente los tratados internacionales? ¿Cómo se va a justificar lo sucedido a estos migrantes ante los gobiernos de sus países? No es suficiente las palabras vacías como las de Poiré cuando pide la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido. Puro cinismo.
Lamentablemente lo sucedido a los migrantes en nuestro país no es nuevo, como lo señaló en un importante estudio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006, y como lo han denunciado personas ejemplares que están al frente de diversas casas para el migrante, y que sólo han encontrado, en el mejor de los casos, indiferencia de las autoridades, cuando no ataques frontales.
No sólo los migrantes indocumentados sino la población mexicana está expuesta a todos los horrores conocidos como resultado de una guerra que bajo un argumento totalmente perverso sostiene el gobierno al señalar que algunos quisieran que no hiciéramos nada. No, señor Calderón, este es un argumento falso para no aceptar que lo que se pretende es que cambie una estrategia que está llevando al país a las páginas rojas de todo el mundo.
Los foros realizados en los últimos días para discutir las cuestiones sobre seguridad nacional no sirvieron de nada, porque usted no escucha a los especialistas que se han cansado de ofrecer propuestas que han tenido éxito en el mundo entero y que usted se niega a poner en marcha. Usted, señor Calderón, sigue en su insensata guerra, poniendo a los militares en la calle, cuyas funciones son otras y por ello las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas, sosteniendo la posibilidad de una policía única sin antes haber creado cuerpos blindados ante la corrupción que de momento campea entre ellos.
No podemos caer nosotros también en el cinismo y la indiferencia. Es necesario presionar para que el gobierno acepte su responsabilidad y actúe en consecuencia, y así evitar que se sigan cometiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos que colocan a México como una vergüenza ante la opinión internacional y promueven sufrimientos sin fin.
(*)Publicado en el diario mexicano La Jornada
(Fuentes:Milenio,EFE, BBC-Mundo, IPS, Prensa Latina y Adital-La Jornada)
(Fuentes:Milenio,EFE, BBC-Mundo, IPS, Prensa Latina y Adital-La Jornada)
(Fotografías enviadas al Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI )
